Difícil condensar en un solo título la variedad de cuestiones que arrastra, convertida en un pesado fardo, la Administración de Justicia en España. La crítica respecto al mal Derecho tiene amplio consenso entre los especialistas, abarcando desde una legislación prolija, desigual, incluso contradictoria, y falta, en aspectos sustanciales, de un ordenamiento lógico, que permita su conocimiento y aplicación sin graves fisuras.
Que los órganos jurisdiccionales están colapsados, no es tema nuevo, y lo padecen, tanto los propios jueces -preocupados, sin duda, por la demora en dar solución a los litigios que se les presentan-, como los letrados y, desde luego, los clientes, que ven acumularse el tiempo sobre sus pretensiones, acumulando gastos, tensiones y pérdidas de oportunidad.
Si esto fuera poco, existe, además, la fundamentada opinión de que la Justicia no es igual para todos. El acceso a la Justicia nunca fue universal ni cómoda. Acudir a los Tribunales es caro -en dineros y en tiempo- y sería, por ello, iluso, pretender que las puertas de acceso a las instancias judiciales está abierta a todos. El ánimo para pleitear no alcanza por igual a todo el mundo y, ante una Justicia lenta y en parte impredecible, quienes obtienen mayor beneficio de la situación son, por supuesto, los que más pueden resistir, incluso desde una posición contraria a derecho que ellos mismos han sabido o querido suscitar.
Hay 4.800 jueces en España (uno cada 10.000 habitantes), cifra muy inferior a la idónea, que se estima en 10.000. Desde algunos sectores, se critica su preparación, no tanto en los aspectos teóricos, sino en cuanto a la experiencia vital de los magistrados que, llegados demasiado jóvenes a la responsabilidad, no tienen ocasión de adquirir formación práctica al margen de la toga, y, por ello, corren el riesgo -no pocas veces, visible en sus comportamientos- de un endiosamiento que nace de saberse con autoridad pero sin la pericia de quien conoce bien la sociedad a la que sirven.
Seguramente el mayor hándicap con el que se encuentra la Administración de Justicia proviene, sin embargo, de la entidad de quienes acuden a ella. Las grandes empresas, los demandantes con mayor poder económico o quienes, sabiendo que el fallo se dilatará, tratan de crear situaciones de hecho que les benefician, asumiendo que quienes se ven desplazados de su derecho, desistirán de defenderlo en los Tribunales o no podrán soportar los altos costes de pleitear contra el poderoso.
Deja una respuesta