Parece consumada la posibilidad de un acuerdo contra natura que signifique, en la segunda vuelta, la consolidación como Presidente de Gobierno efectivo de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista de España. Contará Sánchez para esa investidura, en la segunda vuelta, además de con los apoyos de la Unión del Pueblo Navarro, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Regionalista de Cantabria -si el Presidente Revilla no cambia de opinión- y la Unión Canaria, con el acuerdo firmado con Unidas Podemos y su hermano menor, Más País.

Se trata, por tanto, si en efecto se consolida esta coalición de variados intereses, de una extraña combinación de propósitos independentistas y regionalistas del más puro espíritu egoísta y antisolidario, con un expresado propósito de combinar la izquierda tradicional (o lo que quede del PSOE, después de pasar la trituradora Sánchez) con el populismo de izquierdas, cuyo propósito es -salvo que Iglesias y los suyos hayan cambiado de discurso- «marcar a los socialistas el verdadero camino de la izquierda», para que no se desvíen a la derecha.

He podido analizar los textos sucintos tanto del acuerdo entre Sánchez e Iglesias como del firmado entre Ortúzar y Sánchez. Se trata de documentos cuya forma refleja precipitación y algunos fallos gramaticales, aunque lo preocupante es, sin duda, el fondo. El fondo, salvo detalles concretos, es una colección de generalidades, intenciones difusas y adolece, como es habitual en todo planteamiento de los partidos con pocos militantes, de una dramática falta de realismo económico.

En el acuerdo entre los representantes del PSOE y el PNV, -la combinación antinatural del partido que defendía hasta ahora un progresismo moderado y otro de derecha más bien reaccionaria, pero nacionalista- sorprende por incluir expresiones que afectan a intereses de dos Comunidades Autónomas que no firman el pacto. Se pretende, con ello, avanzar en la línea de la fractura territorial (actualmente, anticonstitucional) comprometiéndose a defender  modificaciones constitucionales que lleven a un nuevo mapa de las autonomías españoles, en beneficio de las actuales regiones denominadas Euskadi, Navarra y Cataluña, a las que se jura o promete la mayor independencia posible.

Como el papel lo aguanta todo, pero también la población adormilada lo pasa todo por alto, no sorprenderá que el acuerdo firmado por Andoni Ortúzar, presidente del PNV, incluya la obligación -¡en un plazo de seis meses! de trasladar las competencias de Tráfico (cuyo responsable actual es la Guardia Civil) a la Comunidad Foral de Navarra, ampliando las actuales competencias de la Erzaintza.

La triste naturaleza de estos acuerdos demoledores para la democracia y la solidaridad, es que se margina aún más a las regiones cuyas poblaciones se han caracterizado por tener más sentido de la unidad de España: así, los cambalaches de propósitos en el contubernio para gobernarnos desde la ocultación, se margina a Asturias, Andalucía, Galicia, las dos Castillas, Murcia, Las Baleares, …

Estoy seguro de que los documentos ofrecidos a publicidad ocultan lo sustancial: otros pactos y compromisos que no se han dado a conocer, y pasan a ser opacos para los no pactantes, con lo que nos encontraremos -a saber en qué momentos- confrontados con una realidad que se impondrá sobre lo que se ha presentado.

La escenificación de la firma de esos insustanciales documentos (poco contenido expreso para lo mucho que significan para la estabilidad y la democracia) se ha hecho sin permitir preguntas a los periodistas, en un flaco ejemplo de oscuridad y ocultación informativa.

No quiero ni pensar en que el presentado por el gobierno provisional de Bolivia como un intento de secuestro de los refugiados en la residencia La Paz de la embajadora de México en ese país por representantes diplomáticos españoles y cuatro Geos, obedezca a alguno de los acuerdos invisibles entre PSOE y Podemos.

Qué país, señores.

(El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos merece un análisis específico, que trataré de desarrollar mañana)