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La guerra que entró en el patio trasero de nuestra energía

16 julio, 2022 By amarias Dejar un comentario

He recibido ayer, 15 de julio de 2022, el último número de la revista ENTIBA, editada por el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, y de la que soy orgulloso fundador y miembro de su Consejo Editorial. Para ella escribí el Editorial, como vengo haciendo para los más de cien números que se han publicado. Aunque lo envié a imprenta hace ya más de cuatro meses, sigue siendo de actualidad y, una vez que alcanza difusión por la revista, me siento libre de publicarlo aquí.

El violento ataque de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania ha conmovido los cimientos del derecho internacional, obligando a la revisión de las relaciones económicas que la globalización había hecho transcurrir por una fase optimista de bonanza.

Con la guerra ha reaparecido bruscamente la polaridad entre dos maneras muy diferentes de entender la regulación de la convivencia, -democracia o dictadura del Estado-. Ha saltado por los aires la apacible teoría de que los conflictos geopolíticos en Occidente podrían ser civilizadamente resueltos por cauces diplomáticos y que, como un gran marco protector, la fluidez de los intercambios económicos y tecnológicos garantizaba la paz y el entendimiento entre los pueblos, independientemente de la organización de sus Estados.

China y Rusia han aparcado sus diferencias, fortaleciendo sus relaciones. La primera, consolida rápidamente su poder en Asia, mientras el gobierno de Moscú dirige su mirada expansiva hacia Europa, dentro del sueño de recuperación de la Gran Rusia que alimenta la ambición del Kremlin. Por su parte, Europa y Estados Unidos actúan conjuntamente, apoyando a Ucrania frente a las ambiciones territoriales de la Rusia de Putin.

El mercado de la energía como protagonista

No parecía imaginable, hace apenas unos meses, que una situación de guerra abierta pudiera darse en Europa, y que su territorio se convertiría, otra vez, en el campo singular de una ambición de expansión dictatorial. En 2022 ha quedado ensombrecido el panorama cercano con una contienda que parece estar desarrollándose con recursos bélicos conscientemente limitados pero sin límites éticos, y que ha provocado miles de muertos -militares y civiles- y millones de fugitivos que se ven obligados a abandonar sus casas para escapar del escenario de destrucción y barbarie.

La escalada de tensión que atenaza el mundo tardará años en resolverse. Pero, Al margen de cualquier juicio ético y político, impulsado al primer plano como esencial protagonista inmediato, se encuentra el mercado de la energía.

La preocupación anterior era tratar de contener la subida de los precios energéticos y de su principal derivada, la energía eléctrica. A partir de la situación creada por la guerra resulta imprescindible introducir en la ecuación energética, la disponibilidad y fiabilidad de las fuentes. Aunque el gas de origen ruso siga apareciendo como una opción técnicamente cómoda y factible (y, desde luego, deseada por el Kremlin), la perspectiva ética obliga a cuestionarse seguir financiando el régimen de Putin con divisas europeas.

Hacia la autarquía

En la actual situación, ya no se trata de elegir entre las fuentes de energía para reducir costes o reducir la contaminación, sino que la prioridad es garantizar el suministro. Para obtener un precio asequible, en especial, al consumo de las familias y de las empresas más dependientes del recurso, los Gobiernos echan mano de reservas y subvenciones. Si bien no cambia la directriz general señalada por la contención de la amenaza del cambio climático, la búsqueda de la mayor independencia energética, incluso a nivel de cada país europeo, reorienta las decisiones.

No es cuestión de dudar sobre qué hacer a medio y largo plazo. Con la tecnología actual, independencia energética y sostenibilidad ambiental equivalen esencialmente a apostar sin reservas por el desarrollo de energías renovables y, en aquellos países en los que no se ha levantado un veto más ideológico que técnico a esta fuente, contar con la producción de las centrales nucleares. En el microcosmos energético, ante una perspectiva duradera de altos precios y posible escasez, se trata de conseguir también mejorar la descentralización hacia los consumidores menores y reducir el consumo total de energía.

La producción de electricidad y la referencia a sus costes marginales está directamente inmersa en el debate, en el que se han resucitado algunos axiomas. Las centrales nucleares pueden trabajar a costes marginales inferiores que las que utilizan gas. Aunque no se le ha concedido al carbón ninguna opción de sostenibilidad en la Unión Europea, (a pesar de los avances para captación y almacenamiento de CO2), no se descarta tampoco la reapertura de minas de carbón durante un período corto. Necesidad obliga.

Los defensores del abandono de la energía nuclear en Europa encuentran un escollo insalvable. La posición de Francia es decididamente favorable a mantener la energía nuclear como fuente fundamental para su suministro energético. Consciente de esta situación, el Reglamento Delegado de la Comisión Europea, al completar el Reglamento 2020/852, y establecer las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental (la Directriz de taxonomía) apoya el mantenimiento de las centrales nucleares. Las centrales nucleares pueden ofertar con beneficio por encima de 40 euros Kwh, y actuar como amortiguadoras de precios frente a las centrales de gas.

El gas como elemento clave del escenario energético

La guerra encontró a Europa desprevenida. No estaba preparada para abordar una crisis de suministro del gas. La dependencia energética de Europa respecto al gas lo ha convertido en protagonista principal del momento. El consumo de gas natural en el mix energético primario en la Unión Europea fue del 83,5% en 2020. Aunque la Federación Rusa sólo produce el 16,6% del gas mundial, la mayor parte de ese gas se destinaba a Europa y, más específicamente, a Alemania e Italia. La Agencia Internacional de la Energía tiene registrado que en 2021 la Unión Europea adquirió 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Rusia (1.760 Twh, utilizando la conversión de 1 m3 igual a 11,33 kwh), un 40% de su consumo total de combustible.

Ha sido puesta en evidencia la capacidad regulatoria de los mercados, animando a revisar el cálculo marginalista de los precios de la electricidad. La subida de los derechos de emisión del CO2 cuando los precios del gas o del petróleo son altos, queda interferida cuando los precios se hunden o el mercado se mueve en carestía, y la inercia no favorece la conexión de las energías renovables.

También se pueden sacar enseñanzas de la evolución de los precios del petróleo en el pasado. En los últimos veinte años, solo en tres ocasiones subieron por encima de los 100 dólares/barril, cayendo luego a los 30 dólares/barril. Si se considerase la evolución a largo plazo, se podría fijar la tendencia para el incremento de precios para el gas, el petróleo y el carbón. Podría adoptarse, al margen de los mercados, un razonable el 5% anual de incremento, si los Gobiernos equilibraran los precios reales de mercado, con impuestos o subvenciones. Los inversores y los particulares podrían planificar sus decisiones energéticas con riesgos soportables.

En el corto plazo, la disputa por las fuentes de energía primarias se ha desatado y el nerviosismo se ha adueñado de los mercados. A comienzo de la guerra, los precios de las fuentes energéticas rusas bajaron, en tanto que en los de otras procedencias, subieron. El petróleo tipo Brent alcanzó los 120 dólares barril marcando una diferencia con el de origen ruso de 30 dólares barril. La acción de Estados Unidos, bombeando más gas propio al mercado y vetando el ruso tuvo un papel relevante, junto a la disminución de compras por parte de Alemania. A esa situación creada tampoco estuvo ajena la actitud de Gazprom de limitar sus suministros al estricto cumplimiento de los contratos, retirando la opción de adquirir gas en operaciones spot. Aumentó la presión sobre los precios favoreciendo la sensación de escasez en los mercados.

Se vivió un espejismo eufórico. Europa estaba convencida de haber superado la pandemia vírica, la economía se encontraba en vías de recuperación y se precisaba más energía y de manera urgente. El gas pasó de los 98 dólares en junio de 2021, a máximos superiores en el primer trimestre de 2022, aun cuando los efectos de la guerra apenas se habían manifestado, en los contratos a futuro negociados por la plataforma Title Transfer Facility (TTF). Los del petróleo han seguido el mismo sendero.

La trampa del mercado funcionó en perjuicio de los que actuaron con confianza en él. Los intermediarios, que habían utilizado al máximo la capacidad de almacenamiento, cuando los precios parecieron estabilizarse, al entender que se estaba volviendo a la situación anterior, prefirieron no mantener llenos los depósitos.

Futuro muy abierto

Incluso aunque se produjera un acuerdo que diera fin a las hostilidades bélicas, el futuro energético permanecerá incierto. Se hace imprescindible revisar la fiabilidad de los suministros exteriores y atender al mayor uso de las fuentes propias, incluso aunque hubieran sido desestimadas por contaminantes. El temor al desabastecimiento ha puesto en entredicho los objetivos de emisiones vinculados a detener el calentamiento global.

Resulta imposible, en la revisión del contexto, no recordar la manifestación de la ex canciller Angela Merkel que expresó, en varias ocasiones, que Putin era un socio fiable y, en consecuencia, hizo descansar en el suministro de gas desde Rusia la parte fundamental de las necesidades energéticas de Alemania, suprimiendo las fuentes propias que significaban el carbón y la energía nuclear. Al comienzo de la guerra, el país que es locomotora del crecimiento europeo y referencia para España en el sector energético, paralizó el proceso de aprobación final del gasoducto Nord Stream 2, pero no puede dejar de comprar gas a Rusia, porque carece de alternativas de suministro suficientes.

La situación en España

España no está muy afectada por el corte de suministro ruso, pues supuso apenas 36.119 GWh, representado el 8,7% del total, por detrás de Argelia (42,7%), Estados Unidos (14,4%) y Nigeria (11,4%), según Enagás. Sin embargo, en este patio de vecindad se ha cruzado el desencuentro con Argelia y las siempre difíciles relaciones con Marruecos, además de la incorporación de Italia como socio preferente para el gas argelino, que ha debido buscar alternativas, ya que el 45% del gas que consumimos proviene de Rusia.

Nuestro país tiene una situación especial, por la capacidad para generar energía de fuentes alternativas, aunque el abandono de la energía nuclear con centrales que aún no han terminado su vida útil y la necesidad de buscar un depósito para los residuos nucleares (que costará en las últimas evaluaciones, por encima de los 20.000 millones de euros) pone énfasis sobre la falta de coherencia en los planes energéticos seguidos hasta ahora, que ha supuesto inversiones fallidas o no rentabilizadas, con un exceso de fuentes disponibles, pero con fuerte dependencia del gas natural.

La decisión política de no utilizar la disponibilidad de gas de lutitas (mediante la técnica del fracking) reaparece en este escenario como inconsistente, pues se ha calculado, en informes apoyados por el Consejo Superior y por compañeros especialistas, que tenemos más de 1,3 billones de m3 de reservas, que podrían cubrir más de 40 años de consumo. El gas que Estados Unidos, a un precio de su conveniencia, está enviando para cubrir las carencias actuales, tiene, justamente, la procedencia cuya extracción aquí se ha vetado.

Apelar a la reducción del consumo

Como la modificación de las fuentes de suministro energético no puede ejecutarse de inmediato, se ha vuelto la mirada hacia la necesidad de reducir el consumo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha planteado a la UE varias medidas de ahorro para reducir en algo más de un tercio (50.000 Mill. m3) las importaciones de gas ruso en un año. Esta cantidad está próxima a los 38.000 m3/año que figura como nuevo compromiso de suministro de Gazprom a China, a través de un nuevo gasoducto que atravesará Mongolia. La Agencia ha defendido la adopción de medidas inmediatas para reducir en 2,7 millones de barriles diarios para paliar la falta de suministro, enunciando 10 medidas que requerirán cambios en el comportamiento de los consumidores, y el apoyo de medidas gubernamentales.

No son propuestas cuya enunciación resulte ni agresiva ni inalcanzable. Abarcan desde reducir los límites de velocidad en las autopistas en 10 km/h, aumentar el teletrabajo a 3 días a la semana, favorecer el uso compartido de vehículos, mejorar la eficiencia en el cálculo de los fletes de camiones en el tránsito de mercancías, sustituir por trenes nocturnos el transporte por avión, evitar los viajes de negocio no imprescindibles y apoyar el uso de vehículos eléctricos.

Además, la AIE aconseja al Ejecutivo comunitario que maximice las fuentes de energía de bajas emisiones, acelerando el despliegue de la energía solar y eólica, incluyendo el aplazamiento del cierre previsto de centrales nucleares.

La búsqueda de soluciones transitorias

No deberíamos dejarnos engañar por lo vistoso de las soluciones transitorias. El recuso al gas licuado puede ser una opción provisional, pero está vinculado a inversiones muy importantes, como la construcción de terminales y tuberías, que no se pueden erigir de la noche a la mañana. Alemania, el principal perjudicado por la guerra y la decisión de dificultar al gobierno ruso su financiación, ha vuelto sus ojos a Catar como alternativa, está también revisando la situación con Noruega. Los campos noruegos están lejos de agotarse -con unas reservas probadas de 1,5 billones de m3 de gas- pero las tuberías existentes están sobrecargadas y faltan terminales en la zona.

La sensibilidad pública europea, alimentada por voceros tremendistas, mira la explotación de las bolsas de gas en terrenos propios con recelo. Holanda empezó la explotación en 1960 de la gigantesca bolsa de gas de Groninga, a una profundidad de 3.000 m, en una formación de arenisca porosa tipo rotlliegend. A mediados los noventa, al producirse la subsidencia de varias capas, se detectaron centenares de sismos que obligaron a que el gobierno ordenara a la empresa Shell cerrar el campo antes de 2030.

 

Conclusión

El debate sobre las fuentes energéticas se ha reabierto en Europa, con la guerra como excusa y fundamento. Sería de desear que estuviera, al fin, sostenido por criterios técnicos que, unidos a valoraciones ambientales objetivas y a serios cálculos económicos, consiguiera tratar una senda que pudiera recorrerse sin sobresaltos, retrocesos ni sobrecostes.

Habría que exigir a nuestros representantes que eviten tomar decisiones temperamentales o dirigidas a contentar a grupos de presión, cuyo vocerío suele empañar las propuestas de los especialistas. En el terreno de la energía, la presión ejercida desde la barrera ideológica ha perjudicado, y no solo en nuestro país, la adopción serena de medidas que hubieran proporcionado mayor capacidad de respuesta ante las fluctuaciones del mercado, dando estabilidad a los suministros y a los precios.

La guerra de Ucrania está obligando a hacer una rápida revisión de postulados. La coyuntura no debería condicionar la toma de decisiones que cubran el largo plazo. Los ingenieros de minas, como expertos en la producción y gestión de las fuentes energéticas, ponemos, como siempre hemos hecho, nuestros conocimientos y experiencia al servicio de ese propósito.

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La energía no es cara solo por la guerra en Ucrania (1)

24 marzo, 2022 By amarias 1 comentario

En un magnífico artículo publicado en el diario regional La Nueva España (domingo, 20 de marzo de 2022), Vicente Luque Cabal -uno de los mejores ingenieros de Minas salidos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo-, ilustra con sabias palabras sobre la transición energética.

No tiene sentido que detalle, en este blog, los entresijos de la brillante reflexión de mi compañero y amigo, pero no puedo resistirme a indicar, con sus propias palabras, el titular y el núcleo de su análisis. “La transición energética necesita ingenieros muy bien formados” y “La transición energética está siendo conducida actualmente por políticos e ideólogos que han supeditado la política energética a la política del clima”.

La paradoja que estamos viviendo en la Unión Europea es que, siendo la complejidad de la transición energética un enorme reto, que afecta a numerosos sectores industriales básicos, los responsables de planificar ese proceso hayan roto el “equilibro sagrado” entre la seguridad del aprovisionamiento, la competitividad de la economía y el medio ambiente.

La ruptura de ese equilibrio, según la opinión de Luque, que comparto plenamente, ha provocado la subida de precios de la energía, que no puede atribuirse solo a la invasión de Ucrania por Rusia. Se han cerrado prematuramente instalaciones con la mejor tecnología disponible, que actuaban de limitadores a los precios.

¿Por qué se actuó de esta manera tan precipitada? Porque no se ha querido escuchar la opinión de los técnicos. Con la peregrina sensación de que “los ingenieros han tenido ya demasiado protagonismo y es hora de atender a las opiniones de otros colectivos” (siento vergüenza atribuir esta boutade, cierta, a quien fue su autor), se ha dado cancha a personas sin ninguna formación técnica para dirigir la transición.

Luque conoce bien el percal, pues fue alto funcionario de la División General de Energía de la Comunidad Europea. Por eso, cita la formación de los más relevantes ejecutivos de la Comisión que se encargan del Grean Deal, quienes deberían ser capces de “evaluar el desarrollo de las cadenas de valor y, en consecuencia, de ofrecer las soluciones de oportundad que la sociedad requiere”.

Franciscus Timmermans tiene un grado en lengua francesa y literatura, que completó con un postgrado en leyes de un año. La comisaria de Energía, Kadri Simson, tiene un grado en Historia y un máster en ciencias politicas. Ditte Jorgensen es graduado en Leyes…

Todos estos devotos de la energía solar y eólica están orgullosos, al parecer, de que estas fuentes representan el 3,2% de la energía primaria en el conjunto de la Unión Europea.

No se escapa, al contrario, de este repaso de calidades formativas y trayectoria personal para llegar a puestos de singular relevancia en el sector energético, nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, licenciada en Derecho y diplomada en políticas, alumna de Timmermans, quien la presentó en el Global Annual Energy Meeting de ESSADE GEO como “su mejor alumna”, lo que Luque -no muy dado a la ironía- califica de “mal favor”.

Podría pensarse, si se actúa desde el desconocimiento de lo que implica la transición energética, que la opinión de Luque es interesada, cuando enuncia que “los ingenieros , por nuestra formación técnica, económica y (la) cada vez mayor (complejidad) de los mercados energéticos, estamos llamados a jugar un gran papel”. Por si no bastara para juzgar el valor intrínseco de esa afirmación, pongo además en la balanza, el excelente trabajo profesional de Vicente Luque, que acumula una experiencia insuperable en el campo genérico de la energía, y ha dado siempre muestra de una honestidad y claridad digna de todo encomio en la exposición de sus ideas.

Por ello también, su indicación de que los ingenieros deben tener una función relevante en la concepción y desarrollo de la transición, deja claro con elegancia que “por supuesto que no contribuimos solos y apostamos por economistas de la energía, expertos en derecho de la energía y en todo lo referente al impacto social, territorial y medioambiental de la producción y uso de la energía”.

Un aplauso fuerte, amigo.

(continuará con una segunda parte)

 

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Una propuesta de transición energética arriesgada

16 julio, 2019 By amarias Dejar un comentario

La revista ENTIBA, que publica el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, y de la que tengo el honor de escribir los Editoriales desde hace ya más de veinte años, ha recogido en su último número mis reflexiones -compartidas por la mayoría de nuestro colectivo, por los comentarios que estoy recibiendo- sobre el Borrador del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la transición energética.

Reproduzco a continuación el contenido completo del Editorial.

El intenso clima electoral del primer semestre de 2019 ha puesto de manifiesto la dificultad de ofrecer propuestas concretas para abordar el principal problema de la sociedad postindustrial: la generación de actividad y empleo suficientes para sostener el estado de bienestar en el que estamos instalados. El núcleo de los debates, se centró en descalificar las posiciones contrarias, sin entrar a contrastar la viabilidad de promesas con incuestionables ventajas sociales, pero cuyo cumplimiento dependerá de la disponibilidad económica y su correcta ejecución técnica.

Implementar fórmulas que permitan mantener -y ya no digamos, mejorar- la situación económica, social y laboral de la que partimos en 2019, supone, en esencia, potenciar y reordenar los sectores productivos, -en especial, el industrial y, por supuesto, el energético- y clarificar el modelo educativo, eliminando ineficiencias, redundancias y pérdidas de calidad docente y discente.

A la hora de abordar cualquier política industrial o energética se debería tener en cuenta que España no está, lamentablemente, a la cabeza del mundo. Incluso su pertenencia a una Unión Europea en estado de revisión de postulados obligaría a extremar la prudencia en adopción de medidas drásticas de cambio del modelo, conteniendo la tentación de convertirse en el primero de la clase. Las notas las pone el mercado y su carácter inflexible hace que los excesos se castiguen con severidad.

A pesar de contar con un período de legislatura muy corta, el Gobierno anterior a las últimas elecciones, a través del Ministerio para la Transición Ecológica -nombre desacertado para designar las responsabilidades de quien tiene competencias sobre Energía, Agua, Medio Ambiente y Minería- presentó a debate público en el último momento un documento sustancial que recoge, según sus propias palabras, las “piezas clave” para “la transformación del modelo económico y la generación de un nuevo contrato social de prosperidad.” Ni más ni menos.

España no es un actor principal en ese proceso de transformación global, ni siquiera dentro de la Unión Europea. El momento se presenta como delicado incluso para el futuro del modelo europeo, cuestionado por una economía mucho más importante que la nuestra -el Reino Unido- y exprimido hasta los límites de la tolerancia por los países de la Europa del este. Alemania y Francia, con la atención puesta en sus propios intereses económicos y sociales, monopolizan las decisiones más importantes de nuestro entorno, con mayores recursos económicos y tecnológicos.

Intentar transformar el actual modelo económico, en un entorno indefinido y cambiante, es un proyecto que, por su simple enunciación, más que ambicioso cabe calificar de temerario. Estamos en un momento de profundos cambios en las estrategias por el liderazgo mundial, que afectan a la tecnología, las estructuras sociales y económicas, incluso las políticas de armamento y defensa.

Llevado el Gobierno por un impulso creativo, alimentado sin duda por la experiencia personal y el compromiso político de la ministra Teresa Ribera, ha dado nacimiento provisional a los elementos que compondrían las llaves de acceso a una prometedora Arcadia, basándose en tres ejes documentales: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia de Transición Justa.

El Borrador del PNIEC ofrecido finalmente a exposición pública, tiene 286 páginas y ofrece gran cantidad de datos y cuadros, tanto para presentar la situación de partida, como para fundamentar los escenarios previstos si se aplican las medidas y actuaciones propuestas.

El documento impresiona y obliga a un cierto distanciamiento, tanto por su contundencia argumental como por el carácter cerrado de sus propuestas. El argumento impulsor que se ofrece es, ni más ni menos, que la completa modernización de la economía española, a la que se liga la creación de empleo, haciendo descansar el modelo energético en el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías renovables, apostando por la total descarbonización a muy corto plazo.

En el concreto aspecto de las emisiones de CO2 y equivalentes, que es el eje director del Borrador del Plan, al admitirse como objetivo principal su reducción a corto plazo, no podemos obviar que la Unión Europea es un contribuyente menor -en la actualidad-, al ser responsable de solo el 10% y con una tendencia decreciente. España, debido a su menor capacidad industrial en relación con los líderes europeos, aporta menos del 8% del CO2 comunitario, es decir, su efecto termo contaminante está por debajo del 0,8% de las emisiones mundiales.

A nivel institucional, me consta que los ingenieros de minas no hemos sido consultados en los previsibles intensos debates habidos para confeccionar la Propuesta. Es una carencia que lamentamos, ya que hubiéramos podido aportar una visión global, que abarcase desde el ámbito de los recursos minerales hasta las industrias de transformación y energía, dentro del respeto al medio ambiente, cuantificando el alcance técnico y social de medidas que se hubiera decidido adoptar.

Esta colaboración no solicitada por quienes elaboraron el Plan hubiera ayudado, y lo decimos con humildad y voluntad de servicio, a la correcta evaluación, fundamentada en la experiencia y el conocimiento tecnológico de los notables expertos que integran el colectivo, del “propósito de transformación de la economía española”, y matizar las rotundas afirmaciones de que “el país ganará en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo industrial, innovación, salud, desarrollo tecnológico y justicia social”, que recoge en el documento.

La descarbonización progresiva de la sociedad humana es indiscutible y no se puede discutir la voluntaria decisión de la Unión Europea de limitar el uso de los combustibles fósiles. Pero la energía es un medio para mantener el estado de bienestar, no un fin en sí mismo, y la sostenibilidad exige el equilibrio entre sus cuatro pilares: lo social, lo ambiental, lo económico, y lo técnico. Un exceso o déficit de aportación en uno de ellos, conduce al desmoronamiento de la estabilidad del modelo.

Sorprende por ello que los redactores del Plan dejen que su entusiasmo los lleve a la ingenuidad de pretender orientar el tejido empresarial español hacia un espacio en el que suponen aparecerán las ventajas competitivas del futuro, mezclando lo obvio (la necesidad de innovación y la capacidad de producir con mayor eficiencia) con lo especulativo (la ventaja de hacerlo con una huella ambiental baja o nula). Porque la competitividad internacional de las empresas españolas, en un mercado cuyas reglas no son fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica ni por el gobierno de España, depende de muchos parámetros, de los que solo se puede aspirar a controlar una minoría poco significativa.

Para los principales países contaminantes, desde Estados Unidos a China o India, las decisiones no atienden a indicaciones imprecisas o no asumidas que recomiendan reducir la producción de gases a los que se atribuye el calentamiento del planeta, ni, en el caso de los países menos desarrollados, a la promesa de compensaciones económicas cuantiosas (y aún discutidas) si contienen la necesidad de quemar hidrocarburos.

Esos países se mueven por parámetros propios, dando prioridad a la intención de acercar rápidamente a sus ciudadanos a los estándares de bienestar occidentales, sirviéndose para ello de una disponibilidad de recursos fósiles fáciles de explotar y en cantidades elevadas. Para China, en concreto, una realidad de doble naturaleza, le permite acreditar una inversión en infraestructuras energéticas en 2018 de 400.000 Mill de dólares (casi el doble de la europea y por encima de la de Estados Unidos) y capitanear simultáneamente la inversión mundial tanto en instalaciones para quemar carbón como en aerogeneradores y aprovechamiento de energía solar.

El Anteproyecto o Borrador del Plan del anterior gobierno español circula entre dos posiciones difícilmente conciliables, decantándose por la segunda. Por una parte, se encuentran aquellos profesionales y sectores que reclaman prudencia y plazos largos para adoptar medidas drásticas que eliminen componentes de nuestro mix energético, ejemplo hasta ahora de versatilidad y eficacia; esas mismas fuentes enfatizan sobre la necesidad de atender a la evolución del escenario mundial, desechando la tentación de ejemplaridad para no convertir a España en víctima de ese deseo o en banco de pruebas de tecnologías o medidas de rentabilidad cuestionable.

Por otra parte, se encontrarían aquellos que, con la voluntad de cambiar paradigmas de producción y consumo, guiados por la alegría y tal vez la inconsciencia propias de quien dispara con pólvora ajena y ve solo el final de la travesía del desierto pero no los riesgos intermedios, formulan y espolean la adopción de medidas drásticas en el sector energético, aplaudiendo cuanto suponen es lo mejor para el medio ambiente y la naturaleza, pretendiendo que el ser humano ubicado en España se beneficiará de ello simultáneamente, ignorando o queriendo ignorar que la energía es solo una pieza de un entramado muy delicado, que afecta, y no solo económicamente, a prácticamente todos los sectores, tanto de producción como de servicios.

Hacer descansar el cambio en el modelo energético en el propósito de ser ejemplar en la adopción de medidas y ganar al mismo tiempo en competitividad es una ilusión. El cumplimiento de los objetivos en relación con el clima está condicionado, desde luego, por la evolución de las temperaturas del planeta (y no está de más recordar que las previsiones del Panel del Cambio Climático han sido revisadas varias veces). Pero la concreta fijación de plazos de adaptación de cada país, y el trazado del propio camino a seguir son imprescindibles para la toma de decisiones empresariales. Un clima de incertidumbre reduce las inversiones al acortarse los plazos de recuperación, buscando la rentabilidad a corto.

Los organismos públicos, por su parte, han de tener en cuenta que los presupuestos deben ser anteriores a la adopción de decisiones irreversibles, ya sea -por ejemplo- imponiendo el cierre de centrales, o la renovación drástica del parque de vehículos.

Son muchos los aspectos del Plan que precisarían una revisión objetiva, y un Editorial no es lugar para un informe técnico. La dependencia del carbón internacional, del gas y del petróleo en el período de transición hasta la descarbonización crea incertidumbres económicas que no pueden resolverse apelando a líneas tendenciales basadas en el pasado.

En el caso de las centrales nucleares, el abandono de esta tecnología, más que en valoraciones relacionadas con el clima, parece debido a temores tecnológicos que rayan en lo patológico, habida cuenta que Francia nos proporcionará una parte de la energía que consumimos producida con base nuclear. También compramos energía a nuestro vecino del sur (Marruecos), beneficiado por no tener penalizaciones por emisión de CO2, que ha activado la central de carbón de Safi, con 1,4 GW de potencia instalada. Además de tales incongruencias con repercusión económica, hay que contar con el coste del desmantelamiento de instalaciones que no alcanzaron su vida útil y añadir el tratamiento de residuos para los que carecemos de instalaciones.

Los ingenieros de minas hemos estado entre los protagonistas, utilizando conocimiento, esfuerzo y prudencia, del desarrollo energético de este país. Al trabajo eficiente de compañeros se debe la confección del panorama actual de éxito tecnológico, reconocido a nivel mundial, en muy variados subsectores vinculados a la energía: la gestión y mantenimiento de centrales nucleares, la erección y funcionamiento de ciclos combinados, el desarrollo de las redes gasísticas, la gestión de un mix energético complejo, la mejora de la explotación de minas de carbón en condiciones difíciles, la investigación de mezclas de hullas y lignitos y materiales derivados, el almacenamiento subterráneo, el tratamiento de enfermedades pulmonares, el desarrollo de aplicaciones siderúrgicas y metalúrgicas de alta calidad y, por supuesto, mejorar la seguridad del personal en todo momento.

No tenemos que defendernos ni excusarnos de nada. No somos anti-ecologistas: al contrario. La explotación de los recursos mineros con respeto y atención a la naturaleza forma parte de la legislación y reglamentos mineros desde antes de la vigente Constitución. Tampoco haría falta recordar que parte del paisaje e instalaciones de disfrute ciudadano del que disponen ahora muchas poblaciones históricamente mineras, procede de la restauración de canteras y espacios donde se ubicaron las explotaciones. De la generación de actividad y riqueza en torno a la minería, aplicando medios cada vez más eficientes y seguros, da cuenta la prosperidad y bienestar conseguido en las comarcas mineras, que han actuado de punto de atracción para ciudadanos de otros lugares de España.

En mi opinión, el Anteproyecto es prematuro, no contempla todas las variantes y efectos y, además, al faltar un consenso generalizado entre los agentes, resulta extemporáneo. Falta analizar las consecuencias de las decisiones en sectores distintos de la producción energética, polariza la atención en la reducción de las emisiones de CO2, acelerando plazos de eliminación de centros de producción energética, confundiendo capacidad instalada con necesidades energéticas puntuales, y todo ello sin estudiar los efectos de modificar los centros de producción y distribución, atender a la obligación de mantener la calidad de la red con grandes generadores síncronos que actúen de estabilizadores, y no precisa la aportación relativa de las energías eólica o solar en el mix resultante.

La generación de empleo que se presenta como vinculada al Plan (entre 250.000 y 370.000 empleos estables en el período) es ambiciosa, pero parece irreal y desvinculada del territorio en donde se sufrirán los efectos negativos del cambio en el modelo energético. Se relaciona con una inversión total 200.000 millones de euros, movilizada a partir de una inversión pública de 47.000 millones, con recursos de todas las administraciones públicas. El Anteproyecto ofrece también previsiones de crecimiento del PIB, ahorro por las importaciones de combustibles fósiles y otras cifras optimistas de sus consecuencias que, a falta de profundizar en el análisis, encajarían dentro del pensamiento voluntarista que parece imbuir todo el Plan y sus Anexos.

Omite el Anteproyecto la valoración, económica y estratégica, de la dependencia exterior -española y comunitaria- vinculada a la necesidad de emplear los minerales comúnmente denominados “tierras raras” en multitud de elementos precisos en el escenario propuesto, cuestión en la que los “ingenieros de la tierra”, tendríamos mucho que aportar.

Las regiones en donde se ubican actualmente los grandes centros de producción y distribución energética aparecen como perdedoras sin compensaciones. La memoria de las reconversiones anteriores permite expresar que los planes de reindustrialización no se cumplen o no alcanzan las previsiones optimistas con las que se llevaron a cabo las pérdidas de actividad, con anterioridad a la construcción de alternativas.
En fin, las medidas propuestas en el Anteproyecto nos situarán a la cabeza de los países que soportarán un peso excesivo por la reconversión ecológica (rectius, energética), muy por encima de nuestras posibilidades reales y con el riesgo de que se haya enfocado, por precipitación, hacia una reactivación económica y de empleo que no se va a producir como imaginada.

Los autores del Plan se enorgullecen de haber tenido en cuenta más de mil variables y haber utilizado hasta seis modelos económicos. A los que hemos venido tratando con la realidad en el curso de una experiencia profesional variada, no nos impresiona esa exhibición matemática. Cuando se fijan objetivos a medio y largo plazo, que involucran a multiplicidad de agentes, sobre muchos de los cuales no se posee control, la prudencia aconseja tener previstas vías de escape y alternativas.

Y termino con una sugerencia: una previsión completa sobre los efectos del cambio climático, que nos llegará independientemente de las medidas que, a nivel de país, nos apetezca tomar, debería atender a la necesidad de reducir sus consecuencias en nuestro territorio, identificado como el más vulnerable de la Unión Europea, y con amenazas muy heterogéneas: subida del nivel de los océanos, desbordamiento de cauces de agua, aumento de los índices de desertización, temperaturas anormalmente extremas, tormentas repentinas etc.

El futuro nos encontrará, sin duda, entretenidos. Ojalá que no sea en la discusión de lo que tenemos que hacer o no hacer, sino en la ejecución de lo que debemos tener decidido por consenso y no por inspiración iluminada.

Mayo 2019


¿Quién no conoce a las golondrinas. Son visitantes regulares de nuestras ciudades y campos y han inspirado a poetas, escritores de cuentos infantiles y a románticos de toda índole.

Sin embargo, no siempre son bien identificadas, confundiéndolas con los aviones o los vencejos y, lo que sería más disculpable, creyendo ver una golondrina común (hirundo rustica) cuando el ave que revolotea incansable cazando al vuelo efímeras, mosquitos y todo tipo de insectos, alzados de las praderas recién segadas que tenemos ante nosotros, es una golondrina dáurica (hirundo daurica).

Ambas especies de golondrinas tienen largas rectrices en la cola, siendo algo más cortas en la dáurica. Lo definitivamente distintivo es que, vistas por debajo, la común tiene el collar negro y manchas blancas en la cola, características de las que carece la dáurica. Vistas desde arriba, la dáurica presenta el obispillo de color ante pálido, en tanto la común tiene el dorso de color azul oscuro, relativamente homogéneo.

 

Archivado en: Sin categoría Etiquetado con: angel arias, Borrador del Plan Nacional, Colegio Ingenieros de Minas, dáurica, descarbonizacion, Editorial, ENTIBA, golondrina, Ley de Cambio Climático, Ministerio para la transición ecológica, noroeste, PNIEC, Safi, transición energética

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