Al socaire

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Justicia a la medida

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El Tribunal Supremo ha emitido su Sentencia en el recurso presentado por las defensas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron sucesivos presidentes de la Junta de Andalucía, en momentos en los que el Partido Socialista Obrero Español era dueño y señor de esa región.

Quien la vio y quién la ve. Andalucia era considerada durante décadas el “caladero” de votos de los herederos, legatarios e intérpretes de las ideas de Pablo Iglesias, José Barreiro y Largo Caballero (por citar solo algunos de los inspiradores más relevantes que ayudaron a pergeñar el ideario socialista, adulterado sin problemas por nuevos líderes y necesarias componendas para supervivencia).

Hoy, en manos de los populares, de la derecha quasifascista, de los amigos del capital y de los señores del puro…

Estos penosos seudoargumentos, -izquierda incompetente y despilfarradora, derecha en contubernio  con los poderes económicos- que habían sido felizmente arrumbados en la época feliz de la democracia postfranquista, se recuperan ahora por los que no han vivido la transición, han estudiado poco y saben menos y están dispuestos a hacernos vivir su peculiar camino hacia la Arcadia feliz, descalificando con rabia todo lo que parezca venir de contrario.

Muy eruditos economistas y técnicos de buen pedigree, dudan (con toda razón, en mi opinión) si será mejor gobernar bajando impuestos -razonablemente- o poniéndoselo más difícil a los ricos y, sobre todo, a las grandes empresas. Tengo, como se dice vulgarmente (y pido perdón por el lenguaje soez) el culo pelado de haber visto cómo actúan en tiempo real, los amantes declarados del liberalismo y los enamorados decididos de la gestión pública de las empresas y servicios fundamentales, y no abrigo más que dudas de cómo poner en pie una idea u otra, sin entrar en múltiples matices y aplicar severas medias tintas. Lo más importante: la dificultad está en encontrar gestores capaces, bien formados, y honestos. Si militan en un partido, habría que mirarlos con lupa, porque suelen ser independientes, no confesionales.

Vuelvo al proceso de quienes mandaron en Andalucía en nombre del PSOE, y muy aplaudidos, por cierto, hasta que la juez Mercedes Alaya dio por investigar, desde el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, “e caso de los ERE”. Si bien el tenor del pronunciamiento no ha sido conocido en sus detalles, sí ha transcendido que no ha habido unanimidad en el refuerzo de la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que era la que se sometía a revisión.

Ha habido votos particulares y solo cuatro de los siete magistrados del Alto Tribunal han entendido que se debía ratificar la condena a los dos principales encausados a las altas penas por los delitos de prevaricación y malversación de dineros públicos. El peor parado en ese veredicto ha resultado José Antonio Griñán, porque era Consejero de Hacienda cuando se cometieron los hechos delictivos y, por ello, facilitador obligado de la componenda y, en consecuencia, es condenado a seis años de prisión.

El asunto se ha convertido en elemento sustancial del actual debate político, por muchas razones. Desde la oposición, el Partido Popular -con la portavocía de aspecto suave ejercida ahora por Núñez Feijóo, ejerciente del galleguismo estereotipado-, dice no querer hacer bandera con los daños causados por tal Sentencia, aunque no deja de esgrimir que la Justicia ha deshecho, al fin, de manera legal, el chiringuito de favores que los sociatas habían montado en Andalucía. Por la vía del resultado fehaciente de las elecciones, ya había quedado sancionado socialmente el reproche al encaramar a Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta con la mayoría más clara que se vio en esa democracia imperfecta que defiende el texto constitucional más eficiente y versátil que vio nuestra piel de toro.

El nuevo portavoz socialista, Patxi López, bien curtido en defender posiciones en momentos difíciles, recuerda -siguiendo el argumentario de la Ministro portavoz, Isabel Rodriguez García- que el único Partido condenado como tal por la Justicia (caso Gürtel) ha sido el Popular. Porque el PSOE, como institución política, está libre de culpa y, por otra parte, los ex Presidentes andaluces, a los que cabe manifestar (según la posición de este Partido) con pleno apoyo por su honestidad, ya que no se han llevado a sus bolsillos ni un euro de los setecientos millones que fueron malversados o utilizados con el sesgo oscuro que ven los Tribunales. Además, los reos y ajusticiados ya no son miembros del Partido socialista y las responsabilidades políticas si las hubiera, ya han sido depuradas hace años. Me gustaría saber quiénes y de qué condición fueron los beneficiarios del reparto de subvenciones, a quiénes se les facilitó la agilización de los créditos y, en fin, si no se tuvo en cuenta más que el estado de necesidad y la urgencia debida, y no la presunta afiliación de los favorecidos.

A mí, como ciudadano y como abogado, me interesa resaltar, en este caso y en otros que los media se han encargado de difundir y exprimir, la ausencia de unanimidad en la mayoría de las Sentencias (ya que no en todas) que hemos conocido en detalle, afectando a personajes relevantes de los sectores políticos. No la hubo en las sentencias que afectaron al Rey de antes, Don  Juan Carlos, ni en el desmesurado para e torpemente defendido Urdangarín, ni en los alevosos casos del Procés (y especialmente en la valoración de los hechos, si sedición, reunión de amigos o intento de separatismo y golpe de Estado desde las instituciones). No hay unanimidad en casi ninguna Sentencia importante (por su materia o por la naturaleza de los justiciados y, cómo no, de sus letrados) de los Tribunales pluripersonales.

La Justicia es lenta, su aplicación sujeta a interpretaciones jurídicas y todos los letrados en ejercicio sabemos lo importante que es, no solo preparar bien tu caso, sino encontrarte con un buen juez, de los que se toman interés en profundizar en los argumentos  y razones de cada parte y no se dejan obnubilar por el prestigio de un bufete de esos de renombre (los llaman bufetes boutique). Pero -¡horror!- tenemos que creer que no está sujeta a cavilaciones y mangoneos políticos, y ya no solo desde la Fiscalía General del Estado (que el actual Presidente del Gobierno ha dejado claro que dependía de sus designios), sino debido a la composición ideológica de los Tribunales que tienen que dirimir en últimas instancias, ya sea el Constitucional, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y, aunque nos falten muchos datos, los Tribunales de Menor pelo (Tribunales Superiores regionales, Audiencias Provinciales, etc.)

La verdad, al ciudadano de a pie se le ha puesto muy difícil creer en la independencia de la Justicia, en la separación de poderes, en la solvencia y honestidad de los jueces. Como en toda profesión, defiendo que la inmensa mayoría son fieles al ideario de una Justicia igual para todos y lejos de mi intención acudir a la frase desafortunada del alcalde Pacheco -el de “la Justicia es un cachondeo”-, pero nada me impide defender que necesitamos la plena profesionalización de la carrera judicial, libre de influencias políticas, de nepotismos y amiguismos y, por qué no, totalmente transparente en la valoración de Sentencias, juzgadores y Juzgados.

 

Un rey superviviente

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El 19 de mayo de 2022, el rey de antes, Don Juan Carlos, decidió reaparecer físicamente por el país en el que fungió como Jefe de Estado durante más de cuarenta años y del que, mal aconsejado, se vio impulsado a abandonar hace casi dos. Tenía entonces, perdida su inviolabilidad jurídica, algunos asuntos pendientes con la Justicia española, promovidos por Corinna, su amante despechada, que levantó la colcha que le dejó desnudo, apaleado y metafóricamente, cornudo.

Demasiados adjetivos indeseables que suponían una carga difícil de soportar,  no ya para un Monarca jubilado que había defendido la honestidad y la eficacia como elementos de renovación en los que apoyar el resurgir del régimen monárquico después de la guerra incivil, sino para su hijo bien amado, Felipe VI, en el que el pueblo español y él mismo tenían puestas todas sus complacencias.

Podía haber elegido quien fuera Juan Carlos Primero quedarse en España mientras se ventilaban esos feos asuntos legales y cruzaba los dedos para que sus abogados le sacaran del embrollo judicial sin mordeduras ni lobanillos. Podría haber ido a Inglaterra, en donde seguro que la reina Isabel le podía prestar algún palacete en el que dedicarse a leer y, entre semana, cazar faisanes o cérvidos.

Pero, metido en el berenjenal, escogió o le impulsaron a hacerlo, uno de los países con peor fama, en donde impera el lujo, la corrupción sin medida y el machismo de diente afilado: Abu Dahbi. El emir de ese pequeño país, respetado por su inmensa capacidad económica, lo acogió, le dejó un palacete y le quitó de la curiosidad ajena hasta que resultó que los supuestos delitos prescribieron, se estimaron improbados o la denuncia de la despechada no prosperó, al menos ante la Justicia española.

Es una historia muy triste, en la que se dan los elementos propios de una inmolación autoinflingida junto al lanzamiento al escarnio por una parte del gobierno del país que hasta hacía poco besaba por donde pisaba y sacaba pecho por su regia galanura.

Fue un desastre anunciado, una sucesión de tormentas sobre su imagen: yerno encarcelado -por un juicio mediático que propició una sentencia ejemplarizante y, por ello, injusta-, hijo varón que se distancia para salvar el pellejo de la institución monárquica y que admite que la Casa Real quede restringida a su quintaesencia, esposa obligada a extraer dosis de dignidad del exigüo coleto del despecho, hijas que se separan de sus galanes y que pierden títulos y reconocimiento público, nietos influyentes en las redes sociales que tratan de encontrar vida fuera de la Casa Real, etc.

Volvió el Rey de antes entrando por la puerta de atrás, utilizando el falso pretexto de una regata en Sanxenxo y abusando de la pretendida hospitalidad de -se dice- uno de sus mejores amigos, el empresario gallego Pedro Campos, quien lo recogió en el aeropuerto de Peinador y lo hospeda en su casa el par de días que estará en España. En el apretado y ridículo programa, se acercará el lunes a la Zarzuela, en donde tendrá un encuentro privado con su hijo Rey y su nuera Reina. No ha trascendido cómo hará el viaje, aunque se descarta que Sánchez disponga de uno de los Falcon que utiliza para sí con tanta libertad.

Alegan los que le odian desde el Gobierno y fuera de él que “ahora es un ciudadano normal y es libre de hacer lo que le plazca”. No, no puede hacerlo, porque la Constitución establece su condición imperecedera de prerrogativas propias del Monarca que fue y del sitio que ocupa en la Historia de este país. Y siempre será observado, escudriñado, analizado, donde quiera que vaya, incluso hasta después de su muerte. Ciudadanos normales son Jordi Pujol y  Marta Ferrusola, Junqueras y los Panchos, Chanel, Griñán o Chaves, Rodríguez Zapatero, Florentino Pérez  o Alfonso Guerra. Don Juan Carlos no.

Es un situación esperpéntica, propia del ridículo que es consustancial a un país que es incapaz de valorar, proteger y respetar sus recursos. El Rey de antes fue intocable mientras se mantuvo como Jefe de Estado y cuando dimitió, por propia voluntad, al quedar sus carnes humanas -carnestolendas- al descubierto, quedó expuesto a la crítica, al ridículo y a la posibilidad de ir a la cárcel. Porque, presuntamente entonces, había actuado de intermediario o conseguidor para algunos proyectos en los que competían empresas españolas y, se le habría entregado una comisión. No quedó probado y el dinero que la amante Corinna recibió del emirato en donde acabaría don Juan Carlos refugiando su real vergüenza, era un regalo, una dádiva, un don.

No soy monárquico, y me gustaría vivir en un Estado republicano, con un jefe de Estado elegido por votación entre insignes ciudadanos, de esos que tienen el pelo cano o la calva dilecta y acreditan una trayectoria personal llena de triunfos por la Patria.

Pero nací en una dictadura, viví en ella casi toda mi juventud y aplaudí hasta con las orejas cuando se aprobó, por votación mayoritaria, un texto constitucional que debía garantizar paz y prosperidad para un país en permanente amenaza de espadones, pucherazos y guerras civiles. La monarquía era la forma de Estado como cualquier otra y un tal Juan Carlos, educado a la sombra del dictador, pero con ganas de demostrar su independencia y alta formación (que nos había costado bastante), se encargó de hacernos creer en que era posible la homologación de España en Europa y en el mundo. De decirle a Chaves, “¿Por qué no te callas?” en lugar de “¿Qué puedo hacer por tí, querido Maduro?”

Gobiernan ahora este país personas que no han vivido la postguerra. Algunos no han sido educados en las Universidades españolas sino en prestigiosas Universidades inglesas, alemanas o norteamericanas en donde les han dado títulos pomposos que les acreditan en funciones que nos resultaban desconocidas para quienes tuvimos que superar pruebas selectivas hacinados en aulas en donde se nos recomendaban libros en francés o inglés y teníamos apuntes a cicloscil.

Algunos de esos nuevos mandarines no creen en la Constitución, sino en la necesidad de cambiarlo todo. No son monárquicos, pero no han vivido el nacimiento de la Monarquía, sino su caída, y conviven ahora con el placer de querer destruir esa institución, para festejar el advenimiento de una forma sustituta: el gobierno de todos, es decir, no la democracia, sino allí donde todos mandan igual, la anarquía.

Nunca creí que el rey Juan Carlos fuera a figurar junto a Santiago Apóstol o la Virgen María, en el pedestal de las entidades sobrenaturales. Pero advierto a los especialistas en coprofagia, empeñados en vociferar que el rey de antes es indigno, y que debe explicar hasta la eternidad sus andanzas y tejemanejes con el dinero, el sexo y la verdad y la mentira, que no habrá paz en esa búsqueda.

No estoy defendiendo al rey Juan Carlos y, puesto a ser sincero, no creo que lo necesite. No me pidió ni el ni sus asesores consejo alguno. Tampoco el rey de ahora, don Felipe. Y les voy a dar un consejo que no me han pedido y que, con seguridad, nunca leerán: no tengan vergüenza de aparecer como humanos. La jefatura de Estado monárquica fue y es una fórmula de conveniencia para sostener nuestra democracia. Ella es la intocable. Dentro del ropaje, hay seres humanos.

 

¿Donde vas, Venezuela?

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Los dictadores alcanzan el poder por levantamiento militar y perduran en su ejercicio despótico hasta que otra asonada los destituye. Puede que creen una dinastía si la mayoría de la población está asustada, desencantada, desinformada o adormecida, generando incluso de este modo espurio, con el tiempo, una utópica senda hacia  la democracia secuestrada.

No pretendo sistematizar acerca de las dictaduras, que historiadores con paciencia y medios han glosado muy satisfactoriamente. Lo que me resulta de dramático interés es que tanto acertado diagnóstico no ha servido para atajar el camino a dictadores, ni para movilizar   la opinión pública mundial (caso de que la ética universal no sea una entelequia) para que el pueblo  secuestrado  recupere las riendas de su destino.

Porque  los dictadores y sus validos y beneficiados sueñan con que la muerte les llegue de avanzada vejez y en la cama, con las alforjas repletas de productos de su latrocinio.

En el grupo de fieles, es imprescindible (para el dictador) que figure  una mayoría de uniformados con sujeción a sus Mandisa, a los que se premiará la lealtad con buenos trozos del pastel; previamente, en la etapa de la “liberación del pueblo” se habrá asesinado encarcelado o mandado a buen recaudo a cualquiera que haya manifestado la menor oposición al levantamiento armado.

Nicolás Maduro, presidente sátrapa del hermano país venezolano, ha heredado el cetro de un levantisco, Chaves, que desbarató con la espada y el apoyo de la tropa y la mayoría de la suboficialidad, la precedente farsa de la alternancia en el poder de la élite venezolana. No tiene su carisma, aunque sí su labia de trilero. Lo anterior no era democracia -juzgada con ojos de la pureza europea-, pero se parecía.

Les fue bien a Chaves y a su hijo putativo a Maduro mientras el precio del petróleo se mantuvo a niveles de gran rentabilidad y la  corrupción no alcanzó a los niveles bajos de la camarilla de seguidores y adeptos. Aislada del mundo, como sucedió (y sucede) en Cuba, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, la población desinformada se  cree que la culpa de todos los males la tiene el imperialismo, esto es, los Estados Unidos de Norteamérica.

La resistencia del chavismo-madurismo a ser despojado del poder por la Asamblea Nacional y, bajo el mando transitorio de Juan Guaidó, abrir nuevas esperanzas al país convocando elecciones libres, era normal. Las dictaduras no son vencidas con buena voluntad. Pero tampoco pueden ser sustituidas por un apoyo militar foráneo, que coloque en el poder a una alternativa. Tal intervención, contraria a la libertad de los pueblos, no legitima al líder impuesto, sino que lo desvirtúa.

El pueblo venezolano tiene que avanzar rápida y sólidamente en manifestar un clamor de rechazo hacia Maduro. La destruccion  del régimen tiene que proceder del miedo del dictador hacia la población que antes le apoyaba. Doy por supuesto que la mayor parte de los que aplaudieron en su momento a Chaves y los aires de cambio que preconizaba están desengañados. Pero no basta.

Las masas (de cualquier población) tienen aversión al cambio, a cualquier cambio y teme manifestarse contra el poder. Vencer ese respeto, ese temor a que la alternativa no cuaje es,  no ya obligación programática de Guaidó y quienes le apoyan desde los brotes de la resistencja a Maduro, sino una necesidad para que la controversia ciudadana no degenere en un conflicto civil de grandes proporciones.

Y, al enemigo que huye, puente de plata.