Porqué en Catalunya: Quinta entrega

Los últimos acontecimientos en relación con el drama social que se vive en Catalunya, con motivo de la deriva independentista de una facción del Parlament, a la que se consideró legitimada, con base en la representación de una mayoría simple de catalanes, han permitido situar la cuestión en un nuevo marco desconcertante, que afecta a la credibilidad de los agentes del proceso y, de forma indirecta -pero aún más significativa- a la entidad y fundamento de las pretensiones independentistas.

Para quienes lean este Comentario pasado algún tiempo, recojo aquí el resumen de los hechos más significativos en relación con el proceso secesionista que ha centralizado el análisis político, en especial durante el mes de octubre de 2017:

1. El Parlament votó la independencia de Catalunya, en un acto declarado ilegal e inconstitucional, el 27 de octubre de 2017. Los únicos diputados que se encontraban presentes en el singular pleno, pertenecían a las agrupaciones de partidos denominadas, respectivamente, CUP (Candidatura d’ Unita Popular), y Junts pel Sí (coalición electoral formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres). El grupo Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP), que manifestó, a través de su portavoz, su disconformidad tanto con la declaración de la independencia como con la aplicación del art. 155 de la CE, votó mayoritariamente en contra. El resultado de la votación fue de 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Aunque la mayoría de los parlamentarios de CSQEP mostraron su papeleta con el voto negativo, el carácter secreto de la votación impide conocer con certeza quienes fueron los concretos parlamentarios secesionistas -y, por tanto, los susceptibles de ser destinatarios de una querella criminal por rebelión, conspiración y/o secesión, según los casos-. Los partidos de la oposición al independentismo, PP, PSOE y Ciudadanos, abandonaron el recinto antes de la votación.
2. El mismo día, y en una sesión casi paralela, el Gobierno  del PP, con el apoyo de los representantes de los partidos Ciudadanos y PSOE, y de otros senadores de partidos minoritarios (UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria), consiguió en el Senado 214 votos favorables a la aplicación del art 155, superando ampliamente los 47 votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y Compromís. Nueva Canarias se abstuvo. Las medidas de aplicación se anunciaron en la tarde, y el lunes siguiente (30 de octubre de 2017) se produjo la incorporación de los sustitutos de los Consellers, destituidos, como el President, y otros altos cargos, de forma inmediata. El Presidente Rajoy anunció que el día 21 de diciembre siguiente se celebrarán elecciones al Parlament de Catalunya.
3. El lunes 30 de octubre comenzaron a divulgarse intrigantes especulaciones sobre la marcha del ex President Puigdemont y cinco de los consellers depuestos, a Bélgica, en donde estarían analizando  pedir asilo político. La valoración de esta cuestión, con matices entre esperpénticos y chuscos, ocupó, de pronto, el panorama de la actualidad catalana, disminuyendo el nivel de intensidad con el que se trató el hecho más relevante: la sociedad catalana, (y los depuestos, incluso el jefe de los Mossos d´Esquadra. sustituido por su segundo), acogió con insospechada tranquilidad el cambio brusco de los ocupantes de los puestos clave en las instituciones.
4. La conferencia de prensa que el depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, poco antes de las 13 h del 31 de octubre, celebró en Bruselas -al más puro estilo de Julian Assange-, pretendió la difusión de la posición independentista, desde el púlpito para la mayor proyección que supone el lugar de sede de la Unión Europea. El ex President, ya asesorado por el equipo jurídico que habría estudiado las opciones de solicitar asilo político, y desechada esa posibilidad, reitera su argumentario político, destinado más hacia los posibles votantes catalanes que a torcer la decisión de los Estados comunitarios de no apoyar la independencia de Catalunya.  Estos argumentos, sin embargo, han perdido credibilidad y solvencia. No parece factible que, al margen del foro utilizado para repetir el mensaje, se movilicen nuevos afectos exteriores a la estrambótica actuación de los partidarios de la secesión en lo que se ha dado en llamar “el Procès”. Ni tiene recorrido la denuncia de la actuación del Gobierno del PP contra el pueblo de Catalunya (emitida por un prófugo con amenaza de ser procesado por delitos gravísimos), ni se puede conceder credibilidad a la “manifiesta y persistente cerrazón” (según palabras del ex President) ante la “propuesta pacífica y democrática” de mantener el diálogo con el Estado español, que habría movilizado en cambio la represión y la violencia contra miles de personas que pretendían ejercer su derecho al voto y a la independencia.En una declaración un tanto confusa, mezclando varios idiomas, -francés, catalán, inglés y español- un visionario Puigdemont, en el papel de héroe mancillado, dice hablar en el respeto a la pluralidad y neutralidad de las administraciones, y pretende convertirse en paradigmático defensor de la paz y la antiviolencia. Su confusión mental (no resulta posible explicar lo desconcertante de su esquema de raciocinio) le lleva a denunciar también al fiscal Mata, cuya querella contra él y otros miembros del gobierno decaído, alega que “no se sustenta jurídicamente, al estar dirigida contra personas” (?). Pretendiendo conformar un gobierno catalán en el exilio,  indica cuatro puntos de justificación de su autoexilio a Bruselas, que presenta como normas de actuación: 1) niega que el desplazamiento a Bruselas suponga una petición de asilo, y lo caracteriza con el solo propósito de denunciar la parcialidad del gobierno español y los graves déficits democráticos en el Estado español, así como su compromiso personal y de su gobierno destituido con el pueblo catalán; 2) la decisión de no abandonar el trabajo de defensa política de la independencia: 3) el apoyo a las diferentes iniciativas que se están desarrollando para  evitar la demolición de las instituciones catalanes; 4) la asunción de las elecciones propuestas por el gobierno español como un reto democrático y aceptan la participación, proponiendo respetar los resultados del 21 de diciembre de 2017.

   (continuará)