Al socaire

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Archivo de noviembre 2017

Ciudadanos

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La necesidad de un reajuste del espacio político español es urgente y, aunque no alcance ecos ni fanfarrias, clamorosa. Existen, como se detecta sin esfuerzo, problemas internos de liderazgo, aunque lo que resulta más grave es la escasa devoción externa que provocan dirigentes más bien grises, cuando no sospechosos de corrupción, adictos a la revolución contra constitucional, o confusos y variables en sus postulados ideológicos.

Sospecho que esta ausencia de carisma viene provocada, además de por déficits personales, por las carencias, solapamientos e incongruencias, de fondo y de forma en los programas de los partidos.

Con el partido de Gobierno sometido a la presión judicial de procesos que confirman la teoría conspiratoria de su financiación irregular y con la imborrable sospecha de que han sido muchos los representantes del pueblo que han puesto sus manos en el camino entre las arcas públicas y los contratistas de obras y servicios, es difícil sustraerse a la sensación pegajosa de que los tentáculos de la corrupción son alargados y correosos…

El mal de la gestión pública interesada parece venir de antiguo -no solo en nuestro país,  claro está- y, por  ello, resulta más consustancial con el conservadurismo, esto es, con la derecha. Pero no hay que engañarse: el riesgo de que los poderes públicos tomen decisiones con las cartas marcadas es la combinación del propio poder y de la ausencia de controles. Por tanto, puede afectar tanto a diestra como a siniestra.

La regeneración política  ha de teñirse  de honradez, aunque es más importante para todos que aporte ideas.

Por el centro/centro derecha, con Ciudadanos hay más verbo que sustancia. Albert Ribera, tiene buen decir y excelentes maneras parlamentarias, y se encuentra bien secundado por Arrimadas y otros. Intentó un golpe de mano con el PSOE de Pedro Sánchez y, pasado el tiempo, aún no soy capaz de dilucidar a quien perjudicó más pues dejó a ambos partidos con la huella del contagio con lo que no gusta del otro a sus simpatizantes.

Es hora de cambio, sin embargo, y ha de venir (no hay otra) por la izquierda.  La viabilidad de la sustitución de viejos odres por nuevas vasijas no es, sin embargo, sencilla. La resistencia coriácea de los avezados paquidermos de los partidos tradicionales es estupenda, goza de buena salud.

Aunqueno se les vea, controlan muchos reductos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida (PC?) y, naturalmente, de los partidos regionalistas.

En el terreno de la izquierda moderada la ambigüedad es tremenda y la fuerza de voto directa, escasa. El problema de fondo es aquí que la mayoría de los impulsos juveniles de cambio se han alineado (y, aunque mutando, siguen ahí) con la simpatía y frescura que irradiaba de Podemos. La realidad ha puesto muchas dudas  en ese movimiento de cambio revolucionario,  lo que no le quita fuerza ni atractivo, porque no aparecen alternativas que maticen la diferencia entre revolución y evolución.

El acceso de la izquierda al gobierno obliga a pactar entre partidos cuyos líderes se esfuerzan hoy en marcar diferencias, muchas veces teñidas de descalificaciones personales. Con esa actitud, no se ve el camino de salida; solo el discurrir por el laberinto.

Los partidos independentistas con base regional no lo tienen mejor, aunque en este caso la cuestión proviene, no ya de la repulsa que provoca en parte de los  votantes, que sustenten ideas insolidarias con el resto de España, sino de su incapacidad para plantearse seriamente la viabilidad económica de su modelo, faltos de tamaño crítico, con servicios asistenciales que cada vez demandan mayor aporte de medios y, por tanto, resultan más caros.

Opino que la mayoría de recambio debiera configurarse en torno a un proyecto de minimos, coherente, práctico, adecuado al modelo de futuro que precisamos como Estado intermedio, y olvidar los extremismos ideológicos,las descalificaciones personales, y las fantasías irrealizables. El tropel que levanta el polvo del camino no se asemeja al ordenado grupo de eficientes representantes que precisamos, no ya para avanzar. Para que los intereses ajenos no nos aplasten.

Cuidado: acabo de leer en un diario que los noruegos llaman a  “cometer una infracción de tráfico”, “hacer una españolada”. Una nueva Leyenda Negra se puede estar teniendo utilizando nuestra reiterada incapacidad para ponernos de acuerdo en lo importante. Sea lo que sea.

 

Presos

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Me parece que. como colectivo, hemos demostrado, una vez más, la persistencia de una perversa cualidad en la que los españoles somos expertos. La de destruirnos. Lanzarnos por el camino de lo inabordable, de lo estéril, de lo ridículamente cruel, de lo que nos hace daño.

El análisis de los porqués de la actuación de las masas está tan profusa y certeramente hecho por cualificados sociólogos y filósofos, que ni siquiera hace falta esgrimir referencias históricas, valoraciones de otros. Lo sabemos bien todos, lo tenemos interiorizado. La sociedad dirigida se convierte en anónima, es susceptible, puede derivar entre sumisa y beligerante. Se configura como un magma. Una mezcla pegajosa de envidias, odios antiguos, malformaciones de criterios, ignorancia y, sí, desprecio al que sabe más, al que se mueve por principios. En última instancia, a la ética.

Puede que no seamos únicos y que el mal esté extendido como propiedad de la especie humana. Pero, si eso fuera así, estamos en el grupo de cabeza de los países que presumen de ser (tampoco estoy seguro de por qué) los más civilizados.

Cierto que no hemos participado oficialmente en ninguna de las dos últimas guerras europeas, pero llevamos sobre nuestras espaldas el estigma de una guerra civil, con heridas que todavía duran, que supuran y duelen.

Cierto que otros países nos veían como ejemplo de evolución democrática desde una dictadura longeva, pero resulta que la mitad de la población de una de nuestras regiones más prósperas, está convencida de que el resto del país les roba, y de que les privamos de las libertades más elementales.

Cierto que nuestra Constitución es garantista, pero su aplicación es permisiva y toleramos partidos políticos que defiendan intereses contrarios a la misma, y proclamamos con decisión que la ley es igual para todos, pero no dudamos en encontrar huecos por donde pretendemos se diluya nuestra responsabilidad, actuando de juez y parte.

Cierto que nuestros profesionales -ya sean médicos, ingenieros, filósofos, escritores, qué se yo)- son apreciados por su formación cuando trabajan en el extranjero, pero no somos capaces de encontrarles sitio entre nosotros, y dejamos que emigren con los brazos cruzados de insulsa resignación. ¡Ya volverán, más sabios, y les acogeremos con los brazos abiertos! ¿Sí?

Cierto que nuestros representantes políticos consumen muchas horas (y ganan sus dineros) hablando de cómo resolver los principales problemas que nos asolan y acongojan -el paro, la amenaza de quiebra del sistema de la seguridad social, la intolerable mancha creciente de la corrupción, el lento funcionamiento de la administración (incluida, por supuesto, la justicia), la desigualdad social, etc.- pero no son capaces de proponer ninguna solución práctica. ¿Nuevo Pacto de Toledo, con qué agentes? ¿Consejo Asesor, de qué y con quiénes? ¿Consejo de Rectores para qué, para que cada Universidad haga lo que le apetezca? ¿Igualdad en los servicios básicos, independientemente de la Comunidad Autónoma , de qué forma?¿Control de grandes fortunas, por quién? ¿Estímulo a las empresas, con qué criterios y para potenciar qué sectores? ¿Defensa ambiental, sin calcular los costes ni exigir responsabilidades?…

Cierto que tenemos millones de conciudadanos que pasan penalidades, que no tienen acceso a las mismas ventajas, que son oprimidos por los que están más arriba, pero tranquilizamos nuestras conciencias (si no estamos afectados) argumentando que algo habrán hecho, que las oportunidades están ahí, que no es nuestra responsabilidad sacarles del apuro. Ya existe Cáritas, las asociaciones benéficas, la solidaridad particular, ¿verdad?

Estamos presos. De nosotros mismos.

Por qué en Catalunya: Séptima entrega. Final

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Termino esta serie de comentarios, en los que pretendí ofrecer una visión personal aunque no mediatizada por nada ni por nadie, de la grave situación que se ha generado en Catalunya. Pongo punto final, no porque se haya llegado a una solución ni porque se atisbe ésta siquiera. Lo hago porque, sencillamente, no quiero aparecer involucrado en la escalada de desencuentros y descalificaciones que, lejos de utilizar pasarelas ideológicas que posibiliten diálogo y acuerdos, se empecina en profundizar en irrelevantes diferencias, y estériles, por inapropiados a este momento, enfoques de la cuestión.

Qué situación de charanga y pandereta en un contexto que demanda tanta seriedad y solvencia. El ex president Puigdemont, y cuatro de los ex consellers de su Gobierno, fugados a Bélgica, se encontraban, al principio del día de hoy, 5 de noviembre de 2017, en busca y captura. A esta hora de la tarde, circulaba el rumor (convertido luego en realidad) de que se habían presentado ante un juez de guardia belga, dispuestos a empezar la resistencia procesal a la extradición para ser juzgados en España, lo que podría dilatarse varios meses.

El magistrado belga los dejó en libertad, con la única imposición de que deben permanecer en el territorio belga. Un galimatías procesal, una increíble internalización de un conflicto nacional en el que tantas empresas y familias están perdiendo poder adquisitivo y esperanza de futuro. Puigdemont anunció, desde su refugio, que se propone presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, convocadas como parte de la aplicación del art. 155 por el gobierno central. Mientras no se encuentre inhabilitado, podría, formalmente, aspirar a President. Cabe preguntarse: ¿Con un programa separatista, y para proclamación de una República catalana, aprovechando nuevamente una democracia en grado sumo tolerante y no inclusiva?

En prisión provisional se mantiene a los ocho consellers a los que el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional considera con riesgo de fuga y con suficientes indicios de haber cometido delitos de sedición, malversación y rebelión, habiendo actuado, según todos los datos de que disponemos jueces y resto de la ciudadanía, de forma coordinada y premeditada, es decir, con dolo.

La perspectiva penal para estos encausados, los ahora aún prófugos o sustraídos a la acción de la justicia española y los miembros del Parlament que están llamados a declarar el próximo jueves, 9 de noviembre, es muy gris: en el más favorable de los casos, de confirmarse la imputación, estarán quince años en la cárcel. El futuro penal de los responsables de las Asociaciones populares ya encarcelados preventivamente, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, no tiene mejor cariz. Los partidarios que se movilizan en la calle pidiendo su liberación parecen estar deseando una amnistía, lo que es, además de improcedente, legalmente imposible, pues el Gobierno no puede interferir en las decisiones de la Justicia, sin quiebra del estado de Derecho.

Leo la opinión de algunos comentaristas que abogan por la salida del galimatías con base en la revisión constitucional, luego de un período de negociación y análisis entre los partidos, y siguiendo los trámites que prevé la actual Norma Suprema para su modificación, en el supuesto agravado de su modificación sustancial. No creo que esto sea la solución al problema que se ha creado en Catalunya, como no me parece admisible que el Estado de Derecho se doblegue ante la clara infracción de sus normas penales en la que han incurrido, a sabiendas, y con consciencia de los efectos que podrían causar con su actitud, los representantes de los partidos separatistas.

Estamos, pues, en una encrucijada de la que solo se podrá salir con serenidad, tiempo, y con el fortalecimiento de los cauces de representación de la sociedad civil pacífica, constructiva, seria. En este país que ha sido modelo en tantas ocasiones de tolerancia, de solidaridad, no debería ser difícil si se encontraran -y han de surgir, y lo antes posible- líderes convincentes. Porque solo los intolerantes, los fanáticos, los inconscientes, pueden tener interés en reabrir heridas por las que surgiría, como un fantasma redivivo, el espectro de la guerra civil y el desentendimiento entre españoles.

He escrito estas notas desde el inconmovible afecto a la unidad de España, con la convicción de que el mapa regional está confeccionado con grandes desequilibrios que imposibilitan la consecución de la igualdad en los parámetros de gestión de los servicios y, por tanto, sus resultados. Lo suscribo desde la constatación de graves despilfarros en nuestra Historia reciente, en infraestructuras. en subvenciones y en la ejecución de los programas educativos, sobre todo. No es este, desde mi propia perspectiva, un análisis acabado y, muy seguramente, adolece de errores patentes a terceros.

Soy firme partidario del diálogo, del uso de la capacidad de convicción y de la prudencia en la toma de decisiones que no se sustenten en el conocimiento y, en su caso, no cuenten con el apoyo de las inmensas mayorías. El gobierno de Catalunya nos ha dado recientemente, ejemplo lamentable de lo contrario. No me duelen prendas en admitir que el gobierno de España no ha estado, en la tolerancia por el avance del proceso secesionista sin tomar medidas de contención, a la altura que demandaban las circunstancias.

Tiempo para restaurar la convivencia y hacer balance de los platos rotos. Urge cambiar los interlocutores por nuevos representantes que no estén ni cansados ni condicionados por sus actuaciones precedentes. La sociedad española, en la que está integrada la catalana, y la vasca, y la andaluza, y la gallega, y todas las ascendencias regionales que conforman la nación integradora de diferencias que es España, tiene ante sí un nuevo reto. En un momento económicamente delicado.

El bloque que pretende lograr la independencia para Cataluña agrupa a la burguesía y a la izquierda revolucionaria. Una combinación contra natura cuya solidaridad ocasional trae males presagios. La superación del dislate sin más daño abrirá la puerta a un futuro mejor, a otro período de paz social y desarrollo concertado. Apliquémonos al objetivo. Si alguien quiere quedar fuera, solo suya sea la culpa y no espere de nosotros el perdón.

FIN

Porqué en Catalunya: Sexta entrega

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No es posible emitir un posicionamiento sobre la cuestión catalana haciéndolo descansar únicamente sobre la crítica (o el apoyo) a los fundamentos históricos que sirven a los defensores de la singularidad de ese territorio español para justificar su condición de nación con voluntad popular de independencia.

Se trata, en realidad, de un estado larvado de origen o raíz genuinamente clasista, que ha tenido un desarrollo rápido -en apenas diez años- debido a la coincidencia de varias circunstancias que permitieron desplegar la consciencia popular “de la diferencia”, alimentada y potenciada con nuevos componentes, la mayoría, falaces, hábilmente presentados por los partidos que gobernaban la Región Autónoma. Entre esos eslóganes de fácil memorización y, por tanto, susceptibles de alcanzar la máxima repetición sin precisar de análisis, figuraban en lugar destacado los de “España nos roba” y “el Gobierno de España nos margina y maltrata”.

España y Cataluña se fueron configurando, en un proceso de distanciamiento forzado, lleno de errores, desencuentros y mitos, como dos entidades contrapuestas. En mi modesto repaso a los principales elementos que han hecho estallar el asunto diferencial, hasta situarlo de máxima actualidad, llevándolo a la declaración de independencia, el análisis histórico, incluso distorsionado, no ha sido lo relevante para la movilización popular de los “genuinamente catalanes” frente a los demás españoles.

Los argumentos del catalanismo separatista descansaron, progresivamente, en la alimentación de sentimientos que combinaban la creencia en ser pueblo elegido y perseguido al mismo tiempo. Los portavoces más cualificados atribuían, sin necesidad de explicación, incomprensión ajena del hecho diferencial y caracterizaban al resto de ciudadanos españoles, también sin fundamento demostrable, como beneficiarios globales injustos de la explotación de la superior capacidad, inteligencia y creatividad catalanas.

No fue la Historia la clave separatista. Ha pesado mucho más la economía, -la pela-, y, como hijastra, la deficiente administración de los recursos transferidos, con despilfarros flagrantes, de forma que el gobierno de la Generalitat encontró dificultades serias para mantener algunos servicios con altos niveles de calidad, déficit de gestión que se atribuyó, en la más genuina esencia del buco emisario, por supuesto, “a España”.

El problema creció por ambas partes del pastel. El partido que, durante años, se había arrogado la representación del espíritu catalanista, Convergencia i Unió, consiguió mantenerse en el gobierno de la Generalitat durante décadas, y ofreció siempre un apoyo interesado al partido con implantación en toda España, cuando le faltó a éste mayoría suficiente para formar gobierno central. No importaba el signo ideológico. El intercambio de cromos, nunca inocente, ya fuera con el PP o el PSOE, alimentó la singularidad, despojando al Estado central de capacidad de actuación -¡y control!- en todos los sectores clave.

Faltaba solo poner un nombre al proceso secesionista que consolidara la cualidad de nación independiente, y la oposición constitucional a la revisión del Estatuto, encabezada por el President José Montilla, un iluminado que creía poder dotar asi al PSC-PSOE de una nueva vida, consumó la ruptura entre catalanistas y españolistas. Los primeros sintieron la declaración de anticonstitucionalidad a un par de artículos (y párrafos del Preámbulo) como una agresión. En verdad, la batalla civil estaba planteada con toda crudeza.

La pólvora que estaba sirviendo para explotar los apoyos del Estado en Cataluña, estaba tan bien distribuida y alimentada, que, ni resultó afectado el procés por el descubrimiento de uno de los mayores focos de corrupción desarrollados en España. Un tsunami potencial que afectaba -y el estado de Derecho no ha sido aún capaz de precisar en qué medida-, no ya  al ex Honorable ex President de la Generalitat, Jordi Pujol, a su familia, sino al Partido y a muchos de sus dirigentes. Convergencia y Unión resultó inviable.

El malabarismo político se aceleró. El hoy ex President Artur Mas, que, junto a otros miembros significativos de Convergencia se había reconvertido al Partit Demócrata Europeo Català (PDeCAT), aceptó ceder ser cabeza de fila en la negociación para formar Gobierno después de las elecciones de 2015, para que un oscuro político, Carles Puigdemont, fuera President. Fue necesario el apoyo de dos coaliciones con inocultada voluntad secesionista: la anticonstitucionalista Esquerra Republicana (ERC), y la decididamente antisistema Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El apoyo se completó con la seudoconstitucionalista Catalunya Sí que es Pot, que amalgama diputados de variados extractos ideológicos (Podemos, ICV, Esquerra Unida y Equo).

La democracia y la tolerancia permitieron llegar a una situación  aberrante, aunque “legítima”: partidos con un programa claramente anticonstitucional habían alcanzado una mayoría escueta en el Parlament, y estaban decididos a imponer su revolucionario criterio de una forma “pacífica, democrática”, en cumplimiento de un “mandato popular”.

Los diputados de estos partidos, con el apoyo exterior de muchos alcaldes y, significativamente de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (que gobierna en la ciudad con la coalición Catalunya en Comú, que aglutina todos los partidos de Catalunya Sí que es Pot, salvo Podemos) refirmaron y consolidaron el apoyo popular a la secesión. Catalunya libre del yugo opresor de la España antidemocrática era ya más que un proyecto sin futuro.

Al ordenado totum revolutum secesionista se añadieron dos asociaciones de movilización al margen de los partidos oficiales,  Asamblea Nacional Catalana y Ómnium. Una amplia y fiscalmente oscura disponibilidad de fondos, sirvió y sirve para soportar la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017. Se programaron, cuidadosamente planificadas, amplias, y de impecable efecto, manifestaciones callejeras. Se expandió, contagioso, el clamor de que la región estaba mayoritariamente por convertirse en un Estado nuevo.

La historia coetánea sigue escribiéndose, aunque con letras desiguales, Ayer, 2 de octubre de 2017, la juez de uno de los Juzgados de Instrucción que conforman el brazo operativo de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en un Auto prolijo y, en gran parte, por lo que parece, escrito con anterioridad, escrito, sin duda, con plena consciencia de su gran trascendencia política, decidió la prisión provisional del destituido vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y siete de los ex-consellers.

El estamento judicial no mostró uniforme celeridad ni dureza, mostrando, no ya la independencia judicial, sino la disparidad o falta de homogeneidad de criteros de los magistrados. El mismo día, llamados a declarar, el Tribunal Supremo, concedió una semana más para preparar la defensa a los, también citados como investigados, miembros del Parlament (a los que su aforamiento conduce a ese órgano jurisdiccional). La intervención de la judicatura en el procés, como consecuencia de la aplicación del art. 155, añade -aunque no sorprendentemente- más leña al fuego de las posiciones de desencuentro entre secesionistas y constitucionalistas.

La medida cautelar adoptada con los miembros destituidos del Govern, es, procesalmente, la más dura de las posibles y, por ello, puede calificarse, desde la perspectiva política,  de una incomodidad añadida a la necesaria disminución de la tensión en Catalunya y a la recuperación de la paz social en toda España.

(continuará)