Al socaire

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Archivos para enero 2018

Ejército y sociedad civil (14)

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Existe consenso en que el mundo es menos seguro desde el 11 de septiembre de 2001, en que se produjeron los atentados a las Twin Tower, cuando unos terroristas de creencia islamista radicalizada, adoctrinados para inmolarse destruyendo infieles, lanzaron aviones de transporte regular civil contra aquellas emblemáticas torres neoyorquinas.

Por supuesto, la cuestión de medir el nivel de inseguridad no es sencilla. Richard A. Clarke, por ejemplo, que fue coordinador del Consejo Nacional de Seguridad con los presidentes norteamericanos de Bill Clinton y de los dos Bush, escribió un libro en 2004 (“Against all enemies. Inside America´s War in Terror”) defendiendo que la fortaleza de Al Qaeda se construyó a partir de las debilidades e indecisiones de los máximos responsables del gobierno.

Sin someterme plenamente a su guión, voy a recordar, a grandes rasgos, lo fundamental de la argumentación del especialista norteamericano.

Se deduce de ella, inequívocamente, que las actuaciones de Estados Unidos en un área geográfica muy concreta acabarían contagiando de inseguridad a la práctica totalidad de los países occidentales. Se generaron nuevas relaciones de tensión en la que la pérdida aparente de protagonismo de la URSS derivó en una complejidad de actores y situaciones y, a esa escalada de inseguridad, han contribuido equivocadas decisiones de la parte de los amenazados .

El mundo no está en guerra abierta (toquemos madera: todavía), sino que se encuentra librando múltiples batallas, que abarcan desde lo económico hasta lo manifiestamente bélico.  Sin embargo, esas situaciones de conflicto y tensión se encuentran interrelacionadas, poniendo en evidencia la conexión, real y no forzada, entre los objetivos de tranquilidad y paz de la sociedad civil y la necesidad de acomodar a ellos las respuestas militares, como una parte no separable de la gestión de las crisis.

El protagonismo obcecado de Estados Unidos, con errores terribles de apreciación, tomó derivas muy peligrosas para la paz mundial. Tomando como fecha inicial la de 1979, en ese año se producía la revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán. El presidente Reagan envió marines a Beirut, en la idea de proteger a Israel, considerado país aliado.

En un pulso sin posibilidad de éxito, dada la desigualdad de fuerzas, el grupo libanés Hezbolá, con el apoyo de Irán, atentó contra el cuartel militar americano, con coches bomba, causando 278 muertes y, además, asedió la embajada. La respuesta, desproporcionada, e indirecta, involucró a nuevos actores y dejó a Estados Unidos sin control de la situación.

Por una parte, la alianza estratégica con Israel provocó el distanciamiento de una parte del mundo árabe. Por otra, la decisión del gobierno norteamericano de ayudar a los afganos (enfrentándose a Rusia) movilizó, sin considerar las consecuencias, como protagonistas sobre el terreno, a los servicios secretos paquistaníes. Poco después, se autorizó la formación de un ejército de árabes, que fue reclutado por los saudíes. La delicada operación se confió por éstos a un tal Osama Bin Laden.

Al retirarse los soviéticos en 1989, Afganistán quedó abandonado a su suerte y, de forma natural, estalló la guerra civil. La situación acabó de desquiciarse. Los servicios secretos paquistaníes, convertidos en árbitros delegados, fomentaron la colaboración entre Al Qaeda (los veteranos árabes de la guerra afgana) y los talibanes (nueva facción religiosa a partir de refugiados afganos).

El terrorismo de base islamista se conformó así tan cómoda como rápidamente, y el objetivo no tenía dudas. El atentado contra el World Trade Center en 1993 se sabe ahora (escribe Clark) que fue obra de Al Qaeda, pero, salvo esta acción, la serie de actos terroristas que sufrió Estados Unidos se atribuyó regularmente a “lunáticos solitarios”.

Como no se tenía consciencia de la naturaleza del enemigo, las medidas de defensa no estaban claras. El gobierno de Clinton creó y empezó a financiar un programa muy ambicioso para defender el interior del país, en el que primó la dotación económica a la clarificación de las actuaciones que deberían primarse. A finales de 1999, la Casa Blanca puso en marcha la misión de seguridad de las embajadas, enviando expertos a todas ellas que las vigilasen de la misma manera que pudieran hacerlo los terroristas, y el resultado fue que algunas se convirtieron en búnker y otras se abandonaron.

Se obvió la cuestión más importante: enfrente no había un ejército organizado. La ideología islamista radical fue en aumento, en tanto que no se actuaba sobre la vulnerabilidad real, que descansaba justamente, en la pretensión de mantener la seguridad en una civilización muy globalizada, con infinitos puntos vulnerables. La guerra contra el terrorismo creó una pesada burocracia, muy poco efectiva.

Cuando traslado estas reflexiones (que he adaptado a conveniencia de mi propia forma de entender la situación) al contexto europeo y, más concretamente, español, me reafirmo en que es imprescindible aumentar el músculo defensivo civil. Es procedente, por ello, extremar el encaje entre las Fuerzas Armadas con el resto de la sociedad y generar una estructura de comunicación, de información y sintonía entre lo militar y lo civil.

No se trata de prepararse para la guerra, ni mucho menos, sino de extremar la capacidad defensiva, que no puede relegarse solo, -ni siquiera es, hoy por hoy, el último baluarte, involucrados como están en multitud de acciones de paz- a los militares, ni subordinar la actuación de éstos al respeto fiel a la Constitución y al Gobierno legítimo. Por supuesto, esto es así, y debe ser así, pero no basta.

Como en las demás instituciones clave del Estado es preciso confirmar su dinámica propia, su independencia profesional, lo que supone que disponga de una dotación económica y una preparación logística y unos medios de respuesta y ataque modernos, efectivos, adecuados al riesgo que se desea cubrir.

La transparencia de los objetivos de gobierno es clave para entender qué es lo que desea una sociedad democrática de sus Fuerzas Armadas. Para conseguir aquella, hay que propiciar la difusión del conocimiento de sus posibilidades, ordenar y apoyar sus efectivos, dotarlos de medios y estímulos, y hacer sentir lo militar, no como algo distante al resto de la población, sino como parte de su misma esencia.

A nivel europeo, esta filosofía, mejor o peor plasmada aquí, es también imprescindible.

Algunas avecillas pasan desapercibidas, por su timidez, por carecer de rasgos claramente diferenciadores, y, también, por desinterés (decimos de ellas, simplemente, que son “pájaros”). Agarrado con sus patitas a un junco, este cistícola buitrón (cisticola juncidis), fotografiado en Tapia en el verano de 2017, se identifica por su plumaje listado, con las alas cortas y redondeadas. En la fotografía no se distingue el obispillo herrumbroso, aunque sí queda marcado el dibujo caudal y el característico ojo escrutador, anómalo para un ave, por lo demás, diminuta.

 

Ejército y sociedad civil (13)

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Nada haría prever, hace unos años, que España se encontrara en enero de 2018 confrontada nuevamente a la actitud separatista de un gobierno catalán, aupado en una movilización popular en torno al “hecho diferencial” de la región.

La situación carece de lógica política y parece propia de un libreto trágico-cómico: cuando la circunstancia común exigiría unidad para actuar, un grupo minoritario de ciudadanos, desde la región más próspera del país, proclama su voluntad secesionista.  Desde la institución creada para la convivencia y el diálogo, asaltada la razón por quienes han prometido fidelidad a la ley, los representantes de partidos que tienen en sus programas la república y la independencia, están dispuestos a llevar hasta el límite la tensión de la cuerda que garantiza la paz. Quieren la República Independiente de Catalunya.

No tiene sentido opinar, hoy, 30 de enero de 2018, sobre la solución, pacífica o violenta, del conflicto. Este mismo día, el ex-presidente cesado por la aplicación del art. 155 de la Constitución, por grave alteración del orden institucional, y en fuga desde entonces, cuando se encuentran en prisión preventiva sin fianza algunos de los destacados dirigentes secesionistas, está propuesto por el nuevo Parlament para que presente su programa de investidura.

El pleno del Tribunal Constitucional, forzado por el Gobierno a manifestarse sobre la legalidad de ese acto de provocación y rebeldía sin precedentes, ha indicado que no puede autorizarse. La situación del fugado no admite dubitaciones legales: si cruza la frontera debe ser detenido para comparecer ante la Justicia y seguirá la suerte de sus compañeros encarcelados.

El más elemental análisis de este momento nos conduce a valorar la situación como desestabilizadora. La más grave, muy superior al intento de golpe de Estado de 1981, que España ha tenido que soportar después de la guerra incivil de 1936-39, provocada, como no sería necesario recordar, porque un grupo de militares capitaneó una rebelión civil contra el gobierno legítimo.

No interesa a los secesionistas potenciales que su actitud esté provocando la destrucción de lo poco que se ha conseguido, después de la ultima grave crisis económica padecida. Caen bajo la oportunidad presentida de aprovechar un momento singular de debilidad por parte del gobierno central y de confusión entre los partidos llamados constitucionalistas, las preocupaciones, del paro, el desequilibrio social, las tensiones migratorias, la necesidad de elaborar y coordinar un nuevo modelo educativo, asistencial, etc., y prevalece el deseo de antihistórico de segregarse del resto de España y navegar solos, siguiendo la estela de algún país de su tamaño, en el que quieren encontrar el modelo.

Como no está imperando la cordura -debo matizar, por el lado pre-secesionista-, no se puede descartar que se produzca una grave revuelta social en Cataluña. Carles Puigdemont, por mucho que se obstinen los separatistas en presentarlo como candidato, en un pulso al orden institucional gravísimo, sin camino de vigencia posible, no puede ser president de la Generalitat, y su candidatura ha de ser retirada de inmediato y todos los esfuerzos han de dirigirse a la recuperación de la tranquilidad en la sociedad catalana.

No se puede ignorar, porque sería de una ingenuidad intolerable, que la crisis generada no resulta de un enfrentamiento al Gobierno español, sino contra la Constitución y, por tanto, los partidos pro-secesionistas, con sus dirigentes empecinados en no ceder, han puesto en riesgo la estabilidad del Estado, incumpliendo las normas que son garantía para la convivencia democrática, y mintiendo insolentemente. España no es una dictadura, la Constitución vigente obtuvo en su momento un respaldo abrumador y la búsqueda de tranquilidad, construida desde la libertad y el consenso mayoritario, es la base de la convivencia.

Ojalá no se avance en la rebelión social en Cataluña, y la sensatez vuelva a escena. Pero la defensa de la Constitución no puede ser débil y, correspondiendo a la amenaza, así (y algo más) ha de ser la reacción. Si el diálogo no es posible, si la revuelta no puede deternerse con la razón, el Estado de Derecho tiene alternativas e instrumentos, incluso en su límite. Es cierto que el derecho penal es la ultima ratio, el esfuerzo máximo del Estado social para imponer, con la fuerza de la amenaza del castigo y su aplicación, la contención y la contraposición a quienes vulneren las normas…

Pero, ¿Y cuando el derecho penal no basta? ¿Qué instrumento tiene el Estado de derecho cuando una parte de la sociedad se obstina en incumplir la norma, rebelándose?

No debe tener temor el Estado de Derecho a aplicar los extremos previstos, que corresponden a la declaración, bien del Estado de alarma, o de excepción, imponiendo una limitación severa a las libertades básicas que permita la rápida vuelta a la normalidad.

Con todas las precauciones que se quieran poner para el caso, después de que hayan sido hecho las advertencias precisas, contando con la aprobación del Congreso de Diputados y a propuesta del Gobierno, con los plazos de aplicación muy concretos y las explicaciones de rigor, se deberá acudir a lo previsto en el art. 116 de la  Constitución, con seguimiento de la Ley Orgánica 4/1981 que lo desarrolla y el Reglamento 10/1982.

Una situación de rebelión encaja, también, en uno de los supuestos máximos previstos en el texto constitucional para la actuación de las Fuerzas Armadas, que, como he recordado en otro momento, deben garantizar la unidad del Estado, bajo las directrices del Gobierno legítimo y la máxima Jefatura -en este caso, entiendo que no meramente simbólica- del Monarca.

Es un protagonismo excepcional, no deseado, no querido, pero imprescindible para recuperar el orden, la paz social, el respeto estricto a lo pactado. Puede quedar, ojalá sea así, como amenaza para defender la posición del Estado de derecho, pero su firmeza tiene que dejar claro, a levantiscos y seguidores que no se trata de un juego. No puede expresar ni dejar trascender la menor debilidad. Los infantes díscolos han de saber, de una vez por todas, hasta dónde no pueden llegar.

La distinción entre un águila real y un buitre en vuelo, que para un profano puede parecer difícil, no presenta dudas. Este magnífico ejemplar de buitre leonado, visto desde abajo (como resulta lo habitual) muestra todas sus características diferenciadoras: dedos lagos (los extremos – coberteras- de las alas), mano más estrecha, cuerpo marrón ocráceo, distinguible de las coberteras marrones, pico amarillento y cabeza pequeña (en vuelo). El águila real tiene las coberteras más pálidas (grises) que el cuerpo, la cola más larga y el ala más estrecha en la base.
De todas formas, reconozco que hay que observar atentamente varios ejemplares para acabar estando seguro de la distinción.

Ejército y sociedad civil (12)

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El Presidente francés, Emmanuel Macron, en su visita a la base naval militar de Tulón, el pasado 19 de enero de 2018, confirmó que pretende implementar “un servicio nacional universal”, el primer paso hacia la vuelta del servicio militar obligatorio. Es inevitable buscar el encaje de esta decisión (anunciada ya en su programa electoral), -y que viene acompañada del incremento hasta el 2% del PIB en los gastos militares-, en el refuerzo de la posición propia ante los riesgos y amenazas a la seguridad que se perciben desde Europa.

No está solo Macron en este movimiento. El núcleo duro europeo -Francia y Alemania- quiere incorporar a la conciencia europea, -como reactivador del viejo proyecto político, amenazado por los nacionalismos, y obviando la muy cuestionada unidad económica y social-, una línea Maginot virtual, pero que deje visible que Europa no es un territorio indefenso. (1)

No es complicado detectar las causas de este movimiento de estrategia política de largo alcance que no pretende (entiendo) recuperar un pasado de tambores bélicos, sino demostrar que existe una fuerza, una voluntad popular y una capacidad armamentística disuasoria de cuanto amenace la seguridad y valores propios desde fuera de sus fronteras.

¿Se va hacia un Ejército, o mejor dicho, una Fuerza Armada comunitaria? No es sencillo es poner en marcha una Fuerza Armada unitaria, bajo un mando único, y con organización militar autónoma -contando con personal, equipamiento y medios económicos adecuados-, coordinada, desde luego, desde los Ministerios de Defensa de los Estados miembros, pero con la imprescindible independencia de actuación profesional, llegado el caso.

Las pinceladas más groseras (en el sentido, de evidentes) del nuevo cuadro de Seguridad y Defensa europeo, provienen, por una parte, como reacción a la concreción del cambio en la política norteamericana en ese área, que ha ido desvelando, en un striptís inquietante, el presidente Donald Trump en su primer año de mandato. Por otra parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea obliga a replanteamientos estratégicos, incluido en ellos, el sector de Defensa.

Las prioridades norteamericanas se enfocan ahora hacia el Pacífico, donde se encuentran Corea del Norte y China.

A la segunda, se la ve ya como el gran rival económico, con una tasa de crecimiento envidiable y una política comercial expansionista, al abrigo de las mágicas palabras “libre comercio”.

La primera se presenta comúnmente como una amenaza de patio de colegio entre bravucones en el recreo, pero la existencia de capacidad nuclear con alto potencial destructor ha hecho sonar peculiares timbres de alarma a los expertos. La pretendida disuasión a la posibilidad de que el “líder supremo” Kim Jong- un apriete su botón nuclear como si fuera el mando de un juguete, no está en disponer al otro lado de la consola de misiles aptos para provocar un desastre nuclear, (y que se viene aceptando no serán nunca utilizados porque la réplica simultánea al ataque conduciría irremediablemente al holocausto recíproco).

La nueva estrategia de armamento nuclear se enfoca hacia el desarrollo de misiles de gran alcance pero localizado poder destructor: esa capacidad sí aparece como verdadera capacidad disuasoria y, si fuera llegado el caso, como concreta acción bélica factible.

La tutela y digestión de lo que está pasando en el Mediterráneo -las tensiones de asimilación de los vaivenes hacia la democracia o el caos del Norte de Africa y las imparables oleadas migratorias de las antiguas colonias europeas-, e incluso, la contención de las ambiciones rusas en la frontera este,  pasarán, en ese contexto, a ser cuestiones que atañen fundamentalmente a  Europa. Lo son ya, en realidad, aunque la Unión Europea aún no haya tomado decisiones conjuntas de alcance.

Cambios, pues, imprescindibles y a corto plazo. El espacio regional europeo, con historia de luchas internas, odios recientes y desconfianzas a flor de piel, en la filosofía del presidente Trump y su equipo asesor, debe dejar de ser el free rider (o casi) de la OTAN y asumir un papel de co-protagonista. No servirá, como tarjeta de visita mundial, aparecer como el “amigo bueno”, un conjunto de Estados de factura impecable, demócratas, respetuosos con el orden jurisdiccional, defensores del derecho penal internacional que castiga a los malos (débiles), preocupados por el medio ambiente, solidarios con los Estados más pobres y respetuosos y hasta colegas aduladores de alguno de Elos más ricos, pero sin capacidad para defenderse de manera autónoma.

Una posición inerme se rebela como un apetecible bocado, frágil y delicado en caso de conflicto, en el que no valdrán estrategias comerciales disjuntas, apologías de filosofía humanista no siempre cumplida con rigor y  la existencia de multitud de brillantes centros de invención y tecnología pero aún bastante descoordinados. Tampoco serviría para el cómputo el despilfarro de ayudas al desarrollo de las viejas colonias, cuya reducida eficacia práctica, más bien que más bien parece el reflejo de un síndrome de culpabilidad pegajoso.

La plasmación del Brexit supondrá que el país europeo con mayor capacidad y fuerzas armadas de la Unión, y con tecnología de energía nuclear aplicada al armamento, dejará de participar en el Programa de Defensa conjunto. Francia queda, por tanto, como único Estado europeo capaz de demostrar con credibilidad la capacidad disuasoria que supone poseer armas atómicas.

No hace falta concretar posibles enemigos, solo considerar, en el análisis conjunto europeo, las amenazas presuntas o probables, La posición de Rusia adquiere creciente protagonismo, por la forma brillante -política  y militar- de Vladimir Putin de aprovechar las debilidades o indecisiones ajenas. La invasión de Crimea, el acercamiento a Turquía, la intervención en Siria y la creciente presión sobre los países de la frontera con Europa, son ejemplos evidentes.

Claro está que Europa no puede hacer frente a la eventual amenaza rusa sin contar con Estados Unidos, pero se trata de abandonar progresivamente esa dependencia, desde la consciencia -crecientemente sentida- de que el territorio europeo no debiera volver a convertirse en zona de conflicto. En todo caso, se encuentra con problemas de inseguridad interna que exigen soluciones autónomas a las que hacer frente de forma solidaria: terrorismo islámico, focos de radicalización, tensiones sociales producidas por una crisis económica sistémica, etc.

La recuperación de la formación militar enfocada a la incorporación a la estrategia de defensa de la población civil es también una consecuencia de la constatación de la pérdida, por una parte importante de la juventud, no ya de la consciencia patriótica, sino de elementales principios de disciplina, solidaridad  y cooperación ciudadana, dentro de un magma en el que la proporción de ciudadanos de origen extranjero ha crecido y crece de manera imparable, sin que se haya conseguido éxito en su integración real, fuera de fantasías y voluntarismos políticos.

Se habla y se siente, también en España, una dicotomía entre la educación cívica y patriótica de la población mayor de cincuenta años y los más jóvenes, especialmente de los adultos muy jóvenes. La reintroducción de la formación militar a la población civil más joven, en grado ponderado pero real, puede ser una manera de superar el vacío y de integrar con plenitud lo militar a lo civil, desde una posición conjunta pacifista, pero pragmática.

Costará tiempo y dineros, pero la concreción de las amenazas -repito, presuntas, posibles o reales- ayudará a agilizar la toma de decisiones. Francia ya ha visto, en ojos de su Presidente y el equipo de cercanos asesores, el peligro de quedarse quieto sin hacer nada.

Un agateador europeo (certhia brachydactyla), mimético en general con el tronco en el que busca su alimento, se pone de manifiesto desde esta toma de perfil. Frecuente en nuestros bosques de robles, hayas y abedules, aunque puede verse incluso en los jardines urbanos, pasa desapercibido. El aspecto de su banda alar, con escalones que alternan zonas claras y oscuras ayuda plenamente a su confusión con la corteza del árbol por el que trepa, generalmente, de abajo hacia arriba, peinándolo de larvas e insectos.

La distinción entre las distintas especies de agateador es prácticamente imposible a no ser por la fotografía comparativa. El europeo tiene el vientre ligeramente más pardo y el pico algo más largo.

 

 

Ejército y sociedad civil (11)

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La mayor amenaza interior al Estado de derecho (entendido, como respeto al orden constitucional) que se cierne hoy sobre España es la posición secesionista de un sector muy significativo de la sociedad catalana, y que ha quedado reflejado en las elecciones para decidir la constitución del Parlament regional, con una mayoría simple de diputados representando a partidos en rebeldía constitucional.

La cuestión no está resuelta en absoluto, a pesar de la aplicación del art. 155 de la Constitución, por la que se disolvió el Parlament que había votado la independencia de Catalunyay proclamando, simultáneamente, su forma de Estado como República.

Como es bien conocido para quienes lean estas líneas en el tiempo en que son escritas, el ex President Puigdemont (destituido) se encuentra fugado de la Justicia en Bélgica con algunos ex miembros del anterior Gobierno, y el ex vicepresident Junqueras y varios significados miembros de los partidos secesionistas se encuentran en prisión preventiva. En la nueva composición del Parlament, a resultas de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre de 2017, y si bien el partido “constitucionalista” Ciudadanos tiene más diputados que los demás, la mayoría de la Cámara es independentista, aunque posturalmente puedan acatar la Constitución. (La diferenciación, que se ha convertido en corriente, entre partidos, según que acaten o no la Constitución vigente, produce escalofríos)

Los acontecimientos recientes no permiten conceder credibilidad a las declaraciones de lealtad, si se producen, cuyo objetivo será garantizar nominalmente constitución de la Cámara “por imperativo legal” (eufemismo que oculta intenciones delictivas), y se hará salvando por el camino dificultades, declaraciones y actuaciones esperpénticas más bien propias de una historieta de ciencia-ficción que de una realidad torturada.

Catalunya tendrá pues, nuevamente, a finales de febrero de 2018, un President independentista, y se reproducirá en el orden/desorden institucional el esquema de una sociedad dividida, polarizada en posiciones temperamentales, agudizadas hasta el histrionismo. El Parlament tensionado reflejará, como en un espejo, las incertidumbres que la sociedad catalana no acierta a resolver. En frase acertada de Josep Borrel (“Escucha Cataluña, Escucha España”, 2017, Península), “un problema entre catalanes”, planteada como pregunta. Una incógnita que no se sabe despejar.

La situación no es nueva. Se ven suficientes elementos en ella para detectar el deseo de una repetición de la Historia, pretendiendo estar en situación de mejorar errores del pasado, desde una voluntad independentista, cuya legitimidad está de nuevo, en confrontación violenta con la oportunidad. Nada que ver con hipotéticos o reales agravios de la realeza castellana a los condes catalanes, ni en las revueltas campesinas del dieciocho, ni Castilla a los condes de Cataluña, ni, mucho menos, en el déficit presupuestario de la región o en la superioridad de lo catalán -con guiños de identificación y complacencia cona la Europa floreciente-.

No parece efectivo ahondar, repasándolos, en los sentimientos que pudieron servir de pretexto de acción a generaciones ya extintas. La historia actual la construimos y protagonizamos quienes estamos vivos y con capacidad de actuación. Los intereses, sentimientos y voluntades a considerar son los de quienes ahora tenemos fuerza de la existencia. Es cierto que debemos apuntar hacia el futuro, si bien nuestra principal responsabilidad, en tiempos de conflicto, es no destruir lo que ya tenemos. No sirve el pretexto de que, desde sus ruinas, aflorará una Arcadia.

En agosto d 1931, la Generalidad había aprobado un texto, en “ejercicio del derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán”, por el que, reconociendo “la personalidad política de Cataluña”, se “debía precisar su compromiso con la República española” ofreciendo a “las Cortes Constituyentes de la República una prenda de amor” (sic) “que pone Cataluña en la defensa de la libertad que todos los pueblos de España han conquistado pro la revolución del 14 de abril”. La fórmula se concreta en la manifestación de que “Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos”.

El derecho de autodeterminación de Cataluña surge, como ha puesto de manifiesto Eduardo García de Enterría en su prólogo al libro “Sobre la autonomía política de Cataluña”, que recoge textos de Manuel Azaña, del concepto de nación como base del Estado. Un concepto sentimental que tiene raíces en la revolución francesa, que la hizo descansar en la voluntad del pueblo. Se construye así un íter argumental que va desde el pueblo y su auto-consciencia mayoritaria de ser nación y que lleva a la independencia, esto es, a desear la autodeterminación.

Para la colectividad desarrollada y democrática, la única opción para hacer efectiva esta voluntad, si existiera en algún subgrupo de un Estado,  es dentro del marco de la Constitución vigente, como Norma fundamental pactada. En el caso español, no impuesta, sino acordada por una amplísima mayoría, por todos los ciudadanos españoles en 1978.

No se trata de negar la existencia de nacionalidades en el territorio de España, entendidas como consciencia de singularidad por parte de grupos significativos, delimitados o no por fronteras políticas o físicas. La voluntad de autodeterminación tiene que ligar ese deseo con la posibilidad real de subsistencia independiente, conceptualmente al menos, paritaria con los demás Estados existentes, y en un contexto de respeto a los derechos y libertades.

La Constitución española garantiza la distinción entre un Estado que centraliza ciertas funciones básicas y regiones o Autonomías que disponen de competencias legislativas y de gestión (con cesión o recaudación autónoma de impuestos), en un equilibrio político que puede no ser estable. El dinamismo en las fórmulas de gestión del Estado, sin embargo, ha de encontrar su punto de equilibrio en la Constitución renovada, vigente en cada momento, votada por una mayoría definida de todos los ciudadanos del Estado plurinacional. No puede ser roto unilateralmente desde las regiones.

Los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 se concretaron en dos posiciones disjuntas: a) en Asturias, se pretendía instaurar la dictadura del proletariado, movimiento de las clases desfavorecidas, que posteriormente cristalizaría en el Frente Popular; b) en Cataluña, la insurrección se presenta como un movimiento político, que cree encontrar la ocasión para proclamar la independencia del Estado central.

Como es sabido, las elecciones de noviembre de 1933 habían sigo ganadas por el partido de Gil-Robles (la CEDA), de derechas, perdiendo las mismas el Partido Radical de Lerroux. En Cataluña, el gobierno de izquierda de Companys, empeñado en una reforma agraria que diera propiedad de la tierra a miles de pequeños agricultores viticultores -rabasaires, desoyó la declaración de inconstitucionalidad de la ley  (Ley de Contratos de Cultivos) que se había aprobado desde la Generalidad, y que creaba derechos a estos campesinos en contra de los terratenientes. Presentado por éstos un recurso (a través del partido conservador de la Lliga), se anuló la Ley de Contratos, pero el gobierno regional volvió a aprobar un texto similar.

El 4 de octubre,  Alejandro Lerroux formaba un nuevo gobierno con ministros de la CEDA, provocando la convocatoria de huega general en toda España convocada por los socialistas. El gobierno declaró el estado de guerra en toda España  y el 6 de octubre, Lluís Companys  proclamó la República Catalana (el llamado Estado catalán de la Republica federal española) afirmando, en un inflamado discurso en el que afirmó que “el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones”.

El paso dado por Companys era arriesgado pero no era drástico. Algunos historiadores interpretan hoy que el acto, más que secesionista, pretendía controlar el movimiento anarquista de la izquierda marxista. Solo que los acontecimientos se precipitaron. Companys pidió al general Batet, general en jefe de la IV división, que se pusiera a sus órdenes, a lo que éste se negó, reafirmando que solo obedecería órdenes desde Madrid.

La Generalitat contaba entonces, como elemento para defensa del pulso constitucional, solo con la reducida fuerza de los Mossos (apenas un par de centenares de efectivos) y la hipotética militarización civil. No hace falta precisar más detalles. Unas horas después, y tras una puesta en escena del desequilibrio de fuerzas Companys rendía su gobierno a Batet, esto es, al gobierno de Madrid.

El telón de aquel pulso catalanista se cerraría con la guerra incivil: la resistencia desde Cataluña y Aragón al levantamiento fascista fue protagonizada por anarquistas y fuerzas de la izquierda marxista, propiciando las batallas más cruentas de la guerra; Companys, juzgado con indulgencia por el gobierno de Azaña, sería fusilado al acabar la contienda por los alzados victoriosos, y Batet, por su desgraciada parte, lo habría sido, ya en 1937, por sus colegas traidores a la República, al negarse a apoyar la rebelión.

La compleja urdimbre del sentimiento nacionalista catalán recibía así una nueva inyección de confusionismo ideológico que permite, hoy día, ver juntos a representantes de la derecha burguesa, del cristianismo de tendencia humanista y a la izquierda revolucionaria. Una amalgama explosiva frente a un gobierno del Partido Popular asediado por la corrupción y anquilosado por la ineficiencia.

(continuará)

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Ejército y sociedad civil (10)

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El papel de las Fuerzas Armadas en relación con la seguridad, esto es, con la “conciencia de seguridad” (o con la “necesidad social de seguridad”), no es discutida. Parece estar en el fundamento mismo de la existencia de un cuerpo armado, cuando se acepta que los enemigos de esa seguridad -sean quienes fueren- utilizan procedimientos expeditivos para destruirla.

Sin embargo, un análisis elemental de potenciales riesgos, revela que el término seguridad es extremadamente amplio y  ambiguo. Su enorme alcance, su dinamismo y, también, el carácter subjetivo de la valoración de lo que se entiende por riesgo o peligro, ofrecen amplio campo para el debate. La cuestión debe permanecer en permanente revisión, ya que cambian los sujetos agentes, sus métodos, y las opciones de protección. Vaya, pues, por delante, que el análisis es complejo y, si no se acota el dominio de contorno de lo que se desea proteger, y se tienen en cuenta los medios, conduce a una inacabable fase previa sin medidas efectivas.

Pero, si el concepto es polisémico, ¿cómo vincular a las Fuerzas Armadas, y, en general, a todas las Fuerzas del orden, con el mantenimiento y perfección de un objeto tan plástico?

La “cultura de seguridad”, plasmada en España con directrices del Consejo Español de Seguridad y el enfoque orientador de la OTAN, ha dado lugar a la Estrategia de Seguridad Nacional. Cuenta ya con el antecedente de la diseñada en 2013 y viene más recientemente amparada con la Ley de Seguridad Nacional 36/2015, al abrigo de la cual se ha publicado, a finales de 2017, por la Presidencia del Gobierno una revisión actualizada y una mayor concreción de los objetivos.

Me propongo referirme, ya que entiendo que se encuentra en la zona difusa de la seguridad y, por tanto, del espacio de discutible actuación de las Fuerzas Armadas, la actuación contra la amenaza a la integridad territorial. La defensa de la “integridad territorial” es, como ya he tenido ocasión de recordar en un Comentario anterior, uno de los tres capítulos de acción que el art 8 de la Constitución de 1978 recoge como “misión” de las Fuerzas Armadas.

España es uno de los países europeos que ha sufrido en su territorio la lacra del terrorismo interior. En la descabellada, y cruenta, defensa de una posición independentista, con apoyo popular que nunca se podrá desentrañar en toda su magnitud, el grupo criminal ETA actuó con extrema crueldad contra la seguridad, causando casi mil asesinatos y un número indefinido, pero de gran magnitud, de víctimas físicas y sicológicas y fuertes pérdidas económicas (si bien, no quiero obviar poner de manifiesto que la situación de terror benefició indirectamente a un corralito empresarial en el que figuraron quienes se sometieron al chantaje, al verse reducida la libre competencia en el País Vasco).

Hace unos meses (julio de 2017) se cumplieron 20 años del secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara (felizmente liberado por la Guardia Civil después de más de 530 días de cautiverio en un zulo) y del vil asesinato del ingeniero Miguel Angel Blanco, con el que el grupo terrorista buscaba compensar maquiavélicamente el anterior éxito del Estado de derecho.

Si me permito traer a esta exposición un asunto que parece superado por la Historia democrática posterior es para poder destacar que la amenaza del terrorismo interior no está superada en España.

Desde la misma posición ideológica de las Fuerzas Armadas, el peligro de involución está felizmente arrumbado. La práctica total renovación de los mandos superiores a raíz de la implantación plena de la democracia, ha permitido la incorporación y ascenso de nuevas generaciones de militares que acatan la subordinación de lo militar a la autoridad civil como principio básico de la vida democrática. El Ejército es hoy, a raíz de algunas encuestas peculiares, incluso de trasfondo más democrático que la sociedad civil (el porcentaje de mandos confesos de “extrema derecha” no llega al 0,1%%, inferior al sector que suscribe esa ideología en la población general, que parece alcanza el 1%).

Somos muchos en este país de ciudadanos mayoritariamente envejecidos los que hemos vivido y padecido el intento de golpe de Estado que visualizó el coronel Tejero en febrero de 1981, y que puso de manifiesto el divorcio que existía entonces entre parte de las Fuerzas Armadas y la sociedad. A principios de los años 70 del pasado siglo, la mayor parte del conjunto de jefes y oficiales del Ejército (la mayoría de los cuadros de comandante para arriba habían participado en la guerra incivil) desconfiaban de la apertura liberal a la que apuntaban los tecnócratas del gobierno tardofranquista, alimentando la obsesión por el “enemigo interior”.

(continuará)

La silueta inconfundible de un alimoche (neophron percnopterus), con su cola cuneiforme, surca, con suaves aleteos, el cielo estival de Castilla. Como ave carroñera, otea desechos y, en especial, vertederos y acumulaciones de basura. No necesita asustar a ningún pajarillo, lanzando amenazadores chillidos que asustan a los inquietos y les hacen moverse de sus cobijos, exponiéndose a la voracidad de las rapaces, por lo que es, mayormente, silencioso.

El alimoche que fotografié aquél día de verano, es un adulto, como lo muestra el contraste entre las plumas de vuelo negras (las rémiges) y el resto.

 

 

 

Ejército y sociedad civil (9)

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La relación de Estados independientes que han renunciado a tener Fuerzas Armadas propias, pone de manifiesto la falacia del pacifismo como parte de la Teoría del Estado. La mayoría son islas o territorios interiores de reducida dimensión, y los de mayor dimensión, como Islandia o Costa Rica son miembros de Organizaciones de Defensa (OTAN y TIAR, respectivamente). Suiza, presentado habitualmente como paradigma de Estado sin Ejército, es el país europeo con mayor número de armas por cada 100 habitantes, además de poder considerarse bien arropado por las Fuerzas Armadas de los Estados limítrofes, en caso de una hipotética invasión del territorio europeo.

No parece, sin embargo, que las razones que subsisten como base conceptual para mantener un Ejército sean coincidentes en todos los Estados con Fuerzas Armadas. Se apela, en general, a ideas atractivas, pero difusas, como la defensa de la identidad nacional, de la independencia del Estado, del territorio histórico o a principios democráticos o éticos.  Desde luego, la protección de personas y bienes frente al potencial enemigo invasor está en el núcleo, no necesariamente expreso, del mantenimiento de Fuerzas Armadas. La complejidad y perfección continua de los instrumentos bélicos ha venido históricamente a favorecer la firma de acuerdos de actuación recíproca, formando bloques, que la realidad ha venido a demostrar que no siempre constituyen alianzas permanentes, ni en tiempo de paz ni de conflicto.

La tecnología militar es parte esencial de la fuerza defensiva (y, para los Estados con ánimo beligerante, del potencial ofensivo) y, como en todo proceso creativo basado en la experimentación, la investigación es crucial. Ya he puesto de manifiesto la importancia de desarrollar tecnologías de doble uso (civil y militar). No pocos ejemplos vienen a demostrar que los conflictos bélicos han impulsado avances científicos y que la perspectiva de su empleo militar o como demostración disuasoria -con la dedicación de fondos económicos y personal a líneas de investigación concretas- ha acelerado la puesta en servicio de armamento y material con potencialidad destructiva.

En este contexto pragmático, la formación universitaria reglada y la militar deberían tener puntos de unión a varios niveles. En la Unión Europea el Espacio Europeo de Educación Superior, al que deben adaptarse las enseñanzas de las Fuerzas Armadas, ha traído como consecuencia modificaciones importantes. En mi opinión, equivocadas.

Como es conocido, se ha pretendido regular los títulos y formación, compatibilizándolo con los llamados títulos propios, que las Universidades -en particular, en España, como consecuencia del desbarajuste autonómico- se habían aplicado en crear, en una variedad insostenible, que ha traído como resultado la pérdida de calidad de la formación, en general. En la Ley de la carrera militar, siguiendo el marco de Bolonia, se concretaron tres niveles de enseñanza: formación, perfeccionamiento y altos estudios militares. Los dos últimos niveles corresponden a las enseñanzas de postgrado (máster y doctorado), siendo el primero el correspondiente a lo que se denomina ahora el grado. El Real Decreto 339/2015 ha venido a ordenar (pretendidamente) los altos estudios militares, incidiendo en la complejidad y dispersión de los cursos y títulos que se impartían, en colaboración muchos de ellos con las instituciones civiles universitarias.

No tengo espacio suficiente, ni lo pretendo, para analizar en detalle las consecuencias de esta reglamentación. En la enseñanza universitaria, la situación generada por la errónea aplicación de los acuerdos de Bolonia está trayendo como lamentable consecuencia la confusión, especialmente en las ingenierías, entre las capacidades de los egresados con título de grado o de master (equivalente, en principio, a los antiguos términos de ingeniero técnico o ingeniero superior), a lo que se añade la confusión entre lo que son títulos habilitantes o no (los primeros capacitan para ejercer la plena competencia de una especialidad), que suponen competencia parcial entre los títulos de grado o los de master (Valga como ejemplo, que los titulados de grado de la especialidad de explotación de minas, con solo 3 o 4 años de formación, pueden ejercer sin limitaciones, la competencia en ese área, con independencia de la intensidad de formación que se supone, o debería suponer, a la formación superior) .

Para favorecer la movilidad entre la sociedad civil y la militar, y concentrar competencias en los órganos centrales del Ministerio de Defensa en la enseñanza militar, se implantó la idea de la doble titulación, combinando con el propio, un título civil. Entre otras decisiones de menor calado, se eligieron los grados de ingeniería de Organización Industrial para ser cursado por los futuros oficiales del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y el de Ingeniería Mecánica para la Armada.

Coincido con muchos analistas en reconocer que se trata de un error. No un grave error, pero sí un error de visión de futuro. Si lo que se pretendía con esa doble titulación favorecer el empleo de los oficiales que hubieran dejado el Ejército en las empresas civiles, la especialidad en Organización Industrial no es la adecuada como formación complementaria. La empresa valora, más que la formación básica, la experiencia, en personas que ya no tienen la edad juvenil. Y la enseñanza universitaria común en organización industrial no tiene demasiada aplicación en el específico escenario de la organización militar. En el caso de la ingeniería mecánica para los oficiales de la Armada, la obtención de este grado, con gran aceptación por los jóvenes que siguen solo la trayectoria civil, no facilita demasiado el empleo posterior a los alféreces y tenientes de navío.

La línea iniciada es, con todo, la adecuada, en mi opinión. Tiene, como se recordará, un precedente inverso en la llamada Escala de Complemento, que facilitó, en los años en los que la enseñanza militar era obligatoria, la integración a los Ejércitos de los oficiales -y en su caso, sargentos- que habían finalizado su instrucción denominada “premilitar” (IPS, instrucción premilitar superior; IMEC, instrucción militar de la escala de complemento). No quiero empañar este análisis con referencias a casos concretos.

Entiendo que se debería profundizar y desarrollar muchas más líneas de enlace. En el campo del derecho o de la economía, pongo por caso -especialmente, en el primero de ellos- la integración de objetivos debería provocar una revisión de la manera de ejercer la jurisdicción militar en temas jurídicos, revisando las leyes y reglamentos propios y su aplicación. En el campo de la economía, la doble titulación -que, por cierto, algunos militares ya tienen hoy, conseguida por su cuenta- aportaría mayor solvencia interna a cuestiones financieras y contables planteadas desde la Defensa.

 

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Vayan hoy, acompañando mi Comentario, dos fotografías de aves. Una, de u n sílvido, un pollo de curruca capirotada (Sylvia atricapilla), luego de aliviarse del calor estival en un balde de agua, aún con las plumas mojadas por el chapuzón; otra, de un fringílido, un lúgano, (carduelis spinus) luciendo sus colores seductores -se trata de un macho- al tiempo que buscando semillas en el terruño bastante agostado.

Ejército y sociedad civil (8)

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Aunque las cifras sobre efectivos permanentes de las Fuerzas Armadas están sometidas a -¿un lógico?- oscurantismo, y las dudas sobre la fiabilidad de las mismas afectan incluso a las disponibles para España, los datos disponibles permiten indicar que nuestro país se encuentra en una modesta posición -entre el puesto 27 y el 3o-.

Teniendo en cuenta que, en relación con el PIB (ya sea nominal como real), España ocupa el lugar 14 -también, en este caso, con las reservas que quieran expresarse sobre la forma de realizar el cómputo de una magnitud extremadamente compleja-, la disparidad de posiciones evidencia que tenemos un Ejército relativamente reducido en personal.

Esta relativa cortedad de efectivos contrasta con el número de misiones en el extranjero. La ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, en su visita a los destacamentos en Libia a principios de 2018, expresó que España mantiene 16 misiones activas fuera de nuestro territorio, en países de Africa, Oriente Medio y Europa. En la web del Ministerio se expresan (acompañándolo de un expresivo gráfico), 20 misiones para un total de 2.500 efectivos, si bien se detecta que una parte sustancial corresponden a destacamentos mínimos, de 1 a 10 personas.

La presencia en el exterior de las Fuerzas Armadas debería corresponder a la valoración acerca de las amenazas potenciales del exterior. Teniendo en cuenta el incremento de efectivos anunciado por la ministra para 2018 (pendiente de aprobación por el Parlamento) , las fuerzas desplazadas subirán a 2.750 personas.

La distribución aproximada correspondería fundamentalmente, a este esquema: 650 militares en Líbano (en Marjayoun, para observatorio de la zona de Líbano-Israel-Palestina), 480 destacados en Irak (en Besmayah, para formación del ejército de ese país), 331 en Letonia (como observadores en la zona) , 265 en la Operación Atalanta, para vigilancia del Indico, 292 en Mali (con apoyo aéreo a las fuerzas francesas en Dakar y adiestramiento de las fuerzas locales), 245 de la Armada como observación en el Mediterráneo, 95 en Afganistán (observación y formación), 42  en Mauritania, Cabo Verde y Senegal (sobre todo, en el primero de estos países, como observación y formación militar).

La práctica totalidad de estos destacamentos corresponde a acuerdos de presencia y actuación coordinados por los acuerdos internacionales, principalmente,  la OTAN y la Unión Europea.

Se ha enfatizado desde el Ejecutivo la superior disponibilidad de España para enviar militares a zonas de conflicto y, sin querer entrar en polémica, pero sí aventurar una interpretación, esa situación podría significar que nuestro país prefiere aportar efectivos humanos antes que aumentar la cuota económica de su participación en las operaciones. Dejando, además, a salvo, el juicio objetivo respecto a lo que significa destacar (en número) modestas fuerzas armadas en países o zonas de guerra o amenaza que, en casos evidentes, no están directamente implicados con posibles intereses para nuestro país, a diferencia, como ejemplo paradigmático, de la defensa de los pesqueros que faenan en el Indico, defendidos por Atalanta, o la presencia en los países del Sahel, frontera clara de contención a la migración -salvado el escollo permeable, y con intereses propios, de Marruecos- hacia la puerta de la Unión Europea que es, para ellos, España.

No se encuentra en estas cifras de operaciones militares en el extranjero la referencia a la importante cooperación de formación con el Ejército de Marruecos. Parece que responde a que se descarta cualquier intervención bélica con este país vecino y amigo, en relación con Ceuta y Melilla, y tampoco respecto a la persistente irregularidad que supone la ocupación del Sáhara Occidental, antiguas regiones españolas que los niños del tardofranquismo estudiábamos como parte de España, abandonadas a su suerte, hace décadas, por la metrópoli.

La presencia militar en países con graves problemas de desarrollo y carencia de estructuras democráticas ha de entenderse, además, vinculada con la aportación económica y de formación no militar, que ayude a la población a encontrar una salida propia a su atraso. La práctica ausencia de una estrategia coordinada entre la estructura gubernamental y la empresarial resulta de lamentar. Quienes hemos trabajado en relación con estos países sabemos de las dificultades técnicas, de cobro de contratos y de competente colaboración local, además de la tremenda lacra de la corrupción institucional, que implica la realización de cualquier tipo de infraestructuras básicas (carreteras, sistemas hidráulicos, tratamiento de residuos, abastecimiento y alcantarillado, redes eléctricas, etc.).

(continuará)

Una hembra de herrerillo común (cyanistes caeruleus), vigilante desde el borde del riachuelo adonde se acercó para saciar su sed. Las hembras de herrerillo, una ave seductora muy frecuente en nuestros jardines y parques, se distinguen apenas por su boina azul algo más clara que la de los machos, pues, por lo demás, los dos sexos son similares. Son pájaros, además, confiados, y es posible disfrutarlos muy próximos al observador, despreocupados en su búsqueda constante de insectos y larvas por las ramitas de los árboles, acercándose incluso a los comederos en la estación invernal.

Ejército y sociedad civil (7)

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Aunque no pretendo alarmar (a quien no lo esté ya), enuncio una verdad irrefutable: la sociedad está en guerra. No es una buena noticia, pero tampoco es una novedad: siempre lo ha estado. Ni siquiera es preciso descartar que no me estoy refiriendo al área económica, a las pugnas por alcanzar la supremacía en un sector productivo, o a las batallas entre rivales de cualquier actividad por obtener prestigio, fama, oropeles o dinero.

Me refiero a que la sociedad está inmersa en una guerra de destrucción, con víctimas reales -muertos, lisiados, desaparecidos, desplazados- y pérdidas irreparables de edificios, bienes, bienestar y riqueza. La guerra se puede considerar como consustancial a la naturaleza humana, y surge sin descanso como manifestación de un instinto aún indescifrado, polifacético. Hay guerras que tienen que ver con la supervivencia de una etnia, o surgen como forma final de rebelión de deprimidos o sojuzgados frente al poder tiránico, o como resultado del intento de apoderarse por la fuerza de las posesiones de otro que se resiste al expolio.

Pero detrás del inicio de cada guerra habrá siempre una justificación diferente, que a menudo resultará ininteligible para los que la juzguen desde la distancia o la paz. ¿Seguir los designios de un dios, con o sin mayúsculas? ¿Pretender instaurar una democracia eliminando a un tirano? ¿Exterminar a los propietarios de unas tierras bajo la ambición de la conquista? Ante el atacante, el defensor de la posición amenazada no tiene que alegar nada, más que su voluntad de que las cosas sigan igual que estaban. Rebus sic stantibus.

En un estupendo y documentado repaso a las circunstancias y actitudes previas a la guerra de factura más elegante -entre naciones civilizadas avanzadas- de las dos guerras mundiales que la Humanidad ha soportado hasta ahora, “Sonámbulos (Cómo Europa fue a la guerra en 1914)”, Christopher Clark advierte ya en la Introducción que “su misterio” (el de por qué los Estados se enzarzaron en esa guerra de apariencia evitable) “se encuentra en todas partes, en los sucesos oscuros y retorcidos que hicieron posible semejante carnicería”.

El lector libre de prejuicios no encontrará dificultad en detectar misterios de insondable naturaleza en la guerra de Irak (Operación Libertad Iraquí, para Estados Unidos), cuya justificación, para la mini-coalición liderada por el presidente norteamericano G. Bush y secundada por los responsables de los gobiernos británico y español (T. Blair y J.M. Aznar) fue que el régimen de Saddam Husein estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM), violando el Convenio de 1991.

Resultó falso. Aunque Husein fue apresado casi de inmediato (y ejecutado en diciembre de 2006), la guerra duró ocho años (desde marzo de 2003 a diciembre de 2011). No fue ni siquiera una guerra que terminara con la paz, sino que se continuó con la guerra civil entre sunitas y chiítas, las ocupaciones de Al-Qaeda en parte del territorio, …se desparramó la conflictividad sobre Siria, Irán y otros Estados vecinos y, además de costar varios billones de dólares, sirve desgraciadamente de eventual preparación para un conflicto de mayor envergadura.

¿Sería el conflicto sobre las fuentes energéticas, representado, por ejemplo, caricaturescamente como enfrentamiento entre Irán e Irak, la mecha precisa para que superiores intereses concreten la tercera guerra mundial o habrá que introducir a Israel en el cóctel explosivo? ¿Vendrá como consecuencia de la escalada en los ánimos pendencieros de los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, deseosos según parece de probar su potencia nuclear? ¿Resultará de la disputa por el llamado Mar de China o, tal vez, por los recursos por explorar de las zonas árticas? ¿Se asumirá como natural el ascenso aparentemente imparable de China para constituirse en el dominador de los mercados del mundo, incluidos los recursos de Africa? ¿Será la consecuencia de la resistencia no negociada para contener el ansia de Putin por reconstruir una nueva URSS?

No faltan razones para vislumbrar la escalada en conflictos que ya se encuentran enunciados. Y no hace falta advertir sobre las tensiones que provocará la mayor presencia de las consecuencias del cambio climático, el aumento de la sequía, de la hambruna o de epidemias, y la presión de los movimientos demográficos derivados de guerras locales, persecuciones tribales, causas naturales, etc.

Si me detengo en poner de manifiesto cuestiones bien conocidas, es únicamente para volver a una cuestión que figura ya como punto de partida de esta miniserie de artículos sobre Ejército y Sociedad civil, que he venido particularizando hacia España. De la relación de posibles amenazas detectadas a nuestro Estado de Derecho, son tres las que merecerían atención especial: el terrorismo de base islamista, la escalada de tensión migratoria sobre nuestras fronteras (las europeas) derivada de la hambruna, falta de perspectivas, guerras tribales y penuria general del Africa subsahariana y las posiciones separatistas no constitucionales.

Si pretendemos analizar las opciones defensivas a cada una de ellas desde la perspectiva de actuación de las Fuerzas Armadas, nos encontraremos con la necesidad de vincular cualquier medida militar con profundas y muy delicadas decisiones tomadas desde la sociedad civil.

Los terroristas con potencialidad de actuación en el territorio español son protagonistas de lo que se ha convenido en llamar “situaciones de cisne negro”, esto es, sucesos de imposible previsión, pues provienen de individuos adoctrinados por múltiples vías, lobos solitarios, fanáticos o enajenados sin criterio, dispuestos a inmolarse incluso y, en lo que importa para adoptar una posición defensiva, capaces de utilizar cualquier medio con el que hacer daño indiscriminado. El objetivo enarbolado por el mal llamado Estado Islámico es por supuesto, imposible -no tendrá jamás viabilidad-, pero hay que contemplar la posición de defensa desde la cobertura de protegerse contra la sensación de terror que pretenden provocar los terroristas en la sociedad.

Poco puede hacer el Ejército en esos casos, y sí, en cambio, la actitud preventiva, vigilante, activa, de la población civil y, desde luego, la concienzuda investigación y seguimiento de la policía y medios de seguridad sobre los focos de adoctrinamiento,  allí donde crezca la segregación racial, la marginación, la incultura y el odio o desprecio al diferente.

Llamo la atención sobre las dificultades del Estado para detectar la evolución de los métodos del terrorista y aplicar efectivos métodos de defensa. En un libro cuya lectura resulta hoy extremadamente ilustrativa y curiosa, “A mano armada (Historia del terrorismo) de Bruce Hoffman, escrito en 1998, se afirma que “el éxito del terrorista depende de su capacidad para mantenerse por delante (…) de la tecnología antiterrorista”. Las estructuras mentales reales o imaginadas de los componentes de los grupos terroristas dirigidos a actuaciones independentistas (teóricamente, al menos), como el IRA y ETA, ocupan parte del análisis.

El enfoque novedoso del autor, (en un momento, me es preciso enfatizar, en que se estaba lejos de imaginar atentados como el que ocurriría en 2001 como el de las Twin Towers), sin embargo, se dirigía contra el “terrorismo de Estado”, y ponía de manifiesto la ineficacia de las medidas que se habían adoptado contra los países que entonces se tenía detectados como instigadores de estas actuaciones: Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. Proponía, en consecuencia, una revisión sustancial de método y procedimientos. Cualquier lector con la perspectiva de los acontecimientos posteriores a la publicación del libro puede confirmar que, dos décadas después, la conclusión sigue estando vigente.

Si enfocamos la vista hacia los Estados desestructurados, en donde la corrupción, la tiranía y el expolio interno parecen primar, las actuaciones de las Fuerzas Armadas se tiñen de delicados presagios, que exigen un análisis más detallado, que abordaré a continuación.

(continuará)

Un mirlo común, camuflado entre las ramas de un tejo, devora algunos de sus frutos preferidos. Como ya comenté en otra ocasión, los niños comíamos la pulpa de esos frutos, de sabor dulce, inconscientes del alto poder como veneno de todas las demás partes del árbol.

Inocentes

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No defiendo que a los niños se les haga creer en fantasías, aunque me gusta la ceremonia de ilusión colectiva en la que la tradición y la política han convertido en España, la llegada de esos personajes imaginarios que son los Reyes Magos de Oriente.

Tengo, tal vez, que explicarme: me parece, por un lado, lamentable, la movilización de una gran parte de los adultos (casi todos los que tienen hijos menores de siete años) para comprar juguetes, cachivaches, libritos con intenciones mercantiles y ¡hasta falsos animales que defecan o gorjean! sin otro criterio selectivo que tratar de satisfacer los deseos que la publicidad o el ansia de emulación del infante vecino ha implantado en sus hijos, sobrinos o nietos.

Encuentro, por otro lado, muy interesante, el ambiente de solidaridad, de confraternización ante lo mágico, de fiesta familiar sin distinción de clases, de emoción compartida entre adultos y niños, que suponen, en concreto, las cabalgatas de Reyes. Al estar desde hace décadas, televisada, esta ceremonia del disfraz, la magia y el engaño, contando con la presencia de alcaldes/alcaldesas y otros principales y secundones de las poblaciones agraciadas con la escenografía del cuento, adquiere categoría epistemológica.

Me encanta por cuanto supone ahondar en la inocencia culpable de nuestra sociedad, exhibir el inmenso desbarajuste sobre el que construimos lo cotidiano, que subrayan con el lápiz rojo de sus palabras apócrifas, las alocuciones de Sus Majestades y autoridades reales, prácticamente intercambiables. Se trataría, en fin, de una oportunidad de oro -fallida, por supuesto- para soñar en un mundo diferente. y lanzar un mensaje social, de igualdad y de alegría,  de compromiso por hacerlo todo mejor y más justo, impulsado en los deseos de felicidad para los más pequeños de la tribu.

Que no haya ningún niño sin juguete, ningún adulto sin trabajo, ningún insolidario sin castigo.

Como lo comercial lo empaña todo, viciándolo, la festividad neutra de los Reyes Magos se ha convertido en una exhibición más de la discriminación entre niños ricos y pobres, entre padres inteligentes y despistados, entre humanos crédulos y suspicaces… Las empresas y gentes del comercio utilizan, por supuesto, la oportunidad,  y algunos han amontonado pruebas fehacientes de su codicia. Por todas partes surgen Reyes magos falsos, Papás Noel de pacotilla, niños Jesús de plástico y sonrisa bobalicona:  en cada esquina, en cada tenderete del templo del dinero, en todas las  galerías comerciales engalanadas con luces y fanfarrias para festejar la llegada del dios del consumo.

La plaza del vivir se llenará durante unas semanas de barbas postizas y coronas de papel, Baltasares de piel blanca pintarrajeados de betún tan creíbles como quienes llevan dentro un negro verdadero, se instalarán tronos de cartón piedra, árboles postizos, candilejas, sillas, caramelos, compitiendo todos por aparentar ser más felices, más despreocupados, mejores, más familiares, menos necios.

Volviendo a la realidad, es preciso puntualizar que no solo los niños son los inocentes, sino que los adultos somos culpables. En estas ocasiones, los adultos controlamos el alcance de su inocencia, mintiéndoles adrede, usando nuestra capacidad de convicción sobre ellos y su confianza. Los niños de corta edad ya saben que los  bebés no vienen de París ni nacen de una col, y han visto escenas (naturales, dice el manual) que a sus abuelos se les prohibió contemplar hasta entrados en la edad adulta y manejan móviles y ordenadores (en gran número) como si tal cosa. Pero los Reyes Magos, Papá Noel, el Belén, existen: traen regalos, ergo son veraces.

Buena ocasión para recordar que los adultos también estamos dominados por la inocencia, la credulidad, la falta de información. Caemos víctimas de los datos manipulados por quienes tienen el poder, dejando caer nuestra capacidad de análisis crítico ante el poder de convicción de lo económico. Renuncio a poner ejemplos concretos, pero no me resisto a dar algunos brochazos: en economía, en política, en religión, en derecho, en ciencia, …en todos aquellos aspectos de la vida en los que hay algún interés oscuro detrás, la probabilidad está del lado de suponer que se estará haciendo uso de nuestra posición de inocentes.

Varias cigüeñas acompañan a la cosechadora, acercándose a la máquina en movimiento  con peligro de ser arrolladas, aprovechando que el paso del artefacto levanta o deja al descubierto, a miles,  insectos, pequeños roedores, arácnidos, reptiles, batracios o polluelos, que se apresuran a engullir sobre el terrreno.

Ejército y sociedad civil (6)

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La Constitución española, aún vigente, dedica a las Fuerzas Armadas el ya citado artículo 8, delimitando el alcance básico de sus cometidos.

No se han presentado desde 1978, muchas ocasiones en las que la regulación constitucional (ya que no las leyes orgánicas que se han derivado de ella) sea el punto de referencia final para justificar determinadas actuaciones de los Ejércitos o para preguntarse el porqué de las omisiones o incumplimientos de ese ordenamiento superior.

Dentro del esquema que he pretendido para este conjunto de artículos sobre “Ejército y sociedad civil”, no quiero omitir algún comentario sobre la deriva separatista vivida desde las instituciones catalanas en 2017. La respuesta a la declaración secesionista del gobierno legítimo de la comunidad autónoma catalana, pero ilegitimado por faltar a su promesa de fidelidad constitucional, hubiera tenido acogida, no ya en la ponderada aplicación del art 155, sino que, apelando a la concreta dicción del apartado primero del art. 8, hubiera podido justificar la actuación de las Fuerzas Armadas.

No se hizo así, aunque la misión encomendada constitucionalmente a ese colectivo armado tiene una triple derivada: 1) garantizar la soberanía e independencia de España; 2) defender su integridad territorial y 3) (defender) el ordenamiento constitucional.

No precisa prolijas explicaciones para entender cuál es el método que la Constitución prevé para la plasmación práctica de esas severas funciones  de las Fuerzas Armadas, concebidas como “ultima ratio” para forzar la aplicación de la Norma,  ante cualquier intento de secesión o vulneración del “ordenamiento”: no sería, evidentemente, encomendarles la negociación política, que sería función de los partidos políticos y del Gobierno, y que, si se llegara a ese punto, se entenderían han fracasado.

Se trata del ejercicio de la fuerza que trae consigo la tenencia y autorización para el uso de las armas. A modo de cláusula de cierre imprescindible, y siguiendo la dicción de otras Constituciones de las que la nuestra toma su ejemplo, es al jefe del Estado  a quien se encomienda (art. 62, apartado h de la Constitución, “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Tiene toda la lógica constitucional, el admitir que, ante la grave amenaza para la estabilidad y esencia del Estado, debe ser quien encarna su máxima representación (con los refrendos que para el caso crea imprescindibles), quien detenta la jefatura del mismo, -en España, Su Majestad el Rey-, dl que ejerza la autoridad que exige el caso, con todas las consecuencias.

Me parece que la decisión que se adoptó (la vía del art 155 y la convocatoria de elecciones autonómicas) ha sido la más prudente y adecuada a la sensibilidad social del momento. No ha solucionado el “problema catalán”, pero no lo ha complicado, puesto que ha dejado claro que las actuaciones anticonstitucionales no son admisibles por el orden jurídico. Que parte de la sociedad catalana ´la mitad de los votantes- estime que la separación del resto de España es un derecho que le asiste, y que se exprese con gran violencia verbal y presión ante las instituciones del Estado, es -utilizo un adjetivo prudente- preocupante.

He puesto de manifiesto la fórmula constitucional que regula las actuaciones de las Fuerzas Armadas españolas, contraponiéndola a una concreta, y real, situación, para referirme a la deriva que se ha producido en este país, como en otras democracias avanzadas, en cuanto al papel del Ejército frente a las diversas fuerzas de seguridad (policía nacional, autonómica y local, empleados de compañías creadas para protección de bienes y personas, etc.). Existe una tendencia consolidada a configurar y concentrar la protección civil, la defensa de la seguridad interior, a la policía y a otros cuerpos y fórmulas -armadas o no, relegando al Ejército a actuaciones exteriores.

Esta deriva exige una revisión sustancial. Por ello, la forma de ejercicio de  y activación de puntos de encuentro entre el Ejército y la sociedad civil es no solo necesaria, sino que debe verse como la consecuencia lógica de un reconocimiento: no existe Ejército ni estructura de Defensa independiente de la sociedad civil. Esta afirmación puede aparecer a algunos como exótica, pues la tradición ha venido a consolidar una forzada separación entre lo que no es sino uno de los cometidos profesionales de las sociedades humanas, que, como todas, ha ido modificándose y perfeccionándose con el tiempo. A nadie se le ocurriría hablar de “ingeniería y sociedad civil” o “derecho y sociedad civil”.

Las consecuencias de esa visión integradora han de ser múltiples. Por una parte, recuperar o implementar la “visión natural” de las cuestiones de la Defensa por parte de la ciudadanía ayudará a la mejor comprensión de la carrera militar, que ha venido siendo entendida como vocacional y en la que, esencialmente en los puestos más altos de la escala de mando, ha sido y es habitual encontrar sagas familiares.

No hay que ver en esa devoción formal hacia la hipotética “vocación” algo peculiar de los Ejércitos, ya que afecta a todas las profesiones de prestigio, ya sean notarios, jueces, ingenieros, médicos, etc…La traslación de poder de padres a hijos, entrelazando generación tras generación niveles de influencia y poder no es sino un déficit de todas las democracias.

El sentimiento de solidaridad con el Estado, la recuperación afectiva del concepto de Patria es imprescindible. No es un concepto ñoño, trasnochado ni infeliz, en mi opinión. Está en la base de la comprensión del fenómeno social, de la capacidad de actuación como conjunto sólido y coherente de una población para hacer valer su derecho a prosperar bajo sus propias convicciones, enmarcadas en un espacio más amplio, pero sin perder su identidad.

Este principio emocional no lo hago coincidir con la vocación de defensa de la Patria ni de cualesquiera ideales éticos o deontológicos, y, por ello, no me puedo imaginar que, a priori, existan miles de seres humanos que lleven su cariño hacia los principios más nobles de la naturaleza, exacerbando su voluntad de sacrificio hasta morir por ellos en beneficio de sus semejantes. La cualidad de héroe surge ante circunstancias concretas, excepcionales; cierto que solo unos pocos -o nadie- se comportan en esos casos con esa capacidad de desprendimiento o enajenación del yo, pero no me parece que el futuro héroe tenga consciencia previa de su posibilidad de llegar a serlo.

El Ejército no se forma con esforzados que desean hacer carrera para, llegado el caso, morir por una noble causa. Los militares han de ser profesionales que han elegido ser militares por móviles similares a los que a otros han llevado a aceptar y especializarse en otro trabajo. Estamos lejos de las batallas en que era precisa la lucha cuerpo a cuerpo, y el ardor combativo descansaba en confusos mecanismos en los que se mezclaban seguramente perspectivas de botín, alcohol, drogas, y arengas incendiarias.

Aquellos  “nobles ideales” que guiaron los Ejércitos y los objetivos del pasado se han despersonalizado. El enemigo se ha vuelto difuso, impreciso. Los objetivos de defensa son compartidos extraestatalmente, según sean las amenazas identificadas, y no siempre por los mismos compañeros de viaje. Para los países intermedios, como España, la situación de dependencia en relación con la amenaza -real o forzada- de un conflicto entre las grandes potencias, complica aún más la adopción de decisiones respecto a la formación y dotación de los propios Ejércitos.

Lo óptimo sería, desde luego, que no existiera el conflicto. Si se presenta, lo deseable es que el campo de batalla esté lo más lejos posible. Y si se hace imprescindible enviar efectivos propios, lo fundamental, tanto como conseguir la victoria, es alcanzar el objetivo de retornar con “bajas cero”.

(continuará)

Si bien la fotografía no permite la clara identificación, se trata de una hembra de papamoscas cerrojillo (ficedula hypoleuca). En Madrid, donde fue tomada la instantánea -y en el jardín de mi casa- tiene una pareja de estas nerviosas aves su área de cría regular, desapareciendo en el invierno.