El año termina en Gaigé con buenas noticias para el Gobierno: la inflación parece haber encontrado su techo, el precio de la energía en esta última semana ha descendido a niveles de hace dos años; los Presupuestos generales para 2023 aprobados a finales de noviembre, que suponen un gasto record en las partidas sociales, de más de 270.000 millones de euro, reflejan un ambiente de básica sintonía entre los partidos que forman la coalición.
Este idílico paisaje contrasta crudamente con la inusitada tensión que se creó en la esfera política al conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de acoger el recurso de amparo presentado por el Partido Popular denunciando la irregularidad de que se incluyera en la tramitación de la ley de reforma de los delitos de sedición y malversación (parte del peaje pagado a los independentistas catalanes por apoyar las futuras cuentas), dos enmiendas que implican la modificación, por un lado, de la Ley 6/85 del Poder Judicial en cuanto al régimen de nombramientos del Consejo General, con vulneración de la Constitución, que exige la mayoría reforzada de 3/5 y, por otro, la Ley 2/1979 del Tribunal Constitucional, al eliminar el poder de este alto Tribunal para decidir sobre la adecuación de los nuevos magistrados que hayan de integrarse en él.
Estas cuestiones, en un ambiente general de desapego a los asuntos políticos -preocupada la gente por mejorar su propia capacidad para afrontar la crisis, y con una economía en recuperación después de la pandemia y oportunidades evidentes de generar y aprovecharse de la circulación de dinero negro-, acaparan escasa atención de la calle. Estamos en Navidad, el ambiente es festivo y las familias están dispuestas a echar mano de los ahorros forzados por dos años de confinamiento, sin pensar en el mañana.
En la votación sobre el recurso presentado por el Grupo Popular, los magistrados de ideología conservadora, con su exigüa mayoría, provocaron una Sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a extraer de la Ley en trámite las dos enmiendas. Los partidos populistas -dentro y fuera del Gobierno-, contrariados por una decisión que avalaban algunos serios antecedentes jurídicos (permita el lector que cite, sin más detalles, al desgraciadamente fallecido hace años, el magistrado Tremp (Pablo) que me fue presentado por amigos comunes) se explayaran en insultos inexcusables contra la independencia y honestidad de los magistrados. En Gaigé, la agresividad contra las instituciones alcanza cotas inaceptables, amparada por la permisividad y tolerancia ejercidas a favor de individuos que interpretan su oportunidad de dar opinión como un ejercicio de mendacidad e insania.
La capacidad para olvidar de los ciudadanos de Gaigé queda puesta de manifiesto en múltiples aspectos. No se conoce el resultado de la investigación acerca de los sobres con balas, con ojos ensangrentados o material deflagrante que, en otras tantas ocasiones, sirvieron para generar puntual alarma social distractiva. Sigue sin saberse el detalle y responsabilidades finales (y, por supuesto, en número exacto de fallecidos) en los sucesos de Melilla de junio pasado. Sobre la extraña carta publicada por el gobierno de Marruecos haciendo referencia a oscuros acuerdos sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y las reivindicaciones del Frente Polisario, que causó la ruptura de relaciones con Argelia y encareció la factura de gas, nada se sabe.
Su Majestad el Rey de Gaigé ha leído como aperitivo de la Nochebuena, su Mensaje de Navidad. Estuvo formal, más bien frío, ligeramente insinuante acerca de la gravedad de los problemas institucionales (¡cómo olvidar que parte del Gobierno es republicano e independentista!). Ya a nadie extraña que en una fiesta religiosa, no se haga ninguna referencia al sentido de la celebración: la filosofía cristiana, aún en un Estado aconfesional. debería estar presente.
