Una yunta díscola: Los efectos de la tecnología (2)

Continúo con mis reflexiones sobre las consecuencias de la globalización de la tecnología sobre el empleo.

2. La población potencialmente activa mundial crece en tanto que disminuye la cantidad de trabajo disponible

Aceptando, como valor aproximado, que la población potencialmente activa mundial es de 3.150 millones de los que solo 650 millones se encuentran en los países desarrollados, se deduce de inmediato que la capacidad potencial laboral (medida exclusivamente en horas de actividad disponibles) es de 4:1 a favor de los que, en este momento, tienen menor capacidad tecnológica.

Si consideramos que las horas de trabajo potenciales por persona son de 2.000/año, llegamos a la cifra abrumadora de 5 billones (millones de millones) de horas/año disponibles en los países menos desarrollados en tecnología, de los que, desde luego, China, India y Brasil concentran la mayor parte. Mucho potencial y, también, un gran campo para valoración de las consecuencias de las políticas locales de empleo y de los efectos de la globalización.

La cuestión a dilucidar, -en principio a escala global-, pero, sobre todo, dado que no existe un líder mundial, lo que demanda una valoración y estrategias locales, es si resulta posible mantener ese número de horas laborales en un país o una zona geográfica, al incorporar los avances tecnológicos -los actuales y los que se vayan produciendo- a los procesos (antiguos y modernos), y cuál debería ser el ritmo de esa incorporación para que los desfases -tanto en necesidades de cualificación de los empleados como en la acomodación del reparto de las horas disponibles entre las familias-, de manera  que todos (o la inmensa mayoría) obtengan por esa vía los recursos económicos para su subsistencia.

En mi opinión, la ecuación a resolver es muy difícil (eso no es nuevo: todos los análisis macroeconómicos implican atender a variables extremadamente complejas), pero el problema principal es que ni siquiera se ha planteado como dilema.

Tomemos como ejemplo las ventajas y carencias de un país del tamaño de España (en situación tecnológica media-alta) en relación con modelos de éxito que evidencien ventajas respecto a nuestro modelo actual de producción y consumo. Algunos son competidores (Alemania, Francia, en especial, a los que cabe añadir, a su escala, Suecia, Noruega, Holanda o Dinamarca, por no hablar de Estados Unidos o Canadá).

Como es bien conocido, Alemania y Francia compiten con éxito tecnológico respecto a nuestras empresas, pues son nuestros principales proveedores extranjeros de mercancía con mayor valor añadido.

Otro grupo de países, estaría conformado por quienes tienen necesidades tecnológicas importantes en relación con sus expectativas de crecimiento, que se podrían cubrir desde nuestro nivel tecnológico, y que constituyen y constituirían el principal destino exportador de nuestras mercancías (China, India, Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Chile, Colombia, México, por ejemplo).

Aquí aparece ya una cuestión inquietante. China, país que aparece como interesante destino de nuestros productos tecnológicos (por supuesto, en competencia descarnada con los demás productores, incluidas las propias empresas chinas), se está convirtiendo en principal productor de mercancía de baja y media tecnología, que desplazan, por falta de competitividad, a las empresas españolas.

Finalmente, existe un tercer grupo de países para los que resulta necesario analizar la dimensión y alcance de medidas de “ayuda” a aquellos otros países que, por proximidad, relaciones históricas u otras razones –incluso humanitarias- puede ser la base para cimentar una tercera línea de crecimiento exportador, con beneficios a medio o largo plazo (Marruecos, países centroamericanos, la región del Sahel, Etiopía, Bangla Desh, Pakistán, etc.)

Todos estos países necesitan recursos financieros y técnicos para mejorar sustancialmente sus economías productivas, además de, como valoración general, poner en marcha reformas administrativas y políticas. El Caso de Marruecos es, naturalmente, especial, tanto por proximidad geográfica a España como por las conectividades empresariales, culturales y políticas que existen entre ambos países. Sin embargo, la experiencia muestra las dificultades de generar líneas de colaboración intensas y rentables para las empresas españolas, dada la francofilia de las administraciones marroquíes, por tradición, educación  y al ser el francés la segunda lengua del Reino alauí.

Si superponemos el enfoque demográfico con el tecnológico, en cada país advertiremos que las tensiones que provocarán en cada uno de ellos son muy diferentes.

Existen, desde la visión de los países desarrollados, tecnologías y desarrollos empresariales que están al final de su período de vida útil, y otras que se encuentran en sus comienzos e incluso cabe entender, por la celeridad de los avances científicos y técnicos -la ley de Moore, que no ha encontrado contradicciones prácticas, cifra este ritmo como exponencial-, que continuarán apareciendo otras nuevas, cuya dirección general puede ser, en ciertos casos, detectada o intuida y en otros resulta totalmente desconocido.

De las primeras, hay que analizar el apoyo a las que resultan imprescindibles para sostener el modelo productivo, al menos a corto plazo, hasta que puedan ser sean sustituidas; a las segundas, debe impulsárselas con apoyos fiscales, facilidades a la financiación, y estímulo con beneficios económicos y proyección social por la creación de empleo y riqueza.

No se puede alimentar un sistema tan complejo confiando únicamente en las iniciativas individuales. Ni siquiera se puede tolerar que sean las ideas de los grandes grupos empresariales los que controlen las decisiones.

Por una parte, el apoyo con información y conocimiento es imprescindible para los pequeños inversores: la sociedad debe avanzar en conjunto en su modelo productivo. El individuo está desvalido frente a esa vorágine tecnológica. No se puede confiar, como durante el siglo XX y anteriores, en que las iniciativas individuales servirán, actuando independientemente, para generar un modelo estable y autosostenido.

Existen más condicionantes. La consciencia de la necesidad de conseguir más recursos para atender a las necesidades del estado del bienestar y sostener, con inversiones públicas, la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y servicios generales, supone la permanente revisión de la estructura impositiva.

En el caso de España, se necesitan recursos y movilización de los mismos para adaptar las estructuras productivas y generar nuevas líneas de desarrollo. El momento no será idóneo, pero la prioridad es evidente. Con la mirada puesta en la estructura impositiva y en las capacidades tecnológicas del resto de países de la Unión Europea -y particularmente, de Alemania, Francia e Inglaterra- es imprescindible  estudiar el rediseño de la gestión fiscal, que podría orientarse (no veo otra forma) hacia una mayor presión fiscal de los que más tienen y, en especial, hacia el incremento de los impuestos sobre el beneficio empresarial, ofreciendo reducciones fiscales y ventajas de financieras o crédito en caso de su reinversión, con apoyo a los sectores preferentes y a las iniciativas creación de empleo, dentro de un marco general de control y transparencia.

No es un tema de solidaridad, sino de supervivencia colectiva. El rediseño de la presión fiscal debe afectar también a los ingresos más altos, aumentando sobre ellos la presión impositiva, en beneficio del mantenimiento o mejora de las prestaciones sociales de la mayoría. En suma, se trata de implantar un modelo mucho más solidario, en el que el reconocimiento a las medidas sociales o altruistas sea visto como algo natural y prestigioso.

Se ha puesto énfasis, en multitud de trabajos económicos, como si se tratara de un objetivo de alcance inmediato, en el aumento de la productividad, como esencial para incrementar el valor añadido de las producciones. Es cierto que un incremente de la eficiencia afecta positivamente a las actividades tradicionales como a las de tecnología avanzada. Pero, y especialmente en las primeras, genera pérdida de puestos de trabajo. Y si estos no se recuperan en las actividades nueva, aumentará el desempleo, que significa, obviamente, el incremento de los índices de pobreza y de dependencia de las ayudas sociales.

No resulta difícil buscar los referentes. Son las empresas más competitivas de cada sector -españolas o extranjeras-. La construcción de la pirámide de competitividad en el sector no es un ejercicio inútil, ni a escala del sector ni para determinar la viabilidad individual. Es cierto que se puede subsistir como empresa con un cierto grado de ineficiencia (se puede suplir con mano de obra más barata, materias primas de peor calidad, precios más bajos), pero hay que considerar que la situación de equilibrio de un proyecto de ese tipo es inestable: solo los más altos de la pirámide competitiva subsistirán, y hay que plantearse si se debe apoyar a los actualmente menos eficiente, y de qué forma, o abandonarlos a su suerte.

Estas consideraciones no contradicen que la producción española tenga que ser dualizada en mayor grado –en el sentido de actuar en dos direcciones aparentemente contrapuestas-, compatibilizando lo tradicional y clásico con lo nuevo o innovador. Hay , buscando nichos tecnológicos, y procurando estimular la repetición de los resultados de éxito, siempre que se detecte la existencia de mercado suficiente, pero sin que las ayudas, si se ofrecen, sirvan para destruir empleo local existente: el objetivo fundamental ha de ser la ampliación de mercado en países emergentes (o la competencia con productos de alta calidad en los países consolidados), no la reducción de oportunidades en el propio.

Aunque parezca una paradoja, el mantenimiento de ciertos niveles de ineficiencia a escala local –en comparación con el óptimo del mejor saber hacer o de la más avanzada tecnología- se puede convertir en garantía, en no pocas ocasiones, para sostenimiento de empleo en zonas deprimidas, lo que obligaría a tomar en consideración el efecto indiscriminado de las ayudas públicas a determinados desarrollos tecnológicos o de distribución, cuando actúan en detrimento de los artesanos y comercios tradicionales. Con otras palabras, el mensaje propagandístico de que “todo lo nuevo es mejor”, puede condenar a la desaparición a industrias y empresas basadas en la calidad del producto y la mano de obra individualizada, que no serían capaces de competir en cantidad.

La globalización, unida a la orientación masiva hacia el consumo inmediato y sin baremos de calidad (porque la moda y la oportunidad sustituyen a los criterios de calidad y durabilidad), supone, por tanto, una amenaza intrínseca, que es imprescindible evaluar, también desde la perspectiva de la educación para el consumo responsable.

(continuará)

 

Una yunta díscola. Acompasar actividad económica y empleo (1)

Comienzo con ésta una serie de reflexiones sobre la Generación de actividad económica y empleo. Nace este análisis de la apreciación de que , o bien la realidad socioeconómica -a escala local como global- no está siendo valorada en profundidad (lo que resultaría inadmisible, pues hay que presuponer la alta capacidad intelectual de muchos de los que estudian los datos de la situación) o, por razones que habría que detectar y exponer, las previsiones dimanantes de esa información se mantienen ocultas o se enmascaran a sabiendas.

Ninguna de ambas opciones me parece satisfactoria. Pero, en lugar de romperme la cabeza para tratar de dilucidar lo que está pasando en los círculos de opinión, ofrezco al lector mi análisis para que saque sus propias conclusiones. Como pretendo darle, en lo posible, un enfoque académico, pido disculpas por no renunciar a citas y a la aportación de gráficos o cuadros, para apoyar mis tesis.

Capítulo Primero. Marco general.

La capacidad de moverse aparece como una característica diferenciadora entre los seres vivos. Y, a similitud con los seres humanos, que compartimos con ellos el espacio terrestre,  se mueven en relación con la satisfacción de dos necesidades básicas: alimentarse y  obtener cobijo o posibilidad de escapatoria contra las inclemencias del tiempo o los cambios bruscos de su hábitat.

Cómo se resuelve el problema de tales servidumbres de la naturaleza, depende según las especies.  Si un individuo o conjunto particular  no lo consigue durante un  tiempo, perece. Los humanos, también.

Aunque se observa en los animales, e incluso a nivel individual, una preferencia por determinados alimentos o lugares, lo que les lleva a buscar, cuando tienen opciones, esa satisfacción, esta preocupación no parece determinante, y se subordina a las necesidades principales: comer y protegerse de ataques externos. Los humanos,  también. El sexo, salvo calificaciones patológicas, no supone prioridad, e implica que se encuentren satisfechas o garantizadas aquellas, aunque se debe reconocer que en situaciones extremas, en las que se presume el fin de la existencia (catástrofes, guerras, etc.), algunos acudan a él, pues la identificación física con el otro actúa de catarsis.

Este no es un trabajo sociológico, aunque es imprescindible trazar algunas líneas generales que, si se comparten, podrán servir para entender mejor las propuestas que se hacen en él. La actividad sexual, más que relacionada con el disfrute de la práctica del sexo, está ligada a la protección y garantía de continuidad de los mejores genes, y aparece en los animales, tanto los superiores como los considerados inferiores en la escala, como un condicionando impuesto por la naturaleza en determinados períodos, típicamente señalados por la disponibilidad para el apareamiento de las hembras.

Es evidente que la especie humana ha evolucionado mucho, abandonando en gran parte la preocupación por estos planteamientos elementales, incorporando otros muy complejos. Lo que no quiere decir que estén resueltos para todos los seres humanos e, incluso, se puede detectar que para más de mil millones de personas (del orden de 1/6 de la población mundial actual, lo que no es en absoluto despreciable), la atención a la subsistencia básica es ocupación prioritaria o única y, se debe indicar, no siempre resuelta.

La monetarización de la sociedad humana, en la que el trueque de mercancías ha quedado supeditado a la intermediación del dinero, ha supuesto que para la inmensa mayoría de los seres humanos y, desde luego, para prácticamente todos los que se encuentran en las economías desarrolladas, el poseer dinero, entendido como el medio económico intercambiable de inmediato por bienes de consumo, es imprescindible. Y la forma más directa, y honesta, de conseguirlo, es mediante el trabajo personal.

El disponer de trabajo es clave para sostener la economía individual y familiar, y la generación de puestos de trabajo suficientes para todos habría de ser el objetivo general irrenunciable de una sociedad humana organizada con prioridad a la atención de la comunidad.

Los avances tecnológicos han supuesto, siempre, la generación de desequilibrios en la sociedad humana. La invención de la rueda, el dominio del fuego, como la aparición de la pólvora, la máquina de vapor o el ordenador digital, -por enumerar algunos de los descubrimientos que señalaron esos cambios- ha provocado modificaciones en la estructura de las sociedades, desplazando a unos y situando en la cúspide a otros. Es decir, generando marginación que llevó a familias a la pobreza y, seguro, al fallecimiento por inanición o congelación, y a otros, los catapultó a la acumulación de bienes materiales.

Con el actual nivel de desarrollo tecnológico, el desequilibrio, a escala global, debiera ser admitido como imposible de resolver. Trataré más adelante de desarrollar esta afirmación en detalle, pero la expongo desde un principio para dar cuenta de la magnitud del problema. Crear empleo estable (con aceptable estabilidad) para mantener en ocupación a toda la población que desee estar activa parece irresoluble, y, especialmente imposible, a escala global.

La amplia aplicación de tecnología –sobre todo, robótica, telecomunicaciones, informática- elimina continuamente mano de obra que no puede ser compensada por el nacimiento de nuevas empresas, surgidas para cubrir nuevas necesidades. En los países más avanzados tecnológicamente y con gran capacidad exportadora sería posible, teóricamente al menos, combinar la cantidad de empleo sostenible suficiente para que la presión fiscal sobre empresas y empleados permita soportar las necesidades de población inactiva (estudiantes, jubilados, desempleados, etc.).

En la mayor parte de los países, el desequilibrio está destinado a aumentar. En España, está próximo el momento en que el número de empleados activos que coticen a la Seguridad Social (excluidos quienes cobren el subsidio de desempleo, cuyas cuotas las paga el Estado), disminuya definitivamente por debajo de la proporción 2:1 respecto a los pensionistas. (En datos disponibles del último trimestre de 2014, habría 17,8 millones de empleados activos, frente a 8,5 millones de pensionistas y 5,4 millones de desempleados estarían a la expectativa de encontrar algún trabajo).

No hay por qué ocultarlo, sino asumir responsablemente las consecuencias y paliar los efectos. El modelo de producción y consumo que nuestra sociedad ha desarrollado, no resulta sostenible. No lo es ambientalmente, porque las medidas de control del deterioro ambiental han sido tardías y dispersas, y se revelan como insuficientes. Pero aún es más grave, puesto que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad –como conjunto- a un plazo relativamente breve, porque el consumo de materias primas no regenerables y la misma producción de desechos no recuperables superan la capacidad del planeta.

Sin duda, la transformación del modelo actual, seguido sin significativas excepciones, sustituyéndolo por otro que supusiera la plena concienciación de la urgencia por detener ese deterioro consumista y cambiar los hábitos de producción y consumo, implicaría decisiones muy difíciles de adoptar de forma conjunta. Una actuación unánime de todos los países se revela como una quimera irrealizable, lo que no significa que no deba ser asumida por aquellos países que, por su nivel de desarrollo y sensibilidad, entiendan la magnitud del problema y crean, coherentemente, que deben dar ejemplo y actuar de motores del cambio.

Para ellos, y en especial, para un país intermedio como España, las modificaciones productivas implican cambios profundos que afectarán al empleo de un modo sustancial.

En la medida, sin embargo, en que la sostenibilidad se va conformando, por convicción o por necesidad, en un factor importante para la competitividad en los terrenos donde prima la calidad y la concienciación colectiva, por encima del menor precio de los bienes, esa transformación es una oportunidad para afrontar el futuro de forma colectiva, transparente, solidaria y bien informada. Para cuantos creemos en un futuro mejor y, sobre todo, más solidario, posicionarse en ciertos sectores con una oferta razonable, de sostenibilidad demostrable, aparece como una forma inteligente y coherente de liderar actividades con vocación de durar y, por tanto,  generadoras de empleo estable.

El cambio de modelo es necesario, pero su plasmación concreta no resulta evidente. En la transición, no solamente la oferta de empleo disminuirá, sino que una parte de él se hará más exigente en calidad (es decir, exigirá una superior formación del empleado). En especial, en los sectores tradicionales, que pueden seguir siendo considerados básicos, hay que analizar seriamente la necesidad de redistribuir los tiempos totales de trabajo del personal, especialmente del menos cualificado, reduciendo las jornadas, estudiando la remuneración que sea acorde, no solo con la capacitación, sino también con las necesidades familiares (obtención de un salario mínimo por empleo).

Estas consideraciones, propias de un enfoque preliminar, apuntan a la reflexión de que la solución del problema de creación de empleo, implica, en primer lugar, analizar las soluciones técnicas que sean abordables, realizar su cuantificación económica y, en relación con los enfoques técnico-económicos que se estimen viables, estudiar las repercusiones sociales. En ese contexto, es posible implementar decisiones políticas que satisfagan plena o, al menos, de forma suficientemente eficiente, el objetivo de la generación de actividad empleadora. Si se altera el orden en la toma de decisiones, dando prioridad, por ejemplo, a los problemas sociales, despreciando las valoraciones económicas o las soluciones técnicas probadas más eficaces, el resultado conseguido es inestable, ineficiente económicamente y socialmente insostenible.

En los países con estructuras económico-sociales más estables, el salario máximo debería reducir su proporción, tanto respecto al salario medio como al mínimo. En la situación actual. la remuneración a los gestores y directivos llamados “de confianza” en algunos grupos empresariales resulta, objetivamente, escandalosa.

El mercado o el rendimiento obtenido por la eficacia de esos ejecutivos –que no juzgamos hipotética, sino real-, no puede servir para justificar los actuales sueldos de los directivos de primer nivel de las grandes empresas. Además, el acceso a los puestos gerenciales más altos debe ser mucho más trasparente, y la valoración de las capacidades, lo más objetiva posible, para evitar suspicacias respecto a la forma y méritos de acceder a la cúpula de la gestión empresarial.

Una mala gestión, en una gran empresa o grupo empresarial, arrastra, de forma piramidal, otras deficiencias sectoriales. El control de las entidades públicas y de las decisiones, en particular, las más relevantes, de las Administraciones del Estado, es inexcusable y los resultados deben ser transparentes. La desconfianza hacia las instituciones agrava la solución de los problemas, porque los dirigentes y empleados públicos han de dar ejemplo de honestidad y servicio a los intereses colectivos

Desde la perspectiva de la estabilidad socioeconómica, no es soportable que siga creciendo el número de pobres o desclasados con salarios ínfimos, cuando coexiste con el aumento de la concentración de riqueza en los más ricos, cuyo número total, además, tiende a disminuir.

El aumento del pib o de indicadores globales que no tengan en cuenta la situación desagregada puede dar la impresión falsa de que estamos ante un “aumento colectivo del bienestar”. Sea como fuere, debe analizarse la manera de distribuir mejor ese bienestar potencial (que tiene una base tecnológica ineludible), penalizando el disfrute despilfarrador, y detectando la concentración de recursos inactivos, creando paralelamente estímulos para la rotación del capital que lleven el disfrute de los beneficios a todas las capas sociales.

Una gestión política sensata debe valorar continuamente el descontento de los estratos socioeconómicos medios y bajos, y no atender exclusivamente a la satisfacción de los sectores más altos, confiando en que éstos serán los motores de la economía. Es un error. El nivel de descontento puede alcanzar situaciones muy peligrosas y, en los momentos actuales, se ha alcanzado.

Es urgente acudir a las medidas de urgencia: incremento progresivo de la presión fiscal sobre las grandes fortunas, penalización de los inmovilizados inactivos, implantación de beneficios económicos y reconocimiento social para la creación de nuevas empresas, análisis del destino del ahorro y estímulo a la reinversión, actualización de los valores catastrales, etc…

Sin embargo, las medidas de corrección deben ser también estructurales.

(continuará)

Décima de las Cartas filípicas y una espinela

Majestad,

Esta será la última de las cartas que, al menos de momento, le escribiré. Es Vd., el destinatario formal, pero siendo altamente improbable que las lea, podría pensarse que se trata de un mero recurso literario, un divertimento de autor vanidoso con pretensiones de que sus ideas alcancen mayor difusión con ese artificio.

No lo niego. Al fin y al cabo, quienes somos conscientes de nuestro limitado ámbito de poder, tenemos que confiar en la fuerza de la palabra. Pero hay algo que, a riesgo de repetirme, ha guiado mis palabras. Tengo claro que la situación demanda liderazgo, y  estoy convencido de que la gestación de un líder reclama tiempo y recursos.

Desconfío de las improvisaciones: soy partidario de la inteligencia y el método, y veo mucho más riesgo en la intuición que en la reflexión compartida.  Admiro a los que tienen características de líder y sitúo como primera de ellas la capacidad para motivar al grupo y saber apoyarse en los mejores. Por eso, no tengo fe de los visionarios que se encuentran a sí mismos legitimados para ponerse a la cabeza de los descontentos, utilizando su malestar, como un ariete, para derribar andamios y columnas.

Me gusta apreciar que los que se ponen al mando de un proyecto, tienen consolidada trayectoria. Saber de dónde vienen, lo que han hecho, cuáles son sus orígenes, me parece imprescindible y una necesaria garantía para valorar su previsible comportamiento futuro. No temo a los cambios, porque así se avanza. Pero antes de acometer cualquier cambio  se debe prestar suficiente atención al efecto de retirar soportes, no vaya a ser que, por haber calculado mal, se eliminen algunos de los elementos clave que sostienen el templo de nuestra democracia, y nos encontremos con parte del edificio destruido y sin el cobijo con el que la protegimos hasta entonces.

Hay mucho que corregir, desde luego, pero es más lo que debemos proteger, y así no correr el riesgo de tirar al niño con el agua de la bañera (das Kind mit dem Bade ausschütten), como advierte la metáfora alemana, incorporada, por su fuerza expresiva, a todos los idiomas.

Como ingeniero, estoy convencido de que la estructura industrial de nuestro país necesita ser reforzada y ampliada, y la complejidad de la cuestión, en un escenario con tecnologías que se desarrollan exponencialmente, exige un planteamiento científico y técnico, además de político, porque la ciencia no acude si no se la llama, pero tampoco aparece si no se la crea y alimenta.

Como jurista, estoy convencido de que necesitamos leyes para impulsar nuestra vida común, pero no tantas que generan un bosque impenetrable salvo para quienes dispongan de la sierra con la que abrirse camino en él. Debemos simplificar de forma importante el resultado de una actitud legiferante que no ha atendido, por los efectos, al fin sino a los medios, olvidando que la educación  debe poner de manifiesto el valor de la ética y que el derecho escrito, y no solo el sancionador, ha de ser recurso excepcional y no el registro enciclopédico de lo que a cada gobernante se le antoje incluir como norma. Si de algo vale recordarlo, cuando la Historia consolidada  ha hecho a Dios hablar, recogió sus mandatos con muy pocas palabras.

Defiendo, en fin, Majestad, que se escuche a todos, pero se de a cada uno la prioridad en lo que es más capaz. Para presentar necesidades, que se atienda a los que las tienen, valoradas con la sensibilidad colectiva que debe potenciarse y tamizarse desde la ética. Para obtener soluciones, que se escuche y de cancha a los que saben, ofreciéndoles campo en el que contrastar sus reflexiones y hallazgos, sin dejar que se sepulten en el griterío de los que, sin conocer el fondo, solo buscan protagonismo o puede que solo favorecer a intereses de otros.

Necesitamos líderes, pues. Pero, si no se trata de cambiarlo todo, sino de perfeccionar y mejorar lo que existe, manteniendo que la componente final de las fuerzas de todos sea el centro izquierda, es decir, el progreso consciente desde donde estamos en cada momento hacia la distribución mejor del resultado común, con la vista puesta en las necesidades de los que tienen menos, garantizando lo que tantas veces se ha dicho que es irrenunciable: renta mínima, educación y servicio de salud para todos, vías abiertas para que no se desperdicie ni malogre el talento .

Por todo ello, lo relevante no es mejorar el diagnóstico ni perfeccionar el análisis de los defectos,  sino atender a poner en marcha de inmediato las soluciones. Sin ofender a creyentes, para ser bueno no hace falta creer en Dios, y para ser eficaz en un propósito colectivo, no veo desventaja alguna en que el Líder, poniendo solo el marco y sin que descienda a detalles, sea quien representa a la Monarquía, es decir, Vd., Felipe VI.

Estoy seguro de que no soy el único republicano que apoya esta propuesta y termino, pues, con una espinela, esta décima carta.

Perro viejo soy al que nada inmuta ya que al paso
cualquier propuesta ajena el necio encuentre vaga
teniéndose por normal despreciar cuanto otro haga
y en vez de atención, prestarle a las ideas poco caso. 

Creo en un futuro mejor, sin confundir lo pasado con fracaso,
y para ahogar rencores, doy valor a inteligencia y al trabajo,
importando poco al fin, procedan de arriba o más abajo.

No extrañe, lector cabal, que le tenga por real destinatario
de las reflexiones que acojo en mi pretencioso epistolario
y c
ontenga  impulso de enviarlas, sin miramientos, al carajo.

En Madrid, a veinticuatro de enero de 2015.

 

 

Novena de las Cartas filípicas

Majestad,

No debiera ser la corrupción una de las cuestiones de alcance político que más tuvieran que preocupar a los españoles, ya que parece obvio que el paro y la disminución de actividad económica habrían de contar como los factores objetivos que inciden más directamente sobre las situaciones personales. Pero es aquella que ocupa el mayor interés mediático.

Parece consecuencia de la cortedad colectiva para plantearse cuestiones trascendentes, dejándose guiar por los que  proporcionan munición para canalizar las opiniones, el que se hable más de corrupción que de medidas económicas. Se prefiere ahondar en lo que es simple, aunque no se pueda valorar en cuánto nos afecta exactamente (negativamente, en todo caso, a nuestra imagen como sociedad bien organizada), antes que analizar lo complejo, aunque su solución tendría unas consecuencias mayores para todos y, además, positivas ( fórmulas para crear empleo, abrir nuevos campos comerciales, potenciar las fortalezas existentes, etc.)

Si Vd. pudiera dedicar algún tiempo a viajar en el metro -que es la forma más cómoda de sorprender, como oyente pasivo,  las conversaciones de los demás- o en cualquier otro transporte público  utilizado por los ciudadanos de menor poder adquisitivo, constataría que la corrupción, con la referencia a casos concretos, es, incluso por encima de la referencia al tiempo atmosférico, el motivo más empleado para intercambiar frases con el interlocutor amigo o con el vecino de asiento ocasional. ¿Se soluciona algo con ello? No. El tema se ha convertido en un sustrato obsesivo de la opinión pública, un valor de intercambio emocional de constitución esencialmente negativa, sin rentabilidad social: es el caldo de cultivo de un descontento inefectivo.

Las noticias sobre corruptos, sobre actividades en las que se han vulnerado normas éticas o legales, alimentan la misma caldera. No suscitan  más que dudas sobre nuestro sistema de convivencia. No se ofrecen matices, opiniones, e incluso declaraciones institucionales que permitieran cualificar las responsabilidades de los que actuaron mal, enmarcándolas en un contexto real (¿quiénes corrompieron, qué obtuvieron, qué consecuencias tuvo para la sociedad su actuación?), sino que se convierten en  críticas globales a todo el sistema.

Hay aparente consenso en identificar  la situación como inaceptable, pero, al mismo tiempo, se la está incorporando, es decir, aceptando, como mal general que hubiera emponzoñado, destruyendo arterias vitales, los estamentos básicos que garantizan nuestro orden social. Se la convierte, en esta línea de catarsis sin final ventajoso, en elemento sustancial de identificación del comportamiento de la clase política e incluso, empresarial.

¿Deberíamos admitir, pues, que todo está corrupto, que la sociedad española ha generado un monstruo?.  No podemos. El sistema no está corrupto, ni es razonable suponer que existe una clase política o empresarial que pueda ser designada genéricamente como casta. ¿Se debe reputar como ingenuo o interesado a quien así se exprese? Al contrario: no hay opinión más constructiva. Porque si así fuera, como algunos pretenden convencer, si fuera cierto que lo que hemos construido está viciado desde la base, lo que solamente indico como hipótesis para llevarla al absurdo, no habría solución. España se habría acabado como organización de la convivencia.

No se puede empezar todo desde cero, ni cabe admitir la hipótesis ingenua de que incorporando a la gestión nuevos partidos cuyos miembros no tuvieran experiencia anterior en política, la situación se corregiría de inmediato o en un plazo previsible. La corrupción, detectada o no, es parte intrínseca de la convivencia, porque la ambición, la avaricia, el egoísmo, forma parte de la esencia humana colectiva. Pero no son el elemento sustancial, sino el accesorio. Puede caracterizar el comportamiento de algunas personas, pero no de las organizaciones sociales, que están basadas mayoritariamente en la solidaridad, en la coherencia, en la honestidad.

El descubrimiento de pies de barro en algunos de quienes alardean disponer de pureza total para liderar el cambio en ese sentido, demuestra lo sencillo que resulta detectar fallos de comportamiento en personas que, habiendo tenido alguna relación de poder o ámbito de influencia, incluso aunque solo fuera en el terreno académico, no hubieran caído en la tentación de beneficiarse directamente de ello, o beneficiar a sus familiares, amigos o agrupaciones con las que tuvieran afinidad personal.

Miembros de la propia institución monárquica no están libres de la sospecha de haberse beneficiado de la situación de privilegio. No pretendo inmiscuirme en terrenos que corresponde dilucidar, constitucionalmente, a los órganos de Justicia, pero sería de una ingenuidad inasumible defender que los propios órganos judiciales no tienen también representantes que estén también contaminados por la enfermedad de la corrupción. Es humano, y no se violenta la razón ante ese reconocimiento, que, además, sería casi imposible de probar: todos los estamentos tienden a proteger al que se desvía, por una actitud de defensa que no encuentra más justificación que en el sostenimiento global del estatus. Esto vale tanto para el Parlamento, como para la Justicia, como para el Gobierno.

Soy de la opinión de que los casos que ocasionalmente se detectan de infracción del comportamiento exigible (ya que no de la ética), ni son ni serán todos, ni son ni serán los más importantes, cuantitativamente hablando. Como en la fábula en la que los animales buscan un culpable, no será el león, sino el burro, por ser más vulnerable, el que será sacrificado.

Tampoco puedo admitir que España sea uno de los países más corruptos de Europa; más bien, al contrario, me inclino a admitir que es uno de los países en los que los corruptos han actuado más confiados, en la idea de que sus acciones no serían descubiertas o culpabilizadas y, para los que se han servido de su posición de forma más abusiva, como entiendo sucede en los países más experimentados en la ocultación de las vías de corrupción,  lo que sucede es que será más difícil descubrirlos, sino imposible, porque habrán adoptado medidas de precaución y ocultación más complejas y mejor urdidas,

No lo interprete como una insolencia, ni como un juicio temerario. No creo que la infanta Da. Cristina -ni su esposo D. Iñaky Urdangarín- hayan actuado con absoluta consciencia de estar cometiendo una grave irregularidad, susceptible de una elevada sanción penal, ni que lo hicieran con ocultación respecto a sus familiares, amigos y otras personas que conocieron, en su momento, los hechos y sus consecuencias.

No creo que el Sr. Bárcenas sea un francotirador ambicioso, capaz de ocultar a su partido, a sus amigos dirigentes, a las empresas que le dieron dinero para que -directa o indirectamente.- se les facilitaran contratos. No creo, para no hacer la relación exhaustiva, e ir directamente al concepto, que ninguno de los que actuaron, presunta o ya culpablemente desde la perspectiva penal, haya actuado solo y se haya beneficiado en exclusiva, y no me cuesta admitir que el número de los beneficiarios completos de esos actos, e incluso, de los que se beneficiaron más, sea conocido. Si no se matiza, sino se detiene la investigación ante la imposibilidad o el gasto excesivo de tiempo y medios que tendrían un uso más valioso, nos encharcaríamos en una especia de causa penal contra la sociedad, a un juicio global contra la Humanidad, en la que todos seríamos sospechosos y presuntos culpables.

¿A qué conduciría el  consumir toda la energía en detectar corruptos? ¿Merece la pena arriesgarse a encontrarnos, como en el proceso que refleja el Antiguo Testamento en la encomienda a Gedeón de seleccionar los justos para combatir a un enemigo, con que el número de puros sea tan escaso que necesitaríamos auxilio divino (permítame, Majestad, que exprese mi duda de que nuestra situación merezca atención especial en las alturas metafísicas) para vencer?

Por eso, mi propuesta no es abandonar la investigación de los casos de corrupción, terminándolos como necesaria manifestación de ejemplaridad, pero sí  la de concentrarnos preferentemente en la potenciación de los elementos sanos, poniéndolos de manifiesto, y apoyándose sobre ellos para seguir avanzando en lo que resulta imprescindible: que el Estado siga construyendo una sociedad más justa, honesta y solidaria, potenciando los elementos válidos.

Le concedo a Vd., como estoy convencido está dispuesto a hacerlo la gran mayoría de la sociedad española, la capacidad de ser el Gedeón que se necesita. No se cuestiona la virtud del Gedeón. Nuestra sociedad necesita algo fuerte en lo que apoyarse, para no caer vencida en el abatimiento o dominada por el rencor y el odio y sustentarse en la parte sana, que es mucha y que es la más importante. Con corruptos, con corrupción, hemos llegado hasta aquí, y no es de descartar que habrá que seguir coexistiendo con una parte del sistema contaminado, hasta que, por miedo más que por otra cosa, se reduzca al mínimo, o se perfeccione hasta hacerlo indetectable.

Hagamos que la sociedad cambie sus temas de conversación trivial y se ocupe de encontrar y comentar los logros, las ventajas, los nuevos modos de encontrar rendimiento a nuestra convivencia. Nos irá a todos mucho mejor, y estaríamos muy aliviados. Y creo que en este punto, a pesar de sus limitados cometidos constitucionales, Majestad, nada le impide pronunciarse como ciudadano inteligente, con una opinión que tiene la presunción de venerable, tenga la seguridad de que por muchos más de los que no dudarían en derribar su pedestal, tildándolo de inoperante y estéril.

Esta es mi carta de hoy, en Madrid, a veintitrés de enero de 2015

Octava de las Cartas filípicas

Majestad,

Puedo suponer que habrá momentos en los que, recogido en la intimidad, tal vez en tierno conciliábulo con la Reina Da. Letizia, sus pensamientos se dirijan hacia la zona oscura del ser, allí donde se encuentran las contradicciones profundas de la propia existencia. Vd., permítame que lo ponga de manifiesto, concentra varias.

De alguna de ellas, Vd. es ajeno. No le corresponde responsabilidad por  ser un monarca católico en un pueblo que se reconoce mayoritariamente agnóstico y republicano, ya que no ha podido elegir: nació para ser Rey y, aunque -siguiendo el ejemplo de su padre, podría abdicar-, tengo por seguro que no le dejarían y sería de un efectismo impropio que se declarase republicano o se presentara a unas elecciones dirigiendo un partido monárquico.

En cuanto a sus creencias religiosas, sería admisible que reconociera que prefiere ser cristiano copto a católico confeso (si ese fuera el caso), pero no puedo imaginar sin efecto letal para la institución el que se manifestaran públicamente como budista, seguidor de Mahoma o convencido ateo.

Junto a esas contradicciones de las que acabo de poner de manifiesto alguna y que Vd. encarna, hay una que no ha tenido Vd. que asimilar, sino que la gran mayoría de la población española ha asimilado sin reticencias, a pesar de su incongruencia. En una sociedad que proclama la igualdad entre hombre y mujer, Vd. es Rey por aplicación de una disposición arcaica que margina a las hembras, consideradas por ella como seres inferiores al varón (a pesar de las numerosas evidencias en contra, por cierto), y aparece así, sin pretenderlo, como paladín del machismo solapado de la sociedad que representa como jefe de Estado.

La superación de estas pesadas cargas que constriñen sus grados de libertad personal y lo convierten en el personaje con más servidumbres del panorama social, solo la veo posible amparándose en la consciencia de que Vd. sostiene obligaciones de orden superior que no le está permitido cuestionar. Es decir, es Vd. esclavo, por ser sostén, de paradojas y contradicciones ajenas.

No es único en ese oficio de no poder cuestionarse la profundidad de algunas verdades. El Papa Francisco, por ejemplo, no solamente tiene que aparecer como el más católico de los mortales, sino que ni siquiera puede cuestionar públicamente la ventaja de arrastrar la carga inmaterial del amplio conjunto de imaginativos dogmas que conforman la religión de la que es cabeza visible.

No escribo esta carta para hacerle evidentes cuáles son sus ataduras o limitaciones, sino, muy por el contrario, para poner de manifiesto que quien asume con inteligencia las contradicciones que representa y las asimila como restos de un pasado que, en conciencia, deberían corregirse,  puede convertirse en elemento de transformación de la sociedad, desde dentro, sin que sea necesario que el sucumba, perezca o sea bruscamente marginado de ese proceso.

En mi opinión, importantes transformaciones de la Humanidad se realizaron por revolucionarios externos a los estratos dominantes, sino por personas que comprendieron y capitanearon la necesidad de cambiar la situación, desde dentro. No son las revoluciones los motores habituales cambio, sino las evoluciones impulsadas por gentes conscientes de su responsabilidad carismática, para convencer a los que les apoyaron sobre la necesidad de mejorar la situación de los que menos tienen, antes de que su descontento se manifieste explosivamente.

¿Y qué transformación podría realizar Vd. y, por supuesto, hacia dónde habría que dirigir sus propósitos?

Permítame, Majestad, una reflexión previa al respecto. Se nos ha hecho creer que la sociedad europea ha sufrido un gran cambio a partir de la revolución francesa de 1789, en la que resultaron abolidos privilegios de la aristocracia y se impusieron los criterios de igualdad, libertad y fraternidad que se tienen por los elementos indiscutibles de la vida en comunidad.

Solo desde una gran capacidad de abstracción de la realidad y ocultación de verdades se puede admitir, sin oponerle multitud de precisiones, matices y excepciones, que ese objetivo está cubierto, dos siglos y medio después. La sociedad francesa, además, no pasó a ser precisamente más igual, ni más libre, ni más fraternal, -desde luego, no de inmediato-. No lo es ahora. Pero nadie dudará que tanto Luis XVI, María Antonieta,  como Robespierre, Danton y Marat tuvieron una muerte violenta. Los beneficiarios del movimiento revolucionario no fueron ni sus directos instigadores ni, obviamente, los que sucumbieron eran los máximos beneficiarios del régimen anterior, sino únicamente sus cabezas más aparentes.

Quiero poner con este ejemplo y circunstancias de manifiesto que la evolución de la sociedad es el reflejo de su manera adaptativa, fundamentalmente intuitiva y, por tanto, heterodoxa, de tratar de compaginar las avaricias individuales con la satisfacción suficiente de las necesidades colectivas.  Estuvo y está llena de trampas, de falsos héroes y de víctimas ofrecidas como máximos responsables cuando solo eran ocasionales bucos emisarios.

La situación ha de cambiar. En una población desinformada, un uno por ciento puede tenerlo todo y el resto, poco, casi nada o nada: tal vez incluso un veinte por ciento de pobres, incluso al filo de su subsistencia diaria, serían tolerables para los que lo controlan. Hoy, ni se puede mantener un estado de cosas así, ni es juicioso defenderlo, y menos, aparecer como su cabeza visible.

Majestad, mi propuesta es que no aguarde a su particular guillotina (que, desde luego, no deseo en absoluto que sea real), y lidere el cambio. Conviértase, en lugar de ser el continuador y quizá último representante de una tendencia obsoleta,  en imagen pública de la imprescindible transformación, enarbolando la bandera. Asuma la urgencia de una transformación, no de la monarquía, sino de la sociedad española, poniendo de manifiesto la necesidad de superar las contradicciones en las que está envuelta, las injusticias que sostiene, los desequilibrios que la agarrotan.

No tiene nada que perder. Sálgase del guión.

Puede servirle de guía la actuación que se transparenta de un líder carismático que parece haber asumido la convicción de que es más urgente cambiar las formas de una institución secular que atender a defender el fondo. Me refiero al Papa Francisco, del que recojo un anécdota, aparentemente mínima. Al ser preguntado sobre los límites a la libertad de expresión, se refirió a que si un amigo le mentaba a su madre, le daría un bofetón; no dijo que pondría la otra mejilla, como podría interpretarse literalmente del mensaje evangélico cuya legitimidad representa.

No ponga Vd. su mejilla. Muéstrese humano, Majestad, y cuanto más humano, más comprenderá la necesidad de cambiar el modo de esta sociedad en la que unos pocos acaparan dineros y ventajas, porque no solo es injusto, sino que no es posible ocultarlo a la inmensa mayoría. Aproveche la oportunidad de tener concentrados los focos sobre su persona y hable para la mayoría, no repitiendo lo que la minoría le está dictando entre bambalinas, interesada en que Vd. pueda ser su macho cabrío expiatorio, si llegara el caso.

Escrito en Madrid, a veintiuno de enero de 2015

 

 

Séptima de las Cartas filípicas

Majestad,

Bastante se ha especulado y, sin duda, se seguirá haciendo, sobre quiénes son sus amigos o los de la Reina Letizia. La relación de aquellas personas con las que se les ha visto acompañados, a decir verdad, en contadas ocasiones, ha sido difundida repetidas veces, junto a especulaciones más o menos fundadas, sobre quienes han tenido mayor trato con Vd. o con Da. Letizia cuando estaban solteros.

Solo Vd. sabe quiénes verdaderamente son sus amigos y a cuáles de entre ellos concede importancia bastante para consultarle dudas o pedirle consejos. En tanto que persona, con sus virtudes, defectos y debilidades, la mayoría de las cuestiones que afectan a su esfera íntima, en realidad, a Vd. solo interesan y de ellas solo Vd. responde ante aquellos para quienes tenga afecta o a quienes deba fidelidad en ese campo.

Supongo, además, que -al menos, en lo que respecta a la prudencia que conviene a su comportamiento futuro, el único que cabe enmendar, si fuera el caso- los sucesos que han venido a afectar tan gravemente a la imagen de su hermana Da. Cristina, le harán especialmente cauteloso respecto a la participación en negocios o pretensión de utilizar su nombre para impulsarlos y, en lo que se refiere a las tentaciones de escarceos extramatrimoniales, además de su incuestionable fidelidad, tomará una dirección diferente a la que le señalan, por lo trascendido, tanto su señor padre como sus antepasados borbones.

No negará Vd. el interés mediático, y no solo para ávidos espíritus fagocitadores de la prensa llamada del corazón, conocer que el Rey es amigo personal de D. Javier López Madrid (casado con Da. Silvia, hija de D. Juan Miguel Villar Mir, Dr. Ingeniero de Caminos, y uno de los hombres más ricos e influyentes económicamente de España) o de D. Alvaro Fuster (casado con Da. Beatriz Mira Hafner e hijo de D. Ricardo, representante que fue para España de la compañía americana Mc Donnell Douglas, la fabricante de varios cazabombarderos adquiridos por el Ejército del que ahora Vd. es Jefe Superior), o de D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, vicepresidente de Acciona (casado con Da. Gemma Archaga Martín), una empresa familiar de primera línea en el sector de la construcción y las energías renovables -tras varias fusiones y adquisiciones-, dirigida por D.  José Manuel Entrecanales Domecq, primo de aquél, una de las mayores fortunas del país.

Sin embargo, como Rey de España, lo que importa no son sus amigos, sino quiénes son sus consejeros públicos, es decir, aquellos a los que acude cuando se trata de escuchar opinión sobre los temas de interés para el Estado. Ninguno de ellos, sean cuáles sean sus virtudes y conocimientos, ha de tener, con todo, la visión completa que solo le corresponde a Vd., pues es el único que ha nacido y sido educado para la profesión de Rey, sea cual fuere el significado que se desee dar a ese cometido que Vd. se ve obligado a desempeñar.

Por supuesto, tampoco la Reina Letizia, nacida plebeya, puede asumir ese espacio áulico singular. Recuerdo, al respecto, una frase de Jaime Balmes (El Criterio), que figura como Nota 3 a la pág. 18 de la Edición de la que dispongo: “Un hombre dedicado a una profesión para la cual no ha nacido es una pieza dislocada”.

Difícil situación, pues, para un Rey, jefe de Estado de un país venido a menos, vigilado desde todos los ángulos y que en lo único que no se equivocará, si se escucharan todas las opiniones sobre cualquiera de sus acciones, será en lo que no haga.

Ese no es, obviamente, mi consejo, que nadie me ha pedido, pero que le brindo con gusto: no tenga amigos, desconfíe de todo lo que le aconsejen quienes le digan actuar desde la amistad, porque nadie será capaz de ponerse en su lugar. Tenga, sí, muchos consejeros, pida opinión a cuantas más gentes, mejor, y haga lo que le parezca conveniente.

Esta es mi séptima carta, en Madrid, a diecinueve de enero de 2015

 

Sexta de las Cartas filípicas

Majestad,

Los responsables  de las instituciones del Estado, ante cualquier suceso que haya impactado en el ánimo de la ciudadanía, causando inquietud, se han acostumbrado a utilizar frases tópicas, a las que acuden como mantra. Comparecen de inmediato ante los medios -“la opinión pública”, se dice ahora- para repetir algo que no guarda relación con el suceso, ni supone una explicación acerca de las razones por las que no se actuó para prevenirlo.

Esas declaraciones de mandatarios y autoridades de lo más diverso, reflejan, si se trata de un suceso puntual, solamente la voluntad de sacudirse de encima la responsabilidad por falta de vigilancia o capacidad de prevención anterior, y desvían la atención hacia las medidas, típicamente excesivas y en buena medida arbitrarias, que se anunciarán en los próximos días para evitarlas en lo sucesivo. La realidad está llena de ejemplos: inútiles y costosas medidas de investigación de equipajes y pasajeros en los viajes en avión o en tren, o en la recogida de información de huéspedes hoteleros, o en la exigencia de datos personales innecesarios, redundantes y, desde luego, excesivos, para cualquier trámite, etc.

Su figura no está ajena, ni mucho menos, a tales manifestaciones de cinismo. Yo le prevengo sobre su utilización excesiva, particularmente, en los discursos que le tocará pronunciar a lo largo de su reinado, que le deseo largo, aunque intuyo que no será fácil mantenerlo incólume.  Parece natural que, ante una desgracia, se manifieste sensibilidad ante las circunstancias de quienes son inferiores o subordinados. Pero, si no se está trabajando para solucionar los problemas que las han causado, esa manifestación de simpatía encaja con el más puro y cruel cinismo.

Expresiones como “Estamos hondamente preocupados” o “Se está haciendo todo lo posible” o “Hemos tomado medidas inmediatas para corregir”, por citar solo algunas de las más frecuentemente esgrimidas , son vacías.  Peor aún, contienen  el germen de la firme sospecha de que ni existe real preocupación, ni se piensa en cambiar los métodos, los modos o las personas para que el daño no vuelva a producirse.

Me detengo en esta carta en el problema del paro. Es real, acuciante, afecta especialmente a los estratos económicos menos favorecidos, a los jóvenes, a los que tienen edad superior a los cincuenta años. La pérdida de actividad económica se concentra en empresas transformadoras fabricantes de productos que demandan alta mano de obra no cualificada, en autónomos especializados en actividades ahora automatizadas, en sectores tecnológicos que están afectados por la aparición de nuevos materiales, recursos más baratos, maquinaria más eficiente.

Majestad, la crisis económica, de hondas raíces tecnológicas en los países más desarrollados, y su indudable relación con la globalización de los transportes y las comunicaciones, ha restringido brutalmente la cantidad de trabajo disponible. En un país intermedio, como España -caracterizado por un nivel científico medio, insuficiente cultura de emprendimiento, una estructura empresarial desequilibrada y concentrada en pocos sectores industriales, una tendencia de consumo excesiva para su capacidad de producción, etc. (permítame que no me detenga ahora en desarrollar esta cuestión)-, la creación de empleo no puede subordinarse a la iniciativa individual.

Tampoco es posible admitir que se vaya a generar suficiente empleo para compensar la pérdida de población activa provocada por una crisis que es, no es posible dudarlo, estructural. Hay que pensar en la mejor redistribución del trabajo disponible, además de aprovechar todas las oportunidades de generar actividad económica, y relacionar el salario con el sostenimiento de la economía familiar.

Un salario, Majestad, ha de ser, ante todo, digno: y la dignidad supone que ha de ser suficiente para sostener al empleado y a quienes dependan de él. Y, en contrapartida, un salario indigno, Majestad, es aquel que pretende remunerar por encima de toda fantasía, una pretendida gran capacidad de dirección, o como impulsor de iniciativas de un ser humano. ¿O  es que se puede creer que alguien, por muy tocado que se encuentre del dedo de la madre Naturaleza, puede ser acreedor a ser remunerado hasta cien o… mil veces más que otro ser humano, en razón a misteriosas -por no transparentes ni, con seguridad, explicables éticamente- dotes para la gestión?

Tiene ya España demasiados bares, restaurantes, peluquerías, mercerías, y, en general, tiendas de las que se podían llamar de la esquina, (en las que se incluyen, claro está, los miles de establecimientos comerciales regentados por familias chinas y en número creciente, también por marroquíes), en los que se venden productos alimenticios o de primera necesidad. Animar a que los particulares sin experiencia empresarial alguna, sin conocimientos de contabilidad, sin capacidad para juzgar los riesgos de un negocio, creen su propia empresa, es inducir a muchos a que pierdan sus ahorros o se endeuden de por vida.

Una cuestión diferente ha de ser la de apoyar a creativos con formación universitaria que, con suficiente conocimiento del estado de la cuestión y utilizando su capacidad de trabajo, solos o en compañía de otros con inquietudes similares o complementarias, quieran desarrollar o poner en el mercado un producto nuevo, con posibilidades para su comercialización a nivel internacional. Detectar estas capacidades, impulsarlas con apoyos públicos, es una necesidad urgente para nuestro país.

Pero las mayores opciones de generación de actividad están, en mi opinión, en relación con el crecimiento de las empresas de mediano y gran tamaño (tenemos muy pocas en España) que, con su conocimiento del mercado, sus relaciones comerciales ya establecidas, sus centros de investigación y desarrollo aplicados, tienen la mejor visión internacional de por dónde han de transcurrir las líneas de demanda integradas e, incluso, cuentan con excepcional capacidad para influirlas o dirigirlas.

A los dirigentes de esas empresas, a sus principales accionistas, ha de dirigirse un concreto mensaje de colaboración activa, para que se coordinen, se hagan más transparentes, participen con mayor conciencia social en la reinversión de sus beneficios y en la asunción de cargas impositivas superiores y, en correspondencia, sean reconocidos, si admiten -lo que no está sucediendo- su responsabilidad y la convierten en compromiso, como respetables líderes de nuestra economía. Solo así será creíble el mensaje de que están actuando, como es obligación ética de un gestor de empresa, en beneficio de la colectividad y no con la obsesión de obtener el máximo beneficio de la ignorancia en la que la mantienen.

Termino mi carta, hoy, Majestad, a dieciséis de enero de 2015

 

 

Quinta de las Cartas filípicas

Majestad,

Aunque pretendía que las cartas que le estoy dirigiendo no se vieran afectadas por la realidad próxima, los atentados perpetrados en París en la sede del semanario satírico  Charlie Hebdo por terroristas que han reconocido, con ese acto deplorable, estar castigando unas caricaturas del profeta del Islam, Mahoma, entiendo que es pertinente, en el contexto de las posiciones que se están reflejando en estos días, analizar la importancia de las ideologías, y, en especial, de las religiosas, en este momento histórico.

Como le supongo a Vd, lector de periódicos, -al menos, de la selección de noticias que le prepararán a diario sus colaboradores-, habrá advertido que, en realidad, los actos terroristas han sido dos: uno, dirigido contra quienes trabajaban en el semanario Charlie Hebdo y con pretendido fundamento en unos dibujos que ridiculizaban al fundador del islamismo y otro, realizado al parecer en coordinación con los asesinos que llevaron a cabo el primero, supuso el secuestro de clientes de un establecimiento especializado en comida judía, algunos de los cuales fallecieron en el asalto.

Es decir, se atentó, invocando venganza en nombre del Islam, contra quienes eran el autor y colegas de un dibujo que hacía burla de un personaje del siglo VII  y contra quienes, por el lugar en donde se encontraban, seguramente eran miembros de la colectividad judía. Los medios empleados, la violencia de la actuación, el resultado mortífero, las mismas declaraciones de los terroristas (en cuanto se conocen), prueban que se trata de una actuación en la que participaron varios personas, y que ha sido organizada con premeditación, y con el claro objetivo de causar conmoción a la sociedad.

Majestad, el lugar y la capacidad de magnificación que tienen Francia y los franceses no deberían hacernos olvidar que Madrid ha sufrido en fecha reciente un atentado de efectos extraordinariamente más crueles y devastadores, dirigido contra trabajadores que iban a sus labores, y que, aunque no ha sido reivindicado por nadie, las investigaciones policiales y judiciales han venido a atribuir a fanáticos islamistas. Estados Unidos y el Reino Unido han sufrido atentados recientes e igualmente indiscriminados y, como han puesto de manifiesto acertadamente varios intelectuales seguidores del Islam o conocedores de la doctrina de Mahoma, cientos de atentados con miles de muertos se están produciendo casi diariamente en los propios países  en donde la población profesa mayoritariamente la religión mahometana.

Parece pues que la cuestión no está en la religión, sino en el fanatismo con el que algunos la interpretan, impulsados por intereses peculiares que convendría detectar muy bien. En España, sabemos bien, por desgracia, de las consecuencias de los fanatismos. Han sido muchos los muertos que ETA dejó tras sí, invocando una inasumible legitimidad para actuar contra el Estado central y sus funcionarios y representantes, y en ese camino de desvergüenza y barbarie, han sido asesinados o mutilados decenas de civiles, igualmente inocentes. Somos bastantes los que creemos que ese terrorismo tuvo beneficiarios que se mantuvieron ocultos tras los hilos que se esforzaron en mover para convencer a las marionetas sin cerebro ni corazón para  que ejecutaran sus macabras órdenes.

Majestad, entre las prioridades de Europa ha de encontrarse mantenerse firme contra cualquier fanatismo. No se trata de ridiculizar creencias, sino respetar opiniones, cuando se exponen y defienden con lealtad y, por tanto, con argumentos. Por eso, Europa tiene que recuperar las raíces que le sirven de unidad, y reforzarlas, y que se remontan a la Edad Media. No es, en mi opinión, el cristianismo la base cultural que une hoy a Europa, sino el proceso que llevó a sus naciones desde posiciones fanáticas, cerradas, negativas de las identidades del otro si era contrario, a evolucionar con él.

La religión cristiana no es hoy la misma que en el siglo XI (por ejemplo), ni mucho menos, porque evolucionó en el sentido de una comprensión de la unidad ética, universal, del ser humano. El corazón de Europa ha evolucionado con ella, y gracias a esa evolución, una mayoría de europeos pueden seguramente sentirse agnósticos, siendo católicos o protestantes de raíz.

Esta es mi carta de hoy, en Madrid, a trece de enero de 2015

Cuarta de las Cartas filípicas

Majestad,

Cualquier situación de poder, arrastra, entre los efectos derivados, el aislamiento. En el caso de un jefe de Estado, y especialmente si el poder que detenta es fundamentalmente simbólico, puede resultar sorprendente que el interés por aprovecharse del halo o carisma que rodea a la institución, favorece que una buena parte, sino todos, de los que tienen acceso directo a esa figura se esfuercen por provocar el aislamiento de la realidad de aquel a quien deberían servir con lealtad.

No es, por lo demás, complicado, aislar al poder: las fuerzas que animan al encapsulamiento de la autoridad provienen también de ella misma, que suele escudarse en que el ejercicio de sus funciones le resta todo tiempo para bajar a esa calle en donde los demás mortales libran sus pequeñas batallas. Es también consecuencia del deseo de beneplácito y complacencia con que a todo prócer le gustaría fueran recibidas sus decisiones y apreciada su figura.

Como resultado, las informaciones de lo que sucede a la ciudadanía, al pueblo llano, lo que le preocupa o estimula a otros subordinados, lo que anima o perjudica a los mercados, le llegan filtradas por sus colaboradores de confianza, que le trasladan lo que les apetece, en relación con lo que a él le apetecería escuchar o entender, formado un conjunto  intersección de fantasías, una cápsula de la que no es fácil salirse. “Si no tienen pan, que coman galletas” no es una frase producto de la mala fe, sino de la preocupación culpable de mantener en la ignorancia al poder simbólico, para aprovecharse de él, desde los poderes efectivos, que son, frecuentemente, de lo más pedestre.

Su caso… es excepcional, y las razones de esa excepcionalidad se encuentran en una decisión suya que fue juzgada de sorprendente, e incluso descalificada (y así fue manifestado públicamente) por alguno de los asesores de su padre, D. Juan Carlos. Me refiero, por supuesto, a su boda con una plebeya, divorciada de anterior matrimonio, periodista de cierto prestigio, y procedente de una familia de clase media, y, si me permite el atrevimiento, no exenta precisamente de problemas.

Esta actuación de alguien que tenía ocasión de emparentar con cualquier otra familia real, pues a ninguna habrían de faltarle miembros en situación de disponibles para el matrimonio, rebela a las claras una intención de romper estereotipos.

Ningún otro golpe de efecto podría ser imaginable para destruir el carisma idealizado de la Monarquía que casarse, por amor y no por conveniencia de Estado, con alguien surgido del pueblo. Que esta acción no haya sido única entre las Monarquías europeas, viene a confirmar el deseo de varias casas reinantes o más o menos recién destituidas de demostrar al resto de los ciudadanos que no se consideran clase privilegiada, sino que están asumiendo una tarea singular, sí, pero a la que quieren dotar de transparencia y  difusión pública.

¿Qué mejor, pues, que una periodista, para cumplir ese objetivo?

Pues bien, llévelo Vd., Majestad, a sus últimas consecuencias. Haga que la Reina Letizia, una plebeya universitaria, abandone ese aspecto de cariátide de mármol que se encuentra en los actos oficiales sin apenas mover una pestaña, y actúe como movilizadora, canalizadora y difusora de la información que a todos nos vendrá bien poner en valor, como suele decirse ahora. Poner en valor, en el sentido de rentabilizar para que los agentes socioeconómicos tomen consciencia de su responsabilidad para actuar coordinadamente, olvidando falsos estatus o recelos provenientes de un pasado que no tendría la misma eficacia.

La Reina Letizia debiera ser mucho más activa en movilizar sus contactos, promover otros, actuar como organizadora de reuniones con personas de diversos orígenes y condición. Tiene, además de su capacidad y experiencia, una ventaja adicional. Puede pasar desapercibida mucho mejor que Vd., a quien su altura física y su rostro difícil de disimular hacen demasiado evidente en lugares públicos. Asuma Vd., conscientemente, no un papel secundario, que no conviene en absoluto a la Monarquía, pues no hay por qué precipitar el final, por mucho que se esté cuestionando su valor por los opositores, sino el papel de rector de la necesidad de poner en cuestión cualquier reducto de poder tradicional, acercándolo a la luz pública.

A expresar cómo hacerlo más en concreto, dedicaré mi próxima misiva. Esta es la Carta que escribo en Madrid, el 10 de enero de 2015.

Tercera de las Cartas filípicas

Majestad,

En mi carta anterior finalizaba con el reconocimiento de la importancia de valorar el coste de la no realización de algunas de las acciones que serían necesarias o, cuanto menos, facilitarían la mejora de la situación. Normalmente, los que se oponen a una medida, no se detienen a analizar las consecuencias de no adoptarla, sino que solo ponen el énfasis en magnificar los supuestos perjuicios de llevarla a cabo.

Cuando estos perjuicios se presentan como afectando al colectivo general, y apelan a cuestiones que se han convertido en materia sensible (el medio ambiente es un alibi típico), suelen movilizar múltiples adhesiones, que, por ejemplo, se han puesto de relieve en manifestaciones como “Oro no” o “No a la minería” o a la industria nuclear, en la que quienes las defienden se centran en la negativa a actuar para extraer un recurso mineral o aplicar una tecnología que se entiende como peligrosa o perjudicial.

Son múltiples las ocasiones en las que la sociedad actual -movilizada desde ámbitos cuya intención no siempre es fácil detectar- promueve el inmovilismo tecnológico, pero sin haber comprendido el alcance socioeconómico que ello supone (en pérdidas de actividad y empleo) y sin que parezca importarle que otros centros de decisión, incluso con menor capacidad técnica, están adoptando las medidas que aquí se rechazan (lo que, si se trata de valorar supuestos peligros por el mal uso de una tecnología o la insuficiencia de las medidas de control, conduce a la paradoja de que se confía más en el saber hacer ajeno que en el propio).

Hace falta, pues, información, al mismo tiempo que análisis sereno de los inconvenientes y las ventajas de las actuaciones posibles, y sin olvidar un marco más amplio, que es el que aporta la globalización, en el que los países, al no existir un liderazgo único, optan por lo que a cada uno mejor lo conviene. Mi propuesta es que esa visión se adquiera al margen de los planteamientos ideológicos y teniendo en cuenta los intereses del país, que no pueden ser otros que la creación de empleo, la conservación del existente, y la generación de riqueza que se revierta en él.

Las opiniones que se me antojan más sensatas defienden que es imprescindible aumentar la capacidad de consumo ciudadano, y que esta se focalice preferentemente hacia la producción propia. Ello implica disminuir los impuestos a las rentas del trabajo y, paralelamente, aumentar la presión fiscal sobre los beneficios empresariales no reinvertidos. Claro está, ello ha de venir unido a una completa transparencia sobre el empleo de los recursos públicos.

En relación con el consumo, aparece como importante atender a especialmente al sostenimiento de aquellos sectores que proporcionan materias de primera necesidad. El empobrecimiento de agricultores y ganaderos, debido a que los precios de venta al público no cubren los gastos de producción no tiene sentido alguno. Justamente los productos que no precisan más que una elaboración o transformación relativamente sencilla, que puede realizarse con medios propios y fabricación nacional, y que demandan mayor cantidad de mano de obra, son los que deben tener atención prioritaria.

Por el contrario, los productos sofisticados, que España se ve obligada a importar, porque responden a patentes foráneas o a procesos tecnológicos a los que solo las grandes empresas especializadas tienen accesos, deberían ser grabados con impuestos superiores, pues debe tenerse en cuenta que los beneficios que generan -elevados, ya que en esos sectores se funciona en régimen de monopolio o quasi-monopolio y el consumidor desconoce el coste de producción- serán derivados a otros países, generando escasa o nula rotación monetaria interna.

Majestad, la ruptura del bipartidismo, que proporcionaba estabilidad en nuestro país y es garantía de que las variaciones en los programas económicos no sean sustantivas, sino adaptativas a las circunstancias reales, es un síntoma grave del desequilibrio que se ha operado en nuestra sociedad por la falta de credibilidad de las que fueron las dos fuerzas mayoritarias hasta hace poco tiempo. La situación ha venido a demostrar que no hace falta disponer de un programa de actuación concreto, y que el descontento es suficiente para canalizar una parte importante del voto ciudadano, fundamentalmente, de los marginados, agrupándolos no en torno a las soluciones, sino a la manifestación de los problemas.

Que esos marginados sean, en este momento, los jóvenes y las familias de trabajadores que ocupaban las capas medias y bajas de nuestra sociedad es algo que no puede ser menospreciado y exige medidas urgentes. La reincorporación de esos colectivos de descontentos a la actividad económica es imprescindible.

Y, en este punto, creo necesario exponer que estamos ante una revolución tecnológica cuyos efectos no se han analizado en profundidad. Hay menos trabajo disponible, las máquinas robotizadas y los programas informáticos han eliminado muchos empleos que no serán jamás recuperables, y las empresas están viendo al trabajador menos cualificad como una rémora para su óptimo rendimiento económico.

Es urgente abordar la modificación de la remuneración de los tiempos de trabajo en relación con las necesidades de sostenimiento familiar. No se trata de generar más empleos basura, en la que se paguen ínfimos salarios a cambio de jornadas completas, sino de establecer salarios mínimos para horarios que, debido al avance tecnológico, habrán de ser más reducidos. No hay trabajo para todos, y hay que repartir el que hay, si se desea, como parece razonable, que la vía del trabajo sea la forma de distribuir entre la población activa (la dispuesta a trabajar) la parte de la plusvalía generada por los emprendimientos colectivos que se quiere destinar al sostenimiento de las necesidades ciudadanas básicas.

No quiero cansarle más por hoy, y aquí termino mi tercera carta, en Madrid, a nueve de enero de 2015