La guerra en Ucrania, cuya duración y, sobre todo, sus efectos, se hacen más imprevisibles a medida que pasan los días, han puesto de relieve una oculta fragilidad del mix energético español. El principal aspecto de esa debilidad se muestra en la dependencia del gas argelino – y en el excesivo énfasis puesto sobre las llamadas energías alternativas, a despecho de la posible utilización de las centrales nucleares (aún en período de su vida útil y consideradas energías limpias en los más recientes documentos comunitarios) y de las centrales de ciclo combinado.
Esta situación que conduciría, como se diagnosticó por expertos del sector, a desequilibrios económicos y de aprovisionamiento en el suministro de la energía primaria, que se traducirían en incrementos de costes indeseables en la electricidad, aunque también en sectores indirectamente relacionados, como el transporte.
Una de las paradojas más evidentes se encuentra en la prohibición del Gobierno, desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha reiterado su posición contraria al fracking, esto es, la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica (gas de esquisto de esquisto). Mediante esta técnica, totalmente desarrollada, se inyecta agua a presión en las rocas, para liberar el gas. La resistencia ecologista, a la que el Ministerio viene concediendo mayor credibilidad, ha puesto el énfasis en los costes ambientales, en contradicción con los criterios expuestos por los ingenieros y geólogos (especialmente, en este caso, los expertos en esta técnica, los ingenieros de minas, Angel Cámara y el fallecido Fernando Pendás), que estiman que se podría abastecer del orden del 10% del consumo de gas aprovechando las reservas existentes en Álava y otras zonas del Norte de España, algunas insuficientemente exploradas.
En la edición del 21 de marzo de 2022, el decano del Consejo Superior de Ingenieros de Minas, expone (en un artículo que firma Almudena Martínez-Fornés) que en el subsuelo de España hay unos 1,3 billones de metros cúbicos de gas por extraer, que supondrían 40 años de consumo al ritmo actual y que no se están poniendo en valor «por razones políticas», habiendo ahogado un debate científico o académico» y forzando al abandono de interesantes proyectos, con inversiones ya realizadas. La factura de importación en 2022 de hidrocarburos superó los 46.000 millones de euros, , de los que más de 9.000 millones correspondieron al gas.
Contrasta la situación, cuyo fundamento técnico y económico es injustificable, con la decisión de Estados Unidos de volcarse en la recuperación del gas de esquisto, convirtiéndose en exportador y convirtiéndose, al menos en los dos primeros meses de 2022, en el primer suministrador a España, (33% del gas importado) por encima de Argelia, cuyas entregas se han visto afectadas por el conflicto con Marruecos que, además, aparece incluso más complejo después de la decisión política adoptada en marzo de ceder en el apoyo a los saharauis, abandonándolos a la ambición expansionista de Marruecos.
Inconcebiblemente, la cuestión ha pasado a ser considerada un elemento de la disputa ideológica. El Partido Popular se plantea presentar un recurso al decreto del Ejecutivo sobre medidas de recuperación, abogando por el aprovechamiento de minerales críticos (uranio, wolframio, litio, tierras raras) y modificando la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, además de en la recuperación de la producción de energía con base nuclear, que, como es sabido, es el principal recursos energético utilizado por Francia, lo que le proporciona una envidiable autonomía en este sector.