Durante estos últimos meses de oscurantismo político en España, se está utilizando con profusión, la expresión «por mandato del pueblo», reforzándola o aderezándola con supuestas variantes: «los españoles han decidido con su voto» o «tenemos la obligación frente a nuestros votantes», y otras muchas de parecido tenor, con las que sus dicentes pretenden haber obtenido la facultad para hacer, en esencia, lo que les peta.
Esta adulteración del término proviene de una doble confusión. Por una parte, ignorar que el mandato es el período por el que un elegido para representar a una colectividad ejerce la función que se le ha encomendado. No hay mandato, pues, hasta que no se toma posesión del cargo.
Por otra, se ha producido la extralimitación sobre el significado y, por tanto el alcance, del hipotético contrato verbal entre quien detenta el poder (actualmente, en la acepción constitucionalista tipo, el pueblo soberano, al que se atribuye haber decidido con anterioridad que existen valores patrimoniales, funciones de gestión y control que es conveniente encomendar a ciudadanos privilegiados) y aquellos a quienes se delega su ejercicio (los políticos electos, mediante procedimientos consensuados). No es esta encomienda un permiso vacío, amplio o irrestricto; ni siquiera está basado en la confianza que pueda generar la capacidad del elegido, sino que está sujeto a las condiciones de contorno que marcan, conjuntamente, el programa propuesto por el partido correspondiente, y la propia situación a resolver, sea cual fuere su complejidad.
Defiendo, por tanto, que, contrariamente a lo que se está interpretando ladinamente por quienes negocian, en no se sabe ya qué términos ni bajo qué condiciones, la formación de un Gobierno, no hay mandato para actuar libremente, ni patente de corso para ir por las calles de la improvisación que más les apetezcan. En un momento como el que se vive en España, en que llevamos dos elecciones generales y vamos camino de una tercera, sin que exista acuerdo entre los partidos para elegir un presidente de Gobierno, no es la capacidad negociadora de los líderes políticos la que está en juego, sino que se ha puesto de manifiesto la incapacidad de la sociedad para encontrar una solución a las graves crisis que padecemos.
No ha habido ninguna propuesta que resultara suficientemente convincente, y el voto popular se ha desparramado entre varias opciones, sin privilegiar realmente a ninguna.
Por tanto, analizado con frialdad, lo que los españoles han expresado con su voto es, sencillamente, el cumplimiento de una obligación surgida por los usos y costumbres de un estado democrático, que quizá tuvo su sentido -paradógicamente, cuando no había tanta parafernalia puesta en papel- en reuniones o juntas abiertas, en las que todos los asistentes tenían ocasión de expresarse (y lo hacían, con la precisa contundencia). Ese «·derecho ciudadano a votar», en la actualidad, se ha convertido en una trampa, un engorro o un rompecabezas para el hallazgo colectivo de soluciones complejas en momentos delicados.
Los programas políticos son líneas abiertas sin compromisos claros, propuestas sin alicientes precisos, trucos ideológicos que el líder de turno convierte en base para sus dotes de improvisación. No se debería votar a programas prendidos con alfileres y mal ajustados, para que luego los partidos entendieran que se les ha dado un voto de confianza.
Lo que la disparidad de votos ha demostrado, en suma, es que lo que los ciudadanos hemos emitido, en conjunto, voto de desconfianza.
Los ciudadanos, en situaciones así, nos vemos sobre-solicitados. No se nos pida que, en tanto que votantes, ofrezcamos soluciones, ni siquiera que sepamos interpretarlas o valorar las que se nos presentan de forma confusa o imperfecta. Incluso, no se espere que abramos en torno a los programas, en un par de meses, un debate constructivo. Ese no se improvisa, ni se construye desde la discusión paritaria, cuando los temas a discutir superan ampliamente lo que cabe esperar del sentido común o del raciocinio combinado de la experiencia y la voluntad. Lo obvio, cuando se propone a un grupo de gentes, sin información ni los conocimientos previos, que propongan una actuación concreta sobre un tema complicado, es que se obtengan múltiples sugerencias, una panoplia de opciones, de las que algunas podrán ser utilizables -previo desbaste y pulido intelectual- pero lo mayoría serán simples elucubraciones.
Nada hay más complejo, hoy por hoy, que dirigir los asuntos de un Estado de los llamados desarrollados, en un panorama general de crisis, con amenazas de extrema gravedad -desde el colapso del sistema capitalista hasta el terrorismo indiscriminado-. No cabe la improvisación, ni apelar a mandatos del pueblo para justificarse. El pueblo no sabe, ni tiene por qué saber. Quiere, pero no puede; no tiene argumentos o soluciones sobre cómo salir de los problemas ni predecir la mejor actuación futura, pero, con razón, donde le duele, protesta.
Grave responsabilidad la de los cabezas de lista de los partidos más votados. No tienen mandato para lo que pretenden, ni siquiera tienen mandato aún para lo que les encomendaremos, que no es sino la imperiosa necesidad de sacarnos del atolladero. Juntos. Es comprensible que duden, que no sepan muy bien qué hacer. Tenían que haberlo pensado mejor antes, Pues que trabajen en ello. Pero lo que no resulta admisible es que, encima, nos calienten la cabeza.
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PS.- Incluyo una fotografía de un aguilucho. Vuelan muy alto, casi siempre a las mismas horas, lanzando gritos agudos. Con su vista extremadamente penetrante, los pajarillos que se asusten con esos estridentes sonidos y cambian de lugar, delatando su situación, se convierten en la presa elegida para su voracidad. Los que se quedan quietos, no corren peligro. Por su parte, los córvidos, ante uno de sus ataques, se defienden en grupo, y los ahuyentan. He sido testigo del éxito de una oropéndola macho en defender su nido frente a uno de estos majestuosos depredadores, al que sometió a una persecución implacable, hasta que lo hizo salir de su área de control.
