La sociedad civil es, muy posiblemente, una entelequia formal. No es difícil asimilar, cuando se leen crónicas de sucesos y escritos aderezados de historias y políticas, a los civiles a sujetos/objetos pasivos, inermes, indolentes, anónimos. Son destino de actuaciones de otros, y aparecen no pocas veces como víctimas colaterales (casualties). Se les toma por masa homogénea, predecible, inmune al estímulo individual y, en todo caso, se consideran detectables sus vaivenes cuando se les somete a la servidumbre adicional de las encuestas y sus necesidades y deseos se jalonan, como marcas de clase en estadísticas.
Frente a ellos están las fuerzas vivas, los estamentos, los ejércitos y el aparato inescrutable del Estado que actúa para ellos, pero sobre todo, por encima, sobre ellos, y, muy raras veces, con ellos.
Así que, demandando un esfuerzo de abstracción podríamos preguntar: ¿cuál es la esencia de la ciudadanía? ¿A quiénes se refieren con el término ciudadanos y sociedad civil los que la usan tan despreocupadamente, y oímos a diario?
Procedamos por exclusión, para acercarnos a un intento, ya que no de definición, al menos de los confines del asunto. Desplacemos con decisión a quienes, precisamente, por utilizar el término ciudadanos para enmarcar a terceros, ni se consideran de ese grupo, ni apetecen que se les confunda con sus miembros: hablo de funcionarios y, por supuesto, de políticos.
Como funcionarios, incluyo a todos cuantos ocupan un puesto laboral pagado total o parcialmente desde el Estado.
No importa si en calidad de militares, desde generales a soldados; desde magistrados a oficiales: a todos cuantos estén adscritos a los recovecos de las administraciones de justicia; vayan fuera (con respeto), médicos, enfermeros, ATSs, analistas, gerentes, celadores y, sin dudar, todo el personal con bata de los centros de salud públicos del Reino; eliminemos, cómo no, a catedráticos, profesores titulares y suplentes, conserjes, asociados, eméritos, becarios y a los que ocupen los escalones administrativos y subalternos de cualquier centro de enseñanzas públicas; sean caídos del panel, abogados del Estado, TACs, actuarios, inspectores, y, con ellos, a todo tipo de ocupantes, ya sea por oposición, designación digital o asignación provisional, de cuantos lugares sean previstos en el escalafón de las legal o reglamentariamente definidas estructuras de las Administraciones; incluyamos el personal de los servicios de aguas, saneamientos, residuos y depuraciones; de los transportes, tierra, mar y aire, si reciben la nómina del Estado o de contratas, apéense ; del censo grupal, no caben tampoco en este empeño, los directivos, titulados, y todo el personal contratado por empresas públicas, mixtas, y parapúblicas; y, en fin, desclasifiquen de la cosa de la ciudadanía, a todos cuantos reciban, si no están ya comprendidos en alguno de los epígrafes anteriores, una parte de su salario, remuneración o prebenda del erario común o de los centros relacionados con él por cualesquiera de sus arabescos organizativos.
Vayamos, luego a desclasificar a los políticos. Más fácil está, pues no pocos se habrán caído antes. Pero, al grano. Habría que entender por tales, no solamente a los que ocupan posiciones -no importa si esporádicamente- en cualesquiera de los Parlamentos, Senados y Senadetes, Municipios, Diputaciones, Consejerías o Gobiernos de toda alcurnia y condición -desde los Ministerios hasta las Direcciones Generales y los asesores áulicos, ya hubieran accedido en virtud de carnet o afiliación, aún la imprecisa; saquemos del plantel, también, a cuantos reciban encargos retribuidos sobre actuaciones pasadas o futuras, regalos y dádivas más o menos sólidas, sean o no de marca, y, en especial, los que encubran compensaciones económicas por trabajos ya acabados o de los nunca empezados, y a no olvidar los que tengan expectativas fundadas o infundadas de acabar recibiéndolas, y, si se cumplieron, bájense o retírense, aunque falten documentos y razones demostrables de que las hayan disfrutado.
Si quedaran aún gentes incólumes; de la batalla y purga, irredentas; vírgenes de oposición, limpios de maniobra o engaño; incumplidores tenaces de las condiciones que les habrían llevado a otra situación que no gustaban; orgullosos de su nulo poder; tibios para ascender, diligentes al bajar y ayudar; si hubiera algo remanente, ahí tendríamos, como aquella rosa de la creación siderúrgica que salió de la mano de Aranguren y que acabó llamándose Arcelor-Mittal, voilá, la sociedad civil.
Gentes inocuas, invisibles, oscuras: siervos de la gleba. No tienen nada que ver con políticos ni funcionarios, no esperan de unos y otros nada de particular (tal vez, disgustos), de lo que no saben no contestan, y prefieren no contestar de lo que saben, si no es a su debido tiempo. No comprenden de asuntos políticos y, cuando les toca con su mano de hierro la función pública, agachan, sumisos, la cabeza.
Lo que no quiere decir, que no sean ellos, sin embargo, los que sufren de las crisis, disfrutan de las migajas de la bonanza, reciben premios de lo que cae de la mesa, padecen disgustos, se someten aunque se muestren reacios, entregan su valor cuando las levas, y se esfuerzan en cumplir prescripciones, dictámenes, decisiones e incluso los caprichos que del otro mundo de la esencia vienen.
Si existieran, como yo me siento, más gentes pertenecientes a la sociedad civil, -que no representantes, pues la heterogeneidad excluye cualquier representación-, entenderán mi desconcierto.
Porque hétenos aquí llegados a un punto en que los políticos aparecen enzarzados, no en decidir cómo gobernar mejor la polis, sino en pavonearse entre sí acerca de lo bien que podrían hacer no se sabe qué y aún menos, cómo. Nos exhiben lo mucho que se valoran a sí mismos y quieren que los admiremos por ello.
Y vuelvo mi mirada hacia los funcionarios. Mientras la sociedad civil, esa formada por los que dependemos de nosotros mismos, los que, si no hemos conseguido en el día de hoy vender nuestra mercancía laboral no comeremos mañana, asistimos, con envidia, al hecho de que el aparato funcionarial sigue funcionando. Es buena cosa: sigue habiendo clases, asistencias médicas, multas, inspecciones fiscales, encausamientos, sentencias. Nadie marca a los funcionarios, desde arriba, el camino a seguir. El sistema tiene inercia, y actúa, no por las decisiones marcadas por los políticos, sino por la necesidad de otros, por la voluntad de unos, por conocimientos, perspicacias e intereses que no están dictados desde arriba.
Ya me gusta sentir ese aire en la cara. Se habla de corregir el rumbo, pero yo lo que creo es que hay que poner más dosis de realidad en la política. Si no saben descender a donde estamos los ciudadanos, si no saben qué dar o mandar a los funcionarios para que lo hagan mejor, renuncien los políticos a formar gobierno, olviden los resultados de las elecciones de diciembre de 2015, y dejen que se convoquen otras nuevas. Por favor, eso sí: Que no vuelvan a presentarse los mismos ni con los mismos programas -si es que hubo-, que a esos y a éstos ya los hemos votado.
Que vengan otros que utilicen la oportunidad de orientar y dirigir mejor el trabajo de los funcionarios, haciendo que el magma del que vive la sociedad civil se tranquilice, y el dinero y el trabajo dinamicen las ruedas, que se paran.