La relación de Estados independientes que han renunciado a tener Fuerzas Armadas propias, pone de manifiesto la falacia del pacifismo como parte de la Teoría del Estado. La mayoría son islas o territorios interiores de reducida dimensión, y los de mayor dimensión, como Islandia o Costa Rica son miembros de Organizaciones de Defensa (OTAN y TIAR, respectivamente). Suiza, presentado habitualmente como paradigma de Estado sin Ejército, es el país europeo con mayor número de armas por cada 100 habitantes, además de poder considerarse bien arropado por las Fuerzas Armadas de los Estados limítrofes, en caso de una hipotética invasión del territorio europeo.
No parece, sin embargo, que las razones que subsisten como base conceptual para mantener un Ejército sean coincidentes en todos los Estados con Fuerzas Armadas. Se apela, en general, a ideas atractivas, pero difusas, como la defensa de la identidad nacional, de la independencia del Estado, del territorio histórico o a principios democráticos o éticos. Desde luego, la protección de personas y bienes frente al potencial enemigo invasor está en el núcleo, no necesariamente expreso, del mantenimiento de Fuerzas Armadas. La complejidad y perfección continua de los instrumentos bélicos ha venido históricamente a favorecer la firma de acuerdos de actuación recíproca, formando bloques, que la realidad ha venido a demostrar que no siempre constituyen alianzas permanentes, ni en tiempo de paz ni de conflicto.
La tecnología militar es parte esencial de la fuerza defensiva (y, para los Estados con ánimo beligerante, del potencial ofensivo) y, como en todo proceso creativo basado en la experimentación, la investigación es crucial. Ya he puesto de manifiesto la importancia de desarrollar tecnologías de doble uso (civil y militar). No pocos ejemplos vienen a demostrar que los conflictos bélicos han impulsado avances científicos y que la perspectiva de su empleo militar o como demostración disuasoria -con la dedicación de fondos económicos y personal a líneas de investigación concretas- ha acelerado la puesta en servicio de armamento y material con potencialidad destructiva.
En este contexto pragmático, la formación universitaria reglada y la militar deberían tener puntos de unión a varios niveles. En la Unión Europea el Espacio Europeo de Educación Superior, al que deben adaptarse las enseñanzas de las Fuerzas Armadas, ha traído como consecuencia modificaciones importantes. En mi opinión, equivocadas.
Como es conocido, se ha pretendido regular los títulos y formación, compatibilizándolo con los llamados títulos propios, que las Universidades -en particular, en España, como consecuencia del desbarajuste autonómico- se habían aplicado en crear, en una variedad insostenible, que ha traído como resultado la pérdida de calidad de la formación, en general. En la Ley de la carrera militar, siguiendo el marco de Bolonia, se concretaron tres niveles de enseñanza: formación, perfeccionamiento y altos estudios militares. Los dos últimos niveles corresponden a las enseñanzas de postgrado (máster y doctorado), siendo el primero el correspondiente a lo que se denomina ahora el grado. El Real Decreto 339/2015 ha venido a ordenar (pretendidamente) los altos estudios militares, incidiendo en la complejidad y dispersión de los cursos y títulos que se impartían, en colaboración muchos de ellos con las instituciones civiles universitarias.
No tengo espacio suficiente, ni lo pretendo, para analizar en detalle las consecuencias de esta reglamentación. En la enseñanza universitaria, la situación generada por la errónea aplicación de los acuerdos de Bolonia está trayendo como lamentable consecuencia la confusión, especialmente en las ingenierías, entre las capacidades de los egresados con título de grado o de master (equivalente, en principio, a los antiguos términos de ingeniero técnico o ingeniero superior), a lo que se añade la confusión entre lo que son títulos habilitantes o no (los primeros capacitan para ejercer la plena competencia de una especialidad), que suponen competencia parcial entre los títulos de grado o los de master (Valga como ejemplo, que los titulados de grado de la especialidad de explotación de minas, con solo 3 o 4 años de formación, pueden ejercer sin limitaciones, la competencia en ese área, con independencia de la intensidad de formación que se supone, o debería suponer, a la formación superior) .
Para favorecer la movilidad entre la sociedad civil y la militar, y concentrar competencias en los órganos centrales del Ministerio de Defensa en la enseñanza militar, se implantó la idea de la doble titulación, combinando con el propio, un título civil. Entre otras decisiones de menor calado, se eligieron los grados de ingeniería de Organización Industrial para ser cursado por los futuros oficiales del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y el de Ingeniería Mecánica para la Armada.
Coincido con muchos analistas en reconocer que se trata de un error. No un grave error, pero sí un error de visión de futuro. Si lo que se pretendía con esa doble titulación favorecer el empleo de los oficiales que hubieran dejado el Ejército en las empresas civiles, la especialidad en Organización Industrial no es la adecuada como formación complementaria. La empresa valora, más que la formación básica, la experiencia, en personas que ya no tienen la edad juvenil. Y la enseñanza universitaria común en organización industrial no tiene demasiada aplicación en el específico escenario de la organización militar. En el caso de la ingeniería mecánica para los oficiales de la Armada, la obtención de este grado, con gran aceptación por los jóvenes que siguen solo la trayectoria civil, no facilita demasiado el empleo posterior a los alféreces y tenientes de navío.
La línea iniciada es, con todo, la adecuada, en mi opinión. Tiene, como se recordará, un precedente inverso en la llamada Escala de Complemento, que facilitó, en los años en los que la enseñanza militar era obligatoria, la integración a los Ejércitos de los oficiales -y en su caso, sargentos- que habían finalizado su instrucción denominada “premilitar” (IPS, instrucción premilitar superior; IMEC, instrucción militar de la escala de complemento). No quiero empañar este análisis con referencias a casos concretos.
Entiendo que se debería profundizar y desarrollar muchas más líneas de enlace. En el campo del derecho o de la economía, pongo por caso -especialmente, en el primero de ellos- la integración de objetivos debería provocar una revisión de la manera de ejercer la jurisdicción militar en temas jurídicos, revisando las leyes y reglamentos propios y su aplicación. En el campo de la economía, la doble titulación -que, por cierto, algunos militares ya tienen hoy, conseguida por su cuenta- aportaría mayor solvencia interna a cuestiones financieras y contables planteadas desde la Defensa.
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Vayan hoy, acompañando mi Comentario, dos fotografías de aves. Una, de u n sílvido, un pollo de curruca capirotada (Sylvia atricapilla), luego de aliviarse del calor estival en un balde de agua, aún con las plumas mojadas por el chapuzón; otra, de un fringílido, un lúgano, (carduelis spinus) luciendo sus colores seductores -se trata de un macho- al tiempo que buscando semillas en el terruño bastante agostado.
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