En España tenemos un exceso de potencia energética instalada (110.905 MW), como consecuencia de aquellos años en los que se creyó en un crecimiento de las necesidades de consumo (fundamentalmente, eléctrico9 que no llegaron a concretarse. Para conseguir, además, satisfacer la demanda en momentos en los que las llamadas “energías verdes” (eólica y solar fotovoltaica) no fueran capaces de producir, por cuestiones naturales -no siempre hay viento ni luce el sol y, en el caso del viento, puede que sople a velocidad excesiva para la seguridad de las rotopalas de los aerogeneradores), y la energía nuclear no tuviera capacidad de reacción inmediata para aumentar su producción, se animó a la inversión en centrales de ciclo combinado. Estas centrales, mantenidas al ralentí, pueden en cuestión de horas alcanzar puntas de producción máxima.
El sistema de remuneración a las empresas por la energía suministrada a la red en cada momento se apoya en un procedimiento, llamado erróneamente “de subasta”, según el cual las energías más baratas son las primeras en entrar en el mix energético puntual. La energía solar y la eólica son las que, en las horas de mayor consumo (por el día) entran sistemáticamente en esa combinación, vendiendo toda su producción al gestor de la red. Sin embargo, como su producción no cubre la necesidad (salvo raras excepciones), entran a cubrir las necesidades, sucesivamente, las energías más caras, hasta llegar a las de ciclo combinado (si fuera el caso).
La peculiaridad del sistema de remuneración es que el precio de producción del último en entrar en el mix, señala el precio de la totalidad de la energía adquirida en cada momento. Se puede entender, por tanto, que los productores de las energías eólica y solar se ven excepcionalmente beneficiados, pues serán remunerados de acuerdo con el precio de la energía más cara que haya tenido que ser introducida en el sistema.
¿Qué es lo que hace que los megawatios (MW) producidos por las centrales de ciclo combinado (y, por supuesto, de las centrales de carbón) se encarezcan por encima del coste estricto de su producción? Los impuestos. En concreto, los llamados “derechos de emisión”, que gravan a las centrales más contaminantes, medidos en precio por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que envíen a la atmósfera.
Aunque durante años (fueron introducidos en 2005) ese precio de gravamen se mantuvo a nivel bajo (menor de 10 euros por t CO2), en este año lleva subiendo de forma vertical, llegando ahora los 56,65 €/t CO2), como consecuencia de las medidas adoptadas por la Comunidad Económica Europea y la reforma de 2019 en cuanto a los derechos sobrantes. Este brusco incremento aceleró la expulsión del mercado de las centrales de carbón (que tienen que pagar esos extracostes), en países como España, con exceso de potencia instalada, y favoreció la producción de las energías verdes, incluida la nuclear, que tampoco resulta contaminante en ese aspecto.
Como acertadamente concluye el artículo de Ignacio Fariza y Manuel Planelles (El Pais 15 de mayo de 2021) “De ahí la avalancha de especuladores que están entrando en el mercado en busca de beneficios”. Las tecnologías limpias obtienen precios muy superiores a los de generación, con márgenes millonarios a los titulares de las plantas.
Una vez más, las decisiones políticas (bien intencionadas en principio, pero incapaces de prever, al parecer, todas las consecuencias) han venido a favorecer a inversores a los que preocupa, ante todo el beneficio a corto plazo. Recuerdo aquella Ley de apoyo a las minicentrales hidráulicas que causó un movimiento especulativo de genios en detectar la oportunidad, que denunciaron en cuestión de meses todos los saltos hidráulicos de al menos 5 metros, basándose exclusivamente en analizar las líneas de nivel a partir de una topografía convencional que se podía adquirir por cuatro pesetas.
Como siempre Dr. Arias, aclara Vd. en breves párrafos lo que en las fuentes de información habituales, nos tratan de explicar desde hace meses, y generalmente no lo consiguen. Gracias y Felicitaciones.