El descubrimiento de que el ya hoy dimitido «por motivos personales», Fiscal jefe Anticorrupción (1), Manuel Moix, mantiene con sus hermanos una empresa en Panamá (país que se considera paraíso fiscal), ha puesto nuevamente sobre el tapete la cuestión de la independencia del poder judicial.
Resulta estrambótico que quien se encarga de la cuestión candente de clarificar qué diablos ha sucedido, y quizá está sucediendo, con el trasiego de parte de los dineros públicos para pagar comisiones a particulares o a partidos, o con la ocultación de beneficios empresariales bajo el manto ficticio de trabajos imaginarios en chiringuitos y bufetes ubicados en paraísos fiscales, utilice él mismo una herramienta sospechosa. El Fiscal jefe y todos los fiscales que forman el amplio equipo encargado de investigar la anticorrupción, han de estar lo más alejados posible de los tejemanejes de aquellos son presuntos destinatarios al sometimiento de las leyes que tipifican los delitos económicos cometidos por ellos o por formar parte de organizaciones que utilizaban para delinquir
No creo -no he creído nunca- en la vigencia de la separación de poderes, en el mundo real. He argumentado que los jueces y fiscales deben estar sometidos a un control al margen de sus propias instituciones. Como letrado, he tenido ocasión de comprobar en varias ocasiones la flexibilidad con la que la Ley -y, en la práctica, su garante, el sistema judicial- se acomoda a intereses particulares de poderes económicos o políticos. Las sentencias, incluso en el Tribunal Supremo, y según quién sea el magistrado ponente, son de muy diferente factura, consistencia y…coherencia. En fin, creo que los tipos penales y, desde luego, las penas, deben ser revisadas, ya. No tiene sentido que delitos menores estén castigados con dureza y otros, en cambio («alarma social» a un lado), con evidente benignidad.
No me parece defendible que el éxito en las oposiciones dependan de quién ha sido el preparador de las mismas. No me parece coherente que existan familias/sagas cuyos componentes, además de una curiosa vocación a repetir modelos, ocupen plazas de jueces, magistrados, registradores, notarios, etc.
Tampoco entiendo que veamos con tanta tranquilidad la existencia de puertas giratorias entre la judicatura, la fiscalía, los altos cargos en general, y la empresa o el ejercicio privados. Y, para no hacer largo este comentario, y a riesgo de mezclar churras con merinas, defiendo la necesidad de una Escuela Superior de la Administración Pública y la convicción de que todo funcionario ha de saber que desde el pueblo llano le garantizaremos un sueldo suficiente y una carrera profesional para que no se preocupe de aquello que los demás mortales tenemos siempre en mente (ganar un sueldo digno sin riesgo a que le afecten los vaivenes de la economía), a cambio de honestidad, garantía de equidad, formación continua y servicio a los intereses generales.
Lamentablemente, esto no es así, aquí y ahora. Las interferencias de la política con la función pública son constantes, palmarias, y, en demasiados casos, dolosas. No solo dolorosas, dolosas.
No puedo entender porqué nos hemos desviado tanto del camino que aparecía trazado, y que creí estábamos siguiendo de forma entusiasta. Resultó ser un espejismo.
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(1) El cargo es, correctamente escrito: Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La foto es de una lavandera blanca, en acrobático vuelo para captar algún insecto, quizá una efímera recién salida de su estado larvario. Fue tomada en el río Pigüeña, a su paso por Belmonte de Miranda (Asturias). Compartía su hábitat con una pareja de lavanderas cascadeñas, a las que también fotografié. Aunque eso es ya otra historia.
