Varias asociaciones nostálgicas del pasado aprovechan, desde que estamos en democracia, para festejar, con actos de distinta naturaleza, cada catorce de abril, el advenimiento (como si se tratara de una figura exotérica) de la Segunda República en esa fecha de 1931, que fue la forma de Estado que se mantuvo en España, entre tremendas tensiones, durante los años previos a la guerra incivil que nos descalabró por muchas décadas la convivencia.
No creo que sobreviva ninguno de los que estaban en uso de sus facultades en 1931, pues, si les supongo con una edad mínima de dieciocho años entonces, andarían ahora, -si es que no les ha tocado criar malvas-, con más de ciento diez años a las encorvadas espaldas. Luego, estos que celebran la República y añoran su vuelta, están, en mi opinión, expresando algo muy distinto de su devoción por lo que sucedió entonces.
Defender la República como forma de Estado preferente en esta situación histórica, en la que nos encontramos bajo la forma de Estado de una monarquía constitucionalmente legitimada, reducida en sus funciones a su quintaesencia simbólica y con un Gobierno y Parlamento democráticamente elegidos, es una butade (RAE: «salida extravagante e ingeniosa, destinada a provocar»).
He escrito muchas veces y mis amigos y conocidos me lo han oído decir siempre que hay ocasión, que entiendo que la República es la forma más lógica y normal de dirigirse en un Estado democrático. En ese sentido, soy republicano. Pero también es cierto que hay algunas Monarquías que funcionan como ejemplo de democracia, y no tanto porque el Monarca o Rey lo sea, sino por la manera en que está construido el aparato de representación del pueblo para elegir a los que han de dirigir la gestión de los temas de Estado.
Debemos estar orgullosos de que nuestro Rey actual, Felipe VI, con una educación exquisita, que nos ha costado bastante dinero a los españoles, cumple a la perfección la labor de ser la cabeza visible de ese ente intangible, casi místico, que es el Estado. Sin que intervenga -ni pueda hacerlo, por prevención legal- en la inmensa mayoría de las cuestiones de gestión, que son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
Sé que en esto me separo claramente de los exaltados republicanos que piden la abolición de la Monarquía y, a cada ocasión, desprecian la labor de representación, harto simbólica, de nuestro Monarca.
Pero la imagen del país no la está dando la Monarquía, sino nuestro Gobierno y nuestros representantes políticos. Me parece que ahí, en ese punto, es donde más tenemos que mejorar.
Celebren, si quieren esos malinformados de la Historia, la proclamación de la Segunda República. Yo me uniría, sin problema, a los que quieren homenajear a la República, así en general, como forma teóricamente más perfecta de Estado, en un acto que tendría más de filosófico que de conmemoración histórica. Hoy por hoy, sin embargo, aunque no viví (obviamente) la Segunda República, si bien leí sobre ella mucho más -lo digo sin petulancia alguna- que la mayoría de los que la celebran, me manifiesto satisfecho con nuestra Monarquía, como símbolo moderno de esta España y me pregunto porqué no podemos estar a la altura de las mejores democracias del mundo en la gestión de nuestros problemas reales, quiero decir, de los que verdaderamente nos deberían interesar.
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