En un Acto aceptablemente concurrido, a pesar de la hora incómoda (10h 30m de la mañana), el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) celebró una rueda de prensa en la que responsables de diversas Asociaciones expusieron su malestar, bajo la fórmula de un Manifiesto, por una situación realmente increíble: cientos de miles de titulados españoles no tienen reconocida la cualificación universitaria que les acredita, teóricamente, el diploma que han conseguido.
Y no la tienen, ni en el extranjero, ni en España.
Manuel Moreu, (Presidente del IIE), Elena de Vicente (Presidenta de FEDECA), Carlos del Alamo (Presidente de AIPE) y Jesús Rodríguez Cortezo (Presidente de AIPE), desgranaron los detalles de una cuestión que quedó ya perfectamente expresada en la intervención del primero: “El objetivo de los acuerdos de Bolonia era facilitar la movilidad de los profesionales dentro de la Unión Europea. El resultado, para España, ha sido justamente lo contrario. Antes no existía ninguna traba y ahora, existen todas porque no se equipara nuestra titulación al master”.
El documento, que puede encontrarse en la web del IIE, ha sido ya suscrito por varias Asociaciones y, según confesó Moreu, “pretendemos que esto sea un clamor”. Por su parte, de Vicente subrayó que “coincidimos en este planteamiento tanto el sector privado como el público. Con la estructura anterior se reconocía que una titulación superior (3+2, en su abreviatura, que hace referencia al número mínimo de años lectivos) era la base para el acceso a la categoría de funcionarios A1” (la más alta de la función pública). Ahora, “al no haberse tenido la precaución de establecer una equivalencia”, “estamos materialmente en el limbo”.
“Para puestos en los que se exige en la EQF (Marco Europeo de Cualificaciones) el nivel 7, ya estamos siendo afectados. Para los cuerpos superiores de la Administración Pública, antes de la aplicación de los acuerdos de Bolonia, se exigía el nivel superior. Actualmente, por la vía de hecho, se está equiparando al ingeniero o licenciado con el grado”, explicitó Elena de Vicente.
Carlos del Alamo, se refirió, glosando lo anterior, a “la situación real injusta”, creada, que “afecta gravemente a la economía española”. La ingeniería española, que “estaba reconocida como de calidad, con prestigio internacional”, se encuentra ahora sin la validación en el Marco Europeo de competencias profesionales. Gran contraste, por ejemplo, con Francia, que por un sencillo Decreto ya publicado en 1999, resolvió la homologación de las antiguas enseñanzas y su continuidad en el nuevo escenario. Más de 200.000 profesionales se encuentran afectados -en el coloquio se matizaría que la cifra ha de ser mucho más alta, dado que gran número de ingenieros y licenciados no están colegiados- y las pérdidas por esta situación, considerando solamente los contratos perdidos por las empresas, debido al no reconocimiento internacional de los títulos de ingeniería anteriores a Bolonia (y la mayoría de los nuevos, igualmente faltos de refrendo legal específico), fueron evaluadas por el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, y en su demarcación concreta, en más de 10.000 millones de euros.
Jesús Rodríguez Cortezo, cuya Asociación “certifica profesionales”, expuso que “el problema no es nuevo. Venimos pidiendo desde hace años que se resuelva. La Comisión Europea era consciente del tema, y propuso la solución, al diseñar el EQF, que era la maqueta a la que había que acomodar las calificaciones. Todos los países lo hicieron, menos…España”. Apuntó más concreto: “No quiero que me llamen master, sino ingeniero industrial”.
En el coloquio, intervine para plantear una pregunta: ¿Quiénes son los culpables de esta dejación de responsabilidades que afecta aun colectivo tan numeroso y que está causando a empresas y particulares, un perjuicio concreto? Apuntaba, con ello, a una propuesta que ya tuve ocasión de exponer ampliamente en el Editorial de la revista ENTIBA, del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste del último número. “Es necesario, más que aumentar el clamor, analizar las vías de demanda penal, administrativa o de responsabilidad civil”.
Mi propuesta, que abrió la opción a otras intervenciones, fue analizada por Elena de Vicente, que estimó que “no hay un responsable concreto. Es cuestión de un planteamiento político. No es prioritario para este Gobierno (y el anterior) el asunto. Falta interés por resolver el tema, y buena prueba de ello es el borrador de la Ley de Servicios Profesionales, por la que se pretende que, al margen de su titulación, todo el mundo pueda servir para todo, siendo lo determinante el desempeño de la profesión, lo que puede desembocar en un totum revolutum, si a ello añadimos la falta de calidad de la enseñanza universitaria actual en España”.
En fin, apremiado por otras obligaciones profesionales, tuve que abandonar el salón de Actos, en donde, supongo, siguió debatiéndose la cuestión. Pero, al menos por mi parte, mi opinión había quedado expuesta y el camino a seguir, según mi propuesta, y que he resumido, y en inglés (para que se me entienda mejor), en el título de este Comentario: Yo prefería luchar, y no solamente exponer, educada y sobriamente, nuestras legítimas exigencias en un Manifiesto.
Hace, ni más ni menos que 15 años, que Francia resolvió la cuestión. No es cuestión de política, es un agravio consciente a un colectivo profesional, injustificable, incumplidor de los compromisos a que se obligó el Ejecutivo ante Bruselas y perfectamente cuantificable, en pérdida de oportunidades, perjuicios económicos concretos y negación persistente de un derecho adquirido. Por asuntos menos importantes para la economía se ha llevado ante los tribunales de justicia, españoles y europeos, al Gobierno de España, a titulares de Ministerios y a funcionarios concretos que, a sabiendas, han ignorado su obligación de proteger, con la diligencia debida, el interés público y el de colectivos afectados por su negligencia.