Propuestas de acción a las Administraciones públicas en relación con la generación de actividad y empleo se han escuchado algunas.
No han tenido reflejo, hasta ahora al menos, en disposiciones de impulso a la economía, sino que se ha creído (o admitido) por el Gobierno que era prioritario el “saneamiento presupuestario“, con el argumento repetido de que se había estado gastando por encima de nuestras posibilidades, lo que no ha podido ser probado de manera convincente.
La responsabilidad general atribuída a la burbuja inmobiliaria, que ha sido, en realidad, varias veces “descontada” (en la terminología bursátil al uso) por el sistema, no ha sido sino una forma técnicamente viciosa de derivar la atención de otras responsabilidades y asuntos, penalizando injustamente a inversores privados en el sector de la edificación.
Las medidas adoptadas se han orientado fundamentalmente a la reducción del gasto público -con decretos vergonzosos, como el R.D. 16/2012 y su cómplice el R.D. 1192/2012-, y se ha agudizado la presión recaudatoria (manifestado incluso en el incremento de denuncias por infracciones automovilísticas menores), con el argumento impuesto por la troika -lamento que no le guste la referencia a esa dictadura de mente centroeuropea a Javier Solana- de que había que ajustar a la baja el endeudamiento del Estado en su relación con el PIB.
Se ha propuesto, en diversos foros y momentos, avalados en el caso general con estudios de viabilidad y con previsiones de creación de puestos de trabajo y actividad arrastrada:
1) un programa nacional de rehabilitación de edificios, que mejore las condiciones de habitabilidad, disminuya el consumo energético y la accesibilidad general.
2) la continuación de las infraestructuras que han quedado suspendidas de frorma brusca, y que correspondían a decisiones de contratación adoptadas apenas hace dos o tres años y que se habían avalado con previsiones de ventajas en las comunicaciones, mejora de los flujos de transporte o necesidades de inteconectividad entre localidades y zonas.
3) un plan de ayudas a la generación autosuficiente de energía distribuída (con placas solares, utilización de energía geotermia somera, etc.)
4) la investigación de zonas con potencialidades para la explotación rentable de gas de esquisto.
5) la continuación de los programas de viajes de la tercera edad como forma de mantener la ocupación hotelera y facilitar el sostenimiento de puestos de trabajo en la hostelería y en algunos servicios.
6) potenciar la utilización de la infraestructura viaria para transporte de mercancías, completando y revisando, en su caso, la red existente.
7) impulsar planes locales de limpieza forestal, apoyando su aprovechamiento rentable
8) aprovechar el flujo turístico para impulsar las ventas pre-estacionales, con envío a los domicilios de los viajeros (de ropa, muebles, juguetes, calzados, etc.)
9) remodelar y reorganizar el sector de fabricación de muebles, dotándolo de elementos de modernidad y diseño más funcional, en combinación con la revisión de la población forestal.
10) ayudar a la modernización completa del sector hostelero (restauración), y en especial, en el cumplimiento de la normativa existente en materia de sanidad y trazabilidad, que no es en la mayoría de los casos, que un papel mojado y una amenaza discrecional de cierre permanente sobre no pocos locales.
11) impulsar la exportación de productos de fabricación nacional de alta densidad de empleo (juguetería, moda, calzado, mobiliario, piezas especiales, prótesis, etc.)
12) establecer planes coordinados entre las empresas de manufactura y las Administraciones, que sean previsores y no atiendan a la negociación a posterior, y forzosamente rápida e improvisada de problemas de viabilidad por caídas del mercado.
(continuará)
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