(Continúa de los tres comentarios precedentes, a modo de Credo particular, con raíces en mi gnosticismo práctico y en la experiencia vivida)
4. Necesidad de una revisión crítica del papel del Estado
La gestión de la economía de un país intermedio, implica la convivencia y en su caso, alineamiento, con intereses supranacionales, la defensa de los elementos que pueden ser impulsados desde la actuación local, y la búsqueda permanente de los huecos en los que implantarse, incluso circunstancialmente, utilizando las ventajas diferenciales que se consiga generar.
España tiene una desdibujada posición internacional, producto de la debilidad en el sostenimiento de sus objetivos. Pretendíamos tener un papel preponderante en relación con la conexión entre Europa y Latinoamérica, e incluso en las relaciones intraamericanas (norte-sur) y no lo hemos sabido aprovechar, o hemos despilfarrado en gran parte el capital moral, sin haber sabido suplir en demasiadas ocasiones los déficits en seguridad jurídica o solvencia económica de un área con gran potencial en recursos, con habilidad negociadora y confianza en su futuro.
En la relación con el mundo árabe, que ingenuamente queríamos basar en una pseudo-identidad cultural e histórica harto cuestionables, hemos pedaleado más sobre la imaginación que sobre la realidad, si bien se debe reconocer que ha habido grupos empresariales que se beneficiaron -en el sector de la construcción, sobre todo-, aunque no alcanzo a ver las ventajas para la creación de empleo en nuestro territorio, a salvo de unos pocos técnicos expatriados.
En cuando al papel español dentro de la Unión Europea, entidad que por sí misma se halla a la busca de su propia personalidad, nuestro peso es marginal, y se nos ve más como problema que como parte de la solución, siendo nuestro europeísmo más próximo al de estómago agradecido o pedigüeño necesitado, en un escenario en el que parece regir el sálvese quien pueda antes que la cooperación.
En relación con las organizaciones internacionales (desde la OTAN al Banco Mundial, de la ONU a la OMS) la posición de España es más pasiva que otra cosa. Se tiene fama, posiblemente merecida, de ser incumplidores de compromisos e ignorantes o remisos a la intervención activa, y no solamente con ideas. El papel exterior, en las relaciones exteriores, debería concretarse en aprovechar las posibilidades de erigirse en portavoz, no de filosofías, sino de concretas propuestas de resolución de las necesidades de los países y zonas más desfavorecidas, utilizando la capacidad de convicción que pueda derivarse de…nuestro camino hacia sus posiciones.
No es, sin embargo, cuestión de criticar, a lo que somos tan dados por tradición e idiosincrasia, sino de actuar con solvencia, desde la consciencia de cuáles son nuestros problemas y no los de la Humanidad (en especial, los que no podemos resolver de éstos últimos). En España, la urgencia surge del lado social, y su gradación y valoración, para definir la entidad de las medidas a adoptar solo puede hacerse desde dentro. Es imprescindible conseguir la estabilidad de las capas sociales, de manera que los niveles de satisfacción de los integrantes de la pirámide de ingresos y gastos no se muevan descontrolados. Y en esto, no vale engañarse.
Por la parte de la generación de productos y servicios, si las expectativas de los grupos socioeconómicos que forman el sustento básico de la economía no son atendidas, y las perspectivas de futuro no son razonadamente halagüeñas, las empresas se irán, y la actividad regeneradora de los sectores dañados será insuficiente o nula.
Desde la parte del consumo, que está vinculada directamente con la oferta laboral, el descontento provocará tensiones revolucionarias. Si no hay ingresos familiares, una vez consumidos los ahorros privados, e inexistente el crédito, el número de dependientes de los servicios sociales, de la asistencia pública, o de los pobres y desarraigados, subirá hasta que la tensión explote.
Tenemos, además, en España, el problema especial de que habíamos alcanzado un nivel de bienestar que pretendíamos consolidado, y sobre él se auparon las opciones políticas tanto de la izquierda como la derecha. Apuntábamos hacia unas prestaciones del modelo económico que, evidentemente, no pueden cumplirse en una perspectiva de crisis estructural. Y si falla la credibilidad de las instituciones, no puede esperarse que la reconstrucción del tejido socioeconómico dañado se realice por apelación a elementos mágicos.
Después de llevarnos unas cuantas veces las manos a la cabeza -y depurar, por supuesto, las bolsas de corrupción, ineficacia y avaricia que se han formado-, debemos de aplicarnos a poner en pie formas concretas que nos vuelven lo más rápidamente a una zona de estabilidad. La actuación del sector público es, en esta situación, determinante, pues no se puede confiar, en absoluto, que los agentes que se guían por el mercado y la máxima rentabilidad (la responsabilidad social de los grandes grupos es, en esencia, un placebo), permitan solucionar los problemas urgentes de quienes se encuentran, por el cambio de coyuntura, desplazados, particularmente si están en la base de la pirámide.
La responsabilidad de los gestores públicos abarca desde las administraciones locales a las más altas estructuras del Estado, y exige una actuación coordinada. Las finanzas del conjunto del Estado han de ser vistas como un bloque, y la coherencia de las medidas que se adopten para su saneamiento es fundamental. No se puede abandonar a los municipios el problema de resolver su saneamiento, a base de impuestos y tasas locales, o privatización de servicios públicos. La falta de solidaridad regional tampoco puede ser alimentada, y las tendencias a la disgregación del modelo nacional ha de ser atajadas con serenidad y firmeza. No habrá desarrollo sin la colaboración de todos los agentes regionales, y la reforma de la Administración pública, en todas sus formas, es urgente y ha de ser debatida sin miedos ni a priori, y con firmeza.
La automatización y la informatización de la prestación de los servicios públicos, la transparencia en las inversiones y gasto de las Administraciones y empresas públicas son una obligación, y especialmente si se pretende la coordinación y evitar los despilfarros.
Soy partidario de la inversión pública en empresas, al menos como referencia para contrastar información, en algunos sectores; no como ha sido utilizada en el pasado para rescatar empresas en dificultades, sino, al contrario, para acompañar a las que actúen en campos preferentes; los proyectos dimanantes de los centros de investigación que emplean dineros públicos deberían encontrar en esas empresas una continuación natural; esto es, me refiero a los sectores frontera.
La eliminación de la burocracia, el secretismo, la ineficiencia, y la desconexión entre los intereses públicos y privados no puede tolerarse en época de crisis y ante la necesidad de cambiar sustancialmente algunos enfoques que nos llevaron hasta aquí.
(continuará)