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Justicia a la medida

27 julio, 2022 By amarias Deja un comentario

El Tribunal Supremo ha emitido su Sentencia en el recurso presentado por las defensas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron sucesivos presidentes de la Junta de Andalucía, en momentos en los que el Partido Socialista Obrero Español era dueño y señor de esa región.

Quien la vio y quién la ve. Andalucia era considerada durante décadas el “caladero” de votos de los herederos, legatarios e intérpretes de las ideas de Pablo Iglesias, José Barreiro y Largo Caballero (por citar solo algunos de los inspiradores más relevantes que ayudaron a pergeñar el ideario socialista, adulterado sin problemas por nuevos líderes y necesarias componendas para supervivencia).

Hoy, en manos de los populares, de la derecha quasifascista, de los amigos del capital y de los señores del puro…

Estos penosos seudoargumentos, -izquierda incompetente y despilfarradora, derecha en contubernio  con los poderes económicos- que habían sido felizmente arrumbados en la época feliz de la democracia postfranquista, se recuperan ahora por los que no han vivido la transición, han estudiado poco y saben menos y están dispuestos a hacernos vivir su peculiar camino hacia la Arcadia feliz, descalificando con rabia todo lo que parezca venir de contrario.

Muy eruditos economistas y técnicos de buen pedigree, dudan (con toda razón, en mi opinión) si será mejor gobernar bajando impuestos -razonablemente- o poniéndoselo más difícil a los ricos y, sobre todo, a las grandes empresas. Tengo, como se dice vulgarmente (y pido perdón por el lenguaje soez) el culo pelado de haber visto cómo actúan en tiempo real, los amantes declarados del liberalismo y los enamorados decididos de la gestión pública de las empresas y servicios fundamentales, y no abrigo más que dudas de cómo poner en pie una idea u otra, sin entrar en múltiples matices y aplicar severas medias tintas. Lo más importante: la dificultad está en encontrar gestores capaces, bien formados, y honestos. Si militan en un partido, habría que mirarlos con lupa, porque suelen ser independientes, no confesionales.

Vuelvo al proceso de quienes mandaron en Andalucía en nombre del PSOE, y muy aplaudidos, por cierto, hasta que la juez Mercedes Alaya dio por investigar, desde el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, “e caso de los ERE”. Si bien el tenor del pronunciamiento no ha sido conocido en sus detalles, sí ha transcendido que no ha habido unanimidad en el refuerzo de la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que era la que se sometía a revisión.

Ha habido votos particulares y solo cuatro de los siete magistrados del Alto Tribunal han entendido que se debía ratificar la condena a los dos principales encausados a las altas penas por los delitos de prevaricación y malversación de dineros públicos. El peor parado en ese veredicto ha resultado José Antonio Griñán, porque era Consejero de Hacienda cuando se cometieron los hechos delictivos y, por ello, facilitador obligado de la componenda y, en consecuencia, es condenado a seis años de prisión.

El asunto se ha convertido en elemento sustancial del actual debate político, por muchas razones. Desde la oposición, el Partido Popular -con la portavocía de aspecto suave ejercida ahora por Núñez Feijóo, ejerciente del galleguismo estereotipado-, dice no querer hacer bandera con los daños causados por tal Sentencia, aunque no deja de esgrimir que la Justicia ha deshecho, al fin, de manera legal, el chiringuito de favores que los sociatas habían montado en Andalucía. Por la vía del resultado fehaciente de las elecciones, ya había quedado sancionado socialmente el reproche al encaramar a Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta con la mayoría más clara que se vio en esa democracia imperfecta que defiende el texto constitucional más eficiente y versátil que vio nuestra piel de toro.

El nuevo portavoz socialista, Patxi López, bien curtido en defender posiciones en momentos difíciles, recuerda -siguiendo el argumentario de la Ministro portavoz, Isabel Rodriguez García- que el único Partido condenado como tal por la Justicia (caso Gürtel) ha sido el Popular. Porque el PSOE, como institución política, está libre de culpa y, por otra parte, los ex Presidentes andaluces, a los que cabe manifestar (según la posición de este Partido) con pleno apoyo por su honestidad, ya que no se han llevado a sus bolsillos ni un euro de los setecientos millones que fueron malversados o utilizados con el sesgo oscuro que ven los Tribunales. Además, los reos y ajusticiados ya no son miembros del Partido socialista y las responsabilidades políticas si las hubiera, ya han sido depuradas hace años. Me gustaría saber quiénes y de qué condición fueron los beneficiarios del reparto de subvenciones, a quiénes se les facilitó la agilización de los créditos y, en fin, si no se tuvo en cuenta más que el estado de necesidad y la urgencia debida, y no la presunta afiliación de los favorecidos.

A mí, como ciudadano y como abogado, me interesa resaltar, en este caso y en otros que los media se han encargado de difundir y exprimir, la ausencia de unanimidad en la mayoría de las Sentencias (ya que no en todas) que hemos conocido en detalle, afectando a personajes relevantes de los sectores políticos. No la hubo en las sentencias que afectaron al Rey de antes, Don  Juan Carlos, ni en el desmesurado para e torpemente defendido Urdangarín, ni en los alevosos casos del Procés (y especialmente en la valoración de los hechos, si sedición, reunión de amigos o intento de separatismo y golpe de Estado desde las instituciones). No hay unanimidad en casi ninguna Sentencia importante (por su materia o por la naturaleza de los justiciados y, cómo no, de sus letrados) de los Tribunales pluripersonales.

La Justicia es lenta, su aplicación sujeta a interpretaciones jurídicas y todos los letrados en ejercicio sabemos lo importante que es, no solo preparar bien tu caso, sino encontrarte con un buen juez, de los que se toman interés en profundizar en los argumentos  y razones de cada parte y no se dejan obnubilar por el prestigio de un bufete de esos de renombre (los llaman bufetes boutique). Pero -¡horror!- tenemos que creer que no está sujeta a cavilaciones y mangoneos políticos, y ya no solo desde la Fiscalía General del Estado (que el actual Presidente del Gobierno ha dejado claro que dependía de sus designios), sino debido a la composición ideológica de los Tribunales que tienen que dirimir en últimas instancias, ya sea el Constitucional, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y, aunque nos falten muchos datos, los Tribunales de Menor pelo (Tribunales Superiores regionales, Audiencias Provinciales, etc.)

La verdad, al ciudadano de a pie se le ha puesto muy difícil creer en la independencia de la Justicia, en la separación de poderes, en la solvencia y honestidad de los jueces. Como en toda profesión, defiendo que la inmensa mayoría son fieles al ideario de una Justicia igual para todos y lejos de mi intención acudir a la frase desafortunada del alcalde Pacheco -el de “la Justicia es un cachondeo”-, pero nada me impide defender que necesitamos la plena profesionalización de la carrera judicial, libre de influencias políticas, de nepotismos y amiguismos y, por qué no, totalmente transparente en la valoración de Sentencias, juzgadores y Juzgados.

 

Publicado en: Actualidad, Política Etiquetado como: Andalucía, caso Gürtel, Chaves, Esperanza Aguirre, Griñán, Isabel Rodriguez García, juzgados, Núñez Feijóo, Patxi López, rey juan carlos, sentencia, urdangarín

Seguridad jurídica para novatos

13 febrero, 2022 By amarias Deja un comentario

La seguridad jurídica es un principio fundamental del derecho que implica que los poderes públicos garantizan que las normas y reglas que forman el cuerpo legal son públicas, y se aplican con criterios homogéneos por los órganos designados al efecto, en lo que se debe considerar como prohibido u ordenado, y tambén en lo permitido. Las decisiones de intervención deben ser coherentes, justificadas y repetibles para casos idénticos (y, puesto que rara vez se dará la identidad total, tendrá que utilizarse la regla de la similitud para explicar las diferencias de tratamiento).

La ausencia de seguridad jurídica es un problema muy grave que imposibilita considerar a un Estado como una democracia, pues implica que pueden darse circunstancias que provoquen indefensión en los ciudadanos, y en las empresas y organizaciones cuya actividad dependa de que el marco legal sea conocido, estable y su cumplimiento correcto se vea protegido por las autoridades del Estado y, particularmente, por los órganos judiciales.

Que España no sea vista como una democracia plena (aunque lo sea bajo el prisma tendencial de The Economist, sino como una democracia irregular o insatisfactoria es una mala noticia. Si no se especifican claramente las razones de esa calificación, pueden ser interpretadas como un problema gravísimo. Desde el Gobierno de España, algunos de los ministros comprometidos con el socialismo matizan que no hay por qué ser pesimista y que hay que atender a la diferenciación de los índices, como es el caso del V-dem: el país está entre las democracias más consolidadas del mundo y la pérdida de posiciones en el ranking democrático es debida, sobre todo al índice que mide la relación de independencia entre los órganos judicial y de gobierno.

Al margen de disquisiciones, la falta de democracia afecta a la tranquidad ciudadana, a la vida empresarial, a la captación de inversiones y a la imagen internacional. Por dramático y desafortunado que pueda parecer el juicio negativo -desde el exterior- a la vitalidad de nuestra democracia, los ciudadanos, tan dados a echar mano de nuestro pesimismo consustancial, no podemos ignorar que estamos en una deriva antidemocrática desde hace algún tiempo. Se aprecia con claridad y no hacen falta índices ni análisis complejos para evidenciar ese deterioro

El aspecto más con conocido y relevante de la falta de seguridad jurídica es la no renovación de la cúpula del poder judicial, por falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios. Solo que eso también apunta a la politización de la aplicación del derecho, pues no se entendería el interés de los políticos en influir sobre el, teóricamente independiente, órgano que administra la aplicación del derecho.

Hay otras muestras de esa carencia democrática. La presencia en el Gobierno de ministros que se han convertido en torpedos de la  estabilidad democrática es una exhibición permanente del deterioro. La ausencia de criterios  homogéneos y previamente compartidos -y aplicados sin trabas por el orden judicial- ha sido fragante en temas tan importantes para la unidad del país como el tratamiento de la rebelión catalanista, la concesión de indultos parciales o totales por impulsos mediáticos en contra del criterio jurídico expresado claramente y, no en último lugar, en la falta de una política coherente desde el Gobierno, en cuestiones relevantes como la energía, la educación, la sanidad o el empleo, en donde.

No es ya el problema principal que no haya acuerdo ni sintonía entre los dos partidos mayoritarios, es  que ni siquiera hay coherencia en los mensajes que emanan desde el ejecutivo. Incluso se intoxica a la población, al empresariado y a los órganos de crear opinión pública con medidas y argumentos que no son fundamentados técnicamente y que, por tanto, carecen de estabilidad o coherencia.

La falta de seguridad jurídica emponzoña y lastra la misma aplicación del derecho. Es sabido la importancia de contar con un buen abogado (o gabinete legal) en la defensa de la posición propia -o en la agresión a la del contrario-. Lo que no es tan conocido que, dependiendo del Juzgado en que el caso sea visto, pueden darse dilaciones injustificadas, decisiones injustas en la valoración de los hechos o del derecho y, en fin, se produzca la generación de gastos excesivos y penalizaciones impropias, en cualquiera de los órdenes civil, penal o administrativo. El más débil económicamente tiene un plus de posibilidad de que su pretensión sea desechada, su reproche penal mayor, el abuso de la administración pública sobre su derecho, más relevante.

No estoy hablando, pues, de fantasías. Las sentencias de primera instancia que son revocadas por los Audiencias provinciales son, aproximadamente, un tercio. Y en los Tribunales superiores no dejan de ser preocupantes las cifras: del orden del 17% de las sentencias dictadas por las Audiencias son revisadas, esto es anuladas o reenviadas al órgano inferior para que se reproduzca el juicio o se matice el veredicto.

Se puede pensar que esto proporciona seguridad jurídica, porque los sentencias y autos de los tribunales pueden ser corregidos por las instancias más altas (Por cierto, no en todos los casos se autoriza la doble instancia y, en general, su aplicación está limitada a la valoración de los hechos, no a éstos, que quedan fijados en primera instancia).

Motivos para apreciar falta de democracia en la aplicación del derecho, háilos. Solo que hay que considerar los gastos de una apelación, el perjuicio que causa la dilación en el tiempo de las sentencias y, no en última instancia la duda sobre el valor objetivo del derecho. Algunas sentencias sustanciales se emiten con una mínima diferencia de votos de los magistrados o con votos particulares muy documentados- y cabe preguntarse qué es lo que ha convertido al derecho en un problema de interpretación, y en la que la solvencia de los letrados, la capacidad económica de los litigantes o del investigado para aguantar un largo período de proceso judicial, entre recursos, impedimentos procesales y hasta cuentos chinos, juegan un papel tan sustancial.

Publicado en: Sin categoría Etiquetado como: democracia interna, índices, juzgados, primera instancia, seguridad jurídica, Sentencias, The Economist, tribunal supremo, V-dem

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