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Tercera de las Cartas filípicas
Majestad,
En mi carta anterior finalizaba con el reconocimiento de la importancia de valorar el coste de la no realización de algunas de las acciones que serían necesarias o, cuanto menos, facilitarían la mejora de la situación. Normalmente, los que se oponen a una medida, no se detienen a analizar las consecuencias de no adoptarla, sino que solo ponen el énfasis en magnificar los supuestos perjuicios de llevarla a cabo.
Cuando estos perjuicios se presentan como afectando al colectivo general, y apelan a cuestiones que se han convertido en materia sensible (el medio ambiente es un alibi típico), suelen movilizar múltiples adhesiones, que, por ejemplo, se han puesto de relieve en manifestaciones como «Oro no» o «No a la minería» o a la industria nuclear, en la que quienes las defienden se centran en la negativa a actuar para extraer un recurso mineral o aplicar una tecnología que se entiende como peligrosa o perjudicial.
Son múltiples las ocasiones en las que la sociedad actual -movilizada desde ámbitos cuya intención no siempre es fácil detectar- promueve el inmovilismo tecnológico, pero sin haber comprendido el alcance socioeconómico que ello supone (en pérdidas de actividad y empleo) y sin que parezca importarle que otros centros de decisión, incluso con menor capacidad técnica, están adoptando las medidas que aquí se rechazan (lo que, si se trata de valorar supuestos peligros por el mal uso de una tecnología o la insuficiencia de las medidas de control, conduce a la paradoja de que se confía más en el saber hacer ajeno que en el propio).
Hace falta, pues, información, al mismo tiempo que análisis sereno de los inconvenientes y las ventajas de las actuaciones posibles, y sin olvidar un marco más amplio, que es el que aporta la globalización, en el que los países, al no existir un liderazgo único, optan por lo que a cada uno mejor lo conviene. Mi propuesta es que esa visión se adquiera al margen de los planteamientos ideológicos y teniendo en cuenta los intereses del país, que no pueden ser otros que la creación de empleo, la conservación del existente, y la generación de riqueza que se revierta en él.
Las opiniones que se me antojan más sensatas defienden que es imprescindible aumentar la capacidad de consumo ciudadano, y que esta se focalice preferentemente hacia la producción propia. Ello implica disminuir los impuestos a las rentas del trabajo y, paralelamente, aumentar la presión fiscal sobre los beneficios empresariales no reinvertidos. Claro está, ello ha de venir unido a una completa transparencia sobre el empleo de los recursos públicos.
En relación con el consumo, aparece como importante atender a especialmente al sostenimiento de aquellos sectores que proporcionan materias de primera necesidad. El empobrecimiento de agricultores y ganaderos, debido a que los precios de venta al público no cubren los gastos de producción no tiene sentido alguno. Justamente los productos que no precisan más que una elaboración o transformación relativamente sencilla, que puede realizarse con medios propios y fabricación nacional, y que demandan mayor cantidad de mano de obra, son los que deben tener atención prioritaria.
Por el contrario, los productos sofisticados, que España se ve obligada a importar, porque responden a patentes foráneas o a procesos tecnológicos a los que solo las grandes empresas especializadas tienen accesos, deberían ser grabados con impuestos superiores, pues debe tenerse en cuenta que los beneficios que generan -elevados, ya que en esos sectores se funciona en régimen de monopolio o quasi-monopolio y el consumidor desconoce el coste de producción- serán derivados a otros países, generando escasa o nula rotación monetaria interna.
Majestad, la ruptura del bipartidismo, que proporcionaba estabilidad en nuestro país y es garantía de que las variaciones en los programas económicos no sean sustantivas, sino adaptativas a las circunstancias reales, es un síntoma grave del desequilibrio que se ha operado en nuestra sociedad por la falta de credibilidad de las que fueron las dos fuerzas mayoritarias hasta hace poco tiempo. La situación ha venido a demostrar que no hace falta disponer de un programa de actuación concreto, y que el descontento es suficiente para canalizar una parte importante del voto ciudadano, fundamentalmente, de los marginados, agrupándolos no en torno a las soluciones, sino a la manifestación de los problemas.
Que esos marginados sean, en este momento, los jóvenes y las familias de trabajadores que ocupaban las capas medias y bajas de nuestra sociedad es algo que no puede ser menospreciado y exige medidas urgentes. La reincorporación de esos colectivos de descontentos a la actividad económica es imprescindible.
Y, en este punto, creo necesario exponer que estamos ante una revolución tecnológica cuyos efectos no se han analizado en profundidad. Hay menos trabajo disponible, las máquinas robotizadas y los programas informáticos han eliminado muchos empleos que no serán jamás recuperables, y las empresas están viendo al trabajador menos cualificad como una rémora para su óptimo rendimiento económico.
Es urgente abordar la modificación de la remuneración de los tiempos de trabajo en relación con las necesidades de sostenimiento familiar. No se trata de generar más empleos basura, en la que se paguen ínfimos salarios a cambio de jornadas completas, sino de establecer salarios mínimos para horarios que, debido al avance tecnológico, habrán de ser más reducidos. No hay trabajo para todos, y hay que repartir el que hay, si se desea, como parece razonable, que la vía del trabajo sea la forma de distribuir entre la población activa (la dispuesta a trabajar) la parte de la plusvalía generada por los emprendimientos colectivos que se quiere destinar al sostenimiento de las necesidades ciudadanas básicas.
No quiero cansarle más por hoy, y aquí termino mi tercera carta, en Madrid, a nueve de enero de 2015
Segunda de las Cartas filípicas
Majestad,
En mi primera carta puse de manifiesto la oportunidad que se le presenta hoy a la Monarquía, institución arcaica y anómala en el contexto cultural contemporáneo, para servir de plataforma al entendimiento constructivo entre los españoles.
Sería un grave error de apreciación por mi parte, que de ninguna manera desearía trasladar a Vd., creer o hacer creer que un Rey, lo mismo que cualquier otra figura, -¡incluso la de un Presidente de la República!-, pueda fungir como árbitro de los variados intereses de los ciudadanos. Aunque puedo imaginar que, en situaciones críticas, como sucede en algún otro país, el Presidente se vea compelido a proponer un jefe de Gobierno para salvar la falta de entendimiento entre los partidos, incapaces circunstancialmente para ponerse de acuerdo, por hallarse prisioneros de sus intereses peculiares, la medida no deja de ser provisional y, frecuentemente, proporciona una falsa solución, viniendo a complicar aún más el problema de la ausencia de concordia.
Tampoco imagino que a un Rey o Presidente le corresponda dar instrucciones que deban ser cumplidas por as restantes instituciones, como si tuviera alguna lógica admitir que alguien pueda mantener en su privilegiada cabeza todas las necesidades propias del Estado y dispusiera de la llave mágica para satisfacerlas. Sería ridículo caer en tal error, inadmisible en un Estado moderno.
Si, por otra parte, creyera ese Jefe de Estado que su función era limitarse dar consejos o máximas generales, a modo de instrucciones de un ideario elemental, puede que eso sirviera de cierto alivio o contento a los más declarados monárquicos (o republicanos, para el caso), pero los problemas permanecerían, desde luego, sin resolver. Manifestar que se está preocupado por el paro, la corrupción o la falta de unidad, es poner en evidencia una carencia colectiva, no aportar una salida constructiva para solventarla.
Se pueden seguramente, indicar múltiples causas por las que el país está en la actual situación de crisis. Lo diagnósticos son mucho más sencillos de hacer que encontrar propuestas de solución viables y, aunque éstas se pudieran detectar y aportar, ponerlas en práctica es otra cuestión aún más compleja. La causa de que los españoles anden, otra vez, desorientados respecto a lo que hay que hacer, defendiendo unos que hay que volver atrás y otros que lo que procede es olvidarse de lo recorrido y empezar de nuevo con todo, está, sin duda, en la ausencia de liderazgos surgidos desde la autoridad moral y técnica, por ello, caracterizan la escasa credibilidad que tienen los que se presentan como líderes.
Para avanzar, es imprescindible admitir que los problemas a resolver son muy heterogéneos, (desde luego) y que no valen fórmulas académicas, ni copias de lo que a otros les va aparentemente bien, ni es momento para acudir a estereotipos, pues es la cuestión capital es generar un tejido socioeconómico dinámico, sólido, vital, y no recurrir a parches reclamados por quienes ven que su negocio se cae o atender a la demanda urgente de propuestas de intervención particulares, amparadas en confusas ideologías que no tienen refrendo práctico sólido. Crear todo nuevo, sería imposible: hay que aprovechar lo que se tiene, robustecer lo que es principal, y generar nuevas ramas fértiles.
Los españoles actualmente vivos, no han sabido de la guerra civil, apenas guardan memoria de la dictadura franquista y carecen de perspectiva para valorar la evolución experimentada durante el reinado de su señor padre, D. Juan Carlos. Muchos no admiten que el camino recorrido tenía fallas estructurales y que el modelo social que se creía consolidado presenta grietas que es imprescindible cubrir o revisar.
La gran mayoría de los que tienen menos de cuarenta años solo saben de las dificultades para encontrar empleo, de la pérdida de poder adquisitivo respecto al que tenían sus padres y, además, carecen de orientación social, religiosa o política a la que puedan acudir como referente ideológico.
Por otra parte, la generación de los que tienen más de setenta años, (nacidos antes de 1945), por ley natural, pero también porque algunos han sabido aprovecharse de la coyuntura, ha ocupado la mayor parte de las posiciones, relevantes; algunos -muy pocos, pero altamente significativos- se han enriquecido excepcionalmente con la coyuntura y controlan centros de decisión o acaparan (ellos o sus inmediatos descendientes) núcleos sustanciales de generación de actividad y riqueza. La situación contrasta con que muchos otros -los más, y, entre ellos, casi todos los mejor ilustrados y honestos- han visto ignoradas o marginadas sus capacidades.
Es un grave error colectivo ignorar la experiencia y conocimientos de los que, habiendo llegado a la jubilación, tienen aún capacidad e interés por ayudar a encontrar las soluciones. En el colectivo -hombres y mujeres- de los que tienen entre cuarenta y setenta años, se halla, obviamente, la mayor combinación de experiencia y conocimientos, y se deben encontrar las vías de poner en concordancia todo ese bagaje, para beneficio de la comunidad, y no solo para beneficio directo de unos pocos.
Tal vez habrá oído comentar que la generación de los que ahora tienen entre treinta y cuarenta años es una generación perdida. En realidad, España ha desperdiciado siempre una parte importantísima del potencial de sus generaciones, pues el control de las decisiones se ha mantenido en muy pocas manos, que lo han utilizado fundamentalmente en su provecho. La generación de los que tienen entre treinta años y veinte años ha de ser recuperada de inmediato para la colaboración activa, y mantener altas tasas de paro en ella es cortar las ilusiones colectivas (de todos) y dificultar la construcción de un futuro mejor, pues ellos son los que pueden aportar la mayor dosis de empuje para crear nuevas iniciativas estables.
No creo, como Vd., en las revoluciones, sino en los cambios. En esta hora concreta, las cambios han de ser rápidos y, aunque no desearía que fueran drásticos, tienen que ser convincentes. Se ha de generar una atmósfera de oportunidades, de transparencia y de ilusión colectiva. Y eso solo es posible generando plataformas de comunicación y toma de decisiones en la que los distintos estamentos tomen conciencia de sus respectivas necesidades y responsabilidades.
Es cierto que la Historia proporciona algunos ejemplos, más de por donde no debe irse que de caminos a seguir. No avanzará Vd. por un camino solvente si no llama a esa plataforma a personas de toda condición, pero especialmente, de solvencia intelectual y económica. Es importante que sean gentes de distintas opiniones, pero que sean capaces de argumentarlas y defenderlas, no desde la ideología, sino desde la razón, para que sus ideas puedan ser analizadas por los que opinen lo contrario, y se pueda llegar así a un consenso sobre lo que es prioritario.
Tomemos el ejemplo de si es necesario aumentar el gasto público o, por el contrario, disminuir los impuestos, para que el consumo privado aumente.
Podría decirle que estoy en el grupo de opinión de quienes están convencidos de que es imprescindible combinar ambos criterios -como en la mayor parte de las cosas-, y que lo que se debe hacer es priorizar algunos sectores y señalar aquellos productos para los que los impuestos deben bajar, haciéndolos más apetecibles para el consumo.
Podría apuntar también a la idea, en la que, desde luego, no estoy solo, en que las inversiones en infraestructuras iniciadas han de llevarse a término y que el Estado debe mantener un nivel de inversiones para sostener su industria básica, principal generadora de empleo en ese sector. Pero también ha de disminuirse los impuestos para todos los productos de primera necesidad -¿por qué grabar la leche, la carne de pollo, los huevos o el pan?, por ejemplo- y los de consumo cultural directo -libros de texto, y, en general, todas las ediciones en rústica; representaciones teatrales en ciertos espacios; producciones de interés formativo, histórico, etc.-
Pero lo importante no es quien tenga la idea, sino generar la oportunidad de que se discutan y analicen las propuestas, en los foros adecuados, y se emitan conclusiones fundamentadas que sean expuestas a la consideración pública y se conviertan en líneas de actuación asumidas por todos.
En este momento, como Vd. no ignora, está sometido continuamente a debate la cuestión de protección del medio ambiente, lo que se ha convertido en bandera para ciertos grupos que encuentran amplio apoyo para su difusión. Lo que no se ha discutido, en este como en otros terrenos, es el coste de la no acción. Ahí está la clave. No actuar es mucho más costoso que actuar: en pérdidas de empleo, en dedicación a subvenciones sociales, en necesidad de compras alternativas, etc.
Termino aquí mi segunda carta, Majestad, que escribo en Madrid, a ocho de enero e 2015.