Estas reflexiones forman parte inseparable con otras, algunas ya publicadas en este blog, de mi escrito titulado»Una yunta díscola: tecnología y empleo».
3. En tierra hostil: La burbuja de la economía del bienestar
El interés del capital por las llamadas empresas tecnológicas, ante las grandes perspectivas de beneficios que resultarían de su difusión masiva, ha provocado ya, en el año 2000, un estallido la burbuja bursátil. En realidad, las tensiones y desajustes entre las perspectivas y la realidad constatada, formarán parte de la hoja de ruta de la gestión mundial de la tecnología.
Una forma de gestión que está regida, fundamentalmente, por la avidez en incrementar facturación y acumular beneficios y la falta de una regulación, especialmente a nivel internacional, que limite los impactos sobre la economía real y supervise de manera eficiente la reinversión social de las plusvalías.
Porque, como siempre ha sucedido y sucederá, una nueva tecnología que tenga amplia aplicación, puede suponer grandes márgenes de beneficios. No puede haber sorpresa ante esta afirmación. En todos aquellos negocios en los que el cliente potencial carece de referencia respecto a los costes de producción, y la necesidad o la apetencia por el producto existe, el precio de venta puede perfectamente corresponder a una fantasía, solo limitada por la codicia del fabricante.
Para las grandes empresas que temen ver amenazada una parte de su mercado por la aparición de una nueva tecnología más eficiente, se puede entender (desde su punto de vista) la dedicación con la que tratan de detectar potenciales competidores, comprando sus productos (o las mismas empresas) cuando aún están en fase de gestación más o menos avanzada, para incorporarlos a sus procesos o, no hay que descartar la opción, descartarlos del mercado, abortándolos.
Si se analizan los gigantes de la economía mundial, como es por lo demás bien conocido, las compañías norteamericanas ocupan los primeros puestos. Según el índice Bloomberg (2014), los catorce primeros lugares por capitalización bursátil están ocupados solo por empresas con sede en Estados Unidos y China.
Los 3,9 billones (millones de millones) de euros que acumulan estas catorce multinacionales delatan un inmenso poder de decisión, reflejado, no ya en su facturación, sino en las opciones de captar dinero de los inversionistas para seguir expandiéndose. La relación de valor en Bolsa entre unas y otras es de 75%, a favor de las norteamericanas, y las cinco primeras de la lista (Apple, Exxon, Microsoft, Berkshire Hathaway y Google) concentran ya el 46% de esa capitalización (1,8 billones de euros).
Ante la magnitud de estas cifras, puede comprenderse mejor (si no se había reparado antes en ello) el limitado efecto que pueden tener sobre la base tecnológica de la economía mundial los Estados individuales y, si se quiere verlo de un modo más correcto, la tremenda influencia y presión que las grandes empresas ejercen sobre los gobiernos.
Analícese el reparto de un presupuesto genérico. En un Estado debe separarse el destino de los impuestos destinados al sostenimiento de los gastos corrientes de las Administraciones públicas (masa funcionarial, fundamentalmente), tanto de los relativos al sostenimiento del estado de bienestar (sanidad, pensiones, educación, ayudas al desempleo, etc.), como de los concernientes a la creación de actividades nuevas o a la contratación de constructoras (inversiones en infraestructuras, apertura de centros o líneas de investigación, etc.).
Poco margen queda para dotar a los gastos del Estado no corrientes de una orientación preferente hacia la creación de actividades sostenibles.
Si se reduce el capítulo de gasto correspondiente a los funcionarios, es evidente que se está afectando a la capacidad de consumo directo de los empleados públicos y sus familias, y esa reducción del consumo actúa principalmente sobre los bienes que tengan una connotación suntuaria, es decir (en general), disminuyendo (algo) la facturación de las empresas tecnológicas. Puede que los funcionarios no protesten demasiado ante una reducción salarial moderada, pero tendrá un efecto multiplicador sobre las empresas (y asalariados) que se encontraban dependientes de su política familiar de gasto.
La reducción del capítulo de prestaciones sociales tiene, además de efectos inmediatos, repercusiones a medio plazo. Los dineros dedicados a educación, sanidad, ayuda asistencial, asistencia jurídica, etc., cuando disminuyen, son percibidos por los afectados, inevitablemente, como efecto de una mala gestión del gasto público, generando sensación de ineficacia, al margen de sus propias consecuencias en lo que supongan la pérdida de parte de las prestaciones que se tenían por consolidadas.
El tercer capítulo tiene repercusiones aún a más largo plazo y, por tanto, admiten una peor corrección. Incrementar impuestos o mejorar la gestión, reduciendo posible ineficiencias, podrá repercutirse rápidamente en la mejora de la sanidad, las pensiones e, incluso, la educación, pero las decisiones para acometer infraestructuras o mantenerlas, que han sido pospuestas, pueden estar afectando a la rentabilidad y eficiencia colectivas, esto es, a la generación de oportunidades.
En España, el número de empleados públicos ha fluctuado entre 2009 y 2014 de 2.500.000 a 2.698.628. En 2014, casi exactamente la mitad estaban localizados en las CCAA (1.284.646 personas). El gasto de personal consolidado, para todos ellos fue de 33.687 millones de euros, incluidas los créditos para pensiones de las clases pasivas (12.383 millones de euros) (Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones). Esta es la cuantía que se pone anualmente en circulación, fundamentalmente orientada al consumo de bienes y servicios de baja y media tecnología, por la propia naturaleza de los detentadores del gasto: particulares.
De un total de ingresos tributarios previstos de 186.111 millones de euros, el gasto disponible para los Ministerios del Estado será en 2015 de 34.526 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que la dedicada a pagar los intereses de la deuda pública (que ha superado el billón de euros, y está próxima al 95%). El montante de la inversión real del Estado (sin incluir transferencias de capital ni empresas públicas) será de solo 4.728 millones de euros, la tercera parte que en 2008.
Volveré sobre estas cifras y su significado completo desde la perspectiva con la que enfoco este trabajo, pero los órdenes de magnitud expresados reflejan el reducido impacto que sobre la reactivación de la economía real puede desempeñar la dedicación pública directa.
(continuará)