Majestad,
En mi carta anterior finalizaba con el reconocimiento de la importancia de valorar el coste de la no realización de algunas de las acciones que serían necesarias o, cuanto menos, facilitarían la mejora de la situación. Normalmente, los que se oponen a una medida, no se detienen a analizar las consecuencias de no adoptarla, sino que solo ponen el énfasis en magnificar los supuestos perjuicios de llevarla a cabo.
Cuando estos perjuicios se presentan como afectando al colectivo general, y apelan a cuestiones que se han convertido en materia sensible (el medio ambiente es un alibi típico), suelen movilizar múltiples adhesiones, que, por ejemplo, se han puesto de relieve en manifestaciones como «Oro no» o «No a la minería» o a la industria nuclear, en la que quienes las defienden se centran en la negativa a actuar para extraer un recurso mineral o aplicar una tecnología que se entiende como peligrosa o perjudicial.
Son múltiples las ocasiones en las que la sociedad actual -movilizada desde ámbitos cuya intención no siempre es fácil detectar- promueve el inmovilismo tecnológico, pero sin haber comprendido el alcance socioeconómico que ello supone (en pérdidas de actividad y empleo) y sin que parezca importarle que otros centros de decisión, incluso con menor capacidad técnica, están adoptando las medidas que aquí se rechazan (lo que, si se trata de valorar supuestos peligros por el mal uso de una tecnología o la insuficiencia de las medidas de control, conduce a la paradoja de que se confía más en el saber hacer ajeno que en el propio).
Hace falta, pues, información, al mismo tiempo que análisis sereno de los inconvenientes y las ventajas de las actuaciones posibles, y sin olvidar un marco más amplio, que es el que aporta la globalización, en el que los países, al no existir un liderazgo único, optan por lo que a cada uno mejor lo conviene. Mi propuesta es que esa visión se adquiera al margen de los planteamientos ideológicos y teniendo en cuenta los intereses del país, que no pueden ser otros que la creación de empleo, la conservación del existente, y la generación de riqueza que se revierta en él.
Las opiniones que se me antojan más sensatas defienden que es imprescindible aumentar la capacidad de consumo ciudadano, y que esta se focalice preferentemente hacia la producción propia. Ello implica disminuir los impuestos a las rentas del trabajo y, paralelamente, aumentar la presión fiscal sobre los beneficios empresariales no reinvertidos. Claro está, ello ha de venir unido a una completa transparencia sobre el empleo de los recursos públicos.
En relación con el consumo, aparece como importante atender a especialmente al sostenimiento de aquellos sectores que proporcionan materias de primera necesidad. El empobrecimiento de agricultores y ganaderos, debido a que los precios de venta al público no cubren los gastos de producción no tiene sentido alguno. Justamente los productos que no precisan más que una elaboración o transformación relativamente sencilla, que puede realizarse con medios propios y fabricación nacional, y que demandan mayor cantidad de mano de obra, son los que deben tener atención prioritaria.
Por el contrario, los productos sofisticados, que España se ve obligada a importar, porque responden a patentes foráneas o a procesos tecnológicos a los que solo las grandes empresas especializadas tienen accesos, deberían ser grabados con impuestos superiores, pues debe tenerse en cuenta que los beneficios que generan -elevados, ya que en esos sectores se funciona en régimen de monopolio o quasi-monopolio y el consumidor desconoce el coste de producción- serán derivados a otros países, generando escasa o nula rotación monetaria interna.
Majestad, la ruptura del bipartidismo, que proporcionaba estabilidad en nuestro país y es garantía de que las variaciones en los programas económicos no sean sustantivas, sino adaptativas a las circunstancias reales, es un síntoma grave del desequilibrio que se ha operado en nuestra sociedad por la falta de credibilidad de las que fueron las dos fuerzas mayoritarias hasta hace poco tiempo. La situación ha venido a demostrar que no hace falta disponer de un programa de actuación concreto, y que el descontento es suficiente para canalizar una parte importante del voto ciudadano, fundamentalmente, de los marginados, agrupándolos no en torno a las soluciones, sino a la manifestación de los problemas.
Que esos marginados sean, en este momento, los jóvenes y las familias de trabajadores que ocupaban las capas medias y bajas de nuestra sociedad es algo que no puede ser menospreciado y exige medidas urgentes. La reincorporación de esos colectivos de descontentos a la actividad económica es imprescindible.
Y, en este punto, creo necesario exponer que estamos ante una revolución tecnológica cuyos efectos no se han analizado en profundidad. Hay menos trabajo disponible, las máquinas robotizadas y los programas informáticos han eliminado muchos empleos que no serán jamás recuperables, y las empresas están viendo al trabajador menos cualificad como una rémora para su óptimo rendimiento económico.
Es urgente abordar la modificación de la remuneración de los tiempos de trabajo en relación con las necesidades de sostenimiento familiar. No se trata de generar más empleos basura, en la que se paguen ínfimos salarios a cambio de jornadas completas, sino de establecer salarios mínimos para horarios que, debido al avance tecnológico, habrán de ser más reducidos. No hay trabajo para todos, y hay que repartir el que hay, si se desea, como parece razonable, que la vía del trabajo sea la forma de distribuir entre la población activa (la dispuesta a trabajar) la parte de la plusvalía generada por los emprendimientos colectivos que se quiere destinar al sostenimiento de las necesidades ciudadanas básicas.
No quiero cansarle más por hoy, y aquí termino mi tercera carta, en Madrid, a nueve de enero de 2015
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