El Tribunal Supremo ha emitido su Sentencia en el recurso presentado por las defensas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron sucesivos presidentes de la Junta de Andalucía, en momentos en los que el Partido Socialista Obrero Español era dueño y señor de esa región.

Quien la vio y quién la ve. Andalucia era considerada durante décadas el «caladero» de votos de los herederos, legatarios e intérpretes de las ideas de Pablo Iglesias, José Barreiro y Largo Caballero (por citar solo algunos de los inspiradores más relevantes que ayudaron a pergeñar el ideario socialista, adulterado sin problemas por nuevos líderes y necesarias componendas para supervivencia).

Hoy, en manos de los populares, de la derecha quasifascista, de los amigos del capital y de los señores del puro…

Estos penosos seudoargumentos, -izquierda incompetente y despilfarradora, derecha en contubernio  con los poderes económicos- que habían sido felizmente arrumbados en la época feliz de la democracia postfranquista, se recuperan ahora por los que no han vivido la transición, han estudiado poco y saben menos y están dispuestos a hacernos vivir su peculiar camino hacia la Arcadia feliz, descalificando con rabia todo lo que parezca venir de contrario.

Muy eruditos economistas y técnicos de buen pedigree, dudan (con toda razón, en mi opinión) si será mejor gobernar bajando impuestos -razonablemente- o poniéndoselo más difícil a los ricos y, sobre todo, a las grandes empresas. Tengo, como se dice vulgarmente (y pido perdón por el lenguaje soez) el culo pelado de haber visto cómo actúan en tiempo real, los amantes declarados del liberalismo y los enamorados decididos de la gestión pública de las empresas y servicios fundamentales, y no abrigo más que dudas de cómo poner en pie una idea u otra, sin entrar en múltiples matices y aplicar severas medias tintas. Lo más importante: la dificultad está en encontrar gestores capaces, bien formados, y honestos. Si militan en un partido, habría que mirarlos con lupa, porque suelen ser independientes, no confesionales.

Vuelvo al proceso de quienes mandaron en Andalucía en nombre del PSOE, y muy aplaudidos, por cierto, hasta que la juez Mercedes Alaya dio por investigar, desde el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, «e caso de los ERE». Si bien el tenor del pronunciamiento no ha sido conocido en sus detalles, sí ha transcendido que no ha habido unanimidad en el refuerzo de la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que era la que se sometía a revisión.

Ha habido votos particulares y solo cuatro de los siete magistrados del Alto Tribunal han entendido que se debía ratificar la condena a los dos principales encausados a las altas penas por los delitos de prevaricación y malversación de dineros públicos. El peor parado en ese veredicto ha resultado José Antonio Griñán, porque era Consejero de Hacienda cuando se cometieron los hechos delictivos y, por ello, facilitador obligado de la componenda y, en consecuencia, es condenado a seis años de prisión.

El asunto se ha convertido en elemento sustancial del actual debate político, por muchas razones. Desde la oposición, el Partido Popular -con la portavocía de aspecto suave ejercida ahora por Núñez Feijóo, ejerciente del galleguismo estereotipado-, dice no querer hacer bandera con los daños causados por tal Sentencia, aunque no deja de esgrimir que la Justicia ha deshecho, al fin, de manera legal, el chiringuito de favores que los sociatas habían montado en Andalucía. Por la vía del resultado fehaciente de las elecciones, ya había quedado sancionado socialmente el reproche al encaramar a Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta con la mayoría más clara que se vio en esa democracia imperfecta que defiende el texto constitucional más eficiente y versátil que vio nuestra piel de toro.

El nuevo portavoz socialista, Patxi López, bien curtido en defender posiciones en momentos difíciles, recuerda -siguiendo el argumentario de la Ministro portavoz, Isabel Rodriguez García- que el único Partido condenado como tal por la Justicia (caso Gürtel) ha sido el Popular. Porque el PSOE, como institución política, está libre de culpa y, por otra parte, los ex Presidentes andaluces, a los que cabe manifestar (según la posición de este Partido) con pleno apoyo por su honestidad, ya que no se han llevado a sus bolsillos ni un euro de los setecientos millones que fueron malversados o utilizados con el sesgo oscuro que ven los Tribunales. Además, los reos y ajusticiados ya no son miembros del Partido socialista y las responsabilidades políticas si las hubiera, ya han sido depuradas hace años. Me gustaría saber quiénes y de qué condición fueron los beneficiarios del reparto de subvenciones, a quiénes se les facilitó la agilización de los créditos y, en fin, si no se tuvo en cuenta más que el estado de necesidad y la urgencia debida, y no la presunta afiliación de los favorecidos.

A mí, como ciudadano y como abogado, me interesa resaltar, en este caso y en otros que los media se han encargado de difundir y exprimir, la ausencia de unanimidad en la mayoría de las Sentencias (ya que no en todas) que hemos conocido en detalle, afectando a personajes relevantes de los sectores políticos. No la hubo en las sentencias que afectaron al Rey de antes, Don  Juan Carlos, ni en el desmesurado para e torpemente defendido Urdangarín, ni en los alevosos casos del Procés (y especialmente en la valoración de los hechos, si sedición, reunión de amigos o intento de separatismo y golpe de Estado desde las instituciones). No hay unanimidad en casi ninguna Sentencia importante (por su materia o por la naturaleza de los justiciados y, cómo no, de sus letrados) de los Tribunales pluripersonales.

La Justicia es lenta, su aplicación sujeta a interpretaciones jurídicas y todos los letrados en ejercicio sabemos lo importante que es, no solo preparar bien tu caso, sino encontrarte con un buen juez, de los que se toman interés en profundizar en los argumentos  y razones de cada parte y no se dejan obnubilar por el prestigio de un bufete de esos de renombre (los llaman bufetes boutique). Pero -¡horror!- tenemos que creer que no está sujeta a cavilaciones y mangoneos políticos, y ya no solo desde la Fiscalía General del Estado (que el actual Presidente del Gobierno ha dejado claro que dependía de sus designios), sino debido a la composición ideológica de los Tribunales que tienen que dirimir en últimas instancias, ya sea el Constitucional, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y, aunque nos falten muchos datos, los Tribunales de Menor pelo (Tribunales Superiores regionales, Audiencias Provinciales, etc.)

La verdad, al ciudadano de a pie se le ha puesto muy difícil creer en la independencia de la Justicia, en la separación de poderes, en la solvencia y honestidad de los jueces. Como en toda profesión, defiendo que la inmensa mayoría son fieles al ideario de una Justicia igual para todos y lejos de mi intención acudir a la frase desafortunada del alcalde Pacheco -el de «la Justicia es un cachondeo»-, pero nada me impide defender que necesitamos la plena profesionalización de la carrera judicial, libre de influencias políticas, de nepotismos y amiguismos y, por qué no, totalmente transparente en la valoración de Sentencias, juzgadores y Juzgados.