Los angloparlantes lo llaman «fee», pero entre nosotros, lo representamos por la letra griega Φ (léase fí), que ya tiene múltiples aplicaciones: desde la filosofía, a la ingeniería. Es también utilizada para referirse al conjunto vacío.
Si hubiera una manera universal de cálcular fí (el fí), se eliminarían muchas negociaciones, discusiones y hasta sospechas de corrupción. Porque el fee, la comisión, es lo que se queda (o se le entrega) al intermediario de un negocio por su labor, que consiste, esquemáticamente, en poner en contacto a un proveedor con su cliente.
No está nada claro para las almas cándidas que, cuando la Administración pública es el cliente, y particularmente, en aquellos países que se rigen o dicen regirse por principios de transparencia, licitación reglada y adjudicación más ventajosa para los intereses generales, tenga sentido hablar de intermediarios.
Y mucho menos, para poner en contacto a los grandes grupos empresariales de un país con su propia Administración. El fí parecería cosa de terceros mundos, de estructuras feudales o mafias desvergonzadas.
Sin embargo, dado que los sueldos de los políticos son insuficientes para recompensar suficientemente el esfuerzo de soportar la carga pública, los partidos que han conseguido alguna responsabilidad de gestión concreta, parece que han adquirido la costumbre de solicitar un fí a los adjudicatarios de trabajos para la comunidad.
Los pliegos de condiciones (call for tender) se prefieren, por ello, abiertos, para que no sea imprescindible adjudicar la obra o el servicio al más barato, permitiendo así que los Comités de revisión de ofertas tengan ciertos márgenes de actuación. Lo que ofrece interesantes opciones ex post (a posteriori) a los intermediarios, para que una concreta oferta pueda adquirir una ventaja que la haga competitiva en la mesa de operaciones, dando por sentado que, técnicamente, será impecable.
El valor concreto del fí para obtener un negocio público es un secreto, y se puede admitir que, en muchos casos será cero, o, por lo menos, de cuantía despreciable, por lo que se suele llamar «detalle». Por supuesto, no cabe imaginar que un regalo de ese tipo haya doblegado o conducido ninguna voluntad. Son, como suele decirse -incluso por Ministros de Estado- «atenciones que responden a los usos y costumbres» entre amigos y conocidos. Pueden ser tres tristes trajes , un bolso de marca o una tarjeta por el cumpleaños. También cabría incluir en la relación de mini-fís la llamada cesta de Navidad, si contiene productos de primera necesidad.
A falta de una orientación general para el valor de fí, se suele utilizar la que dió, hace algún tiempo, el president Maragal, en la Generalitat, que indicó que era habitual trabajar con un 3%.
Si la obra pública contratada en España, un año sí y otro no, fluctúa entre los 20.000 Millones de euros y los 8.000 Millones (ahora que estamos en horas bajas), y aceptando que solo la mitad de esa cifra puedan encajarse en el ámbito del fí, y que su valor medio fuera el indicado en Cataluña (que ha de ser un cálculo conservador, por la reconocida tacañería de esos compatriotas), llegamos a la nada despreciable cifra de un movimiento anual, por ese concepto, entre 300 y 120 Mill. de €. Si pensamos en 10 años de fíes, es presumible que hayan circulado entre los partidos políticos del orden de 3.000 a 1.200 Millones de euros.
Cuando me fijo en la extraña contabilidad «LB» (que ahora se empieza a decir que no es de Bárcenas, lo que ya sospechaba, y tampoco del Partido Popular, lo que parece lógico, dado su restringido alcance), me parece ridículo pensar que una persona seria y capaz, tesorero de un partido con vocación de gobernar, una legislatura sí y otra no, lleve la contabilidad de una mínima parte de los ingresos por fí de su formación política.
¿Qué son 10 o 12 millones de euros?. Nada. Esas páginas, de no ser una burda invención, no son ni contabilidad B ni nada que se le parezca. Son simples anotaciones cariñosas de lo que se reparte entre personas muy especiales del partido.
Comparados con los dineros detraídos como gastos comerciales de las contabilidades empresariales, para pagar los trajes, bolsos, zapatos, cinturones, cestas, puros, palos (de golf), etc., los flujos dinerarios opacos son una nadería.
Su movilización corresponde a detalles y atenciones para amigos de las cúpulas políticas, y que nadie osará imaginar que sirvieron para poner de acuerdo voluntades públicas y negocios privados, …porque, si todo funciona bien, ya estarían garantizadas por otras vías menos transparentes…y a niveles más bajos que los de los Bárcenas del ramo.
Ya verá el lector que yo no hago periodismo de investigación. No tengo tiempo. Ni ganas. Solo les pido a Rajoy y a Rubalcaba que nos ayuden a salir de ésta, y no se me ocurre método más simple que el que dejen que las bases de sus partidos tengan la palabra.
Los que no pertenecemos a ninguna formación política -ni siquiera a las, cada vez más atractivas, facciones todavía minoritarias- ya tenemos dicho suficiente: en las urnas y, sobre todo, fuera de ellas.
Está muy bien la petición, supongo irónica, a R&R de que «dejen que las bases de sus partidos tengan la palabra»; es obvio que no hay democracia interna en los partidos y que si la hubiera la corrupción sería menor. Esta petición me ha vuelto a recordar mi experiencia al respecto que te repito. Yo tengo una sentencia del Supremo de 1995 (que por desfavorable nos costó un pastón que la hace dificilmente olvidable), por una querella de mi mujer al Partido Popular, entre otros motivos por falta de democracia interna. La sentencia incluye en sus considerandos uno que dice que «los partidos politicos no tienen que ser democráticos» (sic).
Aunque los jueces del Supremo no son todos iguales creo que tardaremos en ver algún cambio.
No había en este caso, Plácido, ironía en mi frase. Entiendo que los partidos hoy todavía mayoritarios han perdido tanta credibilidad, debido a actuaciones y omisiones de sus actuales dirigentes, que es imprescindible una remodelación, a partir de lo que crean necesario sus bases. Los problemas y deseos de una mayoría de la población se van canalizando hacia otros sitios, que sintonizan mejor con esas necesidades. Hay margen para nuevos partidos, y no se debe excluir que el PP y el PSOE se vean reducidos a manifestaciones casi simbólicas en próximas elecciones.
En cuanto a la Sentencia del TS que citas, me gustaría tenerla a la vista -la consultaré en Westlaw-, porque, como todos sabemos, la Constitución, en su art. 6, prescribe que «la estructura y funcionamiento interno» de los partidos políticos «deberán ser democráticos»…aunque es evidente que no lo son (como tampoco, por ejemplo, los Colegios Profesionales).