Pocas veces he sentido tan intensamente el orgullo de ser, a la vez, ingeniero de minas y abogado y haber tenido la fortuna de desarrollar mi vida profesional combinando ambos campos. Fue en la Fundación Gómez Pardo, el 8 de julio de 2015, con ocasión de una Sesión sobre «Minerales en Andalucía» (1).
Todas las ponencias fueron de muy alto interés, y espero tener ocasión en estas mismas páginas de referirme a otras con cierto detalle. Pero en este comentario quiero poner énfasis especial en la intervención de la Directora General de Minería de Andalucía, María José Asencio.
María José Asencio es economista y, compartiendo ante todo la opinión que he venido escuchando de muchos colegas de la minería, ha tenido un papel impulsor por el desarrollo de esta actividad que la hace merecedora de la admiración, el apoyo y el afecto (pues, además de sus cualidades como política y como profesional, derrocha simpatía personal) de quienes creemos en el papel que debe jugar la explotación de los recursos minerales en el desarrollo de nuestro país.
Se preguntaba María José, si encontraría el tono adecuado para contarnos las vicisitudes por las que está pasando la decisión de abrir la Mina de Aznalcóllar, palabra convertida en la bicha de la minería, a partir del desastre ecológico provocado por la rotura de la balsa de lodos en 1998 (que fue importante, pero de efectos bastante menores de lo anunciado por los voceros diligentes en exacerbar todo catastrofismo) (2).
Lo hizo, después de haber expuesto, con datos concretos, el Balance legislativo del mandato anterior a las últimas elecciones autonómicas, y su labor de promoción exterior, exponente necesario para las actividades desarrolladas en Andalucía, enfocadas a eliminar dificultades para la explotación minera y que están relacionadas, por tanto con la ingente labor de poner al día el Registro de derechos mineros y abordar la sistematización para el tratamiento de la información sobre explotaciones vigentes, nuevas concesiones, sin olvidar la detección de los derechos caducados. Todo esto, sin detrimento de otras actividades de su equipo.
Quienes escuchamos, con plena atención, su disertación, estaremos de acuerdo que encontró el tono. Y sobre todo, acertó a poner de manifiesto que la batalla post decisión de adjudicación del concurso que su Dirección convocó para cumplir con el mandato del Parlamento andaluz de abrir la mina mediante un concurso, no es una batalla técnica, ni jurídica, sino que es la consecuencia de una pataleta de perdedor que ha utilizado en su beneficio ciertas debilidades de nuestro sistema.
Para quienes no hayan seguido las informaciones de prensa, hago un resumen de urgencia. Dos grandes grupos se presentaron al concurso (un tercero, igualmente poderoso, se retiró sin ofertar, aduciendo pertinentes razones acerca de las dificultades encontradas para cumplir con el restrictivo Pliego de condiciones): Mexico-Minorbis (denominación de la agrupación entre Magtel y Grupo México) y Emerita-Forbes (con la potencia financiera del grupo inversor canadiense Forbes&Manhattan, canalizado a través de su participada en España, creada en 2012, Emerita Resources Corp, que tiene los derechos de explotación del oro de Navelgas, en Asturias, que adquirió a Narcea Gold Mines, y dos proyectos de investigación en Extremadura, también en relación con el oro).
La Mesa Técnica y la Mesa de Concurso (formada a imitación de lo previsto en la Ley de Minas para la adjudicación de permisos de investigación), valorando ambas propuestas, decidieron dar ganadora a Mexico-Minorbis, que debería presentar en plazo muy corto, el proyecto concreto de explotación. (3)
La Directora refirió que, desde ese momento «nos hemos visto envueltos en una denuncia derivada de la situación generada por la empresa que perdió el concurso».
Quienes han puesto su empeño, y empleado dineros, en presentar una oferta tentadora a un concurso importante, y se encuentran en la posición de perdedores, es natural que se sientan decepcionados. Admito, porque he experimentado la sensación y tratado de obtener consecuencias, que el asunto sea causa de revisión interna de fortalezas y debilidades, asunción de oportunas responsabilidades, sin obsesionarse por la cuestión, de naturaleza siempre inquietante, del»qué habremos hecho mal», ni lacerarse por ello.
El propósito de transparencia, que es objetivo laudable en las administraciones modernas, ha conducido a Pliegos prolijos, normas de puntuación que pretender ser objetivas, peticiones exhaustivas de información a los licitantes, conversaciones reiteradas entre técnicos de las empresas, funcionarios y asesores, acercamientos personales, subterfugios para revestir la oferta con los mayores atractivos, y, en fin, movimientos comerciales de amplio espectro, que pretenden llegar a adquirir el pleno conocimiento de lo que la Administración quiere, y valorarlo adecuadamente, para no renunciar al beneficio empresarial.
En el sector de servicios ambientales, que tomo por ejemplo, -ya que lo he vivido muchas veces, como responsable de numerosas ofertas-, esto es pan diario. Con una diferencia al respecto: el mercado -al menos, hasta hace años, cuando gran parte del pescado estaba por repartir y las administraciones públicas se prodigaban en licitaciones- tenía espacio suficiente. Se podría perder una oportunidad, pero la experiencia servía para ganar la siguiente. Las empresas competidoras se conocían cada vez mejor, la intención de ser el candidato idóneo exigía imaginación, cálculos finos, renuncias a beneficios inmediatos.
En ciertos casos, la empresa perdedora llevó a la ganadora a los tribunales de lo contencioso, alegando errores de apreciación, confusión en los baremos de puntuación, y otros argumentos, más o menos fundados. La mayoría de las reclamaciones no prosperaron. Se resolvieron por retirada de la demanda, porque el mercado no permitía empecinarse en las batallas del perdedor. En otros casos (pocos), los Juzgados encontraron dificultades en entrar a una valoración de criterios técnicos, ya que los peritos de parte y los judiciales llevaron a la convicción del juzgador de que hay siempre elementos subjetivos, nacidos de la experiencia particular de cada empresa, que no son comparables, o lo son solo por sus efectos finales, es decir, por la ejecución correcta de lo previsto en el contrato de adjudicación, y que solo puede dilucidarse cuando se esté realizando ésta.
La realidad actual del sector de explotación de recursos minerales en España es diferente. El mercado minero en España es, actualmente, reducido, y no se puede invocar ni la ausencia de rentabilidad ni la escasez de oportunidades. Si, en general, falta investigación de recursos mineros, y siempre se necesitan inversores dispuestos a arriesgar (y, a veces, cantidades importantes) y se han de apelar a conocimientos técnicos y experiencia en absoluto comunes, se está viviendo un momento importante para la minería de algunos minerales, por demanda, y por precio.
La explotación de la franja pirítica bética, con una riqueza mineralógica excepcional, es la más clara oportunidad -ya realidad en varias explotaciones- para generar actividad, empleo y rentabilidad económica, en Andalucía. Se comprende que, en una comunidad tan necesitada de iniciativas empresariales, la Junta de la Comunidad autonómica viera en la reactivación de Aznalcóllar un activo cuya puesta en valor no se debía demorar.
Emerita Resources, la perdedora, eligió una vía de reclamación que solo se puede calificar de lamentable: acusar, por la vía de lo penal, a personas de la Junta y a los técnicos intervinientes, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Y, de forma inexplicable, funcionarios de los cuerpos de Policía y de la Guardia Civil han participado, con opiniones que la prensa se ha encargado de difundir, alimentando el fuego mediático, sobre la actuación de los profesionales técnicos, en una injustificable extroversión de sus funciones específicas, entrometiéndose en la cualificación de pericias ajenas a sus competencias.
Me parece que el auto de la juez Patricia Fernández, del Juzgado de Instrucción de Sevilla, expresando que «la Junta ha adjudicado el concurso sin el más mínimo rigor» revela una predisposición sancionadora que invalida o compromete seriamente, por su expresión y forma, la objetividad que debía pretenderse de una instrucción en la que entran como elementos centrales de juicio, es decir, de opinión, factores técnicos precisos y de muy alta cualificación, y que afectan, no solo al procedimiento administrativo, sino a la forma de valoración de ofertas complejas, dispares, presentadas por grupos internacionales de probada experiencia y que han interpretado lo que demanda el Pliego a su saber y entender.
María José Asencio, experimentada a fuerza de disgustos en explicar por activa y por pasiva su actuación y la de sus técnicos, terminó su alocución con estas palabras, que transcribo de mi libreta de apuntes:
«Doy estas explicaciones porque las hemos datos en todas partes. Este foro me parece, sin embargo, especialmente adecuado, por su cualificación. Y hago una reflexión final: No podemos estar diciendo continuamente «¡Con lo bien que lo hemos hecho y la caña que nos están dando!». A lo mejor teníamos que haber esperado un tiempo, para que no coincidiese la adjudicación con el ruido político. »
Porque, como también concretó, respondiendo a su pregunta: ¿Cuál es el resultado del Concurso? «Que Grupo Méjico, junto con las demás empresas licitadoras, lo que han ganado es la posición de privilegio para tratar ahora de poner en marcha el proyecto de investigación previo al proyecto minero, para lo que necesitan obtener la aprobación en absolutamente todos los trámites necesarios. Esto tampoco se ha entendido. Lo que han ganado es, pues, solo una posibilidad de explotar la mina, no la explotación propiamente dicha.»
El aplauso con el que se premió la intervención de la Directora General, y el vivo coloquio posterior, vinieron a demostrar que contaba con el apoyo de los presentes y, en lo que se refiere a los compañeros ingenieros de minas que se están viendo incursos en ese desagradable proceso penal, quedó patente que cuentan -y solo estamos juzgando su profesionalidad, su capacidad para analizar un proyecto minero desde la ética, conscientes de su complejidad- con la simpatía y respaldo de los profesionales que vivimos la minería, como nos recuerda permanentemente, con muy pocas palabras el legado de Casiano del Prado (1841), esculpido en mármol en el hermoso salón de Actos de la Escuela de Madrid: «Apenas conozco carrera en la que la probidad, la lealtad, la buena fe, sean de tanta necesidad como en la del minero».
¿Qué por qué me he sentido orgulloso de mi doble titulación? Porque, desde mi experiencia en entender las debilidades humanas, creo poder comprender mejor que lo técnico y lo jurídico deben respetarse mutuamente, y que solo desde la delimitación de los respectivos campos de competencia, se estará más cerca de la verdad objetiva, cuando de lo que se trata es de analizar la coherencia de una decisión que demanda, para su cabal comprensión, altos conocimientos de cualquier procedimiento de ingeniería.
Y aún digo más: la verdad objetiva, en lo técnico, no existe a menudo, por más que se pretenda. Y en la explotación de los recursos mineros, solo podría conformarse en la mente ingenua de un juzgador que no entendiera el significado y valor de las ciencias que permiten obtener con eficiencia los recursos de la tierra. Hacen falta muchos años de estudio, decenas de experiencia propia y ajena y una cierta dosis de intuición para alcanzar algo parecido a lo perfecto.
Qué pena para Andalucía y para la minería que la rabieta del perdedor haya encontrado eco en un sistema judicial lento y excesivamente garantista, cautivo él mismo de recursos procesales que se pueden utilizar con ánimo intimidatorio y, en todo caso, dilatorio; qué pena que la profesionalidad y la probidad puedan ser puestas en entredicho por quienes no saben de lo que hablan, ni a quién hieren.
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(1) La sesión fue organizada conjuntamente por los Colegios de Ingenieros de Minas de Sur y centro de España, por la Fundación Gómez Pardo y por Atlantic Copper España.
(2) Por cierto, que el itinerario jurisdiccional de las reclamaciones económicas, imputaciones a técnicos y empresa, en relación con el «desastre de Aznalcóllar» debieran servir de material de reflexión, junto a otros sucesos que alcanzaron en su momento gran difusión en los medios y luego se han visto sepultados por larguísimos procesos judiciales, para revisar planteamientos sociales, jurídicos, económicos y técnicos en relación con la protección al ambiente, la explotación de recursos y la importante cuestión de la rehabilitación de los espacios afectados por la minería.
(3) Grupo México es uno de los principales productores mundiales de cobre y molibdeno, con explotaciones en México -en Sonora posee la mayor reserva de cobre conocida, el yacimiento de Buenavista-, Perú, Chile y Estados Unidos. En el primer trimestre de 2015 informó de una facturación de 2.100 millones de Dólares. Magtel, con sede en Córdoba, aporta el conocimiento local, junto a una experiencia real en Marruecos y Perú y una facturación que supera los 100 millones de euros.