Hoy quiero referirme, nuevamente, al panorama de desorientación en el que está inmerso el mundo de las profesiones, al que amenaza, además, en lo que respecta a la ingeniería, una inminente Ley de Servicios Profesionales que pretende convertir en norma el capricho mental de un aprendiz de legislador, sin la menor idea de lo que es la ingeniería, que estipula como dogma de fe que los ingenieros pueden dedicarse, independientemente de su formación académica, a diseñar y construir cualquier artilugio -desde un barco de guerra a un túnel bajo el estrecho de Gibraltar-, siempre que respondan de la osadía con los polvos mágicos de su deontología ante el cliente y estén cubiertos, a su voluntad, por un segurcito de responsabilidad civil por si vienen mal dadas y un tsunami les echa a perder el involuto tecnológico.
Comprendo que un país al que le salen a borbotones las cifras de parados por los agujeros abiertos en su economía por los cuchillos de la improvisación y la insolidaridad y que los falsos fontaneros alemanes han pretendido restañar a golpes, no está de ánimo para oir de estas minucias, que parecen ayes corporativos y lamentos de tipos de corbata ansiosos por mantener sus prebendas históricas.
Aún menos, si hay temas que resultan más enjundiosos para animar una conversación con cafelito, como es el estar advertido de que los tesoreros del partido de Gobierno se ocupaban, no solo de recaudar dinero de los beneficiados por las adjudicaciones públicas, sino de repartirlo en sobresueldos entre los compas y, con el sobrante, hacer un capitalillo personal con el preparar el disfrute de una jubilación bien merecida. ¿Por qué no pensar que los ingenieros, como los políticos, son gentes que sirven para cualquier cosa, desde cambiar un plan de ordenación urbana para recalificar los terrenos de la abuela hasta decidir que un aeropuerto pueda servir como pista de prueba de coches de carreras?
Bien es cierto que, con la que están cayendo, hay mucho que hacer, aunque solo se emplee el tiempo en decidir qué hacer primero. Pero podrían sus señorías dedicar algún momento en las largas sesiones de los Congresos a analizar las razones por las que los jóvenes de nuestras flamantes camadas universitarias no encuentran aquí empleo y están dispuestos a irse a Alemania (o a donde sea) para no deprimirse aún más al ver que se van haciendo muy mayores; y todo ello, en lugar de aplaudir a los ministros del Estado del mismo signo cuando rivalizan en repetir las tonterías con esa sonrisa bufa que se les pone, de bachilleres que han calculado mal el número de copas que bebieron en la fiesta de fin de curso.
Sería igualmente de agradecer que, en el debate de ideas que permanentemente dice tener convocado la oposición (y coloco a todos en el mismo saco, a sabiendas), en vez de traslucir ocurrencias de parvulario en forma de programas alternativos que confirman la extensión homogénea de las incapacidades entre las ideologías, se analizaran las razones por las que conviene desmantelar, y de inmediato, este aparato monstruoso que come por un lado de la autonomía universitaria y por otro de la libertad de cátedra y que mantiene decenas de cabezas y cabezudos y es sustentadora de miles de rabiles hacedores de titulaciones y especialidades que en su mayoría carecen de aplicación en el mercado del trabajo.
Pues bien: en lugar de ir al fondo del asunto, alguien con negro sentido del humor ha decidido que lo adecuado es juntar las ramas del árbol del caos, atándolas por arriba, haciendo un ramillete con ellas, cubriéndolo todo con celofán y adornándolo de cintitas y bolas de colores, sin escuchar a los que le gritan que no, que no es así, ni es eso, y que el árbol de las profesiones también está enfermo y hay que atender a las raíces, pero para darle fuerza, no para quitársela convirtiéndolo en un objeto muerto más en el salón de los despropósitos.