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A finales de septiembre de 2021, después de meses de negociaciones con otros interesados, se anunció la venta de MATSA (Minas de Aguas Teñidas, SA), que explota las concesiones mineras ubicadas en el municipio de Almonaster la Real -en Huelva-.La operación se cerró por 1.585 millones de euros, que aportará la empresa australiana Sandfire Resources, un gigante que gestiona, entre otros proyectos, la mina de cobre y oro DeGrussa, en Australia.

MATSA era filial conjunta de las empresas Mubdala Investment Company y Trafigura. Su impacto económico en la región se valora en 190 millones de euros, con una plantilla de 750 personas, si bien la compañía destaca que genera un impacto laboral 5 veces superior. La venta corresponde a un doble movimiento, según los protagonistas: financiero, para los vendedores, aprovechando los circunstanciales incrementos del precio del cobre, tradicionalmente volátil y al deseo de aumentar el control sobre la producción de este elemento, con muy buenas perspectivas de mercado a medida que se impone la digitalización.

Para los no iniciados, puede resultar curioso que Mubadala Investment Company es propiedad del Gobierno de Abu Dhabi y del Consejo de Inversión de Abu Dhabi (ADIC), con activos valorados en 230 mil millones de dólares, con intereses económicos diversificados en todo el mundo y en los sectores más variados.

Por su parte, Trafigura es una compañía comercializadora de materias primas con amplio arraigo mundial. La empresa es propiedad de 700 de sus 8.000 empleados, con una línea de incremento de ingresos superior a los 170 mil millones de dólares.

La operación viene a poner de manifiesto la dependencia del capital extranjero y de sus específicos intereses económicos, de las principales explotaciones y concesiones mineras españolas, especialmente en el marco de la franja pirítica andaluza.

Es cierto que, gracias a esos recursos, se genera empleo local -directo e inducido- y que las tasas e impuestos implican un alivio para las administraciones local y regional. Pero no puede ignorarse que los accionistas de estas empresas -en mayor o menor medida, que no me atrevo a matizar- se mueven por intereses económicos, con decisiones que se toman en centros financieros cuya sensibilidad por el mantenimiento de los puestos de trabajo está vinculada al beneficio obtenido. Debido a la fuerte componente volátil en el campo de los metales, los gigantes del sector tratan de concentrar en sus manos la mayor parte de la producción y de los recursos.

La venta de MATSA afecta indirectamente a Atlantic Copper, subsidiaria del consorcio norteamericano Freeport-McMoRan (1), el segundo mayor productor mundial de cobre. Procesa, en la planta metalúrgica a orillas de la reserva Marismas del Odiel, algo más del millón de toneladas extraídas de la mina de Almonaster, obteniendo aproximadamente 300.000 anuales de cobre refinado. La empresa se precia de dar empleo directo a 650 personas, con un efecto total de más de mil empleos en la zona.

Esta situación de concentración de capital extranjero en la explotación de los recursos mineros no es única de España, ni tampoco refleja un escenario reciente, pues la fuerte necesidad financiera y la relativa volatilidad de los precios de los metales, ha mantenido fuera del campo a los capitalistas locales -salvo raras excepciones-. Se crean así puestos de trabajo en la zona (y en las ciudades donde se instalan los servicios centrales y la dirección), pero el grueso de las plusvalías se va fuera del país.

Resulta destacable, en fin, que la presión de las llamadas entidades ecologistas, cuyos eslóganes van del «oro, no» hasta la exigencia de revisión de los procedimientos de extracción y recuperación de los metales de sus menas, o el rechazo, por presunción de contaminante, de las tareas metalúrgicas y de transformación de los concentrados, reduce aún más la generación de empleo local, cuando no espanta a los inversores definitivamente.

Pongo como ejemplos, la extracción del oro por la empresa Orovalle SA, filial de la canadiense Orvana Minerals Corpd en el Valle-Boinás y Carles en Asturias, que se ve limitada por las exigencias de las plataformas ecologistas o el proyecto de explotación de las reservas de Salave, en Tapia de Casariego (también en Asturias) de Exploraciones Mineas del Cantáberico (EMC), filial asturiana de la canadiense Black Dragon Gold Corp. En este último, se ha rechazado la propuesta de llevar las aguas de tratamiento, depuradas, mar adentro, mediante un emisario submarino de casi un km de longitud y se está valorando por la empresa un nuevo proyecto en el que el preconcentrado, cuando se obtenga, se llevará fuera de España, por lo que aún se reducirán más los puestos de trabajo que generaría el recurso natural y, por supuesto, las plusvalías de mayor entidad irán a otras latitudes.

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(1) El conglomerado Freeport-McMoRab explota la mina Grasberg, descubierta a finales de los ochenta del pasado siglo, en Papúa, Indonesia, la mayor mina de oro del mundo y la tercera de cobre, en la que trabajan 20.000 operarios. Lo hace a través de una subsidiaria PT Freeport, en la que el gobierno de Indonesia retiene el 9,3% del capital.

(Continúo con la reseña informal del Congreso sobre «La energía, factor económico esencial de nuestra sociedad», que se celebró en Sevilla los días 14 y 15 de noviembre de 2013, organizado por el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur de España).

El Ministro Soria, en su discurso con cierto hálito contemporizador, no descartó el papel del carbón, cuya producción nacional -indicó- «debe mantenerse por muchas razones; la principal es que es una fuente autónoma».

No será fácil esa defensa pues, la Unión Europea, como es conocido, tomó el 10 de diciembre de 2010 la peculiar Decisión de que las minas competitivas, a partir de 2019, deberán devolver las ayudas recibidas hasta entonces, si desean permanecer en funcionamiento.

En la actualidad, la minería del carbón española es pálido reflejo de lo que fue, con menos de 4.000 empleados, cuando llegó a tener más de 40.000. Desde 1992, según apuntó el Ministro, se han empleado 22.000 millones de euros de recursos públicos.

Correspondió a Cerezuela, por enfermedad de la actual directora de Carbunión (Mercedes Martín), defender su ponencia. «Es falso que el poder calorífico del carbón español sea menor que el importado, ya que aquí se produce hard coal con poderes entre 4.000 y 5.400 kcal/kg, en tanto se importan carbones subbituminosos de USA (0,5 Mill t/año) e Indochina (2,,5 Mill. t/año, éstos con p.c. de 4.500 Kcal/kg), para formar mezclas del 40/60% de carbones nacionales e importados.

«El carbón importado emite más CO2, ya que la emisión es proporcional a los Kwh producidos», siendo actualmente la porción del mix correspondiente al carbón de solo un 8% (7.935 MW frente s los 98.502 instalados). El consumo es de solo 6,62 Mt (datos de 2011), siendo la proporción nacional más importante la de hulla subbituminosa de las minas de Teruel y Zaragoza, que alcanza las 2,,36 Mt.

No es cierto tampoco que el carbón nacional sea caro, pues se paga por termias (Kcal/Kg), tomándose como referencia habitual el API 2, correspondiendo 90 $/t al carbón importado (puesto en puerto) y 70 $/t al nacional (puesto en la central), antes de aplicar la corrección por unidades térmicas. «La minería del carbón española es internacionalmente competitiva», según expresó José Cerezuela, haciendo suyas las palabras de Mercedes Martín, por lo que «no deben cerrarse las minas que ya sean competitivas en 2018, y España ha de ser considerada un border case».

Es más: «La decisión de cierre, puede costar del orden de 4.800 mil. de euros y afectar a 1.300 empresas que dependen indirectamente del carbón». Se entiende por ello que el alcalde de As Pontes de García Rodríguez anime a los colegas que tienen recursos mineros a que «autoricen la apertura de nuevas minas en sus territorios», por la riqueza inducida que suponen, ejemplo del que gustó utilizar José Cerezuela en su defensa, -animada con referencias a su experiencia profesional-, del carbón autóctono.

Un mensaje con tintes parecidos a los que, apenas una hora antes, había aportado Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper para España, en su vibrante lección inaugural, al hacer un elogio de la «industria pesada, que supone estabilidad en el empleo, salarios más elevados y una tasa de temporalidad inferior».

Targhetta, que calificó de valiente la reforma acometida, admitió que «el puzzle energético en España es endemoniado» (era el término utilizado anteriormente por el Ministro Soria para referirse a que el «energético era uno de los problemas más endemoniados» con los que se encontró el PP). «Es necesario un marco regulatorio estable para la energía», ya que se necesitan grandes inversiones y, por ello, la complicada situación «no se puede ordenar ni en un mes ni en un año».

(continuará)

Recursos minerales, propiedad y valor añadido

Sobra energía, falta fuerza (3)