El RD 235/2013, aprobado en abril, sirve perfectamente para reflejar el terrible desorden que se ha instalado en la administración española, como resultado combinado de la incapacidad y la improvisación propias de nuestro pequeño país y la presión de la Comisión Europea, pertechada en Bruselas con las armas de un herramental jurídico potente, que está puesto al servicio de la troika centroeuropea, y que se cocina como un guiso infumable que combina los intereses propios con la idea parcialmente atrabiliaria (1) de servir de modelo al desarrollo mundial.
Veamos: tenemos un España instalada una crisis insoportable, con un número de viviendas que rondará los 10 millones, construídas en los últimos quince años, de las que unas 500.000 (por lo menos) están en el limbo de haber sido terminadas o haberse encontrado a punto de serlo desde hace tres o cinco años, pero sin comprador, y, por tanto, deteriorándose. Tenemos, además, uno de los índices de viviendas en alquiler más bajos de Europa. Además, mantenemos una ley de arrendamientos urbanos que deja, a la primera, desprotegido al arrendador al que su inquilino no paga el alquiler prometido, por lo que es normalmente mejor mantener un piso vacío que exponerte a que te lo destrocen, y, además, no puedas echar al que no cumple lo pactado sino tras un largo, costoso y exasperante proceso judicial para recuperar la posesión del inmueble.
La necesidad de implantar, con el Reglamento de aplicación correspondiente, la Directiva europea 2010/31/UE, para no exponerse a sanciones por incumplimiento de plazos, ha llevado al Gobierno español a aprobar a la trágala el citado Real Decreto, dejando abiertas tantas indeterminaciones, que lo ha convertido en terreno abonado para la especulación, el chanchullo y un lugar de caza de desorientados por parte de aprovechados de varios pelajes. (1)
No se ha explicado el R.D., ni sus objetivos, ni los plazos para aplicación. No se sabe quiénes serán los técnicos competentes para la emisión de la certificación energética, ni el contenido o alcance de los certificados y, desde luego, tampoco para qué servirán, más que para presionar a la baja el precio ya lastrado de los pisos propiedad de particulares. Se ha abierto la puerta a certificaciones manipuladas sin ningún decoro, emitidas por jetas que carecen de la formación y de los medios para responsabilizarse de nada.
Se desconoce por qué organismos y con qué procedimientos se otorgará la calificación de técnico competente para la certificación, y se ha iniciado ya una guerrilla entre colegios profesionales para llevarse al agua la mayor parte del botín, cuyos paganinis serán, como otras veces, las clases medias (y, en este caso, los propietarios ancianos que se planteen, por ejemplo la hipoteca inversa de sus viviendas).
Un carajal energético nuevo. Urbano, esta vez. Y si Vd. quiere vender un piso o alquilarlo, solo puedo darle un consejo: no haga caso, de momento, a ninguna de las ofertas de certificación que se le hagan. Deje que se aclaren, primero, los que han sacado de la chistera un R.D. que, más que conejo, es un gato, y, por lo inmóvil que lo veo, muerto. (2)
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(1) La R.A.E., siempre a su bola, no reconoce todavía “carajal” como palabra digna de figurar en sus diccionarios, aunque como habla de carajo y caraja como forma utilizada en ciertos países hispanoparlantes para evitar nombrar a hombre y mujer de comportamiento poco recomendable, la explicación me puede servir para definir carajal como la tierra en donde se mueven, crecen y pululan tipos con los que uno preferiría encontrarse de día y con más gente.
En cuanto a ser solo por mitad atrabiliario, la idea me viene también de la R.A.E., que dice que tal término ha de aplicarse a quien tiene genio destemplado y violento; no encuentro violentos a los funcionarios que chinchan desde Bruselas, pero, vaya si los encuentro faltos de mesura, y vaya si los tiempos que nos crean los juzgo destemplados…
(2) Estas ideas me han sido inspiradas, además de haber echado mano de mi experiencia personal, por la conferencia pronunciada el 29 de mayo de 2013, en el Salón de Actos (Claustro) de la ESIMM, por María Cubillos, co-propietaria y gerente de SinCeO2, organizada por el CEMA y que llevaba el título: “La nueva normativa para la eficiencia energética de edificios”
Estoy de acuerdo en tu planteamiento, no obstante creo que indica que son los técnicos competentes los autorizados para firmar estos certificados.
Lo que me preocupa es que esto quede reducido, dada la indefinición, a las titulaciones de los Colegios que tienen representación en el Consejo Asesor. No entiendo porqué no hay otros Colegios representados, pero esto es otro debate en otro lugar.
Otro tema ¿están los registros de técnicos ya habilitados?, creo que no y todavía no hay ni requisitos, ni donde, ni como se inscriben los técnicos en este registro público autonómico,…
es decir, que todavía queda mucho para poner en orden este Real Decreto, o más bien, el desorden que ha creado. Es necesario esperar hasta que alguien se aclare y el RD publicado tenga posibilidad de ser aplicado correctamente.
Por último, estoy de acuerdo con lo indicado en el tema de los inquilinos y es mejor dejarlo vacío (entiendo que lo dices por experiencia propia de alguna reflexión escrita en otro blog),
Saludos.