Al socaire

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Diciembre de 2018

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La decisión del presidente de Gobierno Pedro Sánchez de realizar el último Consejo de Ministros del año 2019 en Barcelona ha concitado inevitable revuelo.

La tensión separatista, mantenida por un gobierno de la Generalitat bailando tanto con la ilegalidad constitucional como con la ausencia de respeto institucional, supone que este hecho, que debiera ser tenido como normal, y hasta como un honor o una deferencia con la administración regional y su población, es visto como una provocación por los independentistas y como una situación de máximo riesgo por los constitucionalistas y, en especial, por el gobierno de España.

La combinación del temor oficial español y del rechazo catalanista, llevado a nivel de la calle, implica la presunción de que el 21 de diciembre habrá manifestaciones a favor y en contra, algaradas, vuelco de contenedores y autos, rotura de escaparates, lanzamiento de piedras e impedimentos contra las fuerzas del orden, cargas policiales, golpes, heridos y, tal vez, algún herido grave y, ojalá no, muertos.

Hace tiempo que no entiendo nada de lo que pasa en la sala de calderas de Cataluña y, como tiendo al realismo pesimista, cuando contemplo estupefacto que no se corrigen los desvíos -no, desde luego, con promesas de diálogo, líneas rojas, declaraciones incendiarias de unos y de amagar y no dar de otros- tiendo a imaginar que el problema catalán va a acabar mal.

En realidad, ya ha acabado mal. Tenemos a varios políticos de Catalunya en la cárcel, ciertamente por sus ideas, pero sospechosos, con poco margen para su defensa legal, de haber insuflado y alimentado  ánimos de revolución, desde sus pedestales mediáticos, al pueblo llano.

Tenemos un gobierno del Estado en una precaria posición minoritaria, en funambulismo persistente. Tenemos, por tener, un aumento de los simpatizante de las posiciones identificadas, desde el poder ocasional y los comentaristas de estos pagos, como extrema derecha (Vox), opción emergente que recoge ideas al gusto de las “gentes  de orden” (mezcladas con otras aberrantes o inasumibles desde la decencia social). Es verdad que el programa del partido que ha desequilibrado Andalucía mezcla churras con merinas, pero…¿no han caminado todos los partidos que juegan a la política en España por sendas del confusionismo programático?

Estaremos atentos al comportamiento de quienes quieren manifestar algo el día 21 en Barcelona.

Yo estaré, desde luego, con los que deseamos expresar que sólo desde la calma se puede avanzar sin trompicones. El derecho a expresarse no tiene que ver con el ejercicio de la violencia. Estamos en una democracia (negarlo es, no solo falso, sino una provocación intolerable) y hay que respetar las leyes y, por encima de todas, la Constitución, que es Norma Suprema.

Con los que quebrantan las reglas de juego, y se mantienen en su infracción, no se dialoga. Porque demuestran con ello que no quieren dialogar, sino jaleo, enfadarnos, hacernos de menos o ridiculizarnos a los que, mientras les exigimos que cumplan lo pactado, les recordamos que, si quieren cambios sustanciales (como es el caso separatista), midan sus fuerzas como  hacen los demócratas, -votando todos y consiguiendo la mayoría suficiente entre todos y no solo entre los que les apetezca.

Si se quiere cambiar a una nueva Constitución y modificar algunas reglas sustanciales de la convivencia pacífica que estamos disfrutando, ese es el camino. Otros, significarían debilitar a los que se acerquen a la mesa que los secesionistas tienen dispuesta, para entrar en la farsa de un diálogo imposible, por ilegal e ilegítimo.

Foto secuencial de otras que tengo ya publicadas, esta garza acababa de atrapar una buena pieza y había comenzado la ceremonia compleja de colocarla en la dirección adecuada para engullirla de un solo bocado, lo que le estaba llevando varios minutos y, de pronto, le cayó al río.

Me sorprendió ver cómo el ardeido agarraba una rama y, con ella en el pico, comenzó a darle golpes al pez, para aturdirlo más.  Cuando estimó que el lucio-perca estaba suficientemente atontado para no complicar más la deglución, el depredador volvió a cogerlo con su largo pico y terminó sin más problemas la operación, retirándose con un par de densos aleteos a un lugar más tranquilo para digerirlo.

 

Reformar la Constitución, ¿para quién?

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Cada 6 de diciembre, día en el que se conmemora  el referéndum de aprobación de la vigente Constitución Española, – y, con mayor intensidad, en los últimos años de los cuarenta que lleva vigente-, políticos, periodistas y constitucionalistas (oficiales o sedicentes), se esfuerzan en hacer ver al resto de los españoles que hay varias cuestiones de calado en esta Carta Magna que deben cambiarse.

No me imagino un debate similar en Estados Unidos, en donde desde 1787 mantienen, si bien con diversas enmiendas, el texto básico. Claro que allí dicen confiar en Dios (in God we trust, reza el lema adoptado por el Congreso en 1956), lo que no impide que, por si acaso, la realidad actual haya puesto en primera línea un lema más práctico: America first, con el que se dejan muy claras las intenciones prioritarias, sin que sea necesario advertir, para incautos que quieran interpretar el apelativo America de forma correcta, que los únicos americanos que importan para los estadounidenses del norte son ellos.

Si lo comparamos con nuestro panorama, no resulta el inmenso país multitestatal del otro lado del Atlántico ejemplo de solidaridad para nosotros, ni tampoco para la Unión Europea: ni social o ambiental, ni económica, tanto en lo interior como en el exterior. En lo que a nosotros estrictamente respecta, debemos admitir que la pertenencia a la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea) nos ha servido como impulso sustancial para alcanzar el estado de bienestar del que hemos disfrutado hasta ahora, ayudándonos a olvidar rápidamente una dictadura que trató durante cuarenta años de hacernos uniformes.

Como fiel aplicación de una de las leyes de Parkinson, la existencia en España de un par de centenares de constitucionalistas de profesión (catedráticos y profesores titulares), ha dado por resultado académico que la Constitución Española sea analizada, por arriba y por abajo, letra a letra, capítulo a capítulo, y que, de resultas de tanto manoseo, haya propuestas al gusto de cada facción política.

Sabemos de dónde se copió o mejoró cada título y cada párrafo; estamos enterados de las dudas de cada partícipe en la redacción y cómo fueron resueltas; podemos seguir la deriva de los acuerdos previos hasta el resultado final; y, en fin, disponemos de otros detalles  sustanciales o nimios acerca de la marcha de las negociaciones entre los representantes de los partidos más relevantes entonces en su esfuerzo para sacar un texto consensuado que, además, contentara o no levantara demasiadas suspicacias a los beneficiados por el régimen anterior.

De los análisis eruditos como de los pedestres, han surgido muchas voces pidiendo reformas. Algunas, perfectamente inviables aunque parezcan razonables; otras, descolocadas de la razón, sin otra función que alborotar. La Constitución Española es definida como Norma Suprema de obligado cumplimiento y, por ello, los cambios de sustancia implicarían superar barreras hoy insalvables, en el estado de fragmentación del espectro ideológico parlamentario.

El artículo 168 es un impedimento, no ya para la revisión total de la Constitución sino incluso para un retoque parcial del Titulo preliminar, del Capítulo segundo, o de los Títulos I (en su Sección Primera) y II, porque afectar a su redacción actual exige un pacto entre partidos que aparece inviable, incluso aunque se limitara la necesidad de consenso a los llamados “constitucionalistas”, perdidos cada uno en sus propios cerros, y hasta cerrilidades, ideológicos. El Partido Popular es el único que parece plenamente satisfecho con la redacción actual.

Para enmarcar la opción de sacar adelante las propuestas más agresivas de los partidos, incluso de los llamados constitucionalistas,  cabe decir, en lenguaje directo, que no se podrá tocar la forma de Estado, que seguirá siendo una monarquía parlamentaria, ni reducir los derechos y deberes fundamentales previstos en el texto. Sería factible, supuesto el acuerdo, únicamente, la ampliación de los derechos y deberes no contemplados , y, si no fuera posible tocar la dicción de los ya enunciados en la Carta Magna, habría que apuntar a una más extensa interpretación.

Podrá gustar o no la Monarquía, pues, pero no habrá República (salvo una revolución que no deseo para mi país), por mucho que algunos hagan ostentación de banderas tricolores y denuncien partidismos afectivos por parte del actual monarca. Tratándose  de prever el future con sensatez y posibilismo, vale más dedicar la pena y el esfuerzo a un espacio de serena discusión a la preparación de la Princesa de Asturias, para que pueda ejercer, cuando llegue el momento, de magnífica Reina de España, proyectando una imagen de modernidad y saber estar a las generaciones coetáneas de ese entonces.

Y no me duelen prendas en admitir, como ya hice en otras ocasiones, aún siendo republicano de corazón, que el actual monarca, Felipe VI, cumple casi a la perfección mis expectativas de Jefe de Estado de primer nivel.

Para mí, el problema fundamental que tenemos en España es la disparidad entre las Autonomías, resultado de las competencias asumidas por ellas en virtud de un artículo para el que no se pusieron límites, que es el 150, y de un problema de esencia, que reside en su gran disparidad en población y territorio.

Tenemos demasiadas regiones y no es sencillo meter la mano en el avispero de los orgullos locales. Es cierto que llevar el poder de decisión hacia el ciudadano desde el centro, facilita la adopción de decisiones más cercanas a la necesidad, y mejora su capacidad de valoración. Pero no todas las acciones dependen de la proximidad, sino que hay bastantes, las principales, que están ligadas al tamaño crítico mínimo y a la necesidad de coordinación.

La permanente expansión de las competencias regionales, ha provocado el efecto perverso de aumentar las disparidades entre las Autonomías, y, con ello, la proliferación de reductos de incompetencia y desigualdad en la enseñanza, la sanidad, las oportunidades laborales, la gestión administrativa, los impuestos locales. Se está faltando al principio de la solidaridad que sí está previsto entre los derechos fundamentales: todos los españoles serán iguales ante la ley y dispondrán de la misma calidad en la prestación de los servicios básicos.

La Constitución no ha quedado inservible, ni mucho menos. La que está rota o profundamente deteriorada es la unidad entre los españoles, aunque no se sea plenamente consciente del descalabro.

La rompió el gobierno catalán, encendiendo deslealmente a la mitad de la población de esa región, en un camino de tensiones de imprevisible futuro y que se complicó por la dejadez y falta de visión del anterior Gobierno en no atajarlo a tiempo y se envenenó aún más por haber aceptado el apoyo secesionista del actual para sacar adelante, por primera vez en España vigente esta Constitución, una moción de censura.

La pretenden romper, por la derecha y por la izquierda, aquellos partidos que han buscado su identidad en la destrucción de lo que tenemos sin ofrecer alternativas o levantando expectativas que no se pueden cumplir en ámbitos sustanciales: creación  de empleo, crecimiento económico, mejora de prestaciones, etc. Falta, con desgraciada vocación de permanencia, el encaje entre la sociología y la economía, entre la técnica y la filosofía, entre lo que se imagina poder conseguir y lo que se puede lograr en la práctica.

Me alarma ver la pérdida del principio de la viabilidad de lo más razonable, en particular, los dos partidos antes mayoritarios, PP y PSOE, inmersos en una búsqueda de nueva identidad, propiciada por personalismos más que por ideas, y despreciando opciones de consenso o el uso de la perspicacia y visión del interés general, dejando que pactos entre otros partidos hagan viables gobiernos en minoría.

Y me preocupa también que un partido nacido, según se dijo, para el equilibrio, Ciudadanos, sea bombardeado sin piedad por la izquierda, por la derecha, y por los medios, adulterando y falsificando, con cada andanada, la visión de ponderación que han pretendido dar, y afectándola, por razón del desconcierto que provoca tanta exposición pública. La incorporación de Manuel Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona ha significado aceptar un verso libre más cercano al socialismo, cuya asimilación por el partido y sus votantes objetivo, está por descubrir.

El resultado de las elecciones en Andalucía ha puesto también de manifiesto la descomposición ideológica de España, fragmentada de una forma que pensábamos estaba superada. Como efecto de esa segregación que tiene que ver con sentimientos viscerales más que con programas, se está hablando hoy de la necesidad de un pacto de derechas para dar el poder al Partido Popular, integrando a Vox (segregación teórica por la derecha del PP, con capacidad de captación del votante descontento), Ciudadanos y al propio PP, desbancando al gobierno socialista que ha reinado (es una metáfora) en la región durante casi cuarenta años.

A quienes vimos con interés, en su momento, la opción de un gobierno estatal PSOE-Ciudadanos como la vía para recuperar calmas perdidas, apetece ponerse de perfil para no ver el final de la opción que preconizada hace ya siglos el partido de Albert Ribera, de traer calma y equilibrio a la escena política. Si Ciudadanos se funde en el magma en donde ya están ya licuadas las derechas de todo color, desaparecerá.

Un consejo, pues. Dejen Vds., españoles que se dedican profesionalmente a la política, y voceros de la reforma constitucional, de presionar sobre lo que saben inviable y concéntrense, por el bien de todos, en recuperar la unidad entre españoles, analizando, con extrema atención y cuidado, lo que puede hacerse para que la sanidad sea, de verdad, la misma en toda España; la educación vuelva a tener el mismo baremo de exigencia y opciones para todos los españoles; las administraciones dejen de ser pequeños monstruos faltos de coordinación y voraces, refugio de independentistas de salón. Para que el ejercicio del derecho a la justicia no tenga interferencias de ningún tipo, se eliminen leyes y normas que solo crean confusión, se uniformice tanto el derecho vigente como su aplicación.

Reconstruyamos la unidad de España, antes de que nos encontremos, de nuevo, en los auspicios de un revenido 1936. Repasemos entre todos la Transición, para detectar dónde nos hemos desviado de lo que pretendíamos lograr y creímos haber alcanzado.

Estamos a tiempo de evitar que generaciones que no han vivido la transición o no la conocen, tengan que llevarse las manos a la cabeza, diciendo “ no es eso, no era eso”.

—

Pocas imágenes necesitan explicación acerca de su belleza. Estos flamencos forman parte de un grupo de algunas decenas a los que sorprendí en las marismas del Odiel, comiendo de las aguas someras en hoy abandonadas salinas, a la misma vera del puerto de Huelva. Se espantaron ante mi presencia y saqué varias instantáneas cuando emprendieron el vuelo.

 

Ejército y sociedad civil (15)

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Si estas reflexiones tuvieran un orden, la referencia a los servicios de inteligencia debería ocupar los espacios preliminares. Porque la inteligencia -la información elaborada para la toma de decisiones relacionadas con la defensa nacional- está en el núcleo de las medidas que puedan adoptarse para la gestión y solución de las crisis que afecten o puedan afectar a la seguridad nacional.

Aunque se puede edulcorar el objetivo, el trabajo fundamental de la prevención consiste en el espionaje, esto es, en crear un sistema de sensores de captación previa de posibles amenazas.

En el Manual de Inteligencia del CESID -el antecesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tengo a la vista (publicado por Ediciones Tiempo en 1995) se indica que “el espionaje (…) es la principal y originaria misión de los Servicios de inteligencia “. Algo más adelante en el mismo texto (pag. 73) se precisa que “los ejércitos de la nación (…) en tiempo de paz son objetivo prioritario del espionaje”.

Las Fuerzas Armadas y la inteligencia están íntimamente cohesionadas, aunque el cambio de nombre del Servicio (antes, Centro superior de investigaciones de defensa) quiere poner de manifiesto que no se trata de un órgano militar, sino mixto. El cambio de dependencia del mismo, desde 2011 conectado directamente con la presidencia del gobierno, estaría incidiendo en ese mensaje.

Pero, aunque concebido como órgano de conexión entre los conocimientos civiles y militares de aplicación a la defensa de la seguridad del Estado, las instituciones y la ciudadanía, la forma de actuación tiene mucho que ver, sobre todo, con la estrategia militar.

(continuará)

 

Ejército y sociedad civil (13)

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Nada haría prever, hace unos años, que España se encontrara en enero de 2018 confrontada nuevamente a la actitud separatista de un gobierno catalán, aupado en una movilización popular en torno al “hecho diferencial” de la región.

La situación carece de lógica política y parece propia de un libreto trágico-cómico: cuando la circunstancia común exigiría unidad para actuar, un grupo minoritario de ciudadanos, desde la región más próspera del país, proclama su voluntad secesionista.  Desde la institución creada para la convivencia y el diálogo, asaltada la razón por quienes han prometido fidelidad a la ley, los representantes de partidos que tienen en sus programas la república y la independencia, están dispuestos a llevar hasta el límite la tensión de la cuerda que garantiza la paz. Quieren la República Independiente de Catalunya.

No tiene sentido opinar, hoy, 30 de enero de 2018, sobre la solución, pacífica o violenta, del conflicto. Este mismo día, el ex-presidente cesado por la aplicación del art. 155 de la Constitución, por grave alteración del orden institucional, y en fuga desde entonces, cuando se encuentran en prisión preventiva sin fianza algunos de los destacados dirigentes secesionistas, está propuesto por el nuevo Parlament para que presente su programa de investidura.

El pleno del Tribunal Constitucional, forzado por el Gobierno a manifestarse sobre la legalidad de ese acto de provocación y rebeldía sin precedentes, ha indicado que no puede autorizarse. La situación del fugado no admite dubitaciones legales: si cruza la frontera debe ser detenido para comparecer ante la Justicia y seguirá la suerte de sus compañeros encarcelados.

El más elemental análisis de este momento nos conduce a valorar la situación como desestabilizadora. La más grave, muy superior al intento de golpe de Estado de 1981, que España ha tenido que soportar después de la guerra incivil de 1936-39, provocada, como no sería necesario recordar, porque un grupo de militares capitaneó una rebelión civil contra el gobierno legítimo.

No interesa a los secesionistas potenciales que su actitud esté provocando la destrucción de lo poco que se ha conseguido, después de la ultima grave crisis económica padecida. Caen bajo la oportunidad presentida de aprovechar un momento singular de debilidad por parte del gobierno central y de confusión entre los partidos llamados constitucionalistas, las preocupaciones, del paro, el desequilibrio social, las tensiones migratorias, la necesidad de elaborar y coordinar un nuevo modelo educativo, asistencial, etc., y prevalece el deseo de antihistórico de segregarse del resto de España y navegar solos, siguiendo la estela de algún país de su tamaño, en el que quieren encontrar el modelo.

Como no está imperando la cordura -debo matizar, por el lado pre-secesionista-, no se puede descartar que se produzca una grave revuelta social en Cataluña. Carles Puigdemont, por mucho que se obstinen los separatistas en presentarlo como candidato, en un pulso al orden institucional gravísimo, sin camino de vigencia posible, no puede ser president de la Generalitat, y su candidatura ha de ser retirada de inmediato y todos los esfuerzos han de dirigirse a la recuperación de la tranquilidad en la sociedad catalana.

No se puede ignorar, porque sería de una ingenuidad intolerable, que la crisis generada no resulta de un enfrentamiento al Gobierno español, sino contra la Constitución y, por tanto, los partidos pro-secesionistas, con sus dirigentes empecinados en no ceder, han puesto en riesgo la estabilidad del Estado, incumpliendo las normas que son garantía para la convivencia democrática, y mintiendo insolentemente. España no es una dictadura, la Constitución vigente obtuvo en su momento un respaldo abrumador y la búsqueda de tranquilidad, construida desde la libertad y el consenso mayoritario, es la base de la convivencia.

Ojalá no se avance en la rebelión social en Cataluña, y la sensatez vuelva a escena. Pero la defensa de la Constitución no puede ser débil y, correspondiendo a la amenaza, así (y algo más) ha de ser la reacción. Si el diálogo no es posible, si la revuelta no puede deternerse con la razón, el Estado de Derecho tiene alternativas e instrumentos, incluso en su límite. Es cierto que el derecho penal es la ultima ratio, el esfuerzo máximo del Estado social para imponer, con la fuerza de la amenaza del castigo y su aplicación, la contención y la contraposición a quienes vulneren las normas…

Pero, ¿Y cuando el derecho penal no basta? ¿Qué instrumento tiene el Estado de derecho cuando una parte de la sociedad se obstina en incumplir la norma, rebelándose?

No debe tener temor el Estado de Derecho a aplicar los extremos previstos, que corresponden a la declaración, bien del Estado de alarma, o de excepción, imponiendo una limitación severa a las libertades básicas que permita la rápida vuelta a la normalidad.

Con todas las precauciones que se quieran poner para el caso, después de que hayan sido hecho las advertencias precisas, contando con la aprobación del Congreso de Diputados y a propuesta del Gobierno, con los plazos de aplicación muy concretos y las explicaciones de rigor, se deberá acudir a lo previsto en el art. 116 de la  Constitución, con seguimiento de la Ley Orgánica 4/1981 que lo desarrolla y el Reglamento 10/1982.

Una situación de rebelión encaja, también, en uno de los supuestos máximos previstos en el texto constitucional para la actuación de las Fuerzas Armadas, que, como he recordado en otro momento, deben garantizar la unidad del Estado, bajo las directrices del Gobierno legítimo y la máxima Jefatura -en este caso, entiendo que no meramente simbólica- del Monarca.

Es un protagonismo excepcional, no deseado, no querido, pero imprescindible para recuperar el orden, la paz social, el respeto estricto a lo pactado. Puede quedar, ojalá sea así, como amenaza para defender la posición del Estado de derecho, pero su firmeza tiene que dejar claro, a levantiscos y seguidores que no se trata de un juego. No puede expresar ni dejar trascender la menor debilidad. Los infantes díscolos han de saber, de una vez por todas, hasta dónde no pueden llegar.

La distinción entre un águila real y un buitre en vuelo, que para un profano puede parecer difícil, no presenta dudas. Este magnífico ejemplar de buitre leonado, visto desde abajo (como resulta lo habitual) muestra todas sus características diferenciadoras: dedos lagos (los extremos – coberteras- de las alas), mano más estrecha, cuerpo marrón ocráceo, distinguible de las coberteras marrones, pico amarillento y cabeza pequeña (en vuelo). El águila real tiene las coberteras más pálidas (grises) que el cuerpo, la cola más larga y el ala más estrecha en la base.
De todas formas, reconozco que hay que observar atentamente varios ejemplares para acabar estando seguro de la distinción.

Ejército y sociedad civil (6)

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La Constitución española, aún vigente, dedica a las Fuerzas Armadas el ya citado artículo 8, delimitando el alcance básico de sus cometidos.

No se han presentado desde 1978, muchas ocasiones en las que la regulación constitucional (ya que no las leyes orgánicas que se han derivado de ella) sea el punto de referencia final para justificar determinadas actuaciones de los Ejércitos o para preguntarse el porqué de las omisiones o incumplimientos de ese ordenamiento superior.

Dentro del esquema que he pretendido para este conjunto de artículos sobre “Ejército y sociedad civil”, no quiero omitir algún comentario sobre la deriva separatista vivida desde las instituciones catalanas en 2017. La respuesta a la declaración secesionista del gobierno legítimo de la comunidad autónoma catalana, pero ilegitimado por faltar a su promesa de fidelidad constitucional, hubiera tenido acogida, no ya en la ponderada aplicación del art 155, sino que, apelando a la concreta dicción del apartado primero del art. 8, hubiera podido justificar la actuación de las Fuerzas Armadas.

No se hizo así, aunque la misión encomendada constitucionalmente a ese colectivo armado tiene una triple derivada: 1) garantizar la soberanía e independencia de España; 2) defender su integridad territorial y 3) (defender) el ordenamiento constitucional.

No precisa prolijas explicaciones para entender cuál es el método que la Constitución prevé para la plasmación práctica de esas severas funciones  de las Fuerzas Armadas, concebidas como “ultima ratio” para forzar la aplicación de la Norma,  ante cualquier intento de secesión o vulneración del “ordenamiento”: no sería, evidentemente, encomendarles la negociación política, que sería función de los partidos políticos y del Gobierno, y que, si se llegara a ese punto, se entenderían han fracasado.

Se trata del ejercicio de la fuerza que trae consigo la tenencia y autorización para el uso de las armas. A modo de cláusula de cierre imprescindible, y siguiendo la dicción de otras Constituciones de las que la nuestra toma su ejemplo, es al jefe del Estado  a quien se encomienda (art. 62, apartado h de la Constitución, “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Tiene toda la lógica constitucional, el admitir que, ante la grave amenaza para la estabilidad y esencia del Estado, debe ser quien encarna su máxima representación (con los refrendos que para el caso crea imprescindibles), quien detenta la jefatura del mismo, -en España, Su Majestad el Rey-, dl que ejerza la autoridad que exige el caso, con todas las consecuencias.

Me parece que la decisión que se adoptó (la vía del art 155 y la convocatoria de elecciones autonómicas) ha sido la más prudente y adecuada a la sensibilidad social del momento. No ha solucionado el “problema catalán”, pero no lo ha complicado, puesto que ha dejado claro que las actuaciones anticonstitucionales no son admisibles por el orden jurídico. Que parte de la sociedad catalana ´la mitad de los votantes- estime que la separación del resto de España es un derecho que le asiste, y que se exprese con gran violencia verbal y presión ante las instituciones del Estado, es -utilizo un adjetivo prudente- preocupante.

He puesto de manifiesto la fórmula constitucional que regula las actuaciones de las Fuerzas Armadas españolas, contraponiéndola a una concreta, y real, situación, para referirme a la deriva que se ha producido en este país, como en otras democracias avanzadas, en cuanto al papel del Ejército frente a las diversas fuerzas de seguridad (policía nacional, autonómica y local, empleados de compañías creadas para protección de bienes y personas, etc.). Existe una tendencia consolidada a configurar y concentrar la protección civil, la defensa de la seguridad interior, a la policía y a otros cuerpos y fórmulas -armadas o no, relegando al Ejército a actuaciones exteriores.

Esta deriva exige una revisión sustancial. Por ello, la forma de ejercicio de  y activación de puntos de encuentro entre el Ejército y la sociedad civil es no solo necesaria, sino que debe verse como la consecuencia lógica de un reconocimiento: no existe Ejército ni estructura de Defensa independiente de la sociedad civil. Esta afirmación puede aparecer a algunos como exótica, pues la tradición ha venido a consolidar una forzada separación entre lo que no es sino uno de los cometidos profesionales de las sociedades humanas, que, como todas, ha ido modificándose y perfeccionándose con el tiempo. A nadie se le ocurriría hablar de “ingeniería y sociedad civil” o “derecho y sociedad civil”.

Las consecuencias de esa visión integradora han de ser múltiples. Por una parte, recuperar o implementar la “visión natural” de las cuestiones de la Defensa por parte de la ciudadanía ayudará a la mejor comprensión de la carrera militar, que ha venido siendo entendida como vocacional y en la que, esencialmente en los puestos más altos de la escala de mando, ha sido y es habitual encontrar sagas familiares.

No hay que ver en esa devoción formal hacia la hipotética “vocación” algo peculiar de los Ejércitos, ya que afecta a todas las profesiones de prestigio, ya sean notarios, jueces, ingenieros, médicos, etc…La traslación de poder de padres a hijos, entrelazando generación tras generación niveles de influencia y poder no es sino un déficit de todas las democracias.

El sentimiento de solidaridad con el Estado, la recuperación afectiva del concepto de Patria es imprescindible. No es un concepto ñoño, trasnochado ni infeliz, en mi opinión. Está en la base de la comprensión del fenómeno social, de la capacidad de actuación como conjunto sólido y coherente de una población para hacer valer su derecho a prosperar bajo sus propias convicciones, enmarcadas en un espacio más amplio, pero sin perder su identidad.

Este principio emocional no lo hago coincidir con la vocación de defensa de la Patria ni de cualesquiera ideales éticos o deontológicos, y, por ello, no me puedo imaginar que, a priori, existan miles de seres humanos que lleven su cariño hacia los principios más nobles de la naturaleza, exacerbando su voluntad de sacrificio hasta morir por ellos en beneficio de sus semejantes. La cualidad de héroe surge ante circunstancias concretas, excepcionales; cierto que solo unos pocos -o nadie- se comportan en esos casos con esa capacidad de desprendimiento o enajenación del yo, pero no me parece que el futuro héroe tenga consciencia previa de su posibilidad de llegar a serlo.

El Ejército no se forma con esforzados que desean hacer carrera para, llegado el caso, morir por una noble causa. Los militares han de ser profesionales que han elegido ser militares por móviles similares a los que a otros han llevado a aceptar y especializarse en otro trabajo. Estamos lejos de las batallas en que era precisa la lucha cuerpo a cuerpo, y el ardor combativo descansaba en confusos mecanismos en los que se mezclaban seguramente perspectivas de botín, alcohol, drogas, y arengas incendiarias.

Aquellos  “nobles ideales” que guiaron los Ejércitos y los objetivos del pasado se han despersonalizado. El enemigo se ha vuelto difuso, impreciso. Los objetivos de defensa son compartidos extraestatalmente, según sean las amenazas identificadas, y no siempre por los mismos compañeros de viaje. Para los países intermedios, como España, la situación de dependencia en relación con la amenaza -real o forzada- de un conflicto entre las grandes potencias, complica aún más la adopción de decisiones respecto a la formación y dotación de los propios Ejércitos.

Lo óptimo sería, desde luego, que no existiera el conflicto. Si se presenta, lo deseable es que el campo de batalla esté lo más lejos posible. Y si se hace imprescindible enviar efectivos propios, lo fundamental, tanto como conseguir la victoria, es alcanzar el objetivo de retornar con “bajas cero”.

(continuará)

Si bien la fotografía no permite la clara identificación, se trata de una hembra de papamoscas cerrojillo (ficedula hypoleuca). En Madrid, donde fue tomada la instantánea -y en el jardín de mi casa- tiene una pareja de estas nerviosas aves su área de cría regular, desapareciendo en el invierno.

 

Marciano el que no vote

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El 21 de diciembre de 2017 (o sea, mañana, respecto al día en que esto escribo) los residentes en Cataluña está convocados a votar sobre la composición de su Parlament, que elegirá al President de la Generalitat. No serán unas elecciones normales, ni mucho menos, porque se realizarán como consecuencia de la disolución del Parlament que fue aprobada, por aplicación del artículo 155 de la Constitución, por consenso entre los representantes del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que tienen mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación española, además de en el Senado (donde el PP en solitario ya gozaría de mayoría simple), autorizando al gobierno del PP a realizar la adopción de medidas extraordinarias, incluida la destitución del Gobierno regional.

La atipicidad de las elecciones catalanas se justifica por muy diversas razones. La población se encuentra dramáticamente dividida entre las opciones independentista o constitucionalista.

Además de la gravedad de una situación que ha causado la ruptura emocional en el seno de la región catalana, la incertidumbre mayor acerca del resultado de las elecciones proviene, justamente, del origen de la disolución acordada por los grupos políticos que son minoría en Cataluña. Al menos, hasta mañana.

La legitimidad defendida por la hipotética mayoría independentista, eje de los debates electorales, se fundamenta en que el President y su gobierno han sido destituidos por haber declarado la independencia de la Comunidad Autónoma, y lo hicieron siguiendo el mandato otorgado por unas elecciones que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y prohibidas por la judicatura, a instancias del Gobierno Central. Este último las boicoteó, utilizando advertencias y movilizando fuerzas de orden, que, aunque actuaron con extraordinario moderación, no evitaron que se produjeran algunas escenas violentas, ante la oposición beligerante de algunos ciudadanos, y que fueron ampliamente difundidas por los partidos independentistas.

Los encausados por esta posición de rebeldía, acusados del muy grave delito de sedición (entre otros), se encuentran en la actualidad, bien huídos de la justicia (el President despojado, Carles Puigdemont, y varios de sus Consellers, refugiados en Bélgica), o en la cárcel (el vice President, Oriol Junqueras, algunos otros Consellers, y los directores de las agrupaciones para-políticas Acció Nacional Catalana y Ómnium). Su situación personal o procesal no les está impidiendo participar en la campaña electoral, defendiendo la República y la independencia de Catalunya y reiterando los argumentos de que España (esto es, las demás regiones) maltrata a las instituciones catalanas y se aprovecha fiscalmente de la Comunidad, además de marginarla en la toma de decisiones que la podrían favorecer.

Sin embargo, la campaña electoral ha puesto de manifiesto tensiones entre los propios independentistas, generando una incertidumbre adicional sobre las opciones y coaliciones postelectorales, si fueran necesarias para recuperar para su posición ideológica la primacía del espectro catalán.

Para quienes vivimos la situación desde fuera de Cataluña, y escuchamos los argumentos de los representantes de las diferentes fuerzas políticas, la campaña nos aparece como una pesadilla, una invasión de despropósitos. Los dos bloques entre los que se dirimen fundamentalmente las elecciones, no están discutiendo cómo hacer las cosas mejor, cómo mejorar la gestión de la autonomía o cómo plantear su relación con el resto de España. No.

Lo que se decidirá es si los llamados constitucionalistas, esto es, quienes están decididos a respetar la Constitución vigente, y no solo de boquilla o mentirijillas, obtienen suficientes escaños para elegir al President, o si los partidos que abogan por el secesionismo, aunque se hayan manifestado -es obligatorio- que acatan la Constitución, resultarán quienes se alcen con la mayoría simple y traicionarán, por segunda vez, su promesa.

Las encuestas realizadas hasta el día de ayer (hoy, por capricho de la Ley electoral, su difusión está prohibida, al ser un día de reflexión), demuestran que ambas posiciones están, técnicamente, igualadas. Puede salir lo mismo Cé que No-Cé. En cualquier de los casos, la presión de la calle, esto es, de los que están a favor de una u otra opción, se manifestará, con seguridad, en concentraciones de apoyo o repulsa. Nada habrá sido, pues, resuelto.

Pero la pérdida para Catalunya es inmensa. Ha perdido, como colectivo, el carácter de región serena, seria, constructiva, creíble, imaginativa y trabajadora. Han crecido, en el que era envidiable vergel de ideas y actividad, los monstruos de la deslealtad, la insolidaridad, la fantasía sin base, la protección de la corrupción de los politicastros, entremezclados con la ingenuidad, la ignorancia, la creencia en un mundo mejor, soñado con el tejido de los nacionalismos más rancios y antihistóricos.

Esos catalanes que mañana están llamados  a votar son hijos y nietos de la burguesía que construyó una próspera Catalunya, de los obreros y braceros que se acercaron, atraídos por la posibilidad de trabajo, desde las regiones más pobres y marginadas de España. Esos catalanes son emigrantes venidos del Magreb que han conseguido tarjeta de residencia después de años de asumir tareas mal pagadas y marginación. Esos catalanes son nacionales de otros países -Europa, Latinoamérica- que conservan también con orgullo su nacionalidad de nacimiento y origen. Esos catalanes son profesores, licenciados, trabajadores de todo tipo, que han tenido que estudiar catalán, aunque nacidos en esa región, para no verse marginados en sus puestos de trabajo o ver truncadas sus aspiraciones.

Esos catalanes tienen en común aspirar a una Catalunya mejor, más justa, más capaz, más fuerte. Esos catalanes son españoles.

Y como españoles queremos verlos y que así permanezcan. Porque una Cataluña fuerte nos beneficia a todos. También a los catalanes, quizá incluso, más, porque siempre han sabido sacar más ventaja -por su imaginativa coherencia empresarial y su capacidad negociadora- que otras regiones.

Nos beneficia a todos, como nos beneficia una Extremadura grande, una Asturias próspera, una Andalucía llena de oportunidades, un País Valenciano industrioso, una Galicia renovada y pujante, unas dos Castillas superando con fuerza el ostracismo y marginación, una Rioja y una Navarra potenciando su singularidad, un País Vasco en paz y solidario, una Murcia y una Comunidad alicantina con máxima productividad y empuje, unas Islas Canarias o Baleares con impecable atractivo para propios y turistas, una Cantabria ingeniosa y bien comunicada, una región-capital del Estado como máximo ejemplo de coordinación y solidaridad equitativa, y, en fin una Ceuta y Melilla como enlace con el escenario africano de nuevos desarrollos.

Permítaseme el chascarrillo juguetón: Marciano, el que no vote. Que voten todos los catalanes, y estén seguros que desde el resto de España estaremos conteniendo la respiración hasta conocer el resultado. Por eso, que el catalán que vote separarse de España, que se lo piense, no una, mil veces. Respetaremos su voto, pero no permitiremos la secesión. Porque esta vez no se trata de ideologías, sino de legalidad mezclada con el único sentimiento que no debiera perecer jamás: la solidaridad para mejorar.

Este magnífico ejemplar de buitre leonado  (gyps fulvus), fotografiado en Monfragúe, a finales del verano, despliega toda su belleza y características diferenciadoras. Unas coberteras más palidas que las rémiges, el borde inferior de las alas -de anchura menos uniforme que la especie leonada- en dientes de sierra, dedos (en número de seis, relativamente más largos); el pico, amarillento,…

 

Presos

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Me parece que. como colectivo, hemos demostrado, una vez más, la persistencia de una perversa cualidad en la que los españoles somos expertos. La de destruirnos. Lanzarnos por el camino de lo inabordable, de lo estéril, de lo ridículamente cruel, de lo que nos hace daño.

El análisis de los porqués de la actuación de las masas está tan profusa y certeramente hecho por cualificados sociólogos y filósofos, que ni siquiera hace falta esgrimir referencias históricas, valoraciones de otros. Lo sabemos bien todos, lo tenemos interiorizado. La sociedad dirigida se convierte en anónima, es susceptible, puede derivar entre sumisa y beligerante. Se configura como un magma. Una mezcla pegajosa de envidias, odios antiguos, malformaciones de criterios, ignorancia y, sí, desprecio al que sabe más, al que se mueve por principios. En última instancia, a la ética.

Puede que no seamos únicos y que el mal esté extendido como propiedad de la especie humana. Pero, si eso fuera así, estamos en el grupo de cabeza de los países que presumen de ser (tampoco estoy seguro de por qué) los más civilizados.

Cierto que no hemos participado oficialmente en ninguna de las dos últimas guerras europeas, pero llevamos sobre nuestras espaldas el estigma de una guerra civil, con heridas que todavía duran, que supuran y duelen.

Cierto que otros países nos veían como ejemplo de evolución democrática desde una dictadura longeva, pero resulta que la mitad de la población de una de nuestras regiones más prósperas, está convencida de que el resto del país les roba, y de que les privamos de las libertades más elementales.

Cierto que nuestra Constitución es garantista, pero su aplicación es permisiva y toleramos partidos políticos que defiendan intereses contrarios a la misma, y proclamamos con decisión que la ley es igual para todos, pero no dudamos en encontrar huecos por donde pretendemos se diluya nuestra responsabilidad, actuando de juez y parte.

Cierto que nuestros profesionales -ya sean médicos, ingenieros, filósofos, escritores, qué se yo)- son apreciados por su formación cuando trabajan en el extranjero, pero no somos capaces de encontrarles sitio entre nosotros, y dejamos que emigren con los brazos cruzados de insulsa resignación. ¡Ya volverán, más sabios, y les acogeremos con los brazos abiertos! ¿Sí?

Cierto que nuestros representantes políticos consumen muchas horas (y ganan sus dineros) hablando de cómo resolver los principales problemas que nos asolan y acongojan -el paro, la amenaza de quiebra del sistema de la seguridad social, la intolerable mancha creciente de la corrupción, el lento funcionamiento de la administración (incluida, por supuesto, la justicia), la desigualdad social, etc.- pero no son capaces de proponer ninguna solución práctica. ¿Nuevo Pacto de Toledo, con qué agentes? ¿Consejo Asesor, de qué y con quiénes? ¿Consejo de Rectores para qué, para que cada Universidad haga lo que le apetezca? ¿Igualdad en los servicios básicos, independientemente de la Comunidad Autónoma , de qué forma?¿Control de grandes fortunas, por quién? ¿Estímulo a las empresas, con qué criterios y para potenciar qué sectores? ¿Defensa ambiental, sin calcular los costes ni exigir responsabilidades?…

Cierto que tenemos millones de conciudadanos que pasan penalidades, que no tienen acceso a las mismas ventajas, que son oprimidos por los que están más arriba, pero tranquilizamos nuestras conciencias (si no estamos afectados) argumentando que algo habrán hecho, que las oportunidades están ahí, que no es nuestra responsabilidad sacarles del apuro. Ya existe Cáritas, las asociaciones benéficas, la solidaridad particular, ¿verdad?

Estamos presos. De nosotros mismos.

¿Quién manda aquí?

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Si el lector quiere provocar polémica, al mejor estilo del que se atribuye a Miguel de Unamuno cuando, al llegar a cualquier tertulia de amigos o conocidos, preguntaba: “¿De qué opináis? Yo opino lo contrario”, le sugiero una frase equivalente: “¿Quién manda aquí?”.

A mí me ha dado siempre un magnífico resultado. Naturalmente, es preciso acompañarla de una serie de frases que, a modo de cabestros, introduzcan el victorino o miura en la plaza dialéctica. No importa el momento.

Quienes oigan su frase, que puede repetir con énfasis, para estar seguro de que penetra en los cerebros de sus oyentes, se cebarán en ella, e interpretarán como les venga en gana lo que ha dicho. Tenga, eso sí, la seguridad de que le criticarán duramente y la polémica se centrará en Vd. y en su intolerancia.

He tratado de entender por qué resulta molesto que se pregunte a un colectivo aparentemente homogéneo quién tiene el manual de instrucciones para ejercer el liderazgo de cualquier asunto. En este momento emocionante de la situación española, en la que el conjunto plural de ciudadanos no sabe -no puede saberlo- a dónde seremos conducidos, si no teme poner en riesgo su integridad o ser maldecido por las fuerzas del orden interno y sus files seguidores, pregunte en una reunión política ¿quién manda aquí?

Me han contestado a veces, de forma tal vez airada por el peso de sentirse escandalizados, que manda el Gobierno, que tenemos una Constitución, que la separación de poderes funciona y funcionará. Que somos un pueblo pacífico, serio, sabio y prudente.

No tengo idea en qué se basan estos bienaventurados, porque el Gobierno está en funciones, la Constitución y la forma de Estado, cuestionada, la separación de poderes, contaminada, y la tranquilidad de nuestro pueblo -y de cualquiera-, es una falacia desmentida por la Historia.

Afirmo, y lo lamento, que, hoy por hoy, ante la ausencia deplorable de líderes, de convicciones, de propuestas coherentes, no manda nadie. La televisión y todos los medios nos han intoxicado, y ni los que hablan ni, claro, los que escuchamos, tenemos tiempo para pensar.

Improvisamos. Corremos, llenamos páginas a tanto la palabra. A izquierda y a derecha. Desde los púlpitos en donde se lanzan las soflamas, se va recogiendo todo lo que se encuentra, y se incorpora al discurso como si se tratara de una psico-obra moderna confeccionada con hallazgos, materiales de desecho, artículos de arribazón, etc. buscando provocar, más que causar evocación de la creatividad o la belleza. El escándalo se ha hecho verbo entre nosotros.

Leo que casi dos centenares de economistas apoyan el programa económico de Unidos Podemos y, me parece bien. Me parece bien, porque he defendido, con mis propios argumentos, sin ser ni Picketty ni el hijo de Galbraith, que hay que romper con la política de austeridad y propiciar el incremento de consumo.

Ah, pero no se me va a olvidar preguntar, tampoco en este Comentario: ¿quién manda aquí?. Por eso, junto a esa argumentación -y me jacto de ser uno de los pocos españoles que ha leído hasta el final centenares de libros de economía y política macroeconómica, de autores de todo signo y condición ideológica- me preocupa tener claro cómo se va a conseguir sostener el preciado estado de bienestar, bajo qué mando.

Para ello, hace falta, en mi opinión fundada, tener realizado un análisis muy completo acerca de los sectores tecnológicos que van a propiciar la generación de nichos de trabajo en el inmediato futuro, estudiar muy bien cómo se va a realizar la distribución de las plusvalías colectivas generadas, y, no en último lugar, conocer la manera en que se van a hacer llegar a los millones de desplazados por la eficiente tecnología -no es cuestión de formación, sino de adaptabilidad- los recursos imprescindibles para su sostenimiento.

Por supuesto, en el fondo, el tema no deriva únicamente de la economía, que explica mal que bien el pasado pero es incapaz de predecir el futuro. No puede predecirlo porque los intereses capitalistas -incluidos los de los países bajo teórica dicción comunista- y siento ser tan esquemático para lectores tan inteligentes como los que me siguen, están continuamente generando elementos caóticos en su propio beneficio.

Para un país intermedio, que es como vengo caracterizando a España, la solución debe huir de maximalismos: no somos un país rico, ni tenemos recursos importantes, ni alta tecnología disponible o empresas grandes, a escala mundial. No funcionará la chispa del resentimiento: detonará sin voladura.

Hay que aumentar la presión fiscal y estimular la reinversión de los beneficios, pero con tiento de no espantar a los que sostienen la generación y distribución de la riqueza generada. La participación de las empresas públicas en ese entramado ha de ser discreta y selectiva y, por supuesto, orientada hacia el mercado.

La inteligencia práctica aconseja fervientemente que el cambio pacífico descanse también en la mejora de la formación, en la eficacia de la educación para responder ante los retos y dificultades presentes y futuras. De todos, no solo de unos cuantos. A todos los niveles. Teniendo presente que la economía mundial no regala nada; se lo cobra, en moneda contante o en víctimas a lamentar.

Para España, la solución no es sencilla. Habrá que formar a miles de estudiantes con una base muy ancha para que puedan llegar a lo más alto del conocimiento. Justamente lo contrario de lo que resulta que estamos haciendo, ya que hemos vulgarizado un tanto las enseñanzas, bajado los niveles, para aumentar el número de los que tienen formación intermedia, dejando que muchos de los mejores, a los que no sabemos a qué dedicar, se vayan al extranjero.

Con los maestros adecuados, convenientemente cualificados, continuamente reciclados, que sepan de qué van las cosas que enseñan. Qué difícil hacerlo bien desde el ruido mediático, sin que nadie mande aquí.

Pero no bastaría con tener unos cuantos miles de profesionales con muy altas cualificaciones. Hay que resituar, y hacerlo con mucha frecuencia, a millones de personas en una estructura laboral y económica extremadamente inestable.

Porque no estamos solos, no decidimos en los despachos, ni en las tertulias, ni siquiera en las asambleas universitarias, ni tampoco en las reuniones en la calle, en donde se manifiesten lícitos descontentos, legítimas aspiraciones, que acabarán dirigidas hacia una escaramuza inútil en la que los directores serán un par de decenas de alborotadores profesionales que se enfrentarán a la policía.

Si vuelvo a preguntar quién manda aquí, también en este artículo, estoy seguro, por experiencia, en que no faltará quien decida que soy partidario de que las cosas sigan igual, que me asustan los cambios, que estoy en contra del progreso social. También habrá quienes me vean como un peligroso polemista que oculta su afición izquierdófila por comunistas o socialdemócratas, y quienes, si les apetece tomarse la molestia de juzgarme por lo que pienso, concluirán que soy un tipo amorfo, acomodaticio, al que importa poco lo que pase a los demás,

Estoy sentado a la puerta de mis ideas, y veo pasar a la gente muy alborotada. Hay sillas a mi lado, disponibles para quien quiera asistir al espectáculo. Volverán.

El joven imprudente y el taxista tozudo

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Entre los curiosos sucesos de la vorágine de final de año, me llamó la atención especialmente el grave accidente sufrido por un joven que tuvo la ocurrencia de encaramarse al techo de un taxi, y que, habiendo sido invitado por el conductor a bajarse, se empecinó en mantenerse en esa peligrosa plataforma, con el obvio resultado de que, cuando el taxista puso el vehículo en marcha, al doblar una esquina, salió despedido y se rompió la cabeza contra la acera.

La historia, siendo real, me parece aplicable también como metáfora a la actual situación de la política española, y en los frentes tanto general, como local. Si, salvando el que el asunto verídico está aún bajo investigación judicial, se me permite suponer que ambos -jovenzuelo y guía- no estaban en perfecto uso de sus facultades mentales, encuentro similitudes en el comportamiento de los que se presumen líderes de opinión -conductores del vehículo colectivo-, empeñados en ponerse en marcha sin haber elegido el destino, y la sociedad danzante sobre el capó, inconsciente de que la sensatez aconseja bajarse del carro y discutir a dónde se quiere ir, y cuál será el precio de la carrera.

Si estuviéramos hablando de cocina, diría, siguiendo con el gusto por las metáforas, que estamos en un momento en que se cargan tintas para que llamar la atención sobre lo que se guisa antes de probarlo, poniendo nombre rimbombante al menú y sirviéndolo con pinzas y lente de aumento en plato grande.

Pero lo que se está cocinando hoy en nuestra sociedad, y específicamente en la española, tiene un sabor amargo, porque a los ingredientes de carne y de pescado que vienen frescos de la plaza común, se le están aportando al buen tuntún, por aprendices de brujo e infiltrados en cocina, estas delicadas especies: improvisación, dejación, desprecio e ignorancia.

Tengo para mí que hay una parte nada despreciable de la población española en edad de discernir que no saben lo que quieren aunque están muy dispuestos a admitir lo que no quieren.  Faltándoles conocimiento, tiempo o ganas, se incorporan, por gracia, devoción, omisión o simple inercia, al ideario elemental difundido por monologuistas más adecuados para el Club de la Comedia que para tomar las riendas del carro colectivo.

Resultado: entre quienes se han esforzado en presentarse con su lado más seductor, con las  entradillas más graciosas y los estirados de piel propia y despellejamiento de contrario más logrados, el público asistente ha seleccionado los cuatro o seis actores que merecerían pasar a la siguiente fase del concurso.

Solo que no estamos en un concurso, sino que nos jugamos el futuro.

En uno de los grupos vocingleros, están los que aseguran que lo que necesitamos para curarnos del mal que tenemos -antes incluso de diagnosticar su naturaleza- es una nueva República, que sería, por tanto, la tercera; pero, en lugar de echar mano a los conceptos, se prefiere echar mano a los símbolos, colando en cada oportunidad la bandera tricolor (que es enseña prestada), el menosprecio a la Constitución o el gusto por las algaradas (de las que la procesión en Valencia de tres señoras y su séquito de fantasías, en época de cabalgatas de Reyes Magos, representando a la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad, ataviadas con disfraces que apuntaban a su identificación con animadoras de salones para un western, es la última ocurrencia).

Están también, en otro grupo, los que gritan que se vive mejor de forma insolidaria; no es éste, principio de acción nuevo, ni ha germinado solo entre ciertos catalanes. Lo cultivan también serenísimos ingleses y franceses, no pocos montaraces norteamericanos, muchos intuitivos israelíes, turcos, sudaneses, marroquíes,…Vamos, que se estila en todos y cada uno de los rincones del globo, cercanos como lejanos, y se buscará siempre el amparo en la supuesta supremacía de una etnia, una religión, una intuición.

Para los que hemos sido educados en la religión católica (y hemos evolucionado, serenamente, hacia el agnosticismo), crecido en el seno de una dictadura (y sabemos, por tanto, lo que implica vivir en democracia), conocemos, por la teoría como por la práctica, la libertad de mercado (y hemos comprendido sus limitaciones); para quienes creímos en la igualdad de oportunidades (y hemos visto cómo se la transformaba en una fórmula para proteger clanes y determinados intereses), en la fortaleza conseguida desde el respeto a los demás (y lamentamos cada muestra de su incumplimiento, porque nos debilita), en la importancia de las ideas y del intercambio de opiniones para encontrar las mejores con las que avanzar (y asistimos, rebeldes, a la imposición de criterios, al aturdimiento que se pretende provocar desde el griterío, a la trampa fácil de la ocultación de evidencias), …para todos aquellos que, dudando acerca de la forma preferible, y, por tanto, sin concederle la importancia decisiva, hemos consolidado un núcleo corto de razones al que adscribirnos sin reservas, … todas esas posturas de coetáneos que defienden las formas y no presentan sus fondos y las concretas maneras de avanzar, nos parecen añagazas.

Porque sí, hay que progresar, y rápido, hacia la mayor igualdad (que no es uniformidad, sino estímulo para diferenciar para conseguir el óptimo colectivo), hacia la mayor libertad (que, claro que no es libertinaje, sino respeto a la frontera de la intimidad del otro), hacia una coherente fraternidad (que no es contubernio de amiguismos, sino sensibilidad social para reconocer los méritos y las necesidades de los demás), y la forma de conseguirlo de manera eficiente es muy dura: abandonando muchos de los propios intereses, siendo espléndido para compensar las desventajas con las que parten los demás.

Se ha avanzado mucho, en España, por múltiples razones, en muy buenas direcciones. Sin embargo, el edificio en el que se acumulan los logros, presenta grietas evidentes (y otras, más ocultas). Lo sensato sería estudiar por qué, y analizar cómo incrementar los unos y apuntalar o corregir las otras.

No hay que improvisar, ni pretender ser los primeros de la clase, desconociendo que el ritmo lo están marcando otros y que una carrera de resistencia no se gana por ir en cabeza los primeros metros. Tampoco se debe destruir lo que se tiene, si funciona bien o no molesta para el viaje.

Algunos quieren convencernos de que la fórmula salvífica es apelar a la tradición -recogiendo del arcón del pasado unos unos ritos y pretendiendo ridiculizar, de paso, otros-, son traiciones, invasiones en el terreno de las creencias y derechos de otros. No hay que ver como inocuas ni inocentes esas intromisiones: si se hace mofa de una religión, una postura política, una etnia, se está pretendiendo marginar a los que la practican, la defienden o pertenecen a ella; si se denuncia que otros nos están robando bienestar, y se oculta el latrocinio de quienes tuvieron al lado, se está sirviendo de cómplice y no de guía.

Mi sugerencia, pues, es apearse del vehículo sin perderlo de vista, invitar a los que conducen o quieran conducir a que también lo hagan y, ya serenos todos y decidido a dónde queremos ir y lo que cuesta, volvamos a montarnos.

 

¿Revisar la Constitución para perder solidaridad?

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Entre las reglas de aplicación universal, creo debería anotarse que, si se las deja que desarrollen su vitalidad sin control, crisis y solidaridad crecen en direcciones yuxtapuestas. Precisamente, a los que más tienen -y a sus voceros- se les suele llenar la boca expresando con rotundidad el falso aforismo de que crisis significa oportunidad.

A los que tienen poco o nada, la crisis solo viene a hundirlos aún más en la miseria.

Esta segunda década del siglo XXI se va a caracterizar en España porque nos toca desbrozar una tremenda desorientación, con tantos recovecos que no conozco a nadie que se aventure a vaticinar cómo saldremos de ella. No estoy escribiendo acerca de cómo salir de la crisis, sino de la desorientación.

No tengo la solución, pero si creo disponer del método. Cuando no se sabe cómo resolver un problema, hay que tratar de complicarlo aún más, para que, al eliminar las pejigueras nuevas, se obtenga la calma que es imprescindible para resolver los temas viejos. Es la fórmula, a la que otras veces me he referido, de la cabra, deducida de un cuento judío que debería ser incorporado como conocimiento obligatorio en las escuelas de negocios y de politología.

Algunos catalanes y, de entre ellos, una mayoría de los líderes que en este momento tienen su representación institucional, desean separarse de España, con el argumento -más o menos edulcorado- de que “España nos roba” (y que adopta otras modalidades no tan impertinentes, pero que desembocan en lo mismo: “Desde la independencia, gestionaríamos mejor”, “Tomando las decisiones en Cataluña para los catalanes, se generaría más actividad y riqueza para todos”, etc.).

No tengo información suficiente para desentrañar la verdad -o falsedad- de los Balances fiscales según los cuales, Cataluña podría ser deficitaria o excedentaria, según el cristal con que se miren, y ni siquiera me parece hábil, por parte de los que defienden mantener la actual unidad de España, expresar que “la eventual secesión de Cataluña ha de ser votada por todos los españoles, y no solo los catalanes” o que “una Cataluña independiente no es viable”.

Desde luego, tampoco estoy por la invasión militar de Cataluña, o apresar a sus díscolos dirigentes o disolver las Cortes catalanas con algún espadón o a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional o de Supremo. No alimento la política ficción más que cuando me pongo a escribir novelas.

Pero no me parece descabellado plantear, aprovechando la ocasión, la reforma constitucional del Estado de las autonomías, revisando la aplicación de un principio que considero irrenunciable: la solidaridad. Analicemos una nueva asignación territorial, reduciendo el número de autonomías, y hagamos bien y publiquémoslas de forma transparente, las cifras de ingresos y gastos por Autonomías, reduciendo despilfarros y redundancias y tratando de que las prestaciones que emanen de gastos de las Administraciones converjan para todas ellas, con un calendario pactado.

Lo que estimo que es de una cortedad estratégica indisculpable es pensar que, en el escenario de la dura competencia internacional, se tienen más posibilidades de sobrevivir en soledad que en compañía, y se pueda ignorar que romper un país de casi cincuenta millones de habitantes en trozos depara ventajas para algunos de éstos.

¿Que no se quiere avanzar por este camino? Pues tengo una alternativa aún mejor: apoyemos, en el seno de la Unión Europea, la Europa de las regiones. Esta era una aspiración que se manejó por un tiempo y que se aparcó, erróneamente, incorporando, por el contrario, a minipaíses que han desequilibrado profundamente la toma de decisiones en la institución que estaba llamada a transformarse, de unión de comerciantes, en unión de solidaridad y libertades.

¿Qué tampoco se quiere pensar en la Europa de las regiones?. No hay problema; es decir, tampoco va a acabarse el mundo por ello. Sentémonos a la puerta de nuestras cortedades nacionalistas y veremos pasar, en este caso, no el cadáver de nuestro enemigo, sino los restos de las últimas ilusiones de que Europa pudiera cumplir un papel relevante en el orden mundial.