La situación española tiene tales incertidumbres que me parece un ejercicio de mínima responsabilidad social comentar aquellas que me aparecen como de mayor relevancia.
Desde luego, en primer lugar, por su carácter pandémico y su propagación aún misteriosa y sin tratamiento eficiente conocido, hay que situar al coronavirus. Se están produciendo nuevos brotes en casi todas las localidades españolas que hacen temer la difusión generalizada de los contagios, reproduciendo la situación que se generó en marzo de este año.
Ciertamente, se conocen algunas peculiaridades del comportamiento vírico, y se dispone de medios de detección precoz de la enfermedad. Posiblemente no se producirán ya muertes por trombosis (como sucedió, lamentablemente, por desconocimiento de la afección a la coagulación sanguínea), y no parece posible que se produzca el colapso de las unidades de vigilancia intensiva, porque se reducirá el número de intubaciones de los enfermos más graves. Tampoco es probable que los facultativos penalicen a los pacientes de más edad, en beneficio de los más jóvenes, si hubiera que elegir, por insuficiencia de medios hospitalarios.
Las vías de contagio son múltiples: reuniones familiares o sociales, ausencia o deficiencia en el uso de mascarillas y en los controles higiénicos en locales comerciales, menosprecio hacia las medidas sanitarias por muchas personas (de toda edad y condición, aunque reconociendo que mi observación no tiene valor estadístico alguno, principalmente, jóvenes, extranjeros, fumadores y grupos de amigos).
La crisis pandémica ha arrastrado la económica y su reincidencia hundirá aún más una economía que no se ha recuperado en absoluto, a pesar del desconfinamiento. El turismo, motor económico de primeras velocidades, no acaba de arrancar, y las ocupaciones en hoteles, restaurantes y lugares de ocio son muy bajas o nulas. Los sectores industriales, en especial los dependientes de los mercados exteriores, se encuentran aún paralizados o con un lento resurgir de la actividad anterior. En consecuencia, las cifras de paro se acercan a los cuatro millones y, de producirse el temido «rebrote», aumentarán, con consecuencias sociales dramáticas.
En esta situación, sorprende que la posición del Gobierno esté orientada, en lo esencial, a la expectativa de fondos europeos, que no serán gratis, sino que obligarán a adoptar medidas muy duras en cuanto a impuestos, restricción de gastos público, pensiones y focalización de los apoyos a sectores productivos concretos. El necesario impulso a la investigación como motor de desarrollo, oxímoron clásico al que no se ha atendido nunca con seriedad, no producirá, obviamente, efectos a corto plazo y, por tanto, es muy probable que sea marginado -a pesar de las intenciones confesadas- dando ventaja a medidas de más inmediato efecto social.
La desconexión entre los miembros del gobierno, formado con representantes de dos facciones políticas con muy diferentes intenciones y argumentario, es un elemento más de incertidumbre. De muchos ministerios no se sabe nada relevante de su gestión. La parcelación de viejas carteras para atender a satisfacciones de egos y acuerdos carentes de propósito relativo al bien común, es motivo de desorden en las directrices (las que haya), falta de coordinación entre funcionarios, y desconcierto en los sectores que deberían impulsar y ordenar con su actividad.
Un elemento de incertidumbre adicional, cuyas consecuencias al respecto de la imagen de España es fácil deducir, afecta a la persecución política y mediática del anterior jefe de Estado. El «rey de antes» D. Juan Carlos, está sufriendo una grave exposición personal, que pretende hacer olvidar la excepcional función de valedor de la democracia, que representó, en lugar preferente, el establecimiento de la forma de Estado como monarquía parlamentaria .
La escalada del deterioro propiciado a la institución monárquica, ha tenido elementos bien orquestados, no por la legítima opción republicana, sino por grupos que pretenden la destrucción del orden social, es decir, la revolución. Se une a esta situación, la hipocresía y egoísmo de la clase dirigente y un pésimo manejo de la crisis monárquica, por la propia Casa Real, el gobierno y la valoración de los principios éticos (o la falta de ellos) por los que se mueve nuestra sociedad.
Resultó ya sorprendente el juicio y encarcelamiento del yerno del Rey Juan Carlos, Ignacio Urdangarín, víctima de un encarnizamiento que, lejos de venir a reflejar la necesidad de puridad de las actuaciones de la Familia Real y sus adláteres, dejó al descubierto un flanco débil en el siempre misterioso mundo del uso de la influencia de quienes detentan poder para conseguir beneficios económicos. Nadie se alzó para defender a Urdangarín, y todos parecieron tirar piedras contra él, como si estuvieran libres de pecado.
(continuará)