Corto paseo por la Democracia, la Ética y la Ley

Hemos estado oyendo durante años, de boca de quienes se decían nuestros representantes en las Administraciones públicas, amparados en que les habían votado unos cuantos ciudadanos, que eran demócratas convencidos.

Aunque no hubiéramos estudiado en las Facultades de Sociología y Políticas, sobreentendíamos que, quienes decían así, se manifestaban totalmente a favor de escuchar cuantas más opiniones, mejor, antes de tomar una decisión y que serían plenamente capaces de justificar ante la totalidad, especialmente ante aquellos que no les hubieran votado, el porqué habían elegido, de entre las diversas acciones posibles, una y no otra.

Por supuesto, como existía una norma general para actuar, aunque con muchas lagunas, que llamábamos Constitución, lo que nunca hubiéramos imaginado es que, siendo demócratas, fueran capaces de saltársela a la torera. Y si nos hubieran comentado que su conocimiento de lo público les serviría después para sacar más rendimiento desde lo privado, y no al revés, atajaríamos tal insensatez argumentando que ser demócrata es, también, ser honesto.

Desde muy niños, nos han educado para distinguir lo que está bien de lo que estaría mal. Incluso, nos han enseñado unas cuantas historias bastante curiosas en libros sagrados y algunas formas de dirigirse respetuosamente a los seres muy superiores, cuyo fundamento común, según entendimos, era que se debería respetar y amar al prójimo, ser solidario con él, ayudar a los que lo necesitaban y no aprovecharse de los estados de debilidad de los otros, ya que la fortuna es un regalo de los dioses que saben cómo controlar el azar, y premiarán en otra vida a los que no tuvieron su oportunidad en ésta.

Incluso los más escépticos de que todos estos relatos antiguos fueran un invento fantasioso de los hombres, reconocían que se podía encontrar en el interior del propio yo unas varillas sostenedoras de las guías de actuación que nos permitirían, en cualquier caso, dormir tranquilos, y que llamaron ética universal.

Nunca hubiéramos imaginado que algunos de quienes habíamos elegido para que cuidaran y rentabilizaran en beneficio común lo que era de todos, fueran capaces de detraer para su propio goce una parte de lo que les habíamos confiado.

Ya adultos, entendimos que, allí donde la voluntad colectiva de hacerlo lo mejor posible no bastaba para controlar las intenciones de algunos de hacerlo mal, debía actuar el imperio de la Ley. Esa primacía de lo legal era una manera algo rimbombante de expresar que tendríamos como garantía de que nadie malinterpretara los derechos propios y de los demás, a unos cuantos ciudadanos ejemplares que, sin intereses particulares prevalentes ni tendencias o amistades que les impidieran ser muy objetivos, dilucidarían entre quienes creían tener una razón mayor. Y confiábamos en que lo harían de una manera neutral, siguiendo la guía marcada por unos cuantos libros quasi-sagrados que recogían las normas de actuación y convivencia destilados durante siglos, los principios más universales, la ética, y, donde hiciera falta, la tradición y la costumbre, además de ser coherentes con lo que ellos mismos hubieran decidido antes.

Lo que no se nos habría pasado por la cabeza, si no hubiéramos perdido la inocencia infantil, es que algunos de esos jueces estuvieran atentos a sus preferencias políticas para retorcer la ley que deben aplicar, ni que, según quien fuera el juzgador predeterminado por la Ley pero deducido por complejos caminos de asignación digital o, en fin, según fuera el color con que se viera el caso en primera, segunda, tercera o enésima instancia, la razón del que se encuentra frente a la Justicia pudiera cambiar de traje, y que la independencia de algunos jueces no merezca ese calificativo, si se escarbase en sus trayectorias con la azada de la coherencia.

No me atrevo a sacar conclusiones, porque, después del repaso por lo que nos está sucediendo, y aunque es terrible que paguen justos por pecadores, me viene a la mente la frase terrible de los defensores del cuartel de Simancas, y, en verdad que en este caso no me importa la ideología: “Disparad sobre nosotros, porque el enemigo está dentro”.

Solo que no sé bien quien ha de disparar, y con qué balines.

Mal Derecho, Justicia colapsada, derechos cuestionables

Difícil condensar en un solo título la variedad de cuestiones que arrastra, convertida en un pesado fardo, la Administración de Justicia en España. La crítica respecto al mal Derecho tiene amplio consenso entre los especialistas, abarcando desde una legislación prolija, desigual, incluso contradictoria, y falta, en aspectos sustanciales, de un ordenamiento lógico, que permita su conocimiento y aplicación sin graves fisuras.

Que los órganos jurisdiccionales están colapsados, no es tema nuevo, y lo padecen, tanto los propios jueces -preocupados, sin duda, por la demora en dar solución a los litigios que se les presentan-, como los letrados y, desde luego, los clientes, que ven acumularse el tiempo sobre sus pretensiones, acumulando gastos, tensiones y pérdidas de oportunidad.

Si esto fuera poco, existe, además, la fundamentada opinión de que la Justicia no es igual para todos. El acceso a la Justicia nunca fue universal ni cómoda. Acudir a los Tribunales es caro -en dineros y en tiempo- y sería, por ello, iluso, pretender que las puertas de acceso a las instancias judiciales está abierta a todos. El ánimo para pleitear no alcanza por igual a todo el mundo y, ante una Justicia lenta y en parte impredecible, quienes obtienen mayor beneficio de la situación son, por supuesto, los que más pueden resistir, incluso desde una posición contraria a derecho que ellos mismos han sabido o querido suscitar.

Hay 4.800 jueces en España (uno cada 10.000 habitantes), cifra muy inferior a la idónea, que se estima en 10.000. Desde algunos sectores, se critica su preparación, no tanto en los aspectos teóricos, sino en cuanto a la experiencia vital de los magistrados que, llegados demasiado jóvenes a la responsabilidad, no tienen ocasión de adquirir formación práctica al margen de la toga, y, por ello, corren el riesgo -no pocas veces, visible en sus comportamientos- de un endiosamiento que nace de saberse con autoridad pero sin la pericia de quien conoce bien la sociedad a la que sirven.

Seguramente el mayor hándicap con el que se encuentra la Administración de Justicia  proviene, sin embargo, de la entidad de quienes acuden a ella. Las grandes empresas, los demandantes con mayor poder económico o quienes, sabiendo que el fallo se dilatará,  tratan de crear situaciones de hecho que les benefician, asumiendo que quienes se ven desplazados de su derecho, desistirán de defenderlo en los Tribunales o no podrán soportar los altos costes de pleitear contra el poderoso.