A última hora del día 29 de marzo de 2020 el Gobierno dio publicidad a dos Decretos por los que, prácticamente se suspendía toda actividad empresarial y comercial (salvo servicios mínimos tasados) hasta el 9 de abril, si bien ordena a los empleadores que sigan abonando las nóminas a sus trabajadores, indicando que esas horas deberán ser recuperadas cuando termine el confinamiento por el coronavirus. No hace, sin embargo, ninguna referencia a bonificaciones fiscales (al menos, no relevantes). Los Decretos tuvieron un complementario en el que se precisaba -para algunos comentaristas, se contribuía a la desorientación causada por los anteriores- el alcance de la suspensión de actividades, ampliando el espectro de industrias básicas que podrán seguir activas.

Por su parte, la Ministra responsable de Hacienda recordó en varias entrevistas telefónicas que el Estado necesita ingresos y que, por tanto, los impuestos deben abonarse, porque “no puede pretenderse que el Estado cargue con todo el peso de la economía”.

Las medidas de paralización empresarial tienen un objetivo definido, expresado por el Gobierno: conseguir que la paralización de la actividad empresarial permita contener el avance de la pandemia en España, “según las directrices científicas” -así se viene expresando la referencia, ahora mítica, a un misterioso grupo de personas capaces de entender en el maremágnum de confusión al respecto, sacando consecuencias aplicables a nuestro sufrido país. Por supuesto, el desorientado sufridor en casa, puede preguntarse, sin respuesta, porqué las directrices científicas de países tan relevantes como Reino Unido, Estados Unidos o Rusia (por citar solo algunos) desaconsejan -o desaconsejaban, que los palos de ciego provienen de muy variados ámbitos- paralizar la economía, e incluso han dudado, -o todavía dudan-, en tomar medidas de restricción a la circulación.

La intoxicación crece día a día. Una falsa noticia ilustraba (esto es, desorientaba) sobre una llamada de atención que nunca se produjo, hace cinco años, sobre los experimentos en murciélagos de los epidemiólogos de Wuhan con el coronavirus. Desde un pequeño país, la República Checa, se jactan de estar controlando la difusión del coronavirus porque todos, absolutamente todos, los ciudadanos llevan mascarilla, incluso realizadas por sus medios caseros. Desde luego, nadie puede creer que un país de 1.700 millones de personas (China, pero me vale India) haya contenido el avance del virus con solo medidas restrictivas a la circulación de personas en la provincia de Hebei (que tiene más habitantes que España). Las cifras de infectados y fallecidos que proporcionó y sigue proporcionando el gobierno chino son, ya que no podemos decir directamente que son falsas, increíbles.

Querido lector, me importa en este momento menos la difusión de las diferentes maneras de expresar nuestro desconocimiento. Que se trata de un virus muy agresivo, con difusión muy fácil, que afecta mortalmente a una parte de la población -preferentemente, a ancianos de más de 80 años (más si están recluidos en residencias), y a personal sanitario (cuando están dedicados al tratamiento de los infectados). Muchos se infectan (aunque no tantos como cabría suponer si aceptamos una gran facilidad de contagio) y la mayoría no tienen síntomas. Los que son derivados a los Hospitales, porque su estado es grave, han colapsado o situado al borde del colapso el sistema sanitario, y la gran mayoría se curan.

Me importa ahora más la necesaria recuperación de la economía, porque no me apetecería salvarme del coronavirus pero fallecer de inanición o víctima de una revuelta social.  Se avecina una crisis económica sin precedentes, en las que, como consecuencia directa de las medidas adoptadas para atajar el avance de la pandemia, habrá un bloque que saldrá del mismo con ventaja sustancial. Me refiero a China y a los países de la órbita comunista (o, si se prefiere, de economía centralizada). Este escenario imaginable solo en la teoría de lo que sería el resultado de una guerra vírica en la que el país atacante tuviera el control de la vacuna por el virus que se ha encargado de difundir, es el que vamos a vivir.

Es momento especial, en el que, sin paliativos, es imprescindible una amplia concertación social y económica. No deben ser admitidas discrepancias. El Gobierno actual, cuya actuación ante la crisis pandémica habrá de ser juzgada pronto (y tengo muchas indulgencias para quienes, sin preparación ni formación previa, han afrontado a pecho descubierto el mayor atentado a la estabilidad y solvencia de nuestro sistema sanitario), debe ceder paso a acuerdos de concertación. Discrepo con las posturas de beligerancia política. No caben en este momento, ni tampoco las posiciones de cerrazón y maximalismo de los equipos en el gobierno. No me importa que quieran hacerlo bien. No pueden y tampoco saben salir del embrollo económico-social, porque les supera. Supera, en verdad, a cualquier opción política.

(seguirá)