Hoy serán cuarenta las semanas transcurridas desde que escribo las Crónicas desde Gaigé, el país imaginado en el que se produce una selección un tanto arbitraria de las noticias que tienen lugar real en España. No pretendo reseñar con fidelidad la historia, no soy fiel al relato (ni al oficial ni al pretendido por las oposiciones al Gobierno), pero soy rigurosamente independiente.
Me atribuyo esta categoría singular para explicar que no pertenezco a ningún partido político y, lo que es más específico, no me interesa ninguno. En esto me declaro en sintonía con la frase de Vargas Llosa (Mario) que ha merecido -con su foto- ocupar la mitad de la portada de El Mundo del 13 de noviembre: «La política corrompe profundamente al ser humano».
De independentismo se ha hablado y escrito otra vez mucho en Gaigé, el país de los despropósitos. La razón reside en la intención del Gobierno -por una vez, en sintonía- de derogar por la vía del decreto ley, el delito de sedición, por el que fueron condenados los golpistas catalanes cuando se embarcaron, desde el gobierno legítimo de la Generalitat, en la aventura sin rumbo de declarar la independencia de la región, con base en el resultado de un referéndum ilegal y amañado.
No merece la pena (para este cronista) detenerse en los cambios de opinión del presidente Sánchez (Pedro), siempre expresada ésta con la misma contundencia, porque me basta con remitirme a la frase del Premio Nóbel que transcribí más arriba. El objetivo de «homologar el delito de sedición a las leyes penales europeas» es, jurídicamente hablando, una estupidez. Cada Estado ha venido legislando, en lo civil como en lo penal (y en los demás órdenes legislativos) como le ha parecido bien, siendo el acervo legal de cada uno un reflejo de su historia jurídica y social. No cabe homologación, ni se pretende a estas alturas someter la autonomía e independencia normativas en aras de una hipotética uniformidad europea, en donde hay tanto por hacer.
Así que lo que se puede calibrar es la intención del presidente Sánchez (Pedro) de silbar al mismo toque que los socios independentistas y anticonstitucionales que sostienen su gobierno, bajo las siglas infumables para un constitucionalista de ERC (Esquerra Republicana de Cataluña): rebajar las penas a los condenados por sedición agravada, que es, ni más ni menos, que haber declarado, siendo autoridad obligada a lealtad institucional, la separación de Cataluña del resto de Gaigé, el País de los Despropósitos.
En un magnífico ensayo, (EM, 13.11.22) el catedrático de Derecho Penal Quintero Olivares (Gonzalo) diserta admirablemente sobre el bien jurídico básico a proteger que es la lealtad constitucional, en torno al cual se deberían crear tipos que permitan evaluar penalmente los intentos de subvertirla.
No hablamos de atentar contra la «paz pública», o de «desórdenes públicos» -desde quemar contenedores, agredir a un guardia o manifestarse sin autorización o paralizar un servicio básico causando graves daños a la economía nacional y a la ciudadanía. No, el tipo penal es otro y no puede quedar desprotegido. Su definición perfila el delito de sedición, y su nombre podrá variar, pero su sustrato, es el mismo. Todos los Estados, por la cuenta que les tiene, castigan duramente a quienes atentan contra su Constitución y, muy en particular, contra la forma de Estado acordada por las inmensas mayorías.
El Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo (Alberto), va tomando consciencia del reducido papel mediático al que le obliga su ausencia del Congreso de Diputados. Ser senador no permite la proyección popular que da la Cámara baja. Algunos miembros de su partido le propusieron que presentara una moción de censura, con la seguridad de perder la votación, pero ganar visibilidad.
Hasta Arrimadas (Inés), experta ahora en dar consejos de actuaciones que, en su momento, ella no fue capaz de seguir, le animó a iniciar la senda de la reprobación del jefe de Gobierno, utilizando la vía constitucional de la moción. Pero Núñez aún se está lamiendo las heridas de los desplantes, mentís y desprecios que, a cada tanto, le prodigan los representantes del férreo gobierno de coalición.
El ministro de la Presidencia de Gaigé, Bolaños (Félix) en una feliz pirueta irónica ha deleitado a los amantes de alimenta el fuego de las disidencias desde el todo-vale, refiriéndose a la sede del PP en la calle Génova, como «Edificio Trump», se supone que para poner en evidencia las afinidades oscuras entre el expresidente republicano de los Estados Unidos de Norteamérica y los negocios inmobiliarios populares.
La izquierda del PSOE -en el doble sentido de aumentar su desviación populista e ideológica- se agrieta, en la medida en que toma más protagonismo la vicepresidenta Díaz (Yolanda), a pesar de las llamadas de atención de su ex jefe Iglesias (Pablo), convaleciente de su operación de autocastración política. El proyecto de Díaz al que se ha dado el nombre de «Sumar», carece aún de perfil definido y de musculatura para conformar un partido político, aunque resulta divertido (para la oposición) seguir el desgaste de las agrupaciones que apoyaron a Sánchez, de las que solo los independentistas gozan de buena salud.
Si hay posibles presas con aspecto de heridas, en la cacería selvática de Gaigé, la que presenta aspecto más delicado es el, hasta hace solo un par de años unánimemente aclamado, el ministro de interior Grande-Marlaska. Causa: un programa de la BBC, la emisora británica cuyos episodios sobre animales hacen las delicias de la sobremesa en la 2, ha presentado un vídeo sobre los sucesos del asalto masivo a la frontera en Melilla de junio (en donde el gobierno marroquí ha reconocido 23 muertos y algunos centenares de heridos. Las cifras reales de fallecidos y desaparecidos son desconocidas. En el video puede advertirse cómo un gendarme del país vecino (estrecho de Gibraltar por medio) tira del cuerpo inerte de un saharaui, para sacarlo de la zona de soberanía española.
Así que no sería cierto lo afirmado por el ministro ahora acosado por mentiroso de que «ningún muerto se produjo» por causa de la resistencia a los invasores, en otro territorio que Marruecos, y, por tanto, la inhibición de la Justicia de Gaigé no estaría justificada.
Que desde parte del propio Gobierno (facción no socialsta) se pida la revisión puntual del caso y, acusado como mendaz, la dimisión de Marlaska, es una muestra más de la capacidad del País de los Despropósitos para autolesionarse. Obviamente, sin que dejemos de lamentar el aumento de la presión humanitaria desde el Sahel y la falta de soluciones para (dotar a la gendarmería marroquí de más medios para disminuir la tensión sobre nuestra guardia propia de fronteras)
Madrid se recupera como la capital de las manifestaciones en Gaigé. El domingo, día 13, cientos de miles de interesados en la mejora de la Sanidad Pública, bastantes venidos en autobús con pancartas y bocata (a la vieja usanza) ocuparon en el centro político de Gaigé gritando «Ayuso, asesina» y otras lindezas que enmascararon el verdadero mensaje.
Estuvo magnífico en la defensa de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, su compañero de partido y alcalde de la capital, Martinez Almeida (José Luis). Faltan médicos de familia, porque los facultativos que han superado el MIR no encuentran atractivo dedicarse a esta especialidad genérica. Faltan médicos, en general, porque los que pueden se van a ejercer al extranjero (pueden recibir salarios hasta tres veces superiores) o prefieren ser contratados por Hospitales privados o compaginar una jornada en lo público -para hacer currículum- y unas horas en una empresa sanitaria.
Comprensible la calma de Almeida al conocer que su opositora por el PSOE a la alcaldía en las elecciones de mayo será Maroto (Reyes), ministra hasta abril de Industria, Comercio y Turismo, a la que solo conoce por el nombre el 40% de quienes podrían votarla.
Soy paciente de la sanidad pública y no tengo queja de las atenciones y tratamientos que recibo. Los pacientes somos muy tolerantes y, con la perspectiva de mejorar nuestra salud, estamos dispuestos a entregar muchas horas de nuestro tiempo en salas de espera. Basta darse un paseo por cualquier establecimiento sanitario. Y, sobre todo, sé del tremendo esfuerzo de los profesionales, el número excesivo de horas que dedican a su labor, los problemas de gestión y la escasez de medios económicos y materiales. No está Madrid a la cola de la asistencia sanitaria de Gaigé, que debería tener muy claro el coste de mantener un alto nivel de prestaciones y, también, la diferencia de las mismas según en qué Autonomía te toque acudir a un centro público.
La huelga de transportistas (solo los autónomos, pero el roto será grande) amenaza con paralizar la actividad de distribución en Gaigé. Piden que se les pague lo suficiente para cubrir costes. Escucho a las partes -Gobierno, grandes patronales, sindicatos- y no entiendo nada. Estamos en el Pais de los Despropósitos. Lo olvido a veces.
