Usted habrá recibido una o varias cartas de las entidades financieras con las que trabaja (es un decir), advirtiéndole de que, si no entrega cierta información o actualiza sus datos, la Ley 10/2010, que deberá ser aplicada desde el primero de mayo de 2015, después de un «período de gracia» de cinco años, obligará al bloqueo de sus cuentas.
La prolija descripción de motivos, la indescifrable relación de variedad de controles y medidas a adoptar, las consecuencias gratuitas y terriblemente penalizadores para las cuentacorrentistas e inversores de buena ley que desoigan ese llamamiento, será, pues, terrible: negarles el acceso a su dinero.
Lo que la motiva es el mismo objetivo que las múltiples medidas que pretenden salvaguardar nuestra seguridad cuando viajamos en avión (en menor medida, hasta llegar a su carencia absoluta, en los demás medios de transporte): el despropósito, la desproporción entre los resultados perseguidos, las actuaciones y los medios.
No necesito bola de cristal para saber que el uno de mayo de 2015 habrá cientos de miles de depositarios que confiaron su dinero en una entidad financiera, aporreando las puertas de las oficinas y amenazando de muerte a los bancarios si es que, como parece, están dispuestos a aplicar a rajatabla la congelación de las cuentas.
Por favor, que no nos tomen el pelo quienes legislan, sin haber meditado en las consecuencias. Esa Ley es desproporcionada, inútil, aberrante. No persigue aflorar las operaciones ilegales, sino abrumarnos a los ciudadanos normales con la sensación de que se nos trata como delincuentes, de que se aprovecha cualquier excusa para desposeernos de nuestro derecho.
He recibido una carta de una de las entidades financieras en las que tengo mis pocos ahorros en la que se me insta a entregar con urgencia la fotocopia de mi carnet de identidad, o me veré privado del acceso a mi dinero. ¿A qué se está jugando? ¿Quién nos representa? ¿Qué nos mantiene tan silenciosos ante el avasallamiento continuo de nuestro derecho a que nos dejen en paz a los pacíficos, a los ciudadanos cumplidores, a los serios? ¿Alguien cree que hemos dejado de ser la inmensa mayoría?
¿Se nos está juzgando con el baremo que los que legislan no se atreven a aplicar contra ellos mismos?
