La revista ENTIBA, que publica el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, y de la que tengo el honor de escribir los Editoriales desde hace ya más de veinte años, ha recogido en su último número mis reflexiones -compartidas por la mayoría de nuestro colectivo, por los comentarios que estoy recibiendo- sobre el Borrador del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la transición energética.
Reproduzco a continuación el contenido completo del Editorial.
El intenso clima electoral del primer semestre de 2019 ha puesto de manifiesto la dificultad de ofrecer propuestas concretas para abordar el principal problema de la sociedad postindustrial: la generación de actividad y empleo suficientes para sostener el estado de bienestar en el que estamos instalados. El núcleo de los debates, se centró en descalificar las posiciones contrarias, sin entrar a contrastar la viabilidad de promesas con incuestionables ventajas sociales, pero cuyo cumplimiento dependerá de la disponibilidad económica y su correcta ejecución técnica.
Implementar fórmulas que permitan mantener -y ya no digamos, mejorar- la situación económica, social y laboral de la que partimos en 2019, supone, en esencia, potenciar y reordenar los sectores productivos, -en especial, el industrial y, por supuesto, el energético- y clarificar el modelo educativo, eliminando ineficiencias, redundancias y pérdidas de calidad docente y discente.
A la hora de abordar cualquier política industrial o energética se debería tener en cuenta que España no está, lamentablemente, a la cabeza del mundo. Incluso su pertenencia a una Unión Europea en estado de revisión de postulados obligaría a extremar la prudencia en adopción de medidas drásticas de cambio del modelo, conteniendo la tentación de convertirse en el primero de la clase. Las notas las pone el mercado y su carácter inflexible hace que los excesos se castiguen con severidad.
A pesar de contar con un período de legislatura muy corta, el Gobierno anterior a las últimas elecciones, a través del Ministerio para la Transición Ecológica -nombre desacertado para designar las responsabilidades de quien tiene competencias sobre Energía, Agua, Medio Ambiente y Minería- presentó a debate público en el último momento un documento sustancial que recoge, según sus propias palabras, las “piezas clave” para “la transformación del modelo económico y la generación de un nuevo contrato social de prosperidad.” Ni más ni menos.
España no es un actor principal en ese proceso de transformación global, ni siquiera dentro de la Unión Europea. El momento se presenta como delicado incluso para el futuro del modelo europeo, cuestionado por una economía mucho más importante que la nuestra -el Reino Unido- y exprimido hasta los límites de la tolerancia por los países de la Europa del este. Alemania y Francia, con la atención puesta en sus propios intereses económicos y sociales, monopolizan las decisiones más importantes de nuestro entorno, con mayores recursos económicos y tecnológicos.
Intentar transformar el actual modelo económico, en un entorno indefinido y cambiante, es un proyecto que, por su simple enunciación, más que ambicioso cabe calificar de temerario. Estamos en un momento de profundos cambios en las estrategias por el liderazgo mundial, que afectan a la tecnología, las estructuras sociales y económicas, incluso las políticas de armamento y defensa.
Llevado el Gobierno por un impulso creativo, alimentado sin duda por la experiencia personal y el compromiso político de la ministra Teresa Ribera, ha dado nacimiento provisional a los elementos que compondrían las llaves de acceso a una prometedora Arcadia, basándose en tres ejes documentales: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia de Transición Justa.
El Borrador del PNIEC ofrecido finalmente a exposición pública, tiene 286 páginas y ofrece gran cantidad de datos y cuadros, tanto para presentar la situación de partida, como para fundamentar los escenarios previstos si se aplican las medidas y actuaciones propuestas.
El documento impresiona y obliga a un cierto distanciamiento, tanto por su contundencia argumental como por el carácter cerrado de sus propuestas. El argumento impulsor que se ofrece es, ni más ni menos, que la completa modernización de la economía española, a la que se liga la creación de empleo, haciendo descansar el modelo energético en el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías renovables, apostando por la total descarbonización a muy corto plazo.
En el concreto aspecto de las emisiones de CO2 y equivalentes, que es el eje director del Borrador del Plan, al admitirse como objetivo principal su reducción a corto plazo, no podemos obviar que la Unión Europea es un contribuyente menor -en la actualidad-, al ser responsable de solo el 10% y con una tendencia decreciente. España, debido a su menor capacidad industrial en relación con los líderes europeos, aporta menos del 8% del CO2 comunitario, es decir, su efecto termo contaminante está por debajo del 0,8% de las emisiones mundiales.
A nivel institucional, me consta que los ingenieros de minas no hemos sido consultados en los previsibles intensos debates habidos para confeccionar la Propuesta. Es una carencia que lamentamos, ya que hubiéramos podido aportar una visión global, que abarcase desde el ámbito de los recursos minerales hasta las industrias de transformación y energía, dentro del respeto al medio ambiente, cuantificando el alcance técnico y social de medidas que se hubiera decidido adoptar.
Esta colaboración no solicitada por quienes elaboraron el Plan hubiera ayudado, y lo decimos con humildad y voluntad de servicio, a la correcta evaluación, fundamentada en la experiencia y el conocimiento tecnológico de los notables expertos que integran el colectivo, del “propósito de transformación de la economía española”, y matizar las rotundas afirmaciones de que “el país ganará en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo industrial, innovación, salud, desarrollo tecnológico y justicia social”, que recoge en el documento.
La descarbonización progresiva de la sociedad humana es indiscutible y no se puede discutir la voluntaria decisión de la Unión Europea de limitar el uso de los combustibles fósiles. Pero la energía es un medio para mantener el estado de bienestar, no un fin en sí mismo, y la sostenibilidad exige el equilibrio entre sus cuatro pilares: lo social, lo ambiental, lo económico, y lo técnico. Un exceso o déficit de aportación en uno de ellos, conduce al desmoronamiento de la estabilidad del modelo.
Sorprende por ello que los redactores del Plan dejen que su entusiasmo los lleve a la ingenuidad de pretender orientar el tejido empresarial español hacia un espacio en el que suponen aparecerán las ventajas competitivas del futuro, mezclando lo obvio (la necesidad de innovación y la capacidad de producir con mayor eficiencia) con lo especulativo (la ventaja de hacerlo con una huella ambiental baja o nula). Porque la competitividad internacional de las empresas españolas, en un mercado cuyas reglas no son fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica ni por el gobierno de España, depende de muchos parámetros, de los que solo se puede aspirar a controlar una minoría poco significativa.
Para los principales países contaminantes, desde Estados Unidos a China o India, las decisiones no atienden a indicaciones imprecisas o no asumidas que recomiendan reducir la producción de gases a los que se atribuye el calentamiento del planeta, ni, en el caso de los países menos desarrollados, a la promesa de compensaciones económicas cuantiosas (y aún discutidas) si contienen la necesidad de quemar hidrocarburos.
Esos países se mueven por parámetros propios, dando prioridad a la intención de acercar rápidamente a sus ciudadanos a los estándares de bienestar occidentales, sirviéndose para ello de una disponibilidad de recursos fósiles fáciles de explotar y en cantidades elevadas. Para China, en concreto, una realidad de doble naturaleza, le permite acreditar una inversión en infraestructuras energéticas en 2018 de 400.000 Mill de dólares (casi el doble de la europea y por encima de la de Estados Unidos) y capitanear simultáneamente la inversión mundial tanto en instalaciones para quemar carbón como en aerogeneradores y aprovechamiento de energía solar.
El Anteproyecto o Borrador del Plan del anterior gobierno español circula entre dos posiciones difícilmente conciliables, decantándose por la segunda. Por una parte, se encuentran aquellos profesionales y sectores que reclaman prudencia y plazos largos para adoptar medidas drásticas que eliminen componentes de nuestro mix energético, ejemplo hasta ahora de versatilidad y eficacia; esas mismas fuentes enfatizan sobre la necesidad de atender a la evolución del escenario mundial, desechando la tentación de ejemplaridad para no convertir a España en víctima de ese deseo o en banco de pruebas de tecnologías o medidas de rentabilidad cuestionable.
Por otra parte, se encontrarían aquellos que, con la voluntad de cambiar paradigmas de producción y consumo, guiados por la alegría y tal vez la inconsciencia propias de quien dispara con pólvora ajena y ve solo el final de la travesía del desierto pero no los riesgos intermedios, formulan y espolean la adopción de medidas drásticas en el sector energético, aplaudiendo cuanto suponen es lo mejor para el medio ambiente y la naturaleza, pretendiendo que el ser humano ubicado en España se beneficiará de ello simultáneamente, ignorando o queriendo ignorar que la energía es solo una pieza de un entramado muy delicado, que afecta, y no solo económicamente, a prácticamente todos los sectores, tanto de producción como de servicios.
Hacer descansar el cambio en el modelo energético en el propósito de ser ejemplar en la adopción de medidas y ganar al mismo tiempo en competitividad es una ilusión. El cumplimiento de los objetivos en relación con el clima está condicionado, desde luego, por la evolución de las temperaturas del planeta (y no está de más recordar que las previsiones del Panel del Cambio Climático han sido revisadas varias veces). Pero la concreta fijación de plazos de adaptación de cada país, y el trazado del propio camino a seguir son imprescindibles para la toma de decisiones empresariales. Un clima de incertidumbre reduce las inversiones al acortarse los plazos de recuperación, buscando la rentabilidad a corto.
Los organismos públicos, por su parte, han de tener en cuenta que los presupuestos deben ser anteriores a la adopción de decisiones irreversibles, ya sea -por ejemplo- imponiendo el cierre de centrales, o la renovación drástica del parque de vehículos.
Son muchos los aspectos del Plan que precisarían una revisión objetiva, y un Editorial no es lugar para un informe técnico. La dependencia del carbón internacional, del gas y del petróleo en el período de transición hasta la descarbonización crea incertidumbres económicas que no pueden resolverse apelando a líneas tendenciales basadas en el pasado.
En el caso de las centrales nucleares, el abandono de esta tecnología, más que en valoraciones relacionadas con el clima, parece debido a temores tecnológicos que rayan en lo patológico, habida cuenta que Francia nos proporcionará una parte de la energía que consumimos producida con base nuclear. También compramos energía a nuestro vecino del sur (Marruecos), beneficiado por no tener penalizaciones por emisión de CO2, que ha activado la central de carbón de Safi, con 1,4 GW de potencia instalada. Además de tales incongruencias con repercusión económica, hay que contar con el coste del desmantelamiento de instalaciones que no alcanzaron su vida útil y añadir el tratamiento de residuos para los que carecemos de instalaciones.
Los ingenieros de minas hemos estado entre los protagonistas, utilizando conocimiento, esfuerzo y prudencia, del desarrollo energético de este país. Al trabajo eficiente de compañeros se debe la confección del panorama actual de éxito tecnológico, reconocido a nivel mundial, en muy variados subsectores vinculados a la energía: la gestión y mantenimiento de centrales nucleares, la erección y funcionamiento de ciclos combinados, el desarrollo de las redes gasísticas, la gestión de un mix energético complejo, la mejora de la explotación de minas de carbón en condiciones difíciles, la investigación de mezclas de hullas y lignitos y materiales derivados, el almacenamiento subterráneo, el tratamiento de enfermedades pulmonares, el desarrollo de aplicaciones siderúrgicas y metalúrgicas de alta calidad y, por supuesto, mejorar la seguridad del personal en todo momento.
No tenemos que defendernos ni excusarnos de nada. No somos anti-ecologistas: al contrario. La explotación de los recursos mineros con respeto y atención a la naturaleza forma parte de la legislación y reglamentos mineros desde antes de la vigente Constitución. Tampoco haría falta recordar que parte del paisaje e instalaciones de disfrute ciudadano del que disponen ahora muchas poblaciones históricamente mineras, procede de la restauración de canteras y espacios donde se ubicaron las explotaciones. De la generación de actividad y riqueza en torno a la minería, aplicando medios cada vez más eficientes y seguros, da cuenta la prosperidad y bienestar conseguido en las comarcas mineras, que han actuado de punto de atracción para ciudadanos de otros lugares de España.
En mi opinión, el Anteproyecto es prematuro, no contempla todas las variantes y efectos y, además, al faltar un consenso generalizado entre los agentes, resulta extemporáneo. Falta analizar las consecuencias de las decisiones en sectores distintos de la producción energética, polariza la atención en la reducción de las emisiones de CO2, acelerando plazos de eliminación de centros de producción energética, confundiendo capacidad instalada con necesidades energéticas puntuales, y todo ello sin estudiar los efectos de modificar los centros de producción y distribución, atender a la obligación de mantener la calidad de la red con grandes generadores síncronos que actúen de estabilizadores, y no precisa la aportación relativa de las energías eólica o solar en el mix resultante.
La generación de empleo que se presenta como vinculada al Plan (entre 250.000 y 370.000 empleos estables en el período) es ambiciosa, pero parece irreal y desvinculada del territorio en donde se sufrirán los efectos negativos del cambio en el modelo energético. Se relaciona con una inversión total 200.000 millones de euros, movilizada a partir de una inversión pública de 47.000 millones, con recursos de todas las administraciones públicas. El Anteproyecto ofrece también previsiones de crecimiento del PIB, ahorro por las importaciones de combustibles fósiles y otras cifras optimistas de sus consecuencias que, a falta de profundizar en el análisis, encajarían dentro del pensamiento voluntarista que parece imbuir todo el Plan y sus Anexos.
Omite el Anteproyecto la valoración, económica y estratégica, de la dependencia exterior -española y comunitaria- vinculada a la necesidad de emplear los minerales comúnmente denominados “tierras raras” en multitud de elementos precisos en el escenario propuesto, cuestión en la que los “ingenieros de la tierra”, tendríamos mucho que aportar.
Las regiones en donde se ubican actualmente los grandes centros de producción y distribución energética aparecen como perdedoras sin compensaciones. La memoria de las reconversiones anteriores permite expresar que los planes de reindustrialización no se cumplen o no alcanzan las previsiones optimistas con las que se llevaron a cabo las pérdidas de actividad, con anterioridad a la construcción de alternativas.
En fin, las medidas propuestas en el Anteproyecto nos situarán a la cabeza de los países que soportarán un peso excesivo por la reconversión ecológica (rectius, energética), muy por encima de nuestras posibilidades reales y con el riesgo de que se haya enfocado, por precipitación, hacia una reactivación económica y de empleo que no se va a producir como imaginada.
Los autores del Plan se enorgullecen de haber tenido en cuenta más de mil variables y haber utilizado hasta seis modelos económicos. A los que hemos venido tratando con la realidad en el curso de una experiencia profesional variada, no nos impresiona esa exhibición matemática. Cuando se fijan objetivos a medio y largo plazo, que involucran a multiplicidad de agentes, sobre muchos de los cuales no se posee control, la prudencia aconseja tener previstas vías de escape y alternativas.
Y termino con una sugerencia: una previsión completa sobre los efectos del cambio climático, que nos llegará independientemente de las medidas que, a nivel de país, nos apetezca tomar, debería atender a la necesidad de reducir sus consecuencias en nuestro territorio, identificado como el más vulnerable de la Unión Europea, y con amenazas muy heterogéneas: subida del nivel de los océanos, desbordamiento de cauces de agua, aumento de los índices de desertización, temperaturas anormalmente extremas, tormentas repentinas etc.
El futuro nos encontrará, sin duda, entretenidos. Ojalá que no sea en la discusión de lo que tenemos que hacer o no hacer, sino en la ejecución de lo que debemos tener decidido por consenso y no por inspiración iluminada.
Mayo 2019
¿Quién no conoce a las golondrinas. Son visitantes regulares de nuestras ciudades y campos y han inspirado a poetas, escritores de cuentos infantiles y a románticos de toda índole.
Sin embargo, no siempre son bien identificadas, confundiéndolas con los aviones o los vencejos y, lo que sería más disculpable, creyendo ver una golondrina común (hirundo rustica) cuando el ave que revolotea incansable cazando al vuelo efímeras, mosquitos y todo tipo de insectos, alzados de las praderas recién segadas que tenemos ante nosotros, es una golondrina dáurica (hirundo daurica).
Ambas especies de golondrinas tienen largas rectrices en la cola, siendo algo más cortas en la dáurica. Lo definitivamente distintivo es que, vistas por debajo, la común tiene el collar negro y manchas blancas en la cola, características de las que carece la dáurica. Vistas desde arriba, la dáurica presenta el obispillo de color ante pálido, en tanto la común tiene el dorso de color azul oscuro, relativamente homogéneo.
