Los gravísimos sucesos protagonizados por un grupo de miles de simpatizantes del derrotado presidente norteamericano Donald Trump, aún en funciones, tomando al asalto el edificio del Capitolio en Washington, donde los representantes de la nación deberían confirmar, de forma definitiva,  la  victoria del candidato demócrata, Joe Biden, no pueden ser considerados como un hecho aislado, anómalo, de la política norteamericana y, apurando el tiro, de la mundial.

Hay que incluir el hecho en su contexto: aquel que llevó a un individuo sin escrúpulos, con una trayectoria personal deplorable -en lo ético y en lo estético- a ocupar la presidencia del país más poderoso (aún) de la Tierra, con capacidad para decidir sobre el núcleo duro de la política internacional y posibilidad de control del más poderoso armamento mundial, además de actuar, impulsándolos o detrayéndolos, sobre sectores clave del bienestar de ese país (y de forma indirecta, sobre cientos de otros), como son la economía, los impuestos y los servicios sociales.

Es imprescindible ahora extraer de ese hecho y de la trayectoria que lo provocó, las enseñanzas, prevenciones y defensas frente a las amenazas que asedian la voluntad mayoritaria de democracia en Estados Unidos y en muchos países desarrollados y  comprometen, por tanto, la credibilidad de sus actuaciones de rechazo a las dictaduras. No se puede alardear de ejemplar si quienes están al cargo de sus instituciones no lo son.

El intento de golpe de Estado que pretendieron los seguidores del candidato derrotado, irrumpiendo con violencia y armas en la sede donde se concentra la esencia de la voluntad popular, fue visto, prácticamente en tiempo real, en cientos de millones de hogares. Ese intento de actuar contra las vías democráticas, tergiversando y adulterando los procesos reglados constitucionalmente, tiene un responsable. Resulta insólito, increíble, inimaginable, que sea el propio presidente de la Nación el instigador de tamaña irregularidad.

Parece necesario asimilar la dura verdad. La actuación claramente delictiva, intolerable, fue propiciada, desde meses antes, y de forma continuada, por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No estuvo físicamente a la cabeza de los asaltantes del Congreso, pero sí fue su instigador. Expresó, una y mil veces, en múltiples alocuciones públicas y mensajes en las redes sociales, su argumentario terrorista: que «se le habían robado las elecciones irregularmente», y que el «ganador era él», en contra de las conclusiones de las comisiones electorales. Persistía Trump en esas declaraciones amenazantes, desestabilizadoras, sin doblegar su opinión, a despecho de certificaciones en los recuentos, de las decisiones judiciales y de la confirmación de la validez del resultado electoral, por el propio Tribunal Supremo. Es decir, consciente de actuar contra las previsiones constitucionales y legales.

¿Qué pretendían los asaltantes? ¿Podrían haber creído, por un solo instante, que amedrentando a los senadores con su presencia violenta, cambiarían el resultado de las elecciones y les obligarían a votar a favor de su candidato? ¿Eran votantes disgustados de Trump, o grupos de alborotadores organizados, a los que únicamente guiaba la destrucción del orden, causar daño, amedrentar a la ciudadanía pacífica, con la representación de una escena de terror, para que fueran registradas en la memoria colectiva, como un aviso?

No caigamos en esa trampa exculpatoria. Volvamos al núcleo. El sospechoso de ser culpable máximo de esa manifestación de violencia contra las instituciones democráticas es el actual presidente de los Estados Unidos, el perdedor en las elecciones, Donal Trump. Ante un hecho tan grave, su incriminación, de ser probada -aunque todos hemos sido testigos de su actuación llena de riesgos e incitaciones al comportamiento delictivo de la masa de sus votates, soliviantando a sus seguidores al calentar sus mentes con el fantasma del pucherazo electoral, mantenido a despecho de las comprobaciones y evidencias.

Me temo que, independientemente del desenlace, y de los daños (no menores: cinco fallecidos, decenas de policías heridos, del orden de un centenar de procesamientos por delitos de sedición, atentados a la autoridad, violación de espacio público reservado, desórdenes, al margen de la excepcional aplicación de la Ley marcial, de la decisión por parte del vicepresidente, desacreditando al presidente mismo, reclamando la actuación de la Guardia Nacional, etc.), el mayor daño a la democracia está hecho. El Presidente se ha convertido en el principal impulsor de las huestes que atentaban contra la democracia.

Estados Unidos ha dejado de ser ejemplo de nación en donde las libertades, el respeto a la ley y a las instituciones, formaba parte de la idiosincrasia nacional. En realidad, teníamos elementos para sospechar que era un espejismo o una verdad con importantes grietas:  violaciones de derechos en distintos puntos del país, la marginación por el color de la piel, la ausencia de protección a los débiles, el menosprecio o uso utilitario, de los gobiernos de otros Estados, progresión armamentística y debilidad de la asistencia social pública, etc. -. Estábamos cerrando los ojos para ver solo lo que nos apetecía ver de lo mucho que ofrecía un país, en muchos otros sentidos, admirable.

La situación de asalto a la democracia que estamos viviendo en España es parte del mismo mal que asola Estados Unidos y se difunde, como una peste, por todo el mundo. Dictaduras que se califican a sí mismo de democracias, elecciones trucadas, representantes de facciones que secuestran la voluntad de las mayorías. Aquí y allá vemos ejemplos sangrantes de secuestros de la democracia, abusos de poder, palabrería adormecedora por parte de quienes están en los gobiernos, para aplastar, asustar o engatusar a los que no pensaban como ellos.

Tenemos en nuestro país razón para preocuparnos, si aún no lo habíamos hecho. Cuando desde la cúpula del gobierno se alimenta la insurrección, se está atentando contra la esencia de la democracia y las consecuencias de esa vil actuación son imprevisibles. Podríamos tratar de encontrar diferencias, tranquilizar los ánimos expresando que eso no está pasando aquí y no puede pasar aquí. A mí me resulta muy difícil sumergirme en esa abstracción, y confirmo los motivos de preocupación cuando escucho algunas declaraciones de ministros del actual gobierno de España.