Continúo con mis reflexiones sobre las consecuencias de la globalización de la tecnología sobre el empleo.

2. La población potencialmente activa mundial crece en tanto que disminuye la cantidad de trabajo disponible

Aceptando, como valor aproximado, que la población potencialmente activa mundial es de 3.150 millones de los que solo 650 millones se encuentran en los países desarrollados, se deduce de inmediato que la capacidad potencial laboral (medida exclusivamente en horas de actividad disponibles) es de 4:1 a favor de los que, en este momento, tienen menor capacidad tecnológica.

Si consideramos que las horas de trabajo potenciales por persona son de 2.000/año, llegamos a la cifra abrumadora de 5 billones (millones de millones) de horas/año disponibles en los países menos desarrollados en tecnología, de los que, desde luego, China, India y Brasil concentran la mayor parte. Mucho potencial y, también, un gran campo para valoración de las consecuencias de las políticas locales de empleo y de los efectos de la globalización.

La cuestión a dilucidar, -en principio a escala global-, pero, sobre todo, dado que no existe un líder mundial, lo que demanda una valoración y estrategias locales, es si resulta posible mantener ese número de horas laborales en un país o una zona geográfica, al incorporar los avances tecnológicos -los actuales y los que se vayan produciendo- a los procesos (antiguos y modernos), y cuál debería ser el ritmo de esa incorporación para que los desfases -tanto en necesidades de cualificación de los empleados como en la acomodación del reparto de las horas disponibles entre las familias-, de manera  que todos (o la inmensa mayoría) obtengan por esa vía los recursos económicos para su subsistencia.

En mi opinión, la ecuación a resolver es muy difícil (eso no es nuevo: todos los análisis macroeconómicos implican atender a variables extremadamente complejas), pero el problema principal es que ni siquiera se ha planteado como dilema.

Tomemos como ejemplo las ventajas y carencias de un país del tamaño de España (en situación tecnológica media-alta) en relación con modelos de éxito que evidencien ventajas respecto a nuestro modelo actual de producción y consumo. Algunos son competidores (Alemania, Francia, en especial, a los que cabe añadir, a su escala, Suecia, Noruega, Holanda o Dinamarca, por no hablar de Estados Unidos o Canadá).

Como es bien conocido, Alemania y Francia compiten con éxito tecnológico respecto a nuestras empresas, pues son nuestros principales proveedores extranjeros de mercancía con mayor valor añadido.

Otro grupo de países, estaría conformado por quienes tienen necesidades tecnológicas importantes en relación con sus expectativas de crecimiento, que se podrían cubrir desde nuestro nivel tecnológico, y que constituyen y constituirían el principal destino exportador de nuestras mercancías (China, India, Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Chile, Colombia, México, por ejemplo).

Aquí aparece ya una cuestión inquietante. China, país que aparece como interesante destino de nuestros productos tecnológicos (por supuesto, en competencia descarnada con los demás productores, incluidas las propias empresas chinas), se está convirtiendo en principal productor de mercancía de baja y media tecnología, que desplazan, por falta de competitividad, a las empresas españolas.

Finalmente, existe un tercer grupo de países para los que resulta necesario analizar la dimensión y alcance de medidas de “ayuda” a aquellos otros países que, por proximidad, relaciones históricas u otras razones –incluso humanitarias- puede ser la base para cimentar una tercera línea de crecimiento exportador, con beneficios a medio o largo plazo (Marruecos, países centroamericanos, la región del Sahel, Etiopía, Bangla Desh, Pakistán, etc.)

Todos estos países necesitan recursos financieros y técnicos para mejorar sustancialmente sus economías productivas, además de, como valoración general, poner en marcha reformas administrativas y políticas. El Caso de Marruecos es, naturalmente, especial, tanto por proximidad geográfica a España como por las conectividades empresariales, culturales y políticas que existen entre ambos países. Sin embargo, la experiencia muestra las dificultades de generar líneas de colaboración intensas y rentables para las empresas españolas, dada la francofilia de las administraciones marroquíes, por tradición, educación  y al ser el francés la segunda lengua del Reino alauí.

Si superponemos el enfoque demográfico con el tecnológico, en cada país advertiremos que las tensiones que provocarán en cada uno de ellos son muy diferentes.

Existen, desde la visión de los países desarrollados, tecnologías y desarrollos empresariales que están al final de su período de vida útil, y otras que se encuentran en sus comienzos e incluso cabe entender, por la celeridad de los avances científicos y técnicos -la ley de Moore, que no ha encontrado contradicciones prácticas, cifra este ritmo como exponencial-, que continuarán apareciendo otras nuevas, cuya dirección general puede ser, en ciertos casos, detectada o intuida y en otros resulta totalmente desconocido.

De las primeras, hay que analizar el apoyo a las que resultan imprescindibles para sostener el modelo productivo, al menos a corto plazo, hasta que puedan ser sean sustituidas; a las segundas, debe impulsárselas con apoyos fiscales, facilidades a la financiación, y estímulo con beneficios económicos y proyección social por la creación de empleo y riqueza.

No se puede alimentar un sistema tan complejo confiando únicamente en las iniciativas individuales. Ni siquiera se puede tolerar que sean las ideas de los grandes grupos empresariales los que controlen las decisiones.

Por una parte, el apoyo con información y conocimiento es imprescindible para los pequeños inversores: la sociedad debe avanzar en conjunto en su modelo productivo. El individuo está desvalido frente a esa vorágine tecnológica. No se puede confiar, como durante el siglo XX y anteriores, en que las iniciativas individuales servirán, actuando independientemente, para generar un modelo estable y autosostenido.

Existen más condicionantes. La consciencia de la necesidad de conseguir más recursos para atender a las necesidades del estado del bienestar y sostener, con inversiones públicas, la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y servicios generales, supone la permanente revisión de la estructura impositiva.

En el caso de España, se necesitan recursos y movilización de los mismos para adaptar las estructuras productivas y generar nuevas líneas de desarrollo. El momento no será idóneo, pero la prioridad es evidente. Con la mirada puesta en la estructura impositiva y en las capacidades tecnológicas del resto de países de la Unión Europea -y particularmente, de Alemania, Francia e Inglaterra- es imprescindible  estudiar el rediseño de la gestión fiscal, que podría orientarse (no veo otra forma) hacia una mayor presión fiscal de los que más tienen y, en especial, hacia el incremento de los impuestos sobre el beneficio empresarial, ofreciendo reducciones fiscales y ventajas de financieras o crédito en caso de su reinversión, con apoyo a los sectores preferentes y a las iniciativas creación de empleo, dentro de un marco general de control y transparencia.

No es un tema de solidaridad, sino de supervivencia colectiva. El rediseño de la presión fiscal debe afectar también a los ingresos más altos, aumentando sobre ellos la presión impositiva, en beneficio del mantenimiento o mejora de las prestaciones sociales de la mayoría. En suma, se trata de implantar un modelo mucho más solidario, en el que el reconocimiento a las medidas sociales o altruistas sea visto como algo natural y prestigioso.

Se ha puesto énfasis, en multitud de trabajos económicos, como si se tratara de un objetivo de alcance inmediato, en el aumento de la productividad, como esencial para incrementar el valor añadido de las producciones. Es cierto que un incremente de la eficiencia afecta positivamente a las actividades tradicionales como a las de tecnología avanzada. Pero, y especialmente en las primeras, genera pérdida de puestos de trabajo. Y si estos no se recuperan en las actividades nueva, aumentará el desempleo, que significa, obviamente, el incremento de los índices de pobreza y de dependencia de las ayudas sociales.

No resulta difícil buscar los referentes. Son las empresas más competitivas de cada sector -españolas o extranjeras-. La construcción de la pirámide de competitividad en el sector no es un ejercicio inútil, ni a escala del sector ni para determinar la viabilidad individual. Es cierto que se puede subsistir como empresa con un cierto grado de ineficiencia (se puede suplir con mano de obra más barata, materias primas de peor calidad, precios más bajos), pero hay que considerar que la situación de equilibrio de un proyecto de ese tipo es inestable: solo los más altos de la pirámide competitiva subsistirán, y hay que plantearse si se debe apoyar a los actualmente menos eficiente, y de qué forma, o abandonarlos a su suerte.

Estas consideraciones no contradicen que la producción española tenga que ser dualizada en mayor grado –en el sentido de actuar en dos direcciones aparentemente contrapuestas-, compatibilizando lo tradicional y clásico con lo nuevo o innovador. Hay , buscando nichos tecnológicos, y procurando estimular la repetición de los resultados de éxito, siempre que se detecte la existencia de mercado suficiente, pero sin que las ayudas, si se ofrecen, sirvan para destruir empleo local existente: el objetivo fundamental ha de ser la ampliación de mercado en países emergentes (o la competencia con productos de alta calidad en los países consolidados), no la reducción de oportunidades en el propio.

Aunque parezca una paradoja, el mantenimiento de ciertos niveles de ineficiencia a escala local –en comparación con el óptimo del mejor saber hacer o de la más avanzada tecnología- se puede convertir en garantía, en no pocas ocasiones, para sostenimiento de empleo en zonas deprimidas, lo que obligaría a tomar en consideración el efecto indiscriminado de las ayudas públicas a determinados desarrollos tecnológicos o de distribución, cuando actúan en detrimento de los artesanos y comercios tradicionales. Con otras palabras, el mensaje propagandístico de que “todo lo nuevo es mejor”, puede condenar a la desaparición a industrias y empresas basadas en la calidad del producto y la mano de obra individualizada, que no serían capaces de competir en cantidad.

La globalización, unida a la orientación masiva hacia el consumo inmediato y sin baremos de calidad (porque la moda y la oportunidad sustituyen a los criterios de calidad y durabilidad), supone, por tanto, una amenaza intrínseca, que es imprescindible evaluar, también desde la perspectiva de la educación para el consumo responsable.

(continuará)

Comienzo con ésta una serie de reflexiones sobre la Generación de actividad económica y empleo. Nace este análisis de la apreciación de que , o bien la realidad socioeconómica -a escala local como global- no está siendo valorada en profundidad (lo que resultaría inadmisible, pues hay que presuponer la alta capacidad intelectual de muchos de los que estudian los datos de la situación) o, por razones que habría que detectar y exponer, las previsiones dimanantes de esa información se mantienen ocultas o se enmascaran a sabiendas.

Ninguna de ambas opciones me parece satisfactoria. Pero, en lugar de romperme la cabeza para tratar de dilucidar lo que está pasando en los círculos de opinión, ofrezco al lector mi análisis para que saque sus propias conclusiones. Como pretendo darle, en lo posible, un enfoque académico, pido disculpas por no renunciar a citas y a la aportación de gráficos o cuadros, para apoyar mis tesis.

Capítulo Primero. Marco general.

La capacidad de moverse aparece como una característica diferenciadora entre los seres vivos. Y, a similitud con los seres humanos, que compartimos con ellos el espacio terrestre,  se mueven en relación con la satisfacción de dos necesidades básicas: alimentarse y  obtener cobijo o posibilidad de escapatoria contra las inclemencias del tiempo o los cambios bruscos de su hábitat.

Cómo se resuelve el problema de tales servidumbres de la naturaleza, depende según las especies.  Si un individuo o conjunto particular  no lo consigue durante un  tiempo, perece. Los humanos, también.

Aunque se observa en los animales, e incluso a nivel individual, una preferencia por determinados alimentos o lugares, lo que les lleva a buscar, cuando tienen opciones, esa satisfacción, esta preocupación no parece determinante, y se subordina a las necesidades principales: comer y protegerse de ataques externos. Los humanos,  también. El sexo, salvo calificaciones patológicas, no supone prioridad, e implica que se encuentren satisfechas o garantizadas aquellas, aunque se debe reconocer que en situaciones extremas, en las que se presume el fin de la existencia (catástrofes, guerras, etc.), algunos acudan a él, pues la identificación física con el otro actúa de catarsis.

Este no es un trabajo sociológico, aunque es imprescindible trazar algunas líneas generales que, si se comparten, podrán servir para entender mejor las propuestas que se hacen en él. La actividad sexual, más que relacionada con el disfrute de la práctica del sexo, está ligada a la protección y garantía de continuidad de los mejores genes, y aparece en los animales, tanto los superiores como los considerados inferiores en la escala, como un condicionando impuesto por la naturaleza en determinados períodos, típicamente señalados por la disponibilidad para el apareamiento de las hembras.

Es evidente que la especie humana ha evolucionado mucho, abandonando en gran parte la preocupación por estos planteamientos elementales, incorporando otros muy complejos. Lo que no quiere decir que estén resueltos para todos los seres humanos e, incluso, se puede detectar que para más de mil millones de personas (del orden de 1/6 de la población mundial actual, lo que no es en absoluto despreciable), la atención a la subsistencia básica es ocupación prioritaria o única y, se debe indicar, no siempre resuelta.

La monetarización de la sociedad humana, en la que el trueque de mercancías ha quedado supeditado a la intermediación del dinero, ha supuesto que para la inmensa mayoría de los seres humanos y, desde luego, para prácticamente todos los que se encuentran en las economías desarrolladas, el poseer dinero, entendido como el medio económico intercambiable de inmediato por bienes de consumo, es imprescindible. Y la forma más directa, y honesta, de conseguirlo, es mediante el trabajo personal.

El disponer de trabajo es clave para sostener la economía individual y familiar, y la generación de puestos de trabajo suficientes para todos habría de ser el objetivo general irrenunciable de una sociedad humana organizada con prioridad a la atención de la comunidad.

Los avances tecnológicos han supuesto, siempre, la generación de desequilibrios en la sociedad humana. La invención de la rueda, el dominio del fuego, como la aparición de la pólvora, la máquina de vapor o el ordenador digital, -por enumerar algunos de los descubrimientos que señalaron esos cambios- ha provocado modificaciones en la estructura de las sociedades, desplazando a unos y situando en la cúspide a otros. Es decir, generando marginación que llevó a familias a la pobreza y, seguro, al fallecimiento por inanición o congelación, y a otros, los catapultó a la acumulación de bienes materiales.

Con el actual nivel de desarrollo tecnológico, el desequilibrio, a escala global, debiera ser admitido como imposible de resolver. Trataré más adelante de desarrollar esta afirmación en detalle, pero la expongo desde un principio para dar cuenta de la magnitud del problema. Crear empleo estable (con aceptable estabilidad) para mantener en ocupación a toda la población que desee estar activa parece irresoluble, y, especialmente imposible, a escala global.

La amplia aplicación de tecnología –sobre todo, robótica, telecomunicaciones, informática- elimina continuamente mano de obra que no puede ser compensada por el nacimiento de nuevas empresas, surgidas para cubrir nuevas necesidades. En los países más avanzados tecnológicamente y con gran capacidad exportadora sería posible, teóricamente al menos, combinar la cantidad de empleo sostenible suficiente para que la presión fiscal sobre empresas y empleados permita soportar las necesidades de población inactiva (estudiantes, jubilados, desempleados, etc.).

En la mayor parte de los países, el desequilibrio está destinado a aumentar. En España, está próximo el momento en que el número de empleados activos que coticen a la Seguridad Social (excluidos quienes cobren el subsidio de desempleo, cuyas cuotas las paga el Estado), disminuya definitivamente por debajo de la proporción 2:1 respecto a los pensionistas. (En datos disponibles del último trimestre de 2014, habría 17,8 millones de empleados activos, frente a 8,5 millones de pensionistas y 5,4 millones de desempleados estarían a la expectativa de encontrar algún trabajo).

No hay por qué ocultarlo, sino asumir responsablemente las consecuencias y paliar los efectos. El modelo de producción y consumo que nuestra sociedad ha desarrollado, no resulta sostenible. No lo es ambientalmente, porque las medidas de control del deterioro ambiental han sido tardías y dispersas, y se revelan como insuficientes. Pero aún es más grave, puesto que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad –como conjunto- a un plazo relativamente breve, porque el consumo de materias primas no regenerables y la misma producción de desechos no recuperables superan la capacidad del planeta.

Sin duda, la transformación del modelo actual, seguido sin significativas excepciones, sustituyéndolo por otro que supusiera la plena concienciación de la urgencia por detener ese deterioro consumista y cambiar los hábitos de producción y consumo, implicaría decisiones muy difíciles de adoptar de forma conjunta. Una actuación unánime de todos los países se revela como una quimera irrealizable, lo que no significa que no deba ser asumida por aquellos países que, por su nivel de desarrollo y sensibilidad, entiendan la magnitud del problema y crean, coherentemente, que deben dar ejemplo y actuar de motores del cambio.

Para ellos, y en especial, para un país intermedio como España, las modificaciones productivas implican cambios profundos que afectarán al empleo de un modo sustancial.

En la medida, sin embargo, en que la sostenibilidad se va conformando, por convicción o por necesidad, en un factor importante para la competitividad en los terrenos donde prima la calidad y la concienciación colectiva, por encima del menor precio de los bienes, esa transformación es una oportunidad para afrontar el futuro de forma colectiva, transparente, solidaria y bien informada. Para cuantos creemos en un futuro mejor y, sobre todo, más solidario, posicionarse en ciertos sectores con una oferta razonable, de sostenibilidad demostrable, aparece como una forma inteligente y coherente de liderar actividades con vocación de durar y, por tanto,  generadoras de empleo estable.

El cambio de modelo es necesario, pero su plasmación concreta no resulta evidente. En la transición, no solamente la oferta de empleo disminuirá, sino que una parte de él se hará más exigente en calidad (es decir, exigirá una superior formación del empleado). En especial, en los sectores tradicionales, que pueden seguir siendo considerados básicos, hay que analizar seriamente la necesidad de redistribuir los tiempos totales de trabajo del personal, especialmente del menos cualificado, reduciendo las jornadas, estudiando la remuneración que sea acorde, no solo con la capacitación, sino también con las necesidades familiares (obtención de un salario mínimo por empleo).

Estas consideraciones, propias de un enfoque preliminar, apuntan a la reflexión de que la solución del problema de creación de empleo, implica, en primer lugar, analizar las soluciones técnicas que sean abordables, realizar su cuantificación económica y, en relación con los enfoques técnico-económicos que se estimen viables, estudiar las repercusiones sociales. En ese contexto, es posible implementar decisiones políticas que satisfagan plena o, al menos, de forma suficientemente eficiente, el objetivo de la generación de actividad empleadora. Si se altera el orden en la toma de decisiones, dando prioridad, por ejemplo, a los problemas sociales, despreciando las valoraciones económicas o las soluciones técnicas probadas más eficaces, el resultado conseguido es inestable, ineficiente económicamente y socialmente insostenible.

En los países con estructuras económico-sociales más estables, el salario máximo debería reducir su proporción, tanto respecto al salario medio como al mínimo. En la situación actual. la remuneración a los gestores y directivos llamados “de confianza” en algunos grupos empresariales resulta, objetivamente, escandalosa.

El mercado o el rendimiento obtenido por la eficacia de esos ejecutivos –que no juzgamos hipotética, sino real-, no puede servir para justificar los actuales sueldos de los directivos de primer nivel de las grandes empresas. Además, el acceso a los puestos gerenciales más altos debe ser mucho más trasparente, y la valoración de las capacidades, lo más objetiva posible, para evitar suspicacias respecto a la forma y méritos de acceder a la cúpula de la gestión empresarial.

Una mala gestión, en una gran empresa o grupo empresarial, arrastra, de forma piramidal, otras deficiencias sectoriales. El control de las entidades públicas y de las decisiones, en particular, las más relevantes, de las Administraciones del Estado, es inexcusable y los resultados deben ser transparentes. La desconfianza hacia las instituciones agrava la solución de los problemas, porque los dirigentes y empleados públicos han de dar ejemplo de honestidad y servicio a los intereses colectivos

Desde la perspectiva de la estabilidad socioeconómica, no es soportable que siga creciendo el número de pobres o desclasados con salarios ínfimos, cuando coexiste con el aumento de la concentración de riqueza en los más ricos, cuyo número total, además, tiende a disminuir.

El aumento del pib o de indicadores globales que no tengan en cuenta la situación desagregada puede dar la impresión falsa de que estamos ante un “aumento colectivo del bienestar”. Sea como fuere, debe analizarse la manera de distribuir mejor ese bienestar potencial (que tiene una base tecnológica ineludible), penalizando el disfrute despilfarrador, y detectando la concentración de recursos inactivos, creando paralelamente estímulos para la rotación del capital que lleven el disfrute de los beneficios a todas las capas sociales.

Una gestión política sensata debe valorar continuamente el descontento de los estratos socioeconómicos medios y bajos, y no atender exclusivamente a la satisfacción de los sectores más altos, confiando en que éstos serán los motores de la economía. Es un error. El nivel de descontento puede alcanzar situaciones muy peligrosas y, en los momentos actuales, se ha alcanzado.

Es urgente acudir a las medidas de urgencia: incremento progresivo de la presión fiscal sobre las grandes fortunas, penalización de los inmovilizados inactivos, implantación de beneficios económicos y reconocimiento social para la creación de nuevas empresas, análisis del destino del ahorro y estímulo a la reinversión, actualización de los valores catastrales, etc…

Sin embargo, las medidas de corrección deben ser también estructurales.

(continuará)