A medida que el territorio local se va poblando, en una transmutación inquietante, de ciudadanos que pasan de respetables a sospechosos, implicados, imputados, presuntos culpables, liberados, procesados, condenados, exonerados, reclusos, fugados, apelantes, excarcelados e incluso, indultados, nos podemos preguntar –legítimamente, como se ha tomado por costumbre indicar aunque no venga al caso- si no debería revisarse lo que se entiende por el concepto de “irregularidades“, dándole un significado que sea incuestionable, admitido por todos.
Los dos casos mediáticos (y procesales) de mayor calado con los que hacemos la digestión empachosa de nuestra realidad actual, se refieren a “irregularidades” en la financiación del Partido Popular, actualmente en el Gobierno de España y a “irregularidades” en el incremento de la fortuna personal de los duques de Palma y de su socio y manager económico.
El Presidente del Gobierno ha declarado que “si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades en el Partido Popular o conductas impropias de miembros del Partido, no me temblará la mano”. Por su parte, la Casa Real, por mediación del Conde de Fontáo, ha expresado que ya tenía advertido a Ignacio Urdangarín, en 2005, que las actividades mercantiles que pretendía realizar con una fundación o asociación a la que no correspondía ánimo de lucro, constituirían “irregularidades” (1).
No hace mucho tiempo (mayo de 2012), quien, por la naturaleza de su cargo e irreprochable formación jurídica, conoce el alcance del término en el ámbito legal, el ex Presidente del CG Poder Judicial, Carlos Dívar, expresó, cuando se sintió hostigado para explicar algunos gastos o dispendios que había cargado a las arcas públicas, que no había cometido “irregularidades“. Que se tratara, además, de una persona de expresa religiosidad, añade, -involuntariamente-, a su declaración, una componente que apunta hacia la autovaloración ética de su conducta.
No quiero abrumar al lector con ejemplos del diferente alcance del término “irregularidades” y la tremenda inseguridad, no ya jurídica, sino social y moral, de la que se ha dotado el término. ¿Hasta dónde llega la “irregularidad” y qué es lo punible, y en qué forma?
Si yo no pago impuestos, presentando en paralelo una declaración responsable por la que expreso que no daré un solo euro más al Estado hasta no quede demostrada su eficiencia y se me convenza de que no se despilfarrará el dinero, que me cuesta mucho conseguir, en inútiles infraestructuras o sostenimiento de incapaces, ¿estoy cometiendo una irregularidad, o soy un ejemplo de civismo?
Si, sensibilizado por la cantidad creciente de pordioseros que encuentro en mi camino al trabajo, reúno a todos los de mi ciudad con algún pretexto, convenciéndolos para que se introduzcan en autobuses que habré contratado previamente (ofreciendo, como dirección de facturación y para tranquilidad transitoria de la empresa transportista, la de algún ejecutivo del Real Madrid CF) y hago descender a esos cuantos miles de personas junto al estadio Santiago Bernabeu, en día en el que se juegue un partido fundamental para la historia (al menos, del fútbol), para que comprueben con sus propios ojos que existen unos cien mil seres de la misma especie, capaces de dilapidar, en época de crisis galopante, más de 140 euros por cabeza (2) por dos horas de espectáculo intrascendente, ¿habré cometido una irregularidad o seré merecedor de un aplauso de la mayoría silenciosa?
Si…
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(1) Lo que abre un pavoroso capítulo nuevo, que es el de dilucidar si comete irregularidad quien, habiendo prevenido, en función de garante o controlador de legalidad, a un su pupilo o protegido, de lo deficiente de la conducta que pretende realizar, la acaba tolerando, por omisión, dejación o falta de autoridad real para atajarla.
(2) La sexta parte, aproximadamente, del salario mínimo. Dos horas de espectáculo son, aproxidamente, el 0,02% del tiempo anual del que se dispone para hacer algo útil.
Si tu vecino se tira por un pozo, tu no te tiras. El hecho de que ellod sean unos chorizos no justifica que los demás cometamos acciones al menos parecidas a las suyas. Vivimos en un estado de derecho y esa es nuestra única garantia. Co el mismo argumento cualquiera podría pegarle un tiro a otro, mostrando su indignación por algo supuestamente mal hecho. Está la Justicia y las Elecciones, por eso El presidente debe dimitir.
Claro,claro, Salvador. La ironía con la que escribí este Comentario en el blog no es una invitación a la insurrección, y menos, a que nos convirtamos en delincuentes o, faltos de perspectiva, pasemos a la acción justiciera o, desolados, nos tiremos por la ventana. La defensa del estado de derecho es fundamental. Pero “estado de derecho” no es una fórmula teórica, ni supone que haya que esperar a que actúe la Justicia para que todo el mundo cumpla con la ética y haga lo que le corresponde hacer -y se espera que haga-, de acuerdo con la responsabilidad. Y, en cuanto a la aplicación práctica del concepto “democracia”, hay mucho que discutir; el secuestro del término por los partidos políticos debiera servirnos de enseñanza.