La segunda semana de mayo de 2022 en Gaigé empieza con un regusto amargo. Como una serpiente que se muerde la cola y se envenena a sí misma, el caso Pegasus, que había empezado como detección del espionaje, según el diario The Guardian, de las comunicaciones de unos 200 españoles, entre los que figuraban independentistas catalanes (¿y vascos?), se ha mostrado multidireccional.
Los espías fueron espiados, el programa israelí ha sido utilizado también contra el Gobierno de Gaigé por misteriosos interesados en robar secretos del Estado y en un nuevo sainete, los prudentes callan, los que deberían callar, gritan desaforadamente y, en la algarabía, todos parecen mentir y todos pretenden tener razón.
El caso podía haberse utilizado para hacer una revisión seria y completa de la seguridad de las comunicaciones y la legalidad del uso de programas informáticos que pueden apropiarse de los secretos que se guardan en el cajón de las intimidades del Estado. No ha sido así. La convocatoria de urgencia a la prensa por parte del ministro Bolaños, a la hora del desayuno del domingo primero de mayo, para anunciar con tono de alarma nacional que se acababa de descubrir que también Sánchez (Pedro) y la ministra de Defensa Robles (Margarita) habían sido objeto de espionaje y robo de los datos de máximo valor para la seguridad del Estado que guardaban en sus móviles, no solo no calmó el clamor de los hace dos años fervientes independentistas y hoy miembros activos de la coalición de gobierno con el mismo programa delictivo, sino que abrió múltiples cajas de Pandora.
Porque mantener posiciones de secesión ha pasado a ser legítima expresión de la democracia. Gaigé es una democracia plena, en la que tiene cabida cualquier idea -especiamente, si es exótica o ilegítima-, desde la persecución sistemática a la forma constitucional de la Jefatura del Estado a la destrucción de la unidad geopolítica de ese mismo Estado. Desde la cumbre del Gobierno se anima casi a diario a la insurrección, es decir, a la conversión suicida de un Estado que fue ejemplo de transición pacífica, a una república de taifas con plena capacidad destructora.
¿Preocupa que información secreta de alto valor haya llegado a manos, extraída de los móviles del presidente de Gobierno y otros principales, de países extranjeros que pretendieran obtener con ello beneficios espúreos, verosimilmente, entrar en conocimiento de los más profundos secretos oficiales? ¿No cabria estar alarmados ya que, por tal razón, estaría en riesgo la seguridad colectiva y expuesta a quién sabe qué feroces ataques, contubernios, amenazas y desgracias, los intereses del Estado y hasta la intimidad del Presidente, ministros y, claro, la de la correosa magistrada que dirige Defensa?
No, quiá, en absoluto. Lo que obsesiona en las alturas de Gaigé es que la coalición de Gobierno se rompa, porque los independentistas que se sientan en él, al saberse espiados en el momento en que estaban maquinando su permanente insurrección, se presentan como víctimas. Han exigido una comisión de investigación de secretos oficiales y piden que rueden cabezas: la de la misma ministra de Defensa y, al menos, la de la directora del Centro de Inteligencia, y la del coronel jefe del Servicio Criptológico Nacional. Porque en Gaigé se ha tomado conocimiento colectivo que existe una jefa de espías, llamada Paz Esteban, de la que no se sabía nada y ahora se sabe casi todo.
Esteban aparece como una profesional excelente, una eficaz funcionaria con trayectoria impecable, pero no importa un ápice esa trayectoria para que sea presentada como culpable de haber ordenado la investigación de los movimientos de los secesionistas. El servicio que debe ser secreto, por pura obviedad, de la inteligencia del Estado, puesto en la picota del escarnio, investigado a fondo en sus móviles y designios, órdenes, intereses. Forzada Paz Esteban a presentar explicaciones a los independentistas, el zorro en el gallinero, ha tomado una gallarda decisión: presentó un dosier a cada uno de los diez miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, convocada de urgencia después de tres años de inactividad, les dió quince minutos para analizarlo y luego se lo retiró, sometiéndose a cuatro horas de interrogatorio.
Rufián, miembro insigne de esa Comisión, portavoz de las ideas del delincuente no arrepentido Junqueras (Oriol), ha resumido su opinión sobre esa comparecencia con una palabra comodín: “Insatisfactoria”.
Esteban será, con gran seguridad, el buco emisario de este despropósito, y su forzada dimisión (injusta) servirá para calmar momentáneamente el ansia de sangre compensatoria que exigen los miembro de la inestable coalición.
