Una selecta representación de la burguesía catalana, reunida en Teatro del Liceo, ha aplaudido a Pedro Sánchez, durante casi un minuto, cuando anunció los indultos que había decidido aplicar a los delincuentes políticos del Procès. El presidente de la Agrupación empresarial más importante de España -la CEOE-, Antonio Garamendi, justifica la decisión porque cree que traerá paz social. ¿Van cayendo barreras? No. Se van tejiendo los nombres de la desorientación y el olvido, puntada a puntada.

Como fiel cohorte vocinglera, el gobierno de España entiende unánimemente que la excarcelación definitiva de los rebeldes es un acto debido, una manera obligada de reparar una injusticia, provocada por el Tribunal Supremo al dictar una sentencia impecable condenando a penas graves, si, pero extraordinariamente matizadas, a quienes provocaron un levantamiento civil contra las instituciones y animaron, desde el poder autonómico, a la población a resistirse activamente contra las fuerzas del orden, que cumplían instrucciones del Gobierno central para detener la insurrección catalanista e impedir un referendum ilegal.

El esfuerzo de este Gobierno connivente y débil por borrar los vestigios que permitirían analizar el pasado desde su propia realidad, es titánico. Vinculados los ministros (y cuantos perciben o desean percibir alguna merced por su devoción),  utilizan cualquier oportunidad y medio a su alcance, para destruir huellas de la verdad y acusar a los que discrepan -no por capricho, sino por lealtad – con insultos y epítetos de fascistas, faltos de perspectiva histórica o revanchistas-.

No importa que no les ayuden los propios indultados, que se han hecho más fuertes en su enajenacion. Ellos y los que apoyan la carrera independentista de Cataluña (no tengo duda: hacia su ruina) quieren más (la amnistía), lo quieren todo, y anuncian que no están arrepentidos, porque lo volverán a hacer.

Coincido con mi estricto coetáneo granadino Ruiz-Domènec, catedrático de Historia Medieval, -otro de la fértil cosecha de 1948-, entrevistado en El Mundo por Iñaki Ellakuría (26.06.21) en que España tiene un problema » con su historia (…) porque (…) debemos resolver la cuestión pendiente de su definición como país».

Para impedir ese debate, los destruccionistas se empeñan en quemar vestigios del pasado, adulterar con falsedades las razones que les interesen y abuchear, impidiéndoles la expresión o que se les entienda, a los sensatos, los intelectuales, los críticos.

Un país aborregado -en técnica, en ética, en historia, en derecho, en política,…- solo necesita un líder que lo conduzca seguro a su autodestrucción programada.

Lo tenemos.

Pero la historia no se puede borrar del todo. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.