No es preciso recurrir a dotes adivinatorias para deducir que a la Cámara de los Diputados españoles se le avecinan momentos tormentosos. El pueblo aporrea las puertas del Congreso con iniciativas suscritas por millones de ciudadanos, y la pintura de vocación política de algunos representantes se destiñe, dejando ver puras ambiciones personales .

Es comprensible que el Presidente del Gobierno  parezca agotado, de tanto ir del fuego a los pucheros, inseguro de si procede echar agua para que las habas no encallen o atizar el caldo para que coja más sustancia. El lenguaje empleado para dar explicaciones sobre la financiación irregular de los partidos políticos,  tiene poco que ver con el tono vibrante de los mítines que servía para conseguir votos. El reconocimiento de que los sobresueldos se habían ocultado «por vergüenza», no oculta otra mayor, la de tener que admitir de dónde procedían los dineros.

Puede que aún no se hayan dado todos cuenta (la ministra Ana Mato, por ejemplo, ha reconocido que seguirá trabajando sin desmayo por seguir ayudando a las clases desfavorecidas del país, a quienes cree representar, a pesar del ácido popular que corroe los pies de su pedestal de élite privilegiada). Pero el descrédito afecta a todo el colectivo de los profesionales de la política.

Pagarán justos y pecadores, mujeres del César y simples portadoras de delantal y cofia, porque así son los momentos de expiación cuando el ansia justiciera se mezcla con la rabia contenida y fallan los diques de contención por su escasa fortaleza: injustos con los buenos.

El desbarajuste que aflora de los terrenos de la política (que abarca a demasiados responsables de partidos, sindicatos, corporaciones empresariales, entidades de gestión financiera, etc.) no parece recuperable más que con la dación en pago de las carreras de todos los que han visto afectada su credibilidad, aunque sea en escasa medida, por no haber respondido a la confianza que habíamos depositado en ellos. Hay que cambiar  nombres, poner caras nuevas. O se explican bien, con transparencia, o que entreguen sus posiciones, dejando libre el campo a otros. Y, en lo que podamos, ajustar mejor las correas.

Hay varios tipos de daciones en pago.  Con una, en concreto, estoy de acuerdo.

Es la que ocupa más espacio en los media y supone que:

a) quien ha solicitado un crédito para hacerse con un bien inmueble para utilizarlo exclusivamente como vivienda propia que, sin falsear su situación patrimonial, le fue concedido por una entidad financiera, que tenía toda la exacta y completa información sobre el valor de lo que el deudor estaba adquiriendo y,

b) luego de haber estado cumpliendo irreprochablemente las obligaciones que había asumido, por circunstancias sobrevenidos de las que no es en aboluto culpable, se ve en la situación de no poder responder a las mismas, en todo o en parte, y

c) encontrándose sin capacidad ni perspectivas para recuperar la facultad de generar manera de compensarlo en plazo previsible, es totalmente admisible

d) se vea liberado de la obligación de pagar el resto de la deuda, con la entrega del bien al acreedor.

Esto, sin perjuicio de que determinadas situaciones particulares maticen este principio genetal, y que serán apreciadas, no por jueces, sino por árbitros multipersonales.

Hay una situación que no puede resolverse con la dación en pago. La de quien dispuso de un crédito social, trampeó sus datos y actuaciones, que le sirvieron en realidad, para organizar falsos negocios, comprar con añagazas otros, y generar, con tiempo, cómplices y artas amañadas, un entramado complejo en el que se ocultó como la araña en la red, presentándose como empresario de éxito, benefactor de sus coetáneos, probo ciudadano cumplidor de obligaciones.

En ese caso, los acreedores somos todos nosotros. Y no tiene sentido que, con el lento andar de la justicia y la capacidad probada para enmarañar las cosas que tienen los que las contemplan desde arriba, sigan habitando la morada de la honorabilidad quienes no pueden devolvernos la confianza, cogidos in fraganti de la trampa. Tienen que ser desahuciados, ya, y que se defiendan en los tribunales como corresponda a su derecho, pero no ocupen el edificio común cuya rentabilidad nos es imprescindible.