El desmantelamiento -tardíamente lamentado- del Instituto Nacional de Industria, al que los ímpetus de distanciamiento respecto al período franquista pusieron bajo la piqueta demoledora del socialismo juvenil, dejó a España sin la opción de mantener un entramado empresarial controlado eficazmente por el Estado.

Mucho se ha teorizado respecto al interés de que, incluso en los países en los de mayor fervor liberal, el Estado detente la mayoría de ciertos sectores -por su relevancia social, tecnológica o militar-, considerándolos estratégicos.  Nadie discute que la presencia de observatorios directos sobre el mercado facilita la función de control, de la misma manera que -sensu contrario- el oscurantismo y la desinformación favorecen el crecimiento de áreas de corrupción, beneficios excesivos y déficits en la implantación de una política de Estado coherente.

Sin que sea ahora mi intención sumergirme en el mar de argumentos en pro o en contra de ese modelo de intervencionismo parcial, no tengo dudas de que las empresas que se dedican a fabricar material militar han de estar sometidas a fórmulas de supervisión y control especiales. No solo porque el nivel de calidad y cantidad de su producción afecta a los objetivos de defensa propios, sino porque, no es posible obviar que el material dedicado a la exportación interfiere sobre el equilibrio global, sirviendo a intereses de quienes adquieren armas y pertrechos, sobre los que no se tiene supervisión.

Por supuesto, no se trata de un juego inocente. En un mundo en el que las amenazas a la seguridad se han polarizado en dos direcciones con escasa o nula compatibilidad (terrorismo protagonizado por “lobos solitarios” o grupos radicalizados con supuesto origen religioso; y manipulación supraestatal de las posiciones capitalista/anticapitalista), los objetivos de Estado deben coordinarse, además,  con estrategias de bloques, y los gastos militares habría de acomodarse en relación con los objetivos definidos por estas alianzas y pactos internacionales.

La realidad es que ningún Estado está dispuesto a renunciar a su parcela de autonomía militar, a mantener un Ejército -con armamento todo lo sofisticado que permita su presupuesto- y, sin necesidad de argumentarlo, recubrir el todo de un importante velo de oscurantismo.

El gasto militar mundial anual supera los 1,3 billones de dólares (es decir, más que el PIB total español), acaparando Estados Unidos el 33-35% del mismo, seguido a distancia por China (150.000 millones de dólares) y Rusia (casi 60.000 millones de dólares, el 4,6% de su PIB). Las mayores empresas del sector de Defensa son norteamericanas (Lockheed Martin- con 36.000 millones de dólares de facturación anual- Boeing, Raythein, General Dinamics), aunque está incrustada en el tercer lugar, una empresa británica (BAE Systems). El importante monto total y las dimensiones de los gigantes del sector da idea acerca de los intereses que moviliza esta industria.

En este contexto, cuando se dirige el visor desde lo general a lo particular, cobran sentido los desequilibrios en relación con los riesgos de una defensa ineficaz. Los 28 países de la Unión Europea dedicaban al sostenimiento de sus ejércitos poco menos de 200.000 millones de euros, con 1,8 millones de efectivos (incluyendo personal civil), siendo el Reino Unido, Francia y Alemania quienes acaparan el 60% de este importe. Se comprende, por ello, que el Brexit supondrá un duro golpe para la posible política conjunta en Defensa, pues soporta el 22% del gasto.

En España, la información se encuentra dispersa y, como sucede con casi todos los datos que afectan a nuestras magnitudes fundamentales, al contrastar diversas fuentes, crece la incertidumbre acerca de la fiabilidad. Según el Directorio de la Industria Militar del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, hay más de 130 empresas de defensa, siendo las más importantes Airbus Military, Navantia e Indra. Entre las grandes empresas del sector está MaxamCorp (la antigua Explosivos Riotinto), la primera empresa fabricante de explosivos de Europa y segunda del mundo.

Una mayoría de las empresas se encuentran agrupadas en la TEDAE (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio), creada en 2009, que cuenta con 76 compañías, según su propia información. Facturan anualmente cerca de 11.000 millones de euros -algo más de la mitad en el mercado civil- , y aportan el 6% al PIB industrial español, dando empleo a unas 56.000 personas (21.000 serían empleos directos). Se enfoque a la exportación resulta evidente, analizando el destino de la producción.

El Ministerio de defensa edita, con destino fundamentalmente a la exportación, un catálogo sobre la Industria Española de Defensa. La edición 2017-2018, cuenta con 282 páginas, y se edita en español inglés y árabe. Allí se enumeran hasta 256 empresas (más del 81% son pymes), incorporando no solo las agrupadas en TEDAE, sino también las de AESMIDE (que prestan servicios y bienes). La cifra total de facturación llega a 82.549 millones de euros, poniendo de manifiesto que la parte dedicada al sector defensa no llega al 10% para esas empresas.

Resultaría pretencioso, en un artículo con pretensión divulgadora, reafirmar la idea de que es necesaria la revisión de los objetivos del sector, encajándolos, en lo posible, en una doble visión: la mayor dedicación a la investigación y desarrollo en productos, materiales y equipos que tengan doble utilidad (civil y militar), y la integración de las exportaciones susceptibles de aplicación miliar en el marco de una estrategia europea.

(continuará)