A finales de septiembre de 2021, después de meses de negociaciones con otros interesados, se anunció la venta de MATSA (Minas de Aguas Teñidas, SA), que explota las concesiones mineras ubicadas en el municipio de Almonaster la Real -en Huelva-.La operación se cerró por 1.585 millones de euros, que aportará la empresa australiana Sandfire Resources, un gigante que gestiona, entre otros proyectos, la mina de cobre y oro DeGrussa, en Australia.
MATSA era filial conjunta de las empresas Mubdala Investment Company y Trafigura. Su impacto económico en la región se valora en 190 millones de euros, con una plantilla de 750 personas, si bien la compañía destaca que genera un impacto laboral 5 veces superior. La venta corresponde a un doble movimiento, según los protagonistas: financiero, para los vendedores, aprovechando los circunstanciales incrementos del precio del cobre, tradicionalmente volátil y al deseo de aumentar el control sobre la producción de este elemento, con muy buenas perspectivas de mercado a medida que se impone la digitalización.
Para los no iniciados, puede resultar curioso que Mubadala Investment Company es propiedad del Gobierno de Abu Dhabi y del Consejo de Inversión de Abu Dhabi (ADIC), con activos valorados en 230 mil millones de dólares, con intereses económicos diversificados en todo el mundo y en los sectores más variados.
Por su parte, Trafigura es una compañía comercializadora de materias primas con amplio arraigo mundial. La empresa es propiedad de 700 de sus 8.000 empleados, con una línea de incremento de ingresos superior a los 170 mil millones de dólares.
La operación viene a poner de manifiesto la dependencia del capital extranjero y de sus específicos intereses económicos, de las principales explotaciones y concesiones mineras españolas, especialmente en el marco de la franja pirítica andaluza.
Es cierto que, gracias a esos recursos, se genera empleo local -directo e inducido- y que las tasas e impuestos implican un alivio para las administraciones local y regional. Pero no puede ignorarse que los accionistas de estas empresas -en mayor o menor medida, que no me atrevo a matizar- se mueven por intereses económicos, con decisiones que se toman en centros financieros cuya sensibilidad por el mantenimiento de los puestos de trabajo está vinculada al beneficio obtenido. Debido a la fuerte componente volátil en el campo de los metales, los gigantes del sector tratan de concentrar en sus manos la mayor parte de la producción y de los recursos.
La venta de MATSA afecta indirectamente a Atlantic Copper, subsidiaria del consorcio norteamericano Freeport-McMoRan (1), el segundo mayor productor mundial de cobre. Procesa, en la planta metalúrgica a orillas de la reserva Marismas del Odiel, algo más del millón de toneladas extraídas de la mina de Almonaster, obteniendo aproximadamente 300.000 anuales de cobre refinado. La empresa se precia de dar empleo directo a 650 personas, con un efecto total de más de mil empleos en la zona.
Esta situación de concentración de capital extranjero en la explotación de los recursos mineros no es única de España, ni tampoco refleja un escenario reciente, pues la fuerte necesidad financiera y la relativa volatilidad de los precios de los metales, ha mantenido fuera del campo a los capitalistas locales -salvo raras excepciones-. Se crean así puestos de trabajo en la zona (y en las ciudades donde se instalan los servicios centrales y la dirección), pero el grueso de las plusvalías se va fuera del país.
Resulta destacable, en fin, que la presión de las llamadas entidades ecologistas, cuyos eslóganes van del «oro, no» hasta la exigencia de revisión de los procedimientos de extracción y recuperación de los metales de sus menas, o el rechazo, por presunción de contaminante, de las tareas metalúrgicas y de transformación de los concentrados, reduce aún más la generación de empleo local, cuando no espanta a los inversores definitivamente.
Pongo como ejemplos, la extracción del oro por la empresa Orovalle SA, filial de la canadiense Orvana Minerals Corpd en el Valle-Boinás y Carles en Asturias, que se ve limitada por las exigencias de las plataformas ecologistas o el proyecto de explotación de las reservas de Salave, en Tapia de Casariego (también en Asturias) de Exploraciones Mineas del Cantáberico (EMC), filial asturiana de la canadiense Black Dragon Gold Corp. En este último, se ha rechazado la propuesta de llevar las aguas de tratamiento, depuradas, mar adentro, mediante un emisario submarino de casi un km de longitud y se está valorando por la empresa un nuevo proyecto en el que el preconcentrado, cuando se obtenga, se llevará fuera de España, por lo que aún se reducirán más los puestos de trabajo que generaría el recurso natural y, por supuesto, las plusvalías de mayor entidad irán a otras latitudes.
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(1) El conglomerado Freeport-McMoRab explota la mina Grasberg, descubierta a finales de los ochenta del pasado siglo, en Papúa, Indonesia, la mayor mina de oro del mundo y la tercera de cobre, en la que trabajan 20.000 operarios. Lo hace a través de una subsidiaria PT Freeport, en la que el gobierno de Indonesia retiene el 9,3% del capital.