La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dependiente de la Presidencia del Gobierno español, ha presentado un Documento titulado “España 2050” (en subtitulo : “Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”. En el prólogo, firmado por el presidente de Gobierno, se indica que un grupo de “un centenar de expertos de reconocido prestigio” ha trabajado durante casi un año, “de manera totalmente altruista y totalmente independiente”, para llegar a “arrojar luz sobre los grandes desafíos estructurales” que el país deberá afrontar para converger con los países más avanzados de la Unión Europea.
El cometido de la Oficina es, justamente, la propuesta y definición de estrategias, a medio y largo plazo, así que el Documento responde a su obligación de realizar trabajos como ése. El Manual de Estrategia ahora publicado tiene 670 páginas, de las que un 10% corresponden a la bibliografía. Incluye, agrupados en relación con la aportación a cada uno de los “nueve desafíos”, los nombres de los expertos, así como el de las entidades colaboradoras (básicamente, los Ministerios) y los de los ocho coordinadores, todos ellos, funcionarios de la Oficina y, de acuerdo con su categoría, expertos también : un historiador, cuatro economistas (uno con la doble licenciatura en derecho), dos sociólogos y una ingeniera química.
El propósito confesado del Documento es abrir un debate sobre las medidas propuestas (y otras que los agentes sociales, invitados a participar, incorporen). El objetivo es, por tanto, encomiable y necesario. Sin embargo, de su lectura se tarda poco tiempo en deducir que se trata de un trabajo relativamente improvisado, en el que abundan los recortes de trabajos académicos y artículos de prensa, produciendo una decepcionante impresión.
Se enfatiza en el trabajo de la Oficina en el resumen diagnóstico de la situación de partida, para extraer líneas generales de acción que sirvan para el ambicioso propósito confesado: converger, en el horizonte del año 2050 en los parámetros de los países más avanzados de la Unión Europea.
Se puede coincidir en la valoración del estado inicial, pues es bien conocida. La crisis pandémica ha empeorado esos datos, y los expertos (los del Documento) coinciden en apreciar que “la crisis supone una oportunidad” para enderezar rumbos del pasado y convertir a España en un nuevo país (me recordó la expresión de Alfonso Guerra, al final de la Transición de que “no la va a conocer ni la madre que la parió”).
Me hubiera gustado escribir que el documento responde a su intención. No puedo hacerlo, por tres razones: el trabajo es de naturaleza puramente voluntarista, resulta a todas luces sesgado y pretencioso e ignora que los países a los que se trata de converger tienen su propia dinámica y, con seguridad, sus responsables -los de ahora y los del futuro- no se habrán leído el documento.
Es una lástima que no se haya realizado un recopilatorio extensivo de la situación actual que pudiera ser referencia obligada para posteriores trabajos. Un Documento de esa índole, de ser realmente exhaustivo en el análisis, debería presentar, quizá, diez veces más volumen, muchos más gráficos, centenares de tablas y un profundo abordaje de cada una de las cuestiones de partida para cuya modificación se propone trabajar conjuntamente. Otros trabajos anteriores, cuyo destino final – por cierto- ha sido casi sistemáticamente el desprecio, el olvido o el fracaso (Planes Hidrológicos, Planes Energéticos, Planes de Residuos, Planes de Ordenación Urbana, Planes de Investigación y Desarrollo, etc.) dispusieron, siendo claramente sectoriales, más páginas y más enjundia.
Se descubren en el texto, líneas de pensamiento sociológico (más bien, sectario) que merecerían discusión por sí mismas: la incapacidad del sector empresarial español para asumir el futuro (en investigación, financiación y tecnología), carga que habría que atribuir a la dependencia de las multinacionales extranjeras y a la dificultad estructural de las pymes para crecer; la insuficiencia entidad de las actuales cargas impositivas en relación con otros países avanzados (irpf, iva, sucesiones y donaciones), para sostener un estado de bienestar de alto nivel, dadas las tasas de desempleo, cifras de jubilación y prestaciones que deben cubrirse con una actividad económica muy sesgada al sector servicios y poco imaginativa.
En fin, no haría falta recordar que nuestra inversión empresarial en i+d por habitante está muy lejos de la media europea, que se acerca a los 180 euros/per cápita y año, y hubiera sido de agradecer profundizar, no tanto en las razones de esa diferencia, sino en las medidas de activación (en mi opinión, la adecuada selección de sectores estratégicos) para corregirla.
El análisis, al ser tan genérico, conduce a afirmaciones que aparecen como triviales: “las disfuncionalidades interactúan como círculo vicioso” , “la economía española tiene insuficiente desarrollo de sus fuentes financieras” “la brecha en renta per cápita aumenta la tasa de desempleo”, “hay que incrementar el tamaño medio de las empresas” o ” reducir el peso de la economía sumergida”.
(continuará)
