Seguramente el aspecto en el que el sistema socioeconómico español necesita una profunda revisión crítica es en lo que respecta a la integración de los objetivos de los grandes grupos empresariales con sede en nuestro país con los del resto de la sociedad.

Es un asunto especialmente grave, porque las mayores entidades empresariales -incluyo, obviamente, las financieras-, disponen de la mejor visión tecno-económica del sector en el que actúan, y disponen de mayor capacidad y recursos (humanos, técnicos y financieros), en algunos casos, que las propias Administraciones públicas.

La respuesta oficial a esta crítica es, por supuesto, que «se ha avanzado mucho en los términos de fijar la Responsabilidad Social Corporativa» y, en efecto, casi todos los grandes grupos empresriales disponen de Memorias anuales en donde se desglosa (más bien, se glosa) su actividad en beneficio de la sociedad en la que se insertan, con argumentos que encierran un ánimo autolaudatorio y contienen poca relevancia práctica.

Hace falta mucho más, porque la sociedad es un sistema integrado, heterogéneo pero coherente, en el que el principio de que «quien más tiene más debe aportar» no puede soslayarse. Han periclitado los tiempos en los que se dogmatizaba enfáticamente que «el negocio del negocio es hacer negocio» o que «las empresas, al conseguir optimizar su beneficio, cumplen paralelamente su objetivo social».

Las decisiones que los grandes grupos adopten, pensando exclusivamente en su propio beneficio, pueden resultar gravemente perjudiciales para el resto de la sociedad. El mercado dota a las macroempresas de un instrumental único del que no puede disponer ningún otro agente socioeconómico.

La Administración puede actuar, pero  muy limitadamente, con la legislación y el control esencialmente fiscal (eventualemente sancionador). Los trabajadores no tienen más recurso que la negociación (término ambiguo por excelencia) y, en último término, la huelga, que se ha revelado como un arma de doble filo, pues perjudica a la clientela (esto es, a la viabilidad de la empresa) y supone un desgaste económico y síquico.

De entre las actuaciones empresariales que tienen efectos negativos sobre el mal llamado «mercado laboral», especialmente sensibles en épocas de crisis, cito, por ejemplo, la internacionalización que supone, no pocas veces, un fuerte desplazamiento de las necesidades laborales a cubrir a países con mano de obra más barata o legislación más permisiva, el traslado de beneficios a paraísos fiscales mediante entramados de participadas que provocan, además, opacidad fiscal, ocultación de datos ambientales (pero no solo), y, por supuesto, la discriminación subliminal por grupos de poder, intereses extracorporativos, por sexos, etc o la existencia -aún no suficientemente esclarecida, aunque algo más vamos sabiendo- de contubernios entre administración pública, partidos políticos y empresas o empresarios sin escrúpulos.

Son muy significativos los puntos de falta de sintonía de muchas -¿todas?- de las grandes empresas españolas con el tejido social. Salarios desproporcionados para sus ejecutivos, oscuridad en las opciones de crecimiento, sorpresa cuando se plantean regulaciones de empleo, falta de información sobre los objetivos, ….

No me parece descartable, al contrario, la integración de  representantes de los trabajadores en los Consejos de Administración, en proporción que habría que discutir. Hay que tratar de vencer definitivamente la idea, aún vigente por desgracia, de que empresarios y sindicatos son conjuntos disjuntos: perjudica a ambos y, por tanto, nos perjudica, de reflejo, a todos.

Estas son, presentado el contexto, algunas ideas para movilizar la interacción entre las empresas y el sistema socioeconómico.

-Impulso a la Diversificación de las empresas existentes, obligándolas -la obligación puede ser social- a presentar públicamente sus vías de expansión natural, para que se analicen sus ventajas, necesidades, inconvenientes. Debe lograrse la integración de objetivos sociales con los empresariales.

-Calendario de  reuniones de trabajo sistemáticas entre directores de desarrollo y producción de las grandes empresas, representantes sindicales cualificados y técnicos de la Administración en donde se analicen, discutan y propongan, medidas de actuación, diversificación, ampliación de actividades y propuestas de emprendimiento lanzadas al resto de la sociedad. Este «Banco de datos» (project pipe line) ha de servir de guía orientadora para seleccionar nuevos proyectos empresariables.

-Calendario de reuniones de trabajo entre representantes de los departamentos técnicos universitarios, centros públicos de investigación y de las empresas significadas, en las que se decida sobre proyectos y patentes viables y se oriente la investigación aplicada de interés para la diversificación. Por supuesto, la difusión de las actas de estas reuniones es parte del esquema de trabajo propuesto. No tengo especial confianza en que esta propuesta funcione al principio, por falta de método, costumbre y, si se me permite, capacidad potencial por parte de (¿muchos?) los intervinientes,  pero hay que intentarlo. Lo necesitamos.

-Generación de cluster que promuevan la interacción entre empresas, universidad y egresados recientes, poniendo en marcha nuevos proyectos tecnológicos, en sectores preferentes (por ejemplo, biomedicina, ergonomía, materiales con características específicas, etc.).

Estas propuestas son, quizá por mi propia limitación, aunque también debo apelar a la complejidad y variedad de las opciones, genéricas. Pero no deben impedirnos reconocer un necesidad que hay que cubrir lo antes posible: nuestra sociedad necesita mucha más infórmación, mejorar la capacitación general, detectar y promocionar a los mejores, eliminar el ruido de muchos intervinientes ignorantes en los debates, y poner en pie una estructura basada fundamentalmente en la ética, la transparencia, la honestidad, el conocimiento.

Ese es el reto: La sociedad del conocimiento tiene que basarse en la ética y la solidaridad, o se caerá sola, sepultándonos a todos con ella.