El análisis de la problemática vinculada al agua implica no perder de vista la complejidad derivada de la confluencia de factores económicos, sociales y ambientales sobre ella. Su distribución sobre la superficie terrestre es desigual, y las necesidades derivadas de la concentración de las poblaciones y, sobre todo, de los consumos agrícolas e industriales, muy diferentes según zonas.
En ese contexto, hablar de un derecho al agua genérico puede mover a graves confusiones. Los humanos necesitamos para la supervivencia apenas dos litros de agua diarios, cifra muy alejada de los 60 a 120 litros/persona y día -e incluso más- que son precisos para equilibrar el consumo de un urbanita con baño, lavadora y lavavajillas.
Pero el mayor consumidor de agua es la agricultura. Cierto que no necesita el nivel de calidad de lo que se llama «agua de boca» (esos dos litros o tres que ingerimos a diario como máximo), aunque sí es el grave causante, debido al empleo masivo de pesticidas, herbicidas y abonos, de la contaminación de acuíferos, lagos y ríos.
Aquí aparece una primera panoplia de análisis en relación con la necesidad de generar puntos no naturales de acceso al agua, captación del recurso hídrico, costes de conducción y tratamiento hasta aquellos, y las expectativas de rendimiento derivadas del uso o consumo del agua, y su canalización posterior, depuración y reutilización.
Los lugares de necesidad de agua no coinciden con los puntos de disponibilidad, ni en cantidad ni en calidad. Las poblaciones, inicialmente ubicadas donde había agua, han crecido, incluso desmesuradamente, y contaminado sus fuentes con los residuos. Algunas industrias imprescindibles para el desarrollo son grandes consumidores de agua y, además, expelen un efluente muy contaminado. Devolver el agua a un estado puro es difícil (en algunos casos, imposibles) y, caro.
El ciclo completo del agua para uso doméstico -incluida la depuración de la residual-cuesta, actualmente, entre 1,5 y 2,5 euros cada 1.000 litros. En los países desarrollados, pagar por los 30 o 40.000 litros que una persona puede necesitar al año (incluidas esas otras necesidades distintas de beber el líquido, que son las que verdaderamente hacen correr los contadores) no supone sacrificio para la gran mayoría.
Por eso, los servicios de agua en estos países pueden calcular muy bien sus ingresos: los impagados no superan el 2%, y existen, además, grandes posibilidades de combinar imaginativamente los precios que se cobran por el agua, según usuarios domésticos o industriales, o por zonas, o penalizando altos consumos, o implantando tarifas o subvenciones para determinadas situaciones familiares o económicas.
No resulta complicado, por tanto, hacer la previsión de ingresos y gastos en las empresas de gestión de agua encargadas de dar servicio a poblaciones con aceptable nivel de vida, y se puede (y debe) incluir en el precio la renovación de las infraestructuras, o las ampliaciones de canalizaciones, instalaciones de depuración, etc. que se precisen. La tentación de incluir otros elementos ajenos al coste del agua en el precio que se cobra por el servicio, es muy alta, y no son pocas las Administraciones que incorporan partidas al mismo que ayudan a compensar déficits de otros sectores.
En los países en desarrollo, los desequilibrios son notorios. El agua no llega a toda la población, no se trata adecuadamente y, en lo económico, no es extraño que solo un 40 o 60% de los usuarios domésticos paguen la factura. Es muy difícil alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos y la necesidad de subvencionar a amplios sectores de la población convierte la gestión en una combinación de política social y apelación a decisiones técnicas que obligan a priorizar actuaciones en relación con el coste-efectividad, que involucran la esencia misma de la colectividad y su desarrollo futuro.
Se ha puesto recientemente en evidencia que la crisis ha generado, incluso en España, «desahucios hídricos», es decir, cortes de agua a familias que no pueden pagárselo, y que han tenido que decidir entre «comer o pagar por el agua». Con más de un millón de familias con todos sus miembros en paro, no me atrevo a poner en duda esta cuestión, que exige un inmediato control y revisión de las actuaciones desde el punto de vista de la sensibilidad social.
No disponer de 10 o 20 euros/mes para pagar el agua revela un estado de necesidad dramático, que más que conducirme a elevar gritos en contra del desahucio hídrico, me lleva a pensar que estamos condenando al rechazo humanitario a mucha gente, y que el desequilibrio mundial avanza en varios frentes: quien se ve castigado cruelmente al corte de agua por no pagar una cantidad así, ha sufrido con anterioridad penalidades muy superiores que ponen de manifiesto la insolidaridad de nuestra sociedad.
Así es: en países en desarrollo hay quienes se están enriqueciendo aceleradamente -generando mayores desequilibrios entre muy ricos y muy pobres- y en los desarrollados se están generando nuevas bolsas de pobreza, con los mismos efectos: el problema de «la factura del agua» es solo un reflejo de la necesidad de replantear, y con urgencia, los supuestos cimientos de nuestra sociedad, retrayéndolos a la luz de la ética, la ayuda a los ocasionalmente marginados para que puedan vovler a reintegrarse y la cooperación internacional.
He propuesto, y en muchos foros, incluso cuando estaba trabajando como director de aguas para una empresa privada, que debería fijarse un margen máximo al beneficio por la gestión del agua. También he propuesto que, con mayor motivo al que sirvió de creación del embrión de la Unión Europea, la CECA, o a la política agraria común, debería crearse un fondo universal para solucionar el problema mundial del agua de boca.
Debería crearse, y de inmediato, una Unión Mundial por el Agua, en la que los países aportaran las cantidades necesarias para implantar las infraestructuras y gestión técnica cualificada para que ningún ser humano dejara de disponer de agua de boca suficiente. La cuantía ha sido puesta de manifiesto por varias entidades, incluido el Banco Mundial: entre 100.000 y 200.000 millones de dólares anuales durante los próximos diez años. El fondo podría constituirse con aportaciones equivalentes a la mitad de ese importe: menos de 10 dólares/año por habitante de un país desarrollado, que, desde luego, debería acomodarse al PIB de cada estado, y reflejarse en los presupuestos anuales, transfiriéndolos a la entidad gestora del fondo, que actuaría a modo de una Comisión Supranacional del Agua.
Distinto es el caso, incluso en los países desarrollados, de implementar un precio para el agua utilizada para regadío. Cerrar económicamente el ciclo del agua que se destina a usos industriales, puede implicar instalaciones complejas de depuración, con tratamientos químico-físicos de gran especificidad y, por tanto, altos costes que, si no existe una legislación e inspección severas, las empresas tendrán tendencia a evitar.
(seguirá)