Para llegar a ser juez en España hay que preparar unas duras oposiciones, luego de estudiar la carrera de Derecho, y para superarlas con éxito se precisa emplear un mínimo de dos años de estudio dedicados a aprender la forma un temario amplio sobre temas administrativos, legales y procesales, y para el que los opositores suelen adiestrarse con alguien que las haya superado en una convocatoria anterior, que recibe el nombre obvio de preparador.
Mi opción personal es que prefiero ser juzgado, y defenderme o defender a otros, que juzgar. La acción de juzgar es muy compleja, puesto que, aunque se suele pensar que el juez o magistrado solo tiene que aplicar la ley y ajustarse al Derecho (en sus variadas manifestaciones, fundamentalmente escritas, aunque también existen otras fuentes- -al menos, en el mundo del Derecho-, se debería exigir a quienes ostentan esa función social una experiencia y formación personal en las cosas y hechos de la vida.
No es, lamentablemente, así, y aupados desde tempranas edades a la formidable fortaleza que proporciona el poder enjuiciar y sancionar los hechos ajenos, el riesgo para muchos jueces y magistrados es caer en el endiosamiento. Se defienden grupalmente, creyéndose o sintiéndose especiales, sin reconocer que la sociedad les ha asignado un papel de mérito, sin duda, pero de enorme responsabilidad.
En nuestro país, la tendencia a la litigiosidad, manifestada especialmente en los ámbitos del derecho civil o administrativo, ha significado que los juzgados esas especialidades se encuentren colapsados por una parafernalia de reclamaciones, más o menos fundadas o infundadas, que dan de comer a muchos abogados y que sirven para despertar bastantes recelos y antipatías hacia los que se sientan con puñetas en los estrados frontales de los tribunales.
La cuestión en el campo del derecho penal merece especial atención. La aparición de delitos de los llamados económicos en el Código penal, con penas gravísimas -con una orientación revisionista de los tipos penales, que podía calificarse de revolucionaria-, ha provocado el que las cárceles sean ocupadas con ritmo creciente por gentes de cuello blanco, mangas largas y gominas en el pelo, quitando sitio y protagonismo a los viejos inquilinos de uña negra, te mato porque eres mía o robo para comer porque no tengo otro medio de subsistencia.
Que tengamos encarcelado, y por varios años, a un cuñado del Rey de España, por haber utilizado la influencia de su alcurnia en provecho propio -sacándose unos milloncejos de nada para comprarse un chalé de los llamados de lujo- es un síntoma claro de que algo está pasando en nuestra sociedad. Que se quiera investigar al rey Juan Carlos, tenido hasta ayer mismo por garante de la democracia sobrevenida, por haber aceptado comisiones en unos negocios que hizo, en provecho de la industria del país, sacando unos contratos a sus hermanos de mentirijillas de los jeques árabes, me hace sospechar que hay una corriente que pretende acabar con la Monarquía por la vía del derecho penal.
También parece que, en la corriente autónoma de pasarlo todo por el derecho penal, la mecánica demoledora de castillos (de arena, papel o hierro), atacó y ataca sin cesar, como una amenaza imposible de quitarse en encima, a políticos, empresarios, intermediarios y gentes de especial vivir. No me resulta difícil imaginar que en los despachos de quienes dirigen los destinos del país se sigue con atención y cierto temor este continuo rebuscar por los entresijos de la mierda que sostiene nuestra economía.
Pues bien, hay una jueza que «cambió la vida de Lugo» (copio el titular de La Voz de Galicia del 28 de septiembre de 2019) y que, de haberle dado más tiempo, hubiera cambiado la vida de España. Me refiero a la magistrada Pilar de Lera Cifuentes, nacida en Cartagena en 1971 y que, después de haberse hecho los dientes en otros Juzgados, recaló en Lugo desde Mieres en el 2007, con 36 años.
La crónica dice que se dedicó a abrir decenas de macrocausas que involucraban a empresarios, políticos, proxenetas, junto a guardias civiles y policías nacionales. Denunciada por decenas de imputados que se quejaban de que los procesos no se cerraban, las múltiples quejas que se recibieron contra ella en el Consejo General del Poder Judicial, fue sancionada por «retrasos y desatención del Juzgado» a siete meses y un día de empleo y sueldo, lo que le acarrearía la pérdida de destino. Su abogado anunció que reclamaría ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la sentencia.
El caso ha despertado mis simpatías, máxime después de conocer más detalles del trabajo que esta juez se echó sobre las espaldas. (Véase, por ejemplo, El País de 29 de septiembre de este año). La juez De Lara ha estado investigando, entre otras grandes causas que abrió simultáneamente, ni más ni menos que la red de prostíbulos que ensucian el paisaje español (anunciados en las carreteras como Clubs y Hotelitos con letreros luminosos muy aparentes). Más de 1.600 casas de seudo placer pagado en el que se ofrecen, como carnes a la venta, decenas de miles de mujeres a diario. Más del 0,35% del PIB de nuestro país (o sea, del orden de 40.000 Millones de euros) genera este negocio miserable, convertido en el tercer consumidor de esa explotación vinculada al sexo de pago, de la que, como es sabido por todos, las mujeres -latinoamericanas con hijos, desterradas del Sahel o asiáticas de la URSS bien descompuesta, etc- son víctimas principales.
Reivindico a la juez De Lara. Tardó diez años en cerrar el caso La Carioca, emitió un auto de varios cientos de páginas para imputar con solvencia a decenas de individuos que traficaban con mujeres, drogas y sobornos a empresarios, autoridades civiles y militares, y nos dio un motivo irrefutable para ponernos a todos colorados. El mal de la prostitución no tiene ninguna justificación. Solo genera inmundicia (incluido el dinero que mueve), solo se sustenta en la explotación del ser humano y en el desprecio al semejante.
Hay que prestar atención para descubrir a los agateadores subiendo, mientras devoran litófagos, trepando por las laderas de los troncos, con incansable agilidad. Viven en nuestra península, dos tipos de agateadores: el común (certhia brachidactyla) y el norteño (certhia familiaris), prácticamente indistinguibles.
El de la fotografía, por la amplia ceja y el vientre de un blanco más puro (no apreciable en ella, por las sombras), corresponde al tipo norteño, identificable sobre todo por el lugar donde fue realizada la instantánea, Asturias, ya que ambas especies tienen áreas de difusión distintas.