La delicada situación, inimaginable hace tan solo un par de años, en la que se encuentra la gestión de los intereses de la población que vive en Cataluña, se compara a menudo con un choque de trenes. La posición independentista, es decir, separatista, de la que se ha convertido en portavoz el gobierno de la Generalitat, se presenta confrontada radicalmente con la defensa de la aplicación de la Constitución española, que niega cualquier intento de segregación.

Han sido numerosos los autores, -algunos muy prestigiosos constitucionalistas e incluso, personajes de Estados vecinos-, que se han manifestado sobre la falta de apoyo de ese movimiento ni en la legalidad internacional, ni en la historia contada desde la objetividad. No importa.

Para el actual presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, -que sigue, empecinado, la estela marcada por el anterior, Artur Mas (1)- , la legitimidad de la separación de Cataluña respecto al resto de España viene amparada, socialmente, por el sentimiento místico de ser una nación, y específicamente, por contar con el apoyo, también por mayoría simple, de los miembros de la Cámara local.

Para consumar la ruptura, con mimbres tan precarios, confían Puigdemont y el nuevo Tripartito que le sostiene, en el resultado de un referéndum, que, según ha anunciado informalmente, convocará para el 1 de octubre de 2017, y en el que se preguntará a la ciudadanía regional: “¿Quiere Vd. que Cataluña sea un Estado independiente con forma de República?”. La consulta se hará en los tres idiomas oficiales de la Generalitat, a saber, el español, el catalán, y el araneo.

Los distintos analistas que han abordado la cuestión separatista, lo han hecho utilizando un lenguaje que podríamos calificar de técnico-jurídico, posicionándose a favor o en contra de la consulta,  entre el hipotético derecho de las minorías a decidir su secesión del territorio común cuando, en su área local, se encuentren en posición mayoritaria, y  la vigencia e inmovilidad de los pactos que rigen la convivencia social en democracia, mientras no se renegocien de acuerdo con las propias normas acordadas.

La contención verbal de ambas posiciones y, sobre todo, de los que se alinean con la posibilidad separatista, vienen impuestas, supongo, porque la pregunta implica abordar el tema muy delicado de una doble vulneración de la legalidad constitucional española: la ruptura de la unidad del Estado y la negación de la forma monárquica que se decidió en 1978 para la Jefatura de ese Estado.

La doble infracción, implica, pues, para los promotores e instigadores de la secesión, riesgo claro de procesamiento por aplicación de varios tipos penales e, incluso, debería significar la inmediata sustitución de las autoridades locales por el Estado garantista.

La cuestión no es baladí y, desde luego, no se resuelve con diálogo; no ahora, en que los dados de la suerte están echados. Ni siquiera parece posible calmar los ánimos separatistas con la oferta unilateral de concesiones económicas o proponiendo fórmulas de mayor libertad de actuación política, que surgieran de pronto de la chistera del gobierno central o del Parlamento estatal. Un parlamento que no tiene una posición firme, pues, junto a los grupúsculos regionalistas que apoyan la consulta y se atendrían a su resultado, se cuentan quienes están a favor de una consulta pero a la que no conceden carácter vinculante, sino solo informativo y, en fin, aquellos que niegan cualquier posibilidad de que se realice. Estos últimos son, en la actualidad, mayoría amplia de parlamentarios, aunque el magma sigue fluido.

Todos tenemos familia en Cataluña y , por tanto, disponemos de referencia directa de lo que se está cociendo allí. Las comparaciones son odiosas, pero el momento sociológico no parece diferente, en esencia, a la circunstancia compleja que permitió el apoyo aparentemente mayoritario de la población vasca a las actuaciones terroristas de ETA, de las que hoy todos abominan.

Entonces, se trataba de la contaminación de una teoría de peculiaridades étnicas e históricas (respetable, aunque acrónica) con la utopía de que la independencia permitiría vivir mejor, y la instalación del miedo a llevar al contraria a quienes defendían la postura secesionista, porque la publicidad de esa posición podría llamar la atención de quienes tenían armas que, como acabó siendo puesto de manifiesto, habían organizado una banda criminal que era un negocio, a cuyo amparo se extorsionaba, amedrentaba o mataba, en un régimen de terror despreciable, ilegal y antiético.

La posición separatista antiespañola del gobierno catalán y sus apoyos populares no cuenta con apoyo armado ni tampoco existe una vía de terror que la apoye. La cuestión se desarrolla -al menos, hasta ahora- en términos pacíficos, si bien, verbalmente, muy subidos de tono.

Para muchos catalanes y la inmensa mayoría de los españoles que viven fuera de Cataluña, el pretendido “yugo castellano” no existe. Esa afirmación desharía, por sí misma, el núcleo central de la argumentación secesionista. Sin embargo, como sucedió en el País Vasco, ya no parece posible conversar tranquilamente, de forma abierta, con quienes viven en Cataluña sobre la cuestión. Los argumentos no son ya ni económicos, ni históricos, ni, por supuesto, legales. Son temperamentales.

Se repiten esquemas finalistas, sintéticos, en los que, por parte de los defensores de la separación, tanto nacidos catalanes como residentes advenedizos -venidos de otras regiones o del extranjero-, la independencia se ve con ventajas indiscutibles . Frente a la cuantificación económica o social, se ha construido un memorial de agravios en el que parece haber tenido cabida, como eje directriz, la recuperación de un odio ancestral contra Castilla, magníficamente representado en su sintética estupidez con un “España/Madrid nos roba”, y alentado por figuras muy mediáticas (como Pep Guadiola, Laporta o Gérard Piqué).

El empresariado catalán ha sido, desde finales del XIX, muy activo y exitoso, utilizando perfectamente sus recursos y la capacidad de apoyo recíproco. Un ejemplo de emprendimiento español, aunque otras regiones también han generado y generan grandes empresarios. Consecuencia de ese trabajo y del aprovechamiento de las ventajas diferenciales, Cataluña tiene hoy una renta per cápita (datos de 2016, equipo económico de El Mundo, publicados el 11.05.2017) de 28.590 euros, frente a una media nacional de 23.970 euros.

Pero las demás regiones no están pobladas por incompetentes. La diversidad natural, ha provocado que España no sea un territorio económicamente homogéneo. Puede hablarse de una concentración de rentas en Madrid (32.723 euros) y en el Nordeste (País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña y Baleares), frente a una España pobre. El resto de las regiones, tienen una renta inferior o muy inferior a la media y bastante distante de las regiones afortunadas. El abanico de los menos favorecidos va desde los 16.369 euros de Extremadura a los 22.649 euros de Castilla-León. ¿Cataluña, Madrid o el País Vasco les roban?

En fin, no veo ninguna necesidad de esperar al choque de trenes, y sí  la oportunidad de ofrecer una vía de escape a la plataforma independentista. No se me ocurre nada mejor que declarar obligatoria la contestación al referéndum para todos los residentes catalanes mayores de 18 años, y admitir el carácter vinculante del resultado. Porque la otra maximalista opción sería aplicar la fuerza, declarar ilegal e inconstitucional el referéndum (¡ya!) y encarcelar a Puigdemont y demás componentes del gobierno separatista si persisten en su actitud, llegando incluso a declarar el estado de excepción en Cataluña. Pero…si no se está dispuesto a llevarla a cabo, ¿para qué cacarearla?

Mejor, admitir que haya referéndum, indicar que solo será válida la hipotética voluntad de secesión si consiguiera las dos terceras partes de votos afirmativos y, eso sí, obligar a que voten todos los residentes catalanes mayores de edad (o, en todo caso, con derecho a voto).

La aprobación de esta singular salida, exige, claro está, el apoyo del proceso por mayoría muy cualificada de la cámara. Y no veo necesario modificar la Constitución a priori, dado que no le concedo la mínima viabilidad a la opción separatista y republicana. Tenemos, colectivamente, asuntos más graves y urgentes que atender a un puñado de políticos separatistas que prefieren encubrir sus miserias ideológicas con el paño de un nacionalismo trasnochado.
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(1) Como se recordará, aupado en 2006 al cargo de Molt Honorable President por el apoyo del PSC, después de varios enfrentamientos extraparlamentarios entre las facciones políticas catalanas. La capacidad de Mas para defender al hoy descubierto como un mafioso catalanista, Jordi Pujol, insultando gravemente, como nuevo líder de CiU en 2004, al tripartito PSC-ERC e ICV-EUiA, sirve también para caracterizar a un personaje polivalente.

(2) El ave que fotografié en Madrid Río la semana pasada, solitaria y veloz, no me resulta de fácil identificación. Tiene el capirote negro de los charranes, charrancitos, fumareles y pagazas, pero me inclino a identificarlo, por su tamaño, tratarse de un individuo aislado, y su pico corto, grueso y rojoscuro como un fumarel cariblanco /Chlidonias hybrida), con plumaje de transición de invierno a verano (plateado pálido).