I would prefer to fight

En un Acto aceptablemente concurrido, a pesar de la hora incómoda (10h 30m de la mañana), el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) celebró una rueda de prensa en la que responsables de diversas Asociaciones expusieron su malestar, bajo la fórmula de un Manifiesto, por una situación realmente increíble: cientos de miles de titulados españoles no tienen reconocida la cualificación universitaria que les acredita, teóricamente, el diploma que han conseguido.

Y no la tienen, ni en el extranjero, ni en España.

Manuel Moreu, (Presidente del IIE), Elena de Vicente (Presidenta de FEDECA), Carlos del Alamo (Presidente de AIPE) y Jesús Rodríguez Cortezo (Presidente de AIPE), desgranaron los detalles de una cuestión que quedó ya perfectamente expresada en la intervención del primero: “El objetivo de los acuerdos de Bolonia era facilitar la movilidad de los profesionales dentro de la Unión Europea. El resultado, para España, ha sido justamente lo contrario. Antes no existía ninguna traba y ahora, existen todas porque no se equipara nuestra titulación al master”.

El documento, que puede encontrarse en la web del IIE, ha sido ya suscrito por varias Asociaciones y, según confesó Moreu, “pretendemos que esto sea un clamor”. Por su parte, de Vicente subrayó que “coincidimos en este planteamiento tanto el sector privado como el público. Con la estructura anterior se reconocía que una titulación superior (3+2, en su abreviatura, que hace referencia al número mínimo de años lectivos) era la base para el acceso a la categoría de funcionarios A1” (la más alta de la función pública). Ahora, “al no haberse tenido la precaución de establecer una equivalencia”, “estamos materialmente en el limbo”.

“Para puestos en los que se exige en la EQF (Marco Europeo de Cualificaciones) el nivel 7, ya estamos siendo afectados. Para los cuerpos superiores de la Administración Pública, antes de la aplicación de los acuerdos de Bolonia, se exigía el nivel superior. Actualmente, por la vía de hecho, se está equiparando al ingeniero o licenciado con el grado”, explicitó Elena de Vicente.

Carlos del Alamo, se refirió, glosando lo anterior, a “la situación real injusta”, creada, que “afecta gravemente a la economía española”. La ingeniería española, que “estaba reconocida como de calidad, con prestigio internacional”, se encuentra ahora sin la validación en el Marco Europeo de competencias profesionales. Gran contraste, por ejemplo, con Francia, que por un sencillo Decreto ya publicado en 1999, resolvió la homologación de las antiguas enseñanzas y su continuidad en el nuevo escenario. Más de 200.000 profesionales se encuentran afectados -en el coloquio se matizaría que la cifra ha de ser mucho más alta, dado que gran número de ingenieros y licenciados no están colegiados- y las pérdidas por esta situación, considerando solamente los contratos perdidos por las empresas, debido al no reconocimiento internacional de los títulos de ingeniería anteriores a Bolonia (y la mayoría de los nuevos, igualmente faltos de refrendo legal específico), fueron evaluadas por el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, y en su demarcación concreta, en más de 10.000 millones de euros.

Jesús Rodríguez Cortezo, cuya Asociación “certifica profesionales”, expuso que “el problema no es nuevo. Venimos pidiendo desde hace años que se resuelva. La Comisión Europea era consciente del tema, y propuso la solución, al diseñar el EQF, que era la maqueta a la que había que acomodar las calificaciones. Todos los países lo hicieron, menos…España”. Apuntó más concreto: “No quiero que me llamen master, sino ingeniero industrial”.

En el coloquio, intervine para plantear una pregunta: ¿Quiénes son los culpables de esta dejación de responsabilidades que afecta aun colectivo tan numeroso y que está causando a empresas y particulares, un perjuicio concreto? Apuntaba, con ello, a una propuesta que ya tuve ocasión de exponer ampliamente en el Editorial de la revista ENTIBA, del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste del último número. “Es necesario, más que aumentar el clamor, analizar las vías de demanda penal, administrativa o de responsabilidad civil”.

Mi propuesta, que abrió la opción a otras intervenciones, fue analizada por Elena de Vicente, que estimó que “no hay un responsable concreto. Es cuestión de un planteamiento político. No es prioritario para este Gobierno (y el anterior) el asunto. Falta interés por resolver el tema, y buena prueba de ello es el borrador de la Ley de Servicios Profesionales, por la que se pretende que, al margen de su titulación, todo el mundo pueda servir para todo, siendo lo determinante el desempeño de la profesión, lo que puede desembocar en un totum revolutum, si a ello añadimos la falta de calidad de la enseñanza universitaria actual en España”.

En fin, apremiado por otras obligaciones profesionales, tuve que abandonar el salón de Actos, en donde, supongo, siguió debatiéndose la cuestión. Pero, al menos por mi parte, mi opinión había quedado expuesta y el camino a seguir, según mi propuesta, y que he resumido, y en inglés (para que se me entienda mejor), en el título de este Comentario: Yo prefería luchar, y no solamente exponer, educada y sobriamente, nuestras legítimas exigencias en un Manifiesto.

Hace, ni más ni menos que 15 años, que Francia resolvió la cuestión. No es cuestión de política, es un agravio consciente a un colectivo profesional, injustificable, incumplidor de los compromisos a que se obligó el Ejecutivo ante Bruselas y perfectamente cuantificable, en pérdida de oportunidades, perjuicios económicos concretos y negación persistente de un derecho adquirido. Por asuntos menos importantes para la economía se ha llevado ante los tribunales de justicia, españoles y europeos, al Gobierno de España, a titulares de Ministerios y a funcionarios concretos que, a sabiendas, han ignorado su obligación de proteger, con la diligencia debida, el interés público y el de colectivos afectados por su negligencia.

http://www.change.org/es/peticiones/min-de-educaci%C3%B3n-regular-la-categor%C3%ADa-profesional-de-los-ingenieros-anteriores-a-plan-bolonia-al-nivel-7-en-el-marco-europeo?share_id=cECVlpMhDU&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true

Corto paseo por la Democracia, la Ética y la Ley

Hemos estado oyendo durante años, de boca de quienes se decían nuestros representantes en las Administraciones públicas, amparados en que les habían votado unos cuantos ciudadanos, que eran demócratas convencidos.

Aunque no hubiéramos estudiado en las Facultades de Sociología y Políticas, sobreentendíamos que, quienes decían así, se manifestaban totalmente a favor de escuchar cuantas más opiniones, mejor, antes de tomar una decisión y que serían plenamente capaces de justificar ante la totalidad, especialmente ante aquellos que no les hubieran votado, el porqué habían elegido, de entre las diversas acciones posibles, una y no otra.

Por supuesto, como existía una norma general para actuar, aunque con muchas lagunas, que llamábamos Constitución, lo que nunca hubiéramos imaginado es que, siendo demócratas, fueran capaces de saltársela a la torera. Y si nos hubieran comentado que su conocimiento de lo público les serviría después para sacar más rendimiento desde lo privado, y no al revés, atajaríamos tal insensatez argumentando que ser demócrata es, también, ser honesto.

Desde muy niños, nos han educado para distinguir lo que está bien de lo que estaría mal. Incluso, nos han enseñado unas cuantas historias bastante curiosas en libros sagrados y algunas formas de dirigirse respetuosamente a los seres muy superiores, cuyo fundamento común, según entendimos, era que se debería respetar y amar al prójimo, ser solidario con él, ayudar a los que lo necesitaban y no aprovecharse de los estados de debilidad de los otros, ya que la fortuna es un regalo de los dioses que saben cómo controlar el azar, y premiarán en otra vida a los que no tuvieron su oportunidad en ésta.

Incluso los más escépticos de que todos estos relatos antiguos fueran un invento fantasioso de los hombres, reconocían que se podía encontrar en el interior del propio yo unas varillas sostenedoras de las guías de actuación que nos permitirían, en cualquier caso, dormir tranquilos, y que llamaron ética universal.

Nunca hubiéramos imaginado que algunos de quienes habíamos elegido para que cuidaran y rentabilizaran en beneficio común lo que era de todos, fueran capaces de detraer para su propio goce una parte de lo que les habíamos confiado.

Ya adultos, entendimos que, allí donde la voluntad colectiva de hacerlo lo mejor posible no bastaba para controlar las intenciones de algunos de hacerlo mal, debía actuar el imperio de la Ley. Esa primacía de lo legal era una manera algo rimbombante de expresar que tendríamos como garantía de que nadie malinterpretara los derechos propios y de los demás, a unos cuantos ciudadanos ejemplares que, sin intereses particulares prevalentes ni tendencias o amistades que les impidieran ser muy objetivos, dilucidarían entre quienes creían tener una razón mayor. Y confiábamos en que lo harían de una manera neutral, siguiendo la guía marcada por unos cuantos libros quasi-sagrados que recogían las normas de actuación y convivencia destilados durante siglos, los principios más universales, la ética, y, donde hiciera falta, la tradición y la costumbre, además de ser coherentes con lo que ellos mismos hubieran decidido antes.

Lo que no se nos habría pasado por la cabeza, si no hubiéramos perdido la inocencia infantil, es que algunos de esos jueces estuvieran atentos a sus preferencias políticas para retorcer la ley que deben aplicar, ni que, según quien fuera el juzgador predeterminado por la Ley pero deducido por complejos caminos de asignación digital o, en fin, según fuera el color con que se viera el caso en primera, segunda, tercera o enésima instancia, la razón del que se encuentra frente a la Justicia pudiera cambiar de traje, y que la independencia de algunos jueces no merezca ese calificativo, si se escarbase en sus trayectorias con la azada de la coherencia.

No me atrevo a sacar conclusiones, porque, después del repaso por lo que nos está sucediendo, y aunque es terrible que paguen justos por pecadores, me viene a la mente la frase terrible de los defensores del cuartel de Simancas, y, en verdad que en este caso no me importa la ideología: “Disparad sobre nosotros, porque el enemigo está dentro”.

Solo que no sé bien quien ha de disparar, y con qué balines.

Escaparates de Ideas (2)

Propuestas de acción a las Administraciones públicas en relación con la generación de actividad y empleo se han escuchado algunas.

No han tenido reflejo, hasta ahora al menos, en disposiciones de impulso a la economía, sino que se ha creído (o admitido) por el Gobierno que era prioritario el “saneamiento presupuestario“, con el argumento repetido de que se había estado gastando por encima de nuestras posibilidades, lo que no ha podido ser probado de manera convincente.

La responsabilidad general atribuída a la burbuja inmobiliaria, que ha sido, en realidad, varias veces “descontada” (en la terminología bursátil al uso) por el sistema, no ha sido sino una forma técnicamente viciosa de derivar la atención de otras responsabilidades y asuntos, penalizando injustamente a inversores privados en el sector de la edificación.

Las medidas adoptadas se han orientado fundamentalmente a la reducción del gasto público -con decretos vergonzosos, como el R.D. 16/2012 y su cómplice el R.D. 1192/2012-, y se ha agudizado la presión recaudatoria (manifestado incluso en el incremento de denuncias por infracciones automovilísticas menores),  con el argumento impuesto por la troika -lamento que no le guste la referencia a esa dictadura de mente centroeuropea a Javier Solana- de que había que ajustar a la baja el endeudamiento del Estado en su relación con el PIB.

Se ha propuesto, en diversos foros y momentos, avalados en el caso general con estudios de viabilidad y con previsiones de creación de puestos de trabajo y actividad arrastrada:

1)  un programa nacional de rehabilitación de edificios, que mejore las condiciones de habitabilidad, disminuya el consumo energético y la accesibilidad general.

2) la continuación de las infraestructuras  que han quedado suspendidas de frorma brusca, y que correspondían a decisiones de contratación adoptadas apenas hace dos o tres años y que se habían avalado con previsiones de ventajas en las comunicaciones, mejora de los flujos de transporte o necesidades de inteconectividad entre localidades y zonas.

3) un plan de ayudas a la generación autosuficiente de energía distribuída (con placas solares, utilización de energía geotermia somera, etc.)

4) la investigación de zonas con potencialidades para la explotación rentable de gas de esquisto.

5) la continuación de los programas de viajes de la tercera edad como forma de mantener la ocupación hotelera y facilitar el sostenimiento de puestos de trabajo en la hostelería y en algunos servicios.

6) potenciar la utilización de la infraestructura viaria para transporte de mercancías, completando y revisando, en su caso, la red existente.

7) impulsar planes locales de limpieza forestal, apoyando su aprovechamiento rentable

8) aprovechar el flujo turístico para impulsar las ventas pre-estacionales, con envío a los domicilios de los viajeros (de ropa, muebles, juguetes, calzados, etc.)

9) remodelar y reorganizar el sector de fabricación de muebles, dotándolo de elementos de modernidad y diseño más funcional, en combinación con la revisión de la población forestal.

10) ayudar a la modernización completa del sector hostelero (restauración), y en especial, en el cumplimiento de la normativa existente en materia de sanidad y trazabilidad, que no es en la mayoría de los casos, que un papel mojado y una amenaza discrecional de cierre permanente sobre no pocos locales.

11) impulsar la exportación de productos de fabricación nacional de alta densidad de empleo (juguetería, moda, calzado, mobiliario, piezas especiales, prótesis, etc.)

12) establecer planes coordinados entre las empresas de manufactura y las Administraciones, que sean previsores y no atiendan a la negociación a posterior, y forzosamente rápida e improvisada de problemas de viabilidad por caídas del mercado.

(continuará)

Escaparates de Ideas (1)

Desde niño he tenido un sueño. Que todas las buenas ideas que pasen por la cabeza de los seres humanos se pongan en práctica.

Ahora tengo otro sueño más profundo, más intenso: que en ese pequeño país, llamado España, -mi patria-, se dedique total atención a cualquier idea que sirva para superar la preocupación mayor de, al menos, 6 millones de personas y de sus familias. Salir del paro. Escrito en positivo: crear empleo.

Conseguir que la estructura socioempresarial genere actividad para que todos quienes dependan de ella vean con tranquilidad su futuro inmediato o el de sus hijos y nietos, parecería un objetivo común, propio de la sociedad global, de un mundo repleto de interconexiones.

Pero como no lo es, y seguramente no lo será nunca, hay que pensar de manera serena, objetiva, fría, en cuáles son las fortalezas -y las debilidades- de la estructura que podemos controlar: desde la Administración del Estado; a partir de las iniciativas de los habitantes de ese Estado, que sean susceptibles de generar actividad en su territorio ;y, por supuesto, mediante la activación del compromiso de las empresas -multinacionales o no- con los ocupantes de ese espacio.

Los tres ejes de actuación -Administración, empresas e individuos- deben coordinarse e impulsarse para que el sistema funcione de manera óptima, aprovechando las oportundidades.

En esta serie de comentarios, a nivel exclusivamente personal, me propongo ofrecer algunas ideas de estímulo, un escaparate de ideas (showcase for ideas), dirigidas específicamente a la iniciativa privada.

Son, como se verá, preguntas surgidas de la reflexión encadenada siguiente:

1. ¿Necesitamos mejorar algo? ¿Podemos hacer mejor algo? ¿Tenemos algún recurso sin explotar?

2. ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué barreras nos impiden ponerlo en práctica? ¿Cómo podríamos estimular su realización?

3. ¿Qué habría que hacer para ponerlo en práctica lo antes posible? ¿Qué recursos -técnicos, económicos, laborales y funcionales precisamos? ¿Los tenemos ya? ¿Dónde están, si no los tenemos aquí, y cómo podríamos conseguirlos?

(Continuará)

El tortuoso cálculo del fí (Φ)

Los angloparlantes lo llaman “fee”, pero entre nosotros, lo representamos por la letra griega Φ (léase fí), que ya tiene múltiples aplicaciones: desde la filosofía, a la ingeniería. Es también utilizada para referirse al conjunto vacío.

Si hubiera una manera universal de cálcular fí (el fí), se eliminarían muchas negociaciones, discusiones y hasta sospechas de corrupción. Porque el fee, la comisión, es lo que se queda (o se le entrega) al intermediario de un negocio por su labor, que consiste, esquemáticamente, en poner en contacto a un proveedor con su cliente.

No está nada claro para las almas cándidas que,  cuando la Administración pública es el cliente, y particularmente, en aquellos países que se rigen o dicen regirse por principios de transparencia, licitación reglada y adjudicación más ventajosa para los intereses generales, tenga sentido hablar de intermediarios.

Y mucho menos, para poner en contacto a los grandes grupos empresariales de un país con su propia Administración. El fí parecería cosa de terceros mundos, de estructuras feudales o mafias desvergonzadas.

Sin embargo, dado que los sueldos de los políticos son insuficientes para recompensar suficientemente el esfuerzo de soportar la carga pública, los partidos que han conseguido alguna responsabilidad de gestión concreta, parece que han adquirido la costumbre de solicitar un fí a los adjudicatarios de trabajos para la comunidad.

Los pliegos de condiciones (call for tender) se prefieren, por ello, abiertos, para que no sea imprescindible adjudicar la obra o el servicio al más barato, permitiendo así que los Comités de revisión de ofertas tengan ciertos márgenes de actuación. Lo que ofrece interesantes opciones ex post (a posteriori) a los intermediarios, para que una concreta oferta pueda adquirir una ventaja que la haga competitiva en la mesa de operaciones, dando por sentado que, técnicamente, será impecable.

El valor concreto del fí para obtener un negocio público es un secreto, y se puede admitir que, en muchos casos será cero, o, por lo menos, de cuantía despreciable, por lo que se suele llamar “detalle”. Por supuesto, no cabe imaginar que un regalo de ese tipo haya doblegado o conducido ninguna voluntad. Son, como suele decirse -incluso por Ministros de Estado- “atenciones que responden a los usos y costumbres” entre amigos y conocidos.  Pueden ser tres tristes trajes , un bolso de marca o una tarjeta por el cumpleaños. También cabría incluir en la relación de mini-fís la llamada cesta de Navidad, si contiene productos de primera necesidad.

A falta de una orientación general para el valor de fí, se suele utilizar la que dió, hace algún tiempo, el president Maragal, en la Generalitat, que indicó que era habitual trabajar con un 3%.

Si la obra pública contratada en España, un año sí y otro no, fluctúa entre los 20.000 Millones de euros y los 8.000 Millones (ahora que estamos en horas bajas), y aceptando que solo la mitad de esa cifra puedan encajarse en el ámbito del fí, y que su valor medio fuera el indicado en Cataluña (que ha de ser un cálculo conservador, por la reconocida tacañería de esos compatriotas), llegamos a la nada despreciable cifra de un movimiento anual, por ese concepto, entre 300 y  120 Mill. de €. Si pensamos en 10 años de fíes, es presumible que hayan circulado entre los partidos políticos del orden de 3.000 a 1.200 Millones de euros.

Cuando me fijo en la extraña contabilidad “LB” (que ahora se empieza a decir que no es de Bárcenas, lo que ya sospechaba, y tampoco del Partido Popular, lo que parece lógico, dado su restringido alcance), me parece ridículo pensar que una persona seria y capaz, tesorero de un partido con vocación de gobernar, una legislatura sí y otra no, lleve la contabilidad de una mínima parte de los ingresos por fí de su formación política.

¿Qué son 10 o 12 millones de euros?. Nada. Esas páginas, de no ser una burda invención, no son ni contabilidad B ni nada que se le parezca. Son simples anotaciones cariñosas de lo que se reparte entre personas muy especiales del partido.

Comparados con los dineros detraídos como gastos comerciales de las contabilidades empresariales, para pagar los trajes, bolsos, zapatos, cinturones, cestas, puros, palos (de golf), etc., los flujos dinerarios opacos son una nadería.

Su movilización corresponde a detalles y atenciones para amigos de las cúpulas políticas, y que nadie osará imaginar que sirvieron para poner de acuerdo voluntades públicas y negocios privados, …porque, si todo funciona bien, ya estarían garantizadas por otras vías menos transparentes…y a niveles más bajos que los de los Bárcenas del ramo.

Ya verá el lector que yo no hago periodismo de investigación. No tengo tiempo. Ni ganas. Solo les pido a Rajoy y a Rubalcaba que nos ayuden a salir de ésta, y no se me ocurre método más simple que el que dejen que las bases de sus partidos tengan la palabra.

Los que no pertenecemos a ninguna formación política -ni siquiera a las, cada vez más atractivas, facciones todavía minoritarias- ya tenemos dicho suficiente: en las urnas y, sobre todo,  fuera de ellas.